Es cierto, muy cierto, que la vivienda es uno de los grandes problemas en España y también lo es que la solución que piden las masas que han invadido las calles, intervenir en el mercado, siguiendo consignas sin sentido de líderes de WhatsApp desconocedores de la realidad del mercado y los políticos de extrema izquierda, incluidos los de propio gobierno, es totalmente inviable y contraproducente.
Porque el hacerlo, de cualquier forma, no haría más que incrementar el problema social, por la reducción de la oferta, en lo práctico, y cometer la ilegalidad de no respetar la propiedad privada.
Simplificando, creo que la gran mayoría sabemos que la causa raíz del problema es la carencia de casi un millón de viviendas porque ha subido la población en lugares de gran concentración humana y no se ha aumentado el parque de viviendas.
Y ese y solo ese, es el objetivo que debería perseguir el gobierno de turno, para lo que, aplicando soluciones sencillas a problemas complejos, la famosa navaja de Ockham, yo convocaría una reunión de gente con imaginación y poder, y les escribiría en una hoja de flipchart las siguientes frases como punto de arranque para una discusión del problema. No sería exactamente una <<tormenta de ideas>>, que nunca arrancan así, pero se podría convertir en algo parecido.
- Forzar la recuperación de terreno disponible para la construcción de viviendas, por recalificación del no protegido, que sea propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.
- Conseguir promotores particulares para construirlas, obteniendo un beneficio, naturalmente, porque si no es así, nadie lo haría. Y digo particulares porque si dejamos que sea el Estado el que las construya, como ocurrió con las casas protegidas de la dictadura, estando como están de confusas las relaciones entre partidos y teniendo que intervenir varias administraciones, lo veo muy complicado. Prácticamente imposible.
- Reducir drásticamente la burocracia necesaria para las licencias de obra, de forma que, entre el proyecto de construcción y la obtención de la licencia, no pasen más de seis meses.
- Sería más sencillo y conveniente dictar normas estatales para la recalificación y luego que cada propietario, empezando por los ayuntamientos, lleguen a acuerdos con los promotores.
- Y, fundamental, conseguir trabajadores para la construcción, ahora muy escasos, utilizando la inmigración legal.
Teniendo en cuenta el enorme avance en la tecnología y los materiales de construcción, es viable construir un edificio de altura media en un año, por lo que, si tiraran a la basura todas las leyes, normas y reglamentos actuales relacionados con la construcción de viviendas y se redactaran otros más ágiles y adaptados a la necesidad y urgencia de construirlas, sean para alquiler, venta, o viviendas sociales, estas últimas prioritarias por la pérdida de poder adquisitivo, podríamos establecer el siguiente calendario:
- Seis meses para cambiar las leyes y, mientras, localizar los terrenos a recalificar.
- Otros seis para conseguir las licencias
- Dos meses para planificar las construcciones
- Un año para construir las viviendas y, mientras, contratar ventas o alquileres
- Tres meses para obtener las cédulas de habitabilidad.
Lo que supone que, en dos años y medio, aproximadamente, el gobierno entrante podría poner en el mercado cientos de miles de viviendas.
Siendo las primeras a construir, si es en zonas rurales, aquellas que no tienen problemas de acometidas de agua y de la red eléctrica.
Naturalmente esto es una fantasía y un fraude de proceso, porque el mismo que ha planteado la premisa, que soy yo, es el que aporta soluciones, pero como se trata de un grupo de trabajo imaginario, puedo permitirme esta licencia
Y, luego, está el otro problema antes comentado: la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la inflación y la fiscalidad de la vivienda, ahora excesiva entre tasas e impuestos.
Y, si seguimos jugando con imaginación, casi con fantasía, y defendiendo el turismo, porque sin él estaríamos arruinados, creo que es el momento de retomar un plan de industrialización serio que fomente la creación de empresas, preferentemente en zonas bien comunicadas, pero lejos de los grandes núcleos urbanos tan tensionados por la vivienda.
Porque si esas empresas, grandes o medianas, españolas o extranjeras, se vieran apoyadas por el gobierno, las autonomías y los ayuntamientos, se conseguiría el triple efecto de crear empleos de calidad, recuperar y mejorar la economía de parte de la España vaciada y proporcionar viviendas de menor coste a una parte de los que las necesitan.
¿Fantasía? Yo he llegado a conocer casas para los empleados de Hidroelectica y de otras empresas ubicadas en parajes remotos, algo absolutamente impensable e innecesario en los tiempos actuales, en los que el gran progreso en las comunicaciones permite ubicar grandes empresas en lugares más alejados de los puertos de mar, pongo por caso.
Y, refiriéndome a la política, ayer escuché decir a Pedro Sánchez lo que será su gran eslogan para la sucia campaña electoral que acaba de empezar:
—¿Con quién estáis, con los arrendadores, o con los inquilinos?
Frase absolutamente canallesca, como tantas otras de las suyas, porque es fomentar una nueva especie de <<lucha de clases>>, cuando los dos colectivos, los pequeños arrendadores, que son la mayoría, y los arrendatarios, tienen muchos problemas en común.
Sé que todo lo anterior puede parecer una utopía, pero eso, o algo parecido, es lo que ocurriría si el gobierno actuara como una gran empresa privada. Y me pregunto:
¿Qué razones hay para que los gobiernos no adopten las mejores prácticas conocidas , las famosas <<best practices>> de los británicos, para conseguir objetivos concretos, en este caso las de la empresa privada?
¿Por qué hemos aceptado como axioma que la administración tiene que ser, inevitablemente, lenta y farragosa en los procesos administrativos hasta convertirse en una gran losa cada vez que accedemos a ella ? ¿O qué, en muchas ocasiones, nos traten como si nos hicieran un favor atendiéndonos?
Tengo la absoluta seguridad de que, si expertos en calidad de la empresa privada pudieran auditar a la administración, se reduciría muchísimo el tiempo de todas las gestiones, manteniendo, incluso mejorando, la fiabilidad de la gestión.
Pero: ¿Qué partido político sería capaz de ponerle un cascabel a semejante gato, perjudicando a sus miles de asesores y a toda la tropa de inexpertos que han acomodado en la administración ocupando cargos de responsabilidad?
Valencia, 7 de octubre de 2026
José Luis Martínez Ángel
