El Tribunal Constitucional ha decretado que el estado de alarma fue anticonstitucional, con lo que ha cerrado un ciclo de irregularidades cometidas por el gobierno de la nación, que tan acostumbrados nos tiene a caminar por el filo de la navaja o bordeando zonas pantanosas,

Y esa ha sido su conclusión en atención a que, para suspender libertades individuales de forma general, se necesita el estado de excepción y no el de alarma, que solo permite suspenderlas parcialmente.

Es un tema jurídico sobre el que no puedo opinar, aunque, como siempre hago, acato sin reservas las decisiones de los tribunales, mucho más las del Constitucional, última instancia para la interpretación de nuestra carta magna, con independencia de que la sentencia haya sido obtenida por unanimidad o por mayoría, como en este caso, cosa bastante habitual, por cierto, en las sentencias de nuestros tribunales de mayor rango.

No pretendo frivolizar el tema, sino simplificarlo, cuando digo que una sentencia es una sentencia, sea o no por mayoría, de la misma forma que un partido de futbol ganado es un partido ganado, aunque haya sido por los penaltis.

Y lo que resulta absolutamente insólito, eso sí, es que todo un gobierno de la nación cuestione la decisión del Tribunal Constitucional, mucho más siendo una juez quién hace de portavoz, apoyándose en que ha habido disidencias y en la urgencia del caso. Con el plus añadido de asegurar que con aquella decisión se evitaron cientos de miles de muertes, argumento tan poco demostrable como el afirmar, como hacen otros, que el retraso en tomar medidas provocó cientos de miles de fallecimientos evitables. Pura política de bajo nivel, porque está basada en hechos no demostrables.

La alusión a la urgencia se justifica porque el estado de alarma lo puede decretar el consejo de ministros, mientras que el de excepción necesita la aprobación previa de las Cortes. Pero eso, según he escuchado a algunos juristas, tampoco hubiera supuesto un problema porque, de no haber querido pasar por el trámite de las Cortes, no sé por qué razón, se habría podido declarar el estado de alarma por decisión del consejo de ministros, con lo cual entraba en vigor de inmediato y, posteriormente, convocar al Congreso para decretar el estado de excepción y pedir las prórrogas que fueran necesarias

Lo que ocurre es que está desafortunada posición del gobierno, no es más que la culminación de sucesivos intentos de intervenir en las decisiones de los otros poderes del Estado o de las instituciones. Se empezó con el nombramiento de la Fiscal General, después vino el intento de variar las condiciones para renovar los vocales del Consejo Superior del Poder Judicial que paró Europa, continuó con los indultos en contra de la opinión del Tribunal Superior de Justicia, alegando una supuesta necesidad de diálogo mientras se insinuaba que las sentencias eran fruto del rencor y la venganza, seguida por las descalificaciones al Tribunal de Cuentas y que termina, no con el error constitucional al aplicar el estado de alarma, sino con el hecho de cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando su obligación, más que la que nadie en este país, es acatar la sentencia sin cuestionarla.

Todo ello evidencia una deriva muy peligrosa en la actitud del gobierno de la nación, que aparece apuntar en la misma dirección que regímenes de dudosa democracia, como el de Venezuela, o en menor escala como los gobernantes de Cataluña, que manifiestas de palabra y con hechos que la máxima autoridad de la nación es el gobierno “elegido por el pueblo”, cuando no es así.  Los gobiernos elegidos por nosotros, los ciudadanos, dejan de ser legítimos si no cumplen las condiciones con las que fueron elegidos y algún otro poder del Estado o determinadas iniciativas parlamentarias, lo pueden demostrar.

Insisto en que el gobierno de España, en contra de lo que dice parte de la oposición, no ha incumplido la Constitución ni vulnerado leyes, pero el hecho de que sus decisiones estén claramente condicionadas por un partido comunista que nunca la ha aceptado, ni aquí ni en ninguna nación y por partidos separatistas que la odian porque supone un freno para sus locuras independentistas, es francamente preocupante.

Muy preocupante.