Honores y honores. El del que fue juez Marlasca y el de la Guardia Civil.

La cartilla del Guardia Civil, publicada el 20 de diciembre de 1845, dice en su primer artículo: El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.

Desconozco el texto de su juramento, pero en una intervención con motivo de la toma de posesión de una promoción de jueces, el vocal del CGPJ Félix Azón, reclamó que la carrera judicial fuera “un referente del liderazgo social” en estos momentos de crisis que atraviesa España.

Y que las virtudes esperadas son: prudencia, imparcialidad, capaz de transmitir de forma diligente y clara sus resoluciones, respetuosos con el ordenamiento jurídico, laboriosos, serenos, valientes para atreverse a resolver los conflictos que le planteen y humildes. “No olvidemos que somos servidores públicos”, sentenció.

Desgraciadamente y como he comentado en otras ocasiones, estamos en manos de un gobierno que ha perdido todo respeto a la verdad y que pasó de jugar con dobles interpretaciones y eufemismos a mentir descaradamente. Mentiras dichas con toda rotundidad y desmentidas a tramos en muchas ocasiones, como ocurrió con el famoso caso de José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodrígez, que empezó con un no ceñudo de hombre ofendido, que pronto paso a  ser un no “a según qué” y que a golpes de información periodística, acabo siendo un sí con muchos agravantes.

Barrera, la de la mentira en sede parlamentaria, en la casa de la democracia,  que ha sido infranqueable en la actuación de los gobierno de la nación, los que hicieron dimitir al ministro Soria, no por tener negocios familiares en países extranjeros como pedía la oposición porque era una situación legal, sino por negar tener conocimiento de los hechos cuando era imposible ignorarlos. Es decir, por mentir

O este mismo gobierno que destituyó a Màxim Huerta todavía no se sabe muy bien porqué, posiblemente para proyectar una imagen de pureza extrema y a la ministra Montón por el escándalo de su master. Listón que se rebajó hasta el suelo cuando aparecieron los plagios del presidente y otras irregularidades que le afectaban a él o a algunos miembros de su guardia pretoriana.

Dicho lo cual, y con estos antecedentes, paso a expresar mi opinión sobre lo que está ocurriendo con el ministro de Interior Fernando Grande Marlasca, juez de trayectoria brillante, ahora juguete roto, como consecuencia de sus mentiras y salidas por la tangente a raíz del cese del Coronel Pérez de los Cobos.

Y, sinceramente, es lamentable ver cómo puede cerrar su biografía un hombre recto en su trayectoria profesional, por haberse intoxicado por la política rastrera de los últimos tiempos, desde que entró a formar parte y parte importante, del gobierno de Pedro Sánchez.

Primero afirmó que había cesado al coronel por “falta de confianza”, situación que según doctrina de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha del 19 de septiembre de 2019 debe motivarse.

Los puntos 1, 2 y 3 de esta resolución dicen textualmente:

  1. Como el acto de nombramiento, también el de cese debe ajustarse a exigencias formales obvias como, por ejemplo, que lo acuerde el órgano competente o la adecuada formación -en su caso- de la voluntad si es un órgano colegiado y a tales exigencias formales cabe añadir la motivación si bien con la debida modulación.
  • Esta motivación ciertamente debe ir más allá de lo previsto en el artículo 58.1, párrafo segundo, del RGPPT, según el cual ” la motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla “. Por tanto, al funcionario cesado debe dársele razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren o si concurren qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese.
  • La razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre apreciación; ahora bien, es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección. Esta exigencia de motivación se cualifica cuando se trata del cese de quien ejerce funciones de representación sindical.

Motivación que no quiso dar cuando se le preguntaron las razones, porque era vox pópuli que el hecho se había producido cuando el coronel Jefe de la Comandancia de Madrid se negó a entregarle un informe que había elaborado una unidad a su cargo que actuaba como Policía Judicial a las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez Medel, que se encontraba instruyendo una causa sobre la autorización de las manifestaciones del 8 de marzo.

Negativa que estaba plenamente justificada porque según la ley, cuando un equipo de las Fuerzas de Seguridad del estado actúa como Policía Judicial dependen directamente de la juez que instruye y solo deben informar a ella o a la fiscalía.

Después dijo que era una “renovación de cargos” de la Guardia Civil, explicación impropia de la inteligencia de un ex juez, cuando el cese se produjo un domingo por la noche y sin tener sustituto para el puesto.

Luego vino la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, el número dos del cuerpo, que había estado dando la cara durante la pandemia, como  manifestación de su desacuerdo con el cese del coronel Pérez delos Cobos. Dimisión que  trataron de minimizar alegando que “estaba a punto de jubilarse”. ¿Quién en su sano juicio, puede pensar que un general de su trayectoria iba a renunciar a esos últimos días en el cuerpo en los que recibiría, sin duda, el reconocimiento de los miembros de su equipo y de la totalidad del cuerpo?

Y el cese del general Fernando Santafé, número tres del cuerpo, al parecer por discrepancias con el nombramiento del sucesor de Laurentino Ceña. Y a partir de ese momento,  los medios se llenad de rumores sobre si este llamó o no llamó a aquel o sobre el malestar evidente de la Guardia Civil, manifestado por todas las asociaciones del Instituto Armado.

Y en medio de esta tormenta, el ministro Marlasca insiste en que se trata de una renovación del cuerpo.

Posteriormente aparece el documento del cese que dice textualmente: “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de policía judicial, con fines de conocimiento”.

Es decir: El ministerio quiere que le entreguen un documento emitido por el equipo de la Guardia Civil que actúa como Policía Judicial para enterarse del desarrollo y la actuación del equipo “con fines de conocimiento”. Y la razón evidente es que la investigación afecta a altos cargos del gobierno.

El documento de cese sí cumple el requisito de motivar la falta de confianza, pero descubre el pastel de que la verdadera razón es que el coronel Pérez de los Cobos se negó a obedecer una orden claramente ilegal.

Entonces empiezan las dudas y los balbuceos y el ministro Marlasca se mantiene en su papel de “renovador” añadiendo que “él no ha pedido nada” y que desconoce del contenido del informe de marras.

Y, en ese ambiente, llegamos a la sesión plenaria sobre la renovación del régimen de alarma y, durante su transcurso, en el que apenas se habló de salud pública, se produce la apoteosis final. El presidente, prepotente y trasgresor, desautoriza indirectamente la investigación de la juez con su grito de “viva el 8 M” y sube un peldaño en la confusión y la indignidad al afirmar que el buen ministro estaba desmontando la “policía patriótica” montada, como no, por el PP. Ya no hay ilegalidad en la petición, ya no se incumple la ley porque el “bien mayor” es desmontar las famosas cloacas del estado. Frase patentada, por cierto, por su vicepresidente Iglesias.

Magnífico. Ahora resulta que el Coronel López de los Cobos ya no es un insubordinado infiel. Es una rata de las cloacas del Estado. Y, por extensión, también parecen serlo todos aquellos que no estén de acuerdo con las órdenes del gobierno, sean legales o no. Y ahora se habla de la Guardia Civil, pero no se tardará en saber “cosas” de la Policía Nacional.

Y saca a colación que se ha filtrado el informe de la policía Judicial, informe que llegó a manos en primer lugar, que casualidad, a dos medios afines, muy afines al gobierno actual.

Y para más abundamiento, ahora resulta que no ha sido él quien ha cesado al coronel. Lo hizo  la Directora de la Guardia Civil, una perfecta desconocida figurante en toda esta farsa, siguiendo instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad. “A ellos y no a mí es a quién deberían pedir explicaciones”, parece decir.

Y hasta aquí mi comentario porque ni se más que lo que he visto ni puedo entrar en rumores de lo que pudo ser o de lo que será. No puedo ser imparcial porque soy “hijo del cuerpo”, pero solo he expuesto hechos contrastados, tratando de aparcar las emociones que provocan las injusticias. En este caso en particular y en cualquier otro en general.

Me imagino que el coronel López de los Cobos se verá en la obligación de defender su honor interponiendo algún tipo de querella contra el ministro del Interior, ahora extensiva al propio presidente por sus desafortunadísimas insinuaciones, No se si lo hará o no o si para hacerlo tiene que pedir la baja en el Instituto Armado, pero esa será su decisión y a ella le han forzado porque un ministro inmoral ha insinuado a la oposición que no insistan para “no perjudicar la imagen del coronel”.

Declaración sorprendente y paternalista porque si sabe algo ilegal de este funcionario de alto grado tiene la obligación de denunciarlo. Y si es falso se trata de una insinuación muy miserable.

Como decía anteriormente, que lamentable cierre de currículum de un hombre que escribió una autobiografía titulada “ ni pena ni miedo”, lema que lleva tatuado en su muñeca y que no se refería, naturalmente, a su desgraciada intervención en el ministerio. Leído en internet: “La sinopsis de la autobiografía de Fernando Grande Marlaska dice que ” Ni pena ni miedo es un lema de resistencia que significa que el miedo a las consecuencias de nuestros actos no debe paralizar nuestras decisiones futuras, que hay que ser consecuente con lo que creemos y defendemos“. Como diría un castizo, ¡quién te ha visto y quién te ve!

Y, sin insinuar nada, porque me niego en rotundo a insinuarlo, resulta que el teniente coronel David Blanes González, nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria la noche en que el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas y fue a su encuentro el ministro José Luis Ábalos”. Para mí ambos hechos son casuales porque, entre otras cosas, lo ocurrido en Barajas se supo gracias a la Guardia Civil de Aduanas. Si fuera el PP el que recibió a la ministra venezolana y el que hubiera promovido este nombramiento, no habrías suficiente espacio en la sexta para “sacar conclusiones irrefutables”.

En cuanto a  la Guardia Civil como institución, ¡que voy a decir! Que es un cuerpo con honor, que trabaja incansablemente a la luz o en las sombra al servicio del Estado y a las órdenes del gobierno de turno y para proteger a  la ciudadanía. Día y noche. Por tierra, mar y aire, desde las montañas pirenaicas hasta las costas y fronteras. En nuestras carreteras y aduanas, en nuestras zonas rurales, persiguiendo delitos de todo tipo cuando actúa como Policía Judicial, y honrando el verde de sus uniformes en todos los servicios y misiones que les son encomendadas. Sin desfallecer en una catástrofe ni lamentarse por tener que trabajar con riesgo de sus vidas luchando contra la delincuencia o rescatando a insensatos de los lugares más inverosímiles.

Ni una línea más para defender lo que no necesita defensa. El honor de la guardia Civil. ¿Qué de vez en cuando aparece alguna manzana podrida entre sus filas? Naturalmente. Como ocurre con todos los colectivos, pero esas minorías no empañan de ninguna manera la extraordinaria labor de este instituto por muchos titulares sensacionalistas que merezcan.

No quiero pensar que detrás de esta extraña situación se esconda un intento deliberado de socavar el prestigio de la Guardia Civil o recuperar la vieja idea de desmilitarizar el cuerpo. Es cierto que es lo que quisieran todos los que apoyan al gobierno y una buena parte de sus miembros, pero no sería bueno para los intereses del presidente, que no son otros que mantenerse en la Moncloa.

El ministro Marlasca pasará, como también lo hará el presidente Sánchez. Afortunadamente y por muchas zancadillas que le pongan gente interesada, la Guardia Civil continuará haciendo lo que hace habitualmente. Protegernos.

La inexistente policía judicial y la interferencia del Ejecutivo en la Judicatura

Ya he aclarado en comentarios anteriores que en España, a diferencia de algunos países, no existe la policía judicial. Y si fuéramos un país como Dios manda y no una caja de sorpresas tampoco debería de hacer falta porque los jueces tienen libertad para pedir investigadores a los cuerpos que estime más conveniente, Guardia Civil, Policía Nacional, o policías autonómicas, dependiendo del tipo de investigación, de la zona a investigar o, simplemente, con quién se sienta más cómodo.

El procedimiento es muy sencillo: El juez requiere ayuda al mando que estime oportuno, si se trata de la Guardia Civil al Coronel Jefe de la Comandancia y este decide los efectivos que va a poner a las órdenes del Juez. Efectivos que desde ese momento actúan como policía judicial, estando obligados a ejecutar todas las órdenes del juez instructor del caso, del que pasan a tener dependencia orgánica con la obligación de mantener secreto absoluto sobre el caso y no proporcionar información a nadie, salvo al propio juez.

Es cierto que siendo guardias civiles, como en el ejemplo, siguen teniendo una doble línea de dependencia: la inmediata mientras dure la situación, que es el juez, y su cadena de mando. Pero la cadena de mando conoce perfectamente la situación y no interviene en los operativos hasta que el juez ordena detenciones o se necesitan actuaciones especiales.

Es decir: lo correcto y habitual es que su Comandante no tenga más conocimiento de las investigaciones  que las necesarias para adjudicar recursos o decidir apoyos a los designados como policía judicial temporal. Y si los tiene está obligado a mantener el mismo grado de confidencialidad que el juez haya ordenado a su operativo.

Todo lo cual viene regulado en el artículo 126 de la Constitución  y con leyes orgánicas promulgadas como desarrollo de este artículo.

La gran mayoría de los españoles desconocen estos procedimientos, tampoco es necesario que lo sepan,  pero lo que es absolutamente cierto, sin ningún género de duda, que el otrora juez Marlasca lo sabe perfectamente porque ha sido su forma de actuar cuando ejercía como tal.

Y, pese a ello, abusando en su favor del poder temporal que le confiere el ser ministro de la nación, poder que no le autoriza a este tipo de iniciativas,  ha promovido una acción totalmente antinatural, anticonstitucional y, probablemente merecedora de una protesta del Poder Judicial y una  investigación por parte de la Judicatura.

Y lo ha hecho cuando ordenó a la Directora de la Guardia Civil, una desconocida para el gran público apellidada Gámez Gámez, que cesara al Coronel  Pérez de Cobos por “falta de confianza”, lo que, paradójicamente, nos hace suponer que es un hombre muy digno de confianza porque la verdadera razón  del cese es que se negó a entregar la información sobre una investigación judicial

La abierta sobre la oportunidad de autorizar la manifestación del 8 de marzo, desconozco si la de algún otro acto, cuando ya se disponía de información suficiente sobre la amenaza del COVID19.

Y digo que el Coronel Pérez de Cobos es de toda confianza porque se limitó a cumplir con su deber, a sabiendas de que le costaría un serio disgusto. Porque “no obedecer” a este gobierno con aires absolutista es mucho arriesgar en lo personal.

Con el agravante, muy importante, de que el Juez Marlasca es parte interesada porque los investigados son funcionarios del Estado que ocupan cargos de mucha responsabilidad. Es decir, el en otrora Juez Marlasca ha sobrepasado muchas líneas rojas al pretender que un funcionario del Estado, un Coronel de la Guardia Civil, cumpliera una orden claramente incostitucional, vulnerado la autoridad y la independencia de la juez instructora, y metiendo su  zarpa política en el campo y las responsabilidades del Poder Judicial. Para nota.

¿Qué le ha pasado a este señor que en otro tiempo fue un juez distinguido que se molestó con razón cuando alguien que no debía filtró informaciones al entorno de ETA en la “operación Faisán” que el instruía? La historia de los últimos tres años demuestra que el presidente Sánchez es claramente tóxico para los que le rodean, pero es que en los últimos tiempos esa toxicidad, que era más bien sobre las personas,  ha encontrado el  catalizador perfecto para ampliar sus efectos hasta las estructuras del Estado: Sus aliados de Podemos.

Es el síndrome de los que alcanzan un cierto poder sin tener experiencia de gestión y desconociendo o minusvalorando los condicionantes de un Estado de derecho y de los límites que marca la Constitución y su desarrollo. Personas que se hinchan de poder y creen estar por encima del bien y del mal. Que son los elegidos, no por el poder de los votos sino por la providencia, para acaudillar al pueblo y hacer lo que les viene en gana.

O lo que es peor, si que conocen los límites, y este es el caso del Ministro de Interior, pero se lo salta porque sí, “porque lo digo yo”.

Ministros y gobernantes domingueros que nunca han asumido que su función es buscar nuestro bienestar y dejar una España mejor de la que se encontraron. Ministros y presidentes figurones y aprovechados que utilizan el poder provisional que les ha sido dado para medrar personalmente y/o para imponer sus ideas políticas con todos los trucos posibles.

Es el eterno dilema. Una vez, en una conversación privada con uno de los que fueron mis directores, que estaba molesto conmigo porque le había cuestionado una decisión, le tuve que aclarar y lo entendió, que mis fidelidades como dirigente en una multinacional eran dos: a la empresa y a mis clientes. Y que, por supuesto, mi obligación era atender las indicaciones de los directores de cada momento porque asumía que querían lo mismo que yo pero con más responsabilidades y que entendía que una de mis obligaciones era manifestarles mi opinión o mis dudas sobre cualquier tema, si es que las tenía. Porque una cosa es la “obediencia debida” y otra las responsabilidades de cada cual.  Lo que en el ámbito empresarial se denominan “misiones y funciones”

¿A cuántos  presidentes y ministros habrá conocido el Coronel? Y con todos ellos habrá practicado sin conflictos la obediencia debida porque estoy seguro de que ninguno de sus superiores “políticos” le habrá creado problemas de conciencia.

Lo que ocurre en este momento es que la coletilla “del Estado” se está tratando de convertir por hechos consumados en “del gobierno”. Y me refiero a las Fuerzas de seguridad del Estado, a la Abogacía del Estado y a tantos organismos que no se fundaron para obedecer ciegamente al gobierno de turno sino  para proteger al propio estado, incluso de las posibles trapacerías de algún Ejecutivo. Y así lo define la Constitución.

Por lo que, muy a pesar del gobierno,  el buen Coronel ha salido muy reforzado en su imagen de servidor de la ley, mientras la Directora de la Guardia Civil y su superior político, el Ministro de Justicia han demostrado de que pasta están hechos y cual es su concepto del honor y del servicio.

De momento, ¡cómo no! la máquina de propaganda del gobierno ha salido en tropel tratando de mezclar lo superficial con lo fundamental.

No se trata de que el informe esté bien o mal, ni de que la jueza se llame María o Juana o sea de Madrid o de Albacete. Ni siquiera si la juez estuviera incoando una causa sin contenido. Lo fundamental, lo único que importa, lo grave, es que un miembro del Ejecutivo ha interferido en el Judicial. Hasta tal punto que el informe, que debería ser confidencial por orden de la jueza de instrucción, está en la calle. Y convendría saber quién es el filtrador.

Es como si yo robara en el Banco de España y mis propagandistas trataran de distraer el hecho diciendo que los cristales estaban sucios o las paredes con desconchones.

Pero insisto, como siempre, en que España es un país fuerte que no podrán desmantelar y a los hechos me remito: una juez de instrucción ha mandado un requerimiento a un ”todopoderoso”, como cree ser el ministro Marlasca, indicándole que la policía judicial solo debe informarla a ella, y  otro juzgado ha retirado la condición de “víctima” al muy plenipotenciario Señor Iglesias. El que se manifestó víctima de “las cloacas del Estado”, esas de las que ahora forma parte, en el juicio por el famoso móvil robado a su asesora, a la que ha nombrado directora de su panfleto digital, porque se ha demostrado que mentía como un bellaco, y que las “cloacas del Estado” que utilizaban la información podía ser él mismo.

Y en estas reflexiones no quiero comentar la metedura de pata que se ha cometido al aplicar el tercer tramo de la subida de salarios de las fuerzas del orden aprobado por el gobierno de Rajoy. Si cree que con eso va a acallar las críticas de los miembros de la Guardia Civil es que no conoce la mentalidad de los componentes de eses Instituto.  

Lo dicho. El Estado tiene muchas defensas, la principal la Constitución y las leyes, y por mucho que lo intenten no conseguirán hacer tambalear sus cimientos. Y así es gracias a que anteriores generaciones, las que ahora están desapareciendo, lo hicieron muy bien.

Por cierto: Entiendo la alegría de los independentistas porque el Coronel era presa codiciada por ellos, pero que tampoco se pasen. Las defensas del estado también les bloquean a ellos. Totalmente.