El otro día escribí un comentario sobre la desafortunada intervención de un representante sindical de la policía que denunciaba el hecho “de que los jueces no abran procesos” cuando, para él, estaba claro que debían atender las iniciativas de la policía. El juez le respondía, con toda razón, que los comunicados de la policía tienen categoría de denuncia, y que son los jueces y los fiscales los que deben determinar si hay pruebas suficientes o no para abrir un procedimiento.

No me extiendo más porque, como digo, está publicado en mi blog. Enlace https://jlmartinezangel.com/2017/05/06/las-garantias-procesales-y-el-estado-de-derecho/

Pero estos días me encuentro con que la UCO, ¡la UCO!, manda una documentación al juez Velasco denunciando la posibilidad de que Cristina Cifuentes haya cometido delitos, concretando algunos de ellos.

Seguramente las cosas han cambiado mucho y soy yo el equivocado pero, ¿la Guardia Civil calificando? ¡Nunca lo hubiera creído!

Yo he visto en la mesa de mi padre, en algún momento comandante de un puesto de la Guardia Civil, muchos atestados, y como los niños somos invisibles pero tenemos los oídos muy finos, le escuche comentar alguno de ellos con los guardias que los redactaban.

Un atestado, por lo que recuerdo, era una relación clara, concisa y escueta de hechos que nunca se valoraban. “Muchos hechos y pocas suposiciones”, les decía, “porque si alguien (un juez, un superior jerárquico) quiere saber nuestra opinión, ya lo preguntarán”, les aclaraba.

Es una forma práctica de afrontar acontecimiento que, muy posiblemente, heredé de mi padre, y que, curiosamente, era una de las normas establecidas en la multinacional en la que trabajé muchos años. Cuando mis directores querían conocer datos de mis resultados o de la marcha del negocio y yo daba opiniones, me decían “hechos, por favor (“by facts” decían los ingleses). Las valoraciones después”.

Y no era un acto de prepotencia: Uno entiende mejor la realidad si recibe una información detallada sin influencias emotivas del exponente. Muy británico, pero muy eficaz. Y una vez conocidos los hechos, es el momento de avanzar en las valoraciones para llegar a las acciones.

Volviendo al tema, recuerdo que en los ámbitos cuarteleros se comentaba un atestado en el que un guardia civil describía que habían encontrado un cadáver con la cabeza separada del cuerpo y el redactor decía “aparentemente muerto”. Era el paradigma de los atestados y, posiblemente, se basaba en un hecho real.

Lo de “aparentemente muerto” tenía una doble consecuencia: no se le aplicaron primeros auxilios, como era su obligación si tenía alguna posibilidad de recuperarlo, pero no podía arriesgar una opinión porque, en este país, nadie está oficialmente muerto si un médico o un juez no lo certifican.

Y la redacción no era consecuencia, ni mucho menos, de la falta de conocimiento del redactor, ni una de “esas cosas” del anecdotario de los antiguos guardias camineros, que solían tener una sólida disciplina, una memoria increíble, y una cultura general generalmente escasa. Hacían lo que tenían que hacer. Lo que decía el reglamento.

Porque ellos multaban a la gente por incumplir tal o cual artículo de la ley de caza y pesca o cualquier otra de las habituales de la época, o practicaban detenciones si los sorprendían en la comisión de un delito mayor. Los detenían y los interrogaban para tratar de aportar más claridad a los hechos, pero sin calificarlos.

He leído en internet que «los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho«.

Pero claro, yo no he leído el atestado, y esto puede ser un “dicen que han dicho” que no me puedo creer. De la Guardia Civil no. De la guardia Civil que escribía en un atestado “presuntamente muerto” cuando encontraban un cuerpo y una cabeza separados, no.

¿Qué ha cambiado? Por lo que sé, los atestados de cualquier cuerpo de seguridad del estado tienen la categoría de denuncia. Y punto. Sin embargo, los últimos informes de la UCO han sobrepasado la línea de la literalidad, entrando en el de las valoraciones.

Y tengo un dilema que alguien tendrá que aclárame: si lo que se ha publicado es cierto, algún mando de la Guardia Civil tiene que justificar esa redacción. Si no lo es, tiene que desmentirla.

Lo que no se puede es no hacer nada. A no ser que hayan cambiado los protocolos de la judicatura o haya bajado tanto la preparación de los jueces y fiscales, que la policía o la guardia civil tienen que marcarles el camino a seguir.

Cosa que no creo.

¡O tempora o mores! ¿Tu quoque UCO fili mi?

Con todo el cariño para la Guardia Civil, de la que soy descendiente en varias generaciones, compuesta por muchos miles de miembros y, como consecuencia, expuesta a muchos posibles errores humanos o de procedimiento.