El Tribunal Supremo ha fallado sentencia definitiva sobre el caso Nóos y, en el caso de Urdangarín, le ha condenado a casi seis años de cárcel. Cometió delitos desde una posición privilegiada, con lo que robó a los entes autonómicos que se dejaron robar, perjudicó la imagen de la Casa Real y hasta la de la propia nación, aunque no tanto como dicen porque, mire Ud. por donde, el que se haya producido la sentencia acallará muchas voces que pregonan en el extranjero que España no es un país democrático.

Nada que objetar porque ni entiendo de leyes ni entendería los argumentos jurídicos que ha empleado el tribunal para justificar la sentencia, pero tengo claro que este país necesita mucho detergente y mucha lejía para lavar y desinfectar los malos hábitos, y que es bueno, muy bueno, que el que comete o ha cometido delitos responda por ellos.

Y también tengo claro que existe lo que se llama “verdad judicial”, que es la que se describe en los autos, basados en hechos probados. Lo demás son opiniones más o menos interesadas y juicios de valor.

Y me parece comprensible que “el vulgo”, entre el que me incluyo, dicte sentencias en juicios paralelos y condenen a imputados o investigados con solo verles la cara, como si cada uno de nosotros fuéramos el mismísimo tribunal de la Haya. ¡A nosotros no nos engañan!

Creo firmemente que las leyes españolas, intoxicadas por “buenismos” y excesivamente garantista, necesitan una actualización urgente, pero es la que tenemos y la única que los jueces pueden aplicar, con mucho menos margen de interpretación de lo que creen los sabios por un día en las tertulias radiofónicas o televisivas. Los que tendrán o no carreras universitarias, pero no han opositado para la judicatura ni para la carrera fiscal. ¡Para que, teniendo ciencia infusa!

Visto desde fuera, no parece que haya un equilibrio justo entre según que delitos, porque se dictan sentencias por robar, en cualquiera de sus formas, castigadas con muchos años de cárcel, y otras, también por robar, con condenas más livianas según todos los agravantes que concurran en cada caso a criterio del tribunal. Y, con total seguridad, todas ellas perfectamente justificadas.

O que Correa tenga una condena muy superior a muchos asesinos. O que un joven pueda salir prácticamente limpio de polvo y paja tras cometer delitos extraordinariamente graves porque es menor de edad, cuando no lo es para tomar otras decisiones de mucho calado, como cambiar de sexo o abortar sin autorización de sus padres y sin necesidad de que se les consulte, o como que el estar drogado pueda ser un atenuante en muchos casos de homicidio imprudente, por citar algunos ejemplo.

Por eso dejo que los jueces dicten sus sentencias, en primera instancia o tras los recursos, en todos los casos, sin tratar de enmendarle la plana, como tampoco se la enmiendo al cirujano que interviene a un familiar, o al piloto que nos lleva a diez mil metros de altura en cualquier condición meteorológica. Ellos son los expertos, los profesionales.

Pero estamos en España y, aunque afortunadamente parece que el fenómeno va remitiendo, tenemos nuestros jueces estrella, pocos entres los muchos miles que se ponen la toga cada día, y/o nuestros políticos estrella, en este caso casi todos, que tienen que decir la última palabra, porque, naturalmente, saben más que todos, y de todo.

Y todo esto viene a cuento de que he leído declaraciones del Juez Castro y de Ximo Puig, más papistas que el papa, poniendo peros y puntualizando aspectos de la sentencia. Que no se si habrán leído, por cierto. El mayor error real, el que les anima a juzgar lo juzgado y sentenciado, es que la sentencia no se corresponde con lo que a ellos, como a muchos otros, les gustaría. Pero uno es juez, y el otro Presidente de la Generalitat Valenciana. Y deberían ser mucho más prudentes porque están obligados a una pedagogía social por los cargos que ocupan.

Al parecer, el juez Castro sabe más de leyes que el Supremo de Baleares y el Supremo-Supremo de Madrid. Y Ximo Puig da la impresión de que está poniendo sus barbas a remojar, porque la corrupción del PP valenciano no dará mucho más de sí, y puede que el PSOE y alguno de sus socios de gobierno se lleven algún disgusto.

De otros no opino porque casi me produce ternura por la magnitud del disparate, cuando escucho argumentos contundentes en favor de que Urdangarín, no el resto de los presos, entren en prisión “ya”. O las conclusiones que se derivan de esta sentencia para familiares, amigos e incluso la Casa Real.

Pero nosotros a lo nuestro. A criticar a los profesionales. A decirle a cada entrenador que alineación debe poner sin haber visto los entrenamientos el equipo, sin conocer los informes médicos, sin haber hablado con los jugadores, y sin tener, ¡para qué!, carnet de entrenador.

España, país de expertos en todo.