Mi muy estimado y respetado Sr. Punset. La justicia española es independiente

Mi muy estimado y respetado Sr. Punset:

El otro día leí un comentario suyo sobre los supuestos sucesos de Cataluña, y digo supuestos porque en este mundo de mentes torcidas y pasiones encendidas es muy difícil determinar la realidad de los hechos. Tenemos demasiadas versiones de personas interesadas en uno u otro sentido, y numerosos testigos de cosas que han sucedido. O no.

En este comentario se lamenta amargamente de que en España no exista separación de poderes, e incluye afirmaciones, más bien lamentaciones, como la siguiente:

“En España no existe la separación de poderes de Montesquieu; el poder político elige y controla el organismo judicial. Ha llegado el momento en el que los partidos políticos tienen que ceder poder”.

Y digo lamentaciones personales porque me resulta casi imposible pensar que comentarios como este sean fruto de la reflexión, y no el resultado de dejarse llevar por los sentimientos, actitud no extraña en su trayectoria vital, en la que, hasta hablado de ciencia nos transmite mucho más que hechos objetivos más o menos cuestionable. Nos transmite emociones, ilusión, vitalismo.

Pero en eta ocasión, mi muy querido Sr. Punset, sus emociones han sobrepasado con mucho una realidad sobre la que se podrán tener sentimientos varios y muy diferentes, pero donde conviene, y mucho, mantener una actitud moderada y objetiva. Mucho más tratándose de una personalidad como la suya que tiene, sin duda, ascendiente social.

Porque ha hablado de la justica, y tiene razón cuando dice que es manifiestamente mejorable. De hecho, es una de mis reivindicaciones habituales, absolutamente ignoradas dada mi poca posibilidad de influir y mi casi nulo poder de ser escuchado. Las otras, con las que me figuro que estará de acuerdo, son la reforma de la educación, de la ley electoral para ir a un sistema de listas abiertas, reducción del número de congresistas, etc.

Sin embargo, y teniendo muchas carencias estructurales, no estoy de acuerdo con su afirmación de que el ejecutivo controle al poder judicial. Y por muchas razonas. En primer lugar porque a la hora de la verdad, una vez cubiertos los trámites que exige la ley y seguidos los procedimientos que determinan si debe aplicarse la justicia ordinaria o la de los aforados, cada uno de nuestros jueces es independiente en sus decisiones, y esto es un hecho incuestionable.

También lo son los fiscales, aunque tengan una estructura jerárquica y al Fiscal General lo nombre el Gobierno. Los fiscales actúan según su criterio, y existe un Consejo Fiscal para rectificar puntos de vista o para resolver dudas en las instrucciones. Y hace muy poco, a propósito de un procedimiento del fiscal anticorrupción, hemos comprobado su existencia y su eficacia.

Y, porque opine lo que opine el fiscal, es el juez el que toma la última decisión, lo que se llama “verdad judicial”, no siempre de acuerdo con nuestras opiniones particulares, pero siempre ajustadas a derecho.

Y si hubiera dudas, existe la herramienta legal del recurso. Pero claro, yo tengo un gran amigo, jurista de mucho prestigio, al que una vez y en una conversación informal, le comenté que la suya era una profesión que necesitaba mucha vocación, porque la mitad de los solicitantes de justicia o de los intervinientes en causas judiciales, los “perdedores”, se manifestarían insatisfechos con sus sentencias.

Sonrió y me comentó que “la mitad no. Mas de dos terceras partes, porque los que pierden no están de acuerdo, y la mitad de los que ganan tampoco, porque les parece que nuestros fallos no son todo lo duros que ellos quisieran contra sus oponentes, o menos favorables a sus intereses de lo que esperaban”.

Y una justicia que ha encausado a cuatro ex Presidentes de Autonomía, y a una multitud de “ex importantes” en todos los campos de nuestra sociedad, que está investigando a partidos políticos, incluido el PP que es del gobierno, y que ha sentado en un banquillo a ¡la hija de un Rey!, puede tacharse de todo menos de obediente a sugerencias del gobierno, ni de la propia Casa del Rey.

Y, siguiendo con este ejemplo, la instrucción la completó un juez que se manifestaba públicamente como muy de izquierdas, al que la opinión pública consideraba comunista y republicano, y del que se llegó a decir que se le llamó para que se integrara en la lista de Podemos y no aceptó porque quería terminar la instrucción. Son hechos que no puedo confirmar porque se lo he oído o leído a terceros, pero que tienen muchas posibilidades de ser ciertos.

Y, como Ud. sabe muy bien, la aplicación de la justicia tiene su fase de instrucción, el juicio, y la resolución de posibles recursos. Y, lamentablemente, tenemos una justicia lenta y pesada, pero, por lo que estamos viendo, implacable.

Pero en España hemos conseguido que la ciudadanía opine de las sentencias como opina sobre las alineaciones de los equipos de futbol, o de las decisiones de los entrenadores y/o los seleccionadores nacionales.

Y no tienen claro, porque les están mareando en tertulias y titulares de prensa, radio y televisión, que el Juez Instructor, el titular de la causa, y los intervinientes en los posibles recursos, tienen limitado su campo de actuación al del ordenamiento legal redactado por el Poder Legislativo. Y que la acusación más grave que puede sufrir un juez es la de prevaricación.

Y que, a base de intoxicación en los medios, la gente tome como “sentencias” lo que son medidas preventivas previas a la instrucción que, como razonaba anteriormente, tampoco tiene categoría de decisión judicial definitiva, porque el que ejecuta es el juez o tribunal que juzga, valga la redundancia, las pruebas aportadas por el instructor.

Y esto es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa. El que ha provocado su escrito y mi desconcierto.

Lamentablemente entiendo que la sociedad civil, tan mal informada por sectores interesados, no repare en que la figura de la Justicia se represente como una mujer que balancea el peso de los hechos y de las circunstancias que concurren en los propios hechos con las consecuencias penales en las que ha incurrido el reo, que empuña la espada de impartir justician, y que tiene los ojos cubiertos por una venda.

Porque la Justicia no puede ni debe ver más allá de los hechos probados, ni dejarse influir por las circunstancias sociales o los momentos políticos en el que estos hechos se han producido.

Y que los Jueces solo deben obedecer a criterios objetivos. Entiendo que uno de los extraordinarios consejos de Don Quijote a Sancho cuando se dispone a gobernar en Barataria, “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”, no se refiere tanto a que se reblandezca por las circunstancias personales del reo, que en todo caso actuarán como atenuante, sino a una de las máximas de la justicia “In dubio pro reo”, que realmente se traduce por “si tienes dudas falla a favor del reo”, y no dudas por los sentimientos del juez, sino por la calidad y firmeza de las pruebas aportadas.

Por tanto, y desde mi punto de vista, la actuación de la Juez Lamela aplicando las medidas cautelares, es perfectamente legal y, posiblemente, aunque no puedo afirmarlo porque no tengo conocimientos jurídicos, las acertadas a tenor de los hechos denunciados.

Entiendo sus emociones, Sr. Punset, porque los encarcelados son amigos suyos y porque, de alguna manera, puede que entienda que su delito ha sido luchar por un modelo de estado catalán que en alguna medida entienda y hasta puede que comparta. Pero los delitos de los encausados son muy graves, por mucho que se quieran envolver de ideología y/o romanticismo.

En justicia no existe, no debe existir, el bandido generoso ni el político sacrificado por el pueblo, como tampoco existe el famoso “la maté porque era mía”. Los ciudadanos cometen delitos o no, y su gravedad no la puede determinar ni los sentimientos ni la opinión pública, porque, en este caso, los detenidos merecerían cadena perpetua para unos, y la liberación inmediata para otros.

Y, por supuesto, no le juzgo porque le entiendo. Pero entiéndame Ud. a mí cuando digo que lo mejor para todos es que la justicia continúe manteniendo la venda de los ojos, y que los jueces “no manchen sus togas con el polvo del camino”.

Por todo lo anterior, entiendo que su afirmación fue inoportuna y pudo contribuir seriamente a deformar la opinión pública o a enfrentar a la sociedad con los jueces, precisamente porque Ud. está en el grupo de los moderados y los “sabios”. En ese grupo de influyentes que deben medir bien sus palabras porque son escuchadas y tienen peso.

¡Que sería del país si la justicia dependiera de nuestros sentimientos personales!

Con todo mi afecto

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