Estos días he comprobado que una de las propuestas de Ciudadanos es que los mandatos presidenciales sean de dos legislaturas como máximo. Es una buena medida que ya se ha comentado en otras ocasiones, pero no pude por menos que buscar la continuación de la propuesta y no encontré más texto.

Está bien, muy bien, limitar el mandato del presiente pero, ¿por qué solo la del presidente? Me da la impresión de que, una vez más, el partido de los impolutos, el que cometió el gran error de no entrar en el gobierno de Rajoy para mantener una posición insostenible de “voz de la conciencia”, limpios de polvo y paja, trata de provocar titulares sin entrar en el fondo de los grandes problemas que hemos de solucionar definitivamente. No solo atacando los hechos resultantes, que también, sino su causa-raíz.

Porque, Sr. Rivera, ninguno de los presidentes que yo he conocido ha sido corrupto, su gran caballo de batalla y único banderín de enganche en la actualidad. Quizás no han sido todo lo vigilantes que deberían, pero la mayoría de la corrupción conocida se alimenta de los cuadros de consejeros, concejales, diputados, líderes e influyentes de los gobiernos autonómicos. Ahí, en las autonomías y las administraciones locales, es donde está el verdadero caldo de cultivo de la corrupción.

Otra cosa es la corrupción de los propios partidos en forma de donaciones “desinteresadas” para su financiación, pero también en este tema “excluyo”, entre comillas y con muchas reservas, a sus presidentes. Insisto en la falta de vigilancia y de controles eficaces, pero creo posible que una barrera de gerentes y tesoreros pueden distraer a la alta dirección, de la misma forma que he comprobado como la segunda línea de una importante multinacional, en la que trabajé, puede ocultar información o presentar resultados “maquillados” a los directores. No les excluyo de culpa, pero lo creo posible.

Y siendo así, ¿qué ganaríamos limitando únicamente el mandato de los presidentes? En mi opinión, tan urgente como eso, o mucho más, es limitar el mandado de todos los cargos electos de las administraciones del estado, tanto las centrales como las autonómicas y locales.

Y, por supuesto, reforzar los controles.

Supondría una renovación constante de ideas y de ilusiones, aunque obligaría, eso sí, a volver a convencer a muchos ciudadanos capacitados de que ejercer la política durante algún tiempo es una tarea que vale la pena, como ocurrió en la época ilusionante de la transición con la mayoría de los cuadros del AP, PSOE y PC.

Y, naturalmente, protegerles de Uds. mismos, los políticos profesionales, tan aficionados a cuestionar las decisiones de los electos, y levantar rumores o calumnias como herramienta política. Denuncias de abusos, malversación y corrupción sí, todas, pero en los tribunales de justicia. Nada de comisiones paralelas ni de acusaciones particulares de partidos políticos, que también la Justicia necesita que le restituyan prestigio y autoridad.

En este momento es habitual que se formen comisiones de investigación en los gobiernos autonómicos sobre asuntos que tienen causas judiciales en curso. Y que en estas comisiones, nuestros ilustres representantes, que lo saben todo y de todos, no se recaten en criticar las decisiones de los magistrados, o dar por ciertos hechos no comprobados. ¡que la verdad de los hechos no empañe un buen titular o la destrucción política de un adversario!.

Todo ello, claro está, con el amplificador necesario de los medios de comunicación, porque la audiencia es la audiencia, y la constatación de hechos en la prensa empieza a ser tan laxa como la presunción de inocencia de los ciudadanos. ¡Cosas del pasado!

Y para ello, naturalmente, tienen que determinar previamente, y por un pacto a nivel nacional de todos los partidos o de los que tienen la gran mayoría de votantes, cual es el momento procesal para retirar la confianza de cualquiera de sus representantes.

Otra de las patas del mismo banco es, llegado el momento, la devolución del escaño de los congresistas y senadores. El artículo 68 .4 de la Constitución dice que “El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.”. En ningún caso afirma que el escaño sea de su propiedad, pero tampoco lo niega.

Actualmente nos regimos por una resolución El Tribunal Constitucional de 1983, como consecuencia de un recurso de amparo de Cristina Almeida y otros diputados del PCE que renegaron de su partido y no quisieron abandonar su escaño. El alto tribunal determinó que tenían razón, argumentando que, una vez elegidos, no representan “a quienes les votaron, sino a todo el cuerpo electoral”·

Curioso, pero es lo que hay como consecuencia del poco desarrollo que ha tenido el texto constitucional.

Sin embargo sería bueno, muy bueno, que los aspirantes a figurar en listas electorales firmaran un acta notarial en la que se comprometen a devolver su escaño si se les imputa por alguno de los casos indicados en el deseable pacto entre partidos políticos. Desconozco si este hecho también sería recurrible ante el Constitucional, pero se lo pondría muy difícil a los implicados.

Y como quien quita la ocasión quita el peligro, opino que ocho años son un límite razonable para quien se pasa el día administrando grandes cantidades de dinero, o en una posición de poder, recibiendo peticiones de familiares, amigos o personas interesadas en que les ayuden a encontrar trabajo para su hija, o que les adjudiquen un concurso público.

Y que, en un afán por “hacer cosas”, incluso “honestamente”, acaban aprendiendo a bordear las normas fraccionando el importe de los gastos para no rebasar el límite de sus autorizaciones, y cosas similares.

En definitiva: Ocho años para todos los elegidos, con la única excepción de alcaldes de ciudades de menos de 10.000 habitantes, porque estos son abordables y se les ve por la calle todos los días, y los secretarios generales de las formaciones políticas, porque podrían favorecer las tomas de decisiones consensuadas en las corte españolas.

Pero claro, esta medida supondría un esfuerzo adicional para los partidos con menos bases porque andarían más escasos de banquillo.

En otro momento hablaremos de los cambios necesarios en la ley electoral en favor de listas abiertas o segundas vueltas, o de porqué ningún partido se cuestiona rebajar a la mitad los 350 escaños de las cortes generales. Este número se determinó en un momento en el que la circulación por carretera era muy complicada, los trenes eran lentos, se escribía y calculaba a mano porque no habían ordenadores, las comunicaciones telefónicas funcionaban a ritmo de conferencias interprovinciales, y las postales, que son las que gestionaban mejor desde hace muchos años, eran bastante más limitadas.

Las cortes generales tiene como misión legislar, pero tantos adelantos permiten hacerlo mucho más rápidamente, por lo que nuestros ilustrísimos tienen mucho tiempo para asistir a tertulias televisivas o a actos partidarios, mezclando legislación y promoción de partidos a costa de nuestros impuestos. Visto desde fuera da la impresión de que es un uso indebido de fondos públicos.

¿Lo dejamos en 150 diputados, que ya son muchos? En este supuesto, los 32 escaños actuales de Ciudadanos pasarían a ser 9, y no creo que tengan problemas para encontrar 9 hombres justos (entendiendo como “hombre” al “ser animado racional, varón o mujer”) o, lo que es lo mismo, 4,5 por año si repiten legislatura.

Elucubraciones mías que no interesarán a la mayoría de los políticos profesionales, porque les parecerán poco fundamentadas (¡que sabrá este!) o, simplemente, porque no les conviene.

Pero, como digo siempre, nuestras opiniones serán o no serán útiles, pero debemos expresarlas. En los tiempos en los que impartía formación sobre calidad o participaba en grupos de trabajo sobre mejoras de procesos, acostumbraba a provocar la participación de mis “alumnos” o compañeros de grupo diciéndoles: “No os de vergüenza aportar ideas por muy absurdas que os parezcan. Todas las ideas son buenas, aunque algunas sean impracticables”.

Y en ello sigo, para tranquilidad de algunos de mis amigos que temen mi frustración si “nadie me hace caso”. Será porque mis ideas son impracticables.