El Gobierno de la Generalitat, y el antiguo convento de Santo Domingo.

He seguido con sorpresa la insistencia del tripartito que nos gobierna en que les cedan la propiedad del edificio de Capitanía y yo, que trato de adivinar el porqué de las decisiones, no encuentro las razones que puedan tener para este empecinamiento.

No puede ser para que los valencianos puedan acceder y disfrutar de unas instalaciones de tanto valor arquitectónico, histórico y cultural, porque ya lo hacemos. No está abierta 24 horas al día, pero sí que tiene horarios muy cómodos y, normalmente, se organizan visitas guiadas por personas afines a las fuerzas armadas, conocedoras del edificio y de su historia, y con voluntad manifiesta de presentarlo con toda su carga de emotividad. Ningún guía podría hacerlo mejor.

Tampoco debe ser porque el Gobierno de la Generalitat necesite edificios emblemáticos para desarrollar su actividad representativa o al servicio de los ciudadanos. Tenemos los suficientes de mucho nivel, y hay muchos otros cerrados o cedidos que se podrían utilizar.

Y si no es por el servicio al ciudadano, ¿Cuál es la razón para pedir la cesión?

“Ocupar” Capitanía obligaría a mantenerla en un estado de conservación similar, como mínimo, al actual, lo que supondría un gasto muy importante que tendría que asumir la Generalitat, cuando tenemos tantas carencias por resolver y estamos reivindicando al gobierno una mejora en la asignación presupuestaria porque “no llegamos”.

Luego, si esta petición no favorece a los ciudadanos y supondría una carga adicional, y no pequeña, a las arcas de la Generalitat, solo se me ocurren razones políticas, de esas tan peregrinas a las que nos tienen acostumbrados los políticos en ejercicio.

Esa especie de voracidad que les empuja a ocupar todo lo ocupable, e incluso lo que no pueden ni deben ocupar, cueste lo que cueste y valga para lo que valga.
Se ha extendido el mensaje de que lo único importante en la vida pública, lo fundamental, es la política y su labor de defender el bienestar de los ciudadanos y administra sus recursos. Y por supuesto no estoy de acuerdo porque es una opinión interesada que minimiza al resto de la estructura organizativa del Estado.

Sin duda, la parte de la política que se ocupa de la gestión de lo público es fundamental. Algo con lo que contamos y necesitamos para disfrutar de las ventajas de una sociedad adelantada como la nuestra, pero, llegados a este punto, doy mucho más valor a la llamada “política real”, la de los ayuntamientos, que son los que en realidad gestionan nuestro día a día. Los que nos aseguran que los pueblos y la ciudades sean habitables y cómodas. Suministran o regulan el suministro del agua, de la electricidad, son los que recogen nuestras basuras, proporcionan el alumbrado público, limpian nuestras calles, regulan el tráfico y ejercen una vigilancia de primer nivel para que podamos transitar con un mínimo de seguridad por las calles.

Podríamos asegurar que esta es una tarea personal e intransferible que no admite delegaciones. Por eso, aunque de vez en cuando esté en desacuerdo con alguna decisión o discuta alguna iniciativa, soy muy respetuoso con la figura del alcalde, porque soy consciente de que, aunque no se vea, pasan muchas horas cuidando que todo vaya bien y controlando el buen funcionamiento de su municipio.

Y luego están los otros estamentos, Generalitat, Diputación, mucho más cuestionables porque, y por culpa de los propios responsables de su gestión, cada vez se convierten más en carga que en ayuda. Los poderes de la Generalitat los soportó directamente el gobierno de turno con sus ministerios durante la monarquía, la república y la dictadura, y no nos fue tan mal.

Se creó el estado de las autonomías para acercar la gestión a los afectados, pero a la larga, y manteniendo la vigencia de su razón de ser, se están convirtiendo en pequeños reinos de taifas que duplican tareas y complican con demasiada frecuencia el buen funcionamiento del Estado y la convivencia de los españoles por disputas de lo que es mío o es tuyo, de quien son o no son los ríos, o por la lucha por conseguir ventajas en la distribución de asignaciones de los presupuestos generales de la nación.

Insisto en que creo en el estado de las autonomías, pero entiendo muy necesario que se replanteen misiones y funciones de cada cual porque, o se resetea la situación, o no habrá forma de parar ese virus de las diferencias que nos está destrozando.

Las diputaciones son entes más cuestionados. Es cierto que prestan apoyo a los municipios y a la Generalitat, pero son servicios que podrían asumir directamente los apoyados. Opino que son prescindibles, pero no desaparecerán sin lucha porque se han convertido en casa y refugio de mucho amiguismo y de muchos intereses de imagen y poder.

Pero, lo mismo que lo dicho anteriormente es verdad, no es menos cierto que el Estado necesita complementos menos visibles en el día a día, pero imprescindibles. Necesitamos un ejército que nos defienda, no solo la seguridad de la nación, sino los valores y las libertades del mundo occidental, y de ahí la gran cantidad de misiones en el extranjero.

Como necesita un poder judicial, unas cortes, un cuerpo diplomático, unas fuerza de seguridad del estado, y tantas otras cosas que no “se ven” en lo cotidiano, pero que necesitamos que estén ahí cuando tenemos un pleito que resolver, un asesino que detener, una urgencia hospitalaria que nos salve la vida, etc.

Y si los necesitamos debemos asumirlo si reservas, apoyar su labor, y destacar sus méritos para conocimiento de la ciudadanía.

Pero llegamos a donde, posiblemente, deberíamos llegar. Al mundo de las ideologías y de las miserias de nuestros dirigentes.

Es posible que nuestro gobierno regional opine que Capitanía ha dejado de cumplir su misión de cuartel de tropas, que nunca lo ha sido, y “no entienden” su utilidad real.

Pero ocultan que este edificio es propiedad del ejército, y sede oficial del Capitán General de la III Región militar, figura de mucha dignidad protocolaria y una de las autoridades reconocidas en nuestro marco jurídico y legal, y que, afortunadamente, tiene una presencia funcional y no depende de las autoridades de la autonomías, sino del Ministerio del Ejército. Y las jurisdicciones de las capitanías, que es cambiante según los planes del ministerio, no coinciden exactamente con los de las diversas autonomías.

Como ocurre con las Zonas de la Guardia Civil, comandadas por un general, que dependen del Ministerio del Interior.

Y es como debe ser, porque si dependieran de los entes autonómicos, seguro que alguno de nuestros iluminados que presiden autonomías ya habrían decretado la salida del ejército o de la Guardia Civil de su territorio. Los mismos que han pedido en algunas ocasiones su desaparición.

Así pues, mis muy respetados responsables de la Generalitat Valenciana, dedíquense a lo suyo que bastante tienen. Y procuren combinar la gestión con la pedagogía, porque también es su responsabilidad. El primitivo convento de Santo Domingo se estableció como sede de Capitanía en Valencia desde la Desamortización de Mendizábal, por lo que, en el caso de que alguien pueda reclamar la propiedad histórica sería la Iglesia, y por supuesto no lo hará.

No incordien con sus sueños de poder y de grandeza, si no de perjudicar al ejército, y dedíquense a lo suyo, por favor. Que buena falta nos hace.

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