Seis meses de anormalidad

La suerte está echada y durante seis meses España deja de ser una democracia al uso y se convierte en un estado autoritario al estilo de ninguno de Europa y algunos de Sudamérica.

Seguramente algunos pensarán que estoy exagerando, pero trataré de razonarlo:

Ayer el Congreso voto la aprobación del estado de alarma por un periodo de seis meses,  durante los cuales quedan suspendidas muchas de las libertades y derechos de los españoles porque se supone que hay una razón mayor que justifica está suspensión. Pero la Constitución solo prevé que una vez decretado por el gobierno, son las Cortes Españolas, el Legislativo, las que deben aprobar prórrogas cada quince días que se concederán o no a criterio de la información del momento y por votación de los congresistas.

Pues bien, el gobierno, aprovechando una mayoría que ya tenía pero que ha reforzado Ciudadanos, ha conseguido que el estado de alarma tenga una duración de seis meses, medida de dudosa constitucionalidad  que solo cabe recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque el resto de posibles impedimentos legales  están desmontados por la situación excepcional en la que nos han situado.

Pero, conociendo la lentitud en las actuaciones de este tribunal, tendremos que resignarnos a que esta extraña situación se mantenga todo el tiempo que estime conveniente el gobierno, único que puede deshacerla.

Casado anunció ayer que llevaría el tema a consulta a la Comisión de Venecia, pero este es un organismo compuesto por  “61 Estados miembros: 47 miembros del Consejo de Europa y otros 14 países, entre ellos, Argelia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kosovo, Kirguizistán, Marruecos, México, Perú y Túnez” solo tiene la misión de asesoramiento en “asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos. Concretamente, presta asesoramiento para la preparación de las constituciones, enmiendas constitucionales y legislación paraconstitucional, así como la legislación sobre las minorías o legislación electoral.”

Es decir, es un foro de opinión que de dar un dictamen negativo a la decisión del gobierno español lo dejaría en muy mal lugar, pero que no tiene ningún poder ejecutivo porque sus sentencias no son vinculantes

Por lo que, si Dios no lo remedia, tendremos por largo tiempo un gobierno autoritario y sin control en esta nación que tanto había avanzado en democracia y libertades.

Y luego, claro está, la medida se acompaña de frases y atrezos que parecen ser buenas para la nación pero que en el fondo no son más que operaciones de marketing político para uso interno, muy del estilo de la factoría Redondo. El mensaje subliminal que se ha lanzado está claro: Si todo sale bien será mérito del gobierno del líder y si sale mal la culpa la tendrán las autonomías.

Y lo de aurora boreal es el generoso ofrecimiento de última hora cuando anunció que revisaría la situación cada dos meses con el Consejo Territorial, que es el órgano titular de la Federación de Municipios y provincias, con la misión de “hacer cumplir las Resoluciones del Pleno, ( de la FEMP) velar por el cumplimiento de los fines estatutarios, aprobar el Reglamento de Régimen Interior y el del Pleno, articular las relaciones de la FEMP con las Federaciones Territoriales y elaborar propuestas de actuaciones concretas a emprender conjuntamente con éstas, además de las líneas generales de actuación coordinadas, cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno y en el propio Consejo Territorial, aprobar las cuotas anuales de la Federación, así como los presupuestos ordinarios y las cuentas generales con carácter anual. El Consejo Territorial es el órgano de máxima autoridad durante el periodo de cuatro años que transcurre entre la celebración de los Plenos Ordinarios”.

Es decir, un estamento que no tiene nada que ver los Poderes del Estado y al que no hemos elegido para gobernar a la nación. Hemos elegido, sí,  a parte de sus miembros, alcaldes por ejemplo, pero solo para administrar los municipios de los que son responsables.

Pero claro, decir cosas como estas a la población española, deliberadamente poco conocedora de la organización política del Estado,  suena a gesto democrático del más alto nivel, cuando esta consulta no tiene más valor que si la hiciera a la Federación de Jubilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorros, por ejemplo.

Y digo deliberadamente porque ahora, como ocurría en otros tiempos, los gobiernos de turno no tienen ningún interés en que nuestros niños y jóvenes conozcan los fundamentos de nuestro estado de derecho. Para eso están “ellos”, para interpretar lo que es bueno o malo para nosotros, los ciudadanos.

No digo ni mucho menos que este organismo, la FEMP, no deba ser escuchado e incluso que su opinión pueda ser importante, pero “no es eso, no es eso”, como decía Ortega y Gasset sobre otro de los asuntos políticos de su momento.

Los organismos responsables del  gobierno de la nación son, exclusivamente,  las Cortes Españolas, el Ejecutivo, también el Judicial. Y el control de las autonomías corresponde a sus respectivos gobiernos por delegación del de la nación, por lo que meter a un tercer interlocutor no es más que una coartada inteligente para que parezca lo que no es.

Lo malo es que, como he comentado otras veces, esta serie de disparates y atentados contra la democracia solo se puede romper si en algún momento los socialistas de la bancada deciden que la cosa se está saliendo de madre y rompen su disciplina de voto.

Son los únicos que puede hacerlo porque los partidos de la derecha no tienen mayoría y además están jugando a ver quién la hace o la dice más gorda, y los que apoyan al gobierno no moverán un dedo porque les va en ello la supervivencia política.

Y tal como están las cosas, entre congresistas  del pseudo PSOE  de Sánchez, cobardes y empesebrados, los socialistas de toda la vida sin ninguna voz en la ejecutiva del “sanchismo” y el resto de partidos agarrados  a la tabla de salvación o al cuerno de la abundancia que les ofrece Pedro Sánchez, llámese PNV e independentistas, la cosa va para largo. Como mínimo para seis meses.

Que así no sea.

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