Esta semana tenemos una segunda convocatoria de elecciones,
y de nuevo hay que tomar una decisión. Decisión que, como digo en el título,
tiene mucho de obligación y también es una oportunidad de tratar de reconducir
la política en la dirección que creamos más oportuna para nuestra forma de
pensar y nuestro ideal de nación.
Pero para ello necesitamos salvar muchas barreras, algunas
de ellas de mucha altura.
La primera es tratar de desapasionar el voto. Soy consciente
de que la emotividad es inevitable y comprensible, pero conviene rebajarla al
máximo porque es indeseable
Todavía hay una gran cantidad de población para la que el amor
y la fidelidad a unas siglas, que no a las ideas, es un gran condicionante,
pero no debería bastar para decidir el voto.
Y digo las siglas y no las ideas porque cada momento
histórico tiene sus circunstancias y hacen que el PSOE o el PP de hoy, por
ejemplo, defiendan posiciones diferentes a las que defendieron en algún otro
momento. Dentro de una horquilla de ideario, pero sensiblemente diferentes.
Sin embargo cada vez es más frecuente que las campañas estén
dirigidas por politólogos, coacher (entrenador
en inglés) y asesores de imagen,
que preparan a sus empleadores para que convenzan con su aspecto, sus gestos, o
su forma de expresarse, con independencia del “mensaje”, generalmente repleto
de frases hechas y lugares comunes.
Es más, parece que hay una norma no escrita y común a todos
los partidos que les predispone a eludir los temas conflictivos para “no meter
la pata”, y evitar las preguntas porque pueden ser embarazosas. Es mucho mejor
“decir” lo que se quiere en un mitin, o en las redes sociales, que despejar
dudas de electores o periodistas en foros abiertos o ruedas de prensa
tradicionales.
Y entre las formas elementales de lanzar mensajes
populistas, una muy frecuente es decir que defienden a colectivos. Que “todos
los pensionistas”, o “todas las viudas”, o “todos los parados deben votarme a mí
porque…” Como si los problemas de cada
uno de los jubilados, de las viudas o de los parados fueran exactamente los
mismos.
Todos ellos, eso sí, tienen un mínimo común denominador de
malestar, pero también es cierto que casi todos los partidos llevan en sus programas
soluciones para estos problemas. Y, siendo muy fácil detectarlos, los
problemas, es mucho más difícil decidir la fiabilidad de las ofertas de
solución.
El voto es una decisión muy personal, de cada individuo, y
por mucho que lo intenten con frases recurrentes o alzando el todo de voz,
ellos son los primeros en saber que ningún partido tiene “la solución”.
La única solución a los grandes problemas, la solución real,
definitiva o a largo plazo, requiere grandes acuerdos de los partidos con
capacidad de gobierno, solos o cogobernando con otros.
Y por eso, considerando la gravedad de los problemas
actuales y la complejidad de la
situación política, creo que es imprescindible aplacar la visceralidad, y racionalizar la mejor opción.
No será necesario llegar al extremo de emplear alguna “herramienta”
que ayude a tomar la decisión, que existen, pero hay algunas normas que pueden ayudar a
decidir, empezando por excluir a los partidos que incluyan en su programa
electoral alguna medida que vaya contra nuestra
propia conciencia:
Un ejemplo: Si estoy en contra de división de España, o de
cambios en la estructura del Estado, descarto de inmediato a cualquier partido
que la defienda, aunque el resto de su programa sea de color de rosa. O
viceversa. Si eres partidario de estas opciones, descarta a los que las cuestionan.
Y no se oculta que los partidos tienen propuestas realmente
peligrosas para la convivencia y la estabilidad, y como muestra de lo
variopinto y disperso de los planteamientos, bastará con escuchar los
juramentos o promesas de sus señorías en la sesión de apertura de la legislatura
en el parlamento español.
Hay que tener en cuenta algo incuestionable: los líderes
cambian y, como he dicho antes, el ideario de los partidos evolucionan, pero
las decisiones que toman los gobiernos (leyes, sistema educativo, sistema
electoral, modelo de justicia, o la misma Constitución) son muy difíciles de
cambiar y agarrotan a la ciudadanía durante mucho tiempo, puede que por
generaciones, porque la cobardía de los ejecutivos, tan en cuarto creciente en
los últimos tiempos, les impide realizar cambios aunque sean necesarios.
Puede que en algún tiempo se realizaran sondeos para saber
lo que opinamos sobre determinados temas, no lo sé, pero tengo la seguridad de
que ahora se realizan encuestas de opinión para conocer cuántos votos le
sumarían o le restarían al proponente determinada decisión. Puede parecer lo
mismo, pero no lo es.
Por lo que es importante leer propuestas y programas porque,
aunque suelen incumplirlas o cumplirlas a medias, casi siempre al final de las
legislaturas, lo cierto es que cada vez las respetan más, entre otras cosas
porque nosotros se lo perdonamos menos.
Y ese es otro punto importante a considerar: La historia de
formalidad electoral, de compromiso con la ciudadanía con las promesas
electorales del pasado. Tan importante como la eficacia de las políticas que
aplicaron. Aquí sí, memoria histórica.
Luego está la valoración de si las ofertas, por muy buenas
que sean, pueden cumplirse. Este es un punto muy delicado porque ni somos capaces
de cuantificarlas ni conocemos el grado de fiabilidad de las partidas de
ingresos y gastos, aunque cada vez sabemos más y vamos descubriendo que administrar
un estado procurando el bienestar de los ciudadanos, que eso y no otra cosa es
gobernar, es como llevar las cuentas de una familia. Solo que la familia es muy
numerosa.
Desconfiemos de frases huecas como “defensa de las
libertades” o “de la justicia” o “de la democracia” porque eso,
afortunadamente, está muy superado y no depende en absoluto del gobierno de
turno. Prácticamente todos, y especialmente los mayoritarios, la garantizan. Y además
tenemos el paraguas de la Unión Europea que no permitiría veleidades.
Claro que, jugando con las palabras, los más populistas
incluyen en el catálogo de los “derechos” y de las “libertades” cosas sin el
adjetivo de “fundamentales” y que, de hecho, no lo son. Yo podría defender como
“libertad” el botellón, por mucho que moleste a los vecinos y ensucie las
calles, o ir en patinete por donde me da la gana.
Libertades fundamentales son las que se incluyen en la carta
internacional de los derechos humanos, o las que define los estados
democráticos una vez que comprueban que no perjudican a terceros. Solo esas. En
nuestro caso las que define la Constitución, que no son contradictorias con las
anteriores.
Lo demás son opiniones interpretaciones personales e
interesadas sin ningún fundamento.
Y no nos dejemos engañar. Tenemos problemas, pero este es un
país muy bien estructurado en lo social, no tanto en lo laboral, con ventajas
que muy pocos países tienen. Imaginaos que vuestro hijo, vuestra mujer, o cualquiera
de tus familiares tienen un cáncer u otra enfermedad grave, y no les tratan porque no tienes seguro privado, que cuesta
una fortuna, pese a que hay tratamiento.
Eso, que lo vemos como lo más normal del mundo, ocurre en
países tan avanzados como los Estado Unidos, por ejemplo, cuando aquí
subvencionamos hasta los cambios de sexo.
No perdamos el horizonte influidos por las peleas de
políticos barriobajeros que en lugar de luchar por su país, hay ocasiones en
que no se sabe por lo que luchan.
Y como siempre, eximo de estas reflexiones a los gobiernos
municipales de pueblos y ciudades con pocos habitantes.
Conocéis a los candidatos. Olvidaos de las siglas y votad a los que más confianza os merezca. Tendréis más posibilidades de acertar
Y no te quedes en casa. No existe la democracia sin votos.