La inexistente policía judicial y la interferencia del Ejecutivo en la Judicatura

Ya he aclarado en comentarios anteriores que en España, a diferencia de algunos países, no existe la policía judicial. Y si fuéramos un país como Dios manda y no una caja de sorpresas tampoco debería de hacer falta porque los jueces tienen libertad para pedir investigadores a los cuerpos que estime más conveniente, Guardia Civil, Policía Nacional, o policías autonómicas, dependiendo del tipo de investigación, de la zona a investigar o, simplemente, con quién se sienta más cómodo.

El procedimiento es muy sencillo: El juez requiere ayuda al mando que estime oportuno, si se trata de la Guardia Civil al Coronel Jefe de la Comandancia y este decide los efectivos que va a poner a las órdenes del Juez. Efectivos que desde ese momento actúan como policía judicial, estando obligados a ejecutar todas las órdenes del juez instructor del caso, del que pasan a tener dependencia orgánica con la obligación de mantener secreto absoluto sobre el caso y no proporcionar información a nadie, salvo al propio juez.

Es cierto que siendo guardias civiles, como en el ejemplo, siguen teniendo una doble línea de dependencia: la inmediata mientras dure la situación, que es el juez, y su cadena de mando. Pero la cadena de mando conoce perfectamente la situación y no interviene en los operativos hasta que el juez ordena detenciones o se necesitan actuaciones especiales.

Es decir: lo correcto y habitual es que su Comandante no tenga más conocimiento de las investigaciones  que las necesarias para adjudicar recursos o decidir apoyos a los designados como policía judicial temporal. Y si los tiene está obligado a mantener el mismo grado de confidencialidad que el juez haya ordenado a su operativo.

Todo lo cual viene regulado en el artículo 126 de la Constitución  y con leyes orgánicas promulgadas como desarrollo de este artículo.

La gran mayoría de los españoles desconocen estos procedimientos, tampoco es necesario que lo sepan,  pero lo que es absolutamente cierto, sin ningún género de duda, que el otrora juez Marlasca lo sabe perfectamente porque ha sido su forma de actuar cuando ejercía como tal.

Y, pese a ello, abusando en su favor del poder temporal que le confiere el ser ministro de la nación, poder que no le autoriza a este tipo de iniciativas,  ha promovido una acción totalmente antinatural, anticonstitucional y, probablemente merecedora de una protesta del Poder Judicial y una  investigación por parte de la Judicatura.

Y lo ha hecho cuando ordenó a la Directora de la Guardia Civil, una desconocida para el gran público apellidada Gámez Gámez, que cesara al Coronel  Pérez de Cobos por “falta de confianza”, lo que, paradójicamente, nos hace suponer que es un hombre muy digno de confianza porque la verdadera razón  del cese es que se negó a entregar la información sobre una investigación judicial

La abierta sobre la oportunidad de autorizar la manifestación del 8 de marzo, desconozco si la de algún otro acto, cuando ya se disponía de información suficiente sobre la amenaza del COVID19.

Y digo que el Coronel Pérez de Cobos es de toda confianza porque se limitó a cumplir con su deber, a sabiendas de que le costaría un serio disgusto. Porque “no obedecer” a este gobierno con aires absolutista es mucho arriesgar en lo personal.

Con el agravante, muy importante, de que el Juez Marlasca es parte interesada porque los investigados son funcionarios del Estado que ocupan cargos de mucha responsabilidad. Es decir, el en otrora Juez Marlasca ha sobrepasado muchas líneas rojas al pretender que un funcionario del Estado, un Coronel de la Guardia Civil, cumpliera una orden claramente incostitucional, vulnerado la autoridad y la independencia de la juez instructora, y metiendo su  zarpa política en el campo y las responsabilidades del Poder Judicial. Para nota.

¿Qué le ha pasado a este señor que en otro tiempo fue un juez distinguido que se molestó con razón cuando alguien que no debía filtró informaciones al entorno de ETA en la “operación Faisán” que el instruía? La historia de los últimos tres años demuestra que el presidente Sánchez es claramente tóxico para los que le rodean, pero es que en los últimos tiempos esa toxicidad, que era más bien sobre las personas,  ha encontrado el  catalizador perfecto para ampliar sus efectos hasta las estructuras del Estado: Sus aliados de Podemos.

Es el síndrome de los que alcanzan un cierto poder sin tener experiencia de gestión y desconociendo o minusvalorando los condicionantes de un Estado de derecho y de los límites que marca la Constitución y su desarrollo. Personas que se hinchan de poder y creen estar por encima del bien y del mal. Que son los elegidos, no por el poder de los votos sino por la providencia, para acaudillar al pueblo y hacer lo que les viene en gana.

O lo que es peor, si que conocen los límites, y este es el caso del Ministro de Interior, pero se lo salta porque sí, “porque lo digo yo”.

Ministros y gobernantes domingueros que nunca han asumido que su función es buscar nuestro bienestar y dejar una España mejor de la que se encontraron. Ministros y presidentes figurones y aprovechados que utilizan el poder provisional que les ha sido dado para medrar personalmente y/o para imponer sus ideas políticas con todos los trucos posibles.

Es el eterno dilema. Una vez, en una conversación privada con uno de los que fueron mis directores, que estaba molesto conmigo porque le había cuestionado una decisión, le tuve que aclarar y lo entendió, que mis fidelidades como dirigente en una multinacional eran dos: a la empresa y a mis clientes. Y que, por supuesto, mi obligación era atender las indicaciones de los directores de cada momento porque asumía que querían lo mismo que yo pero con más responsabilidades y que entendía que una de mis obligaciones era manifestarles mi opinión o mis dudas sobre cualquier tema, si es que las tenía. Porque una cosa es la “obediencia debida” y otra las responsabilidades de cada cual.  Lo que en el ámbito empresarial se denominan “misiones y funciones”

¿A cuántos  presidentes y ministros habrá conocido el Coronel? Y con todos ellos habrá practicado sin conflictos la obediencia debida porque estoy seguro de que ninguno de sus superiores “políticos” le habrá creado problemas de conciencia.

Lo que ocurre en este momento es que la coletilla “del Estado” se está tratando de convertir por hechos consumados en “del gobierno”. Y me refiero a las Fuerzas de seguridad del Estado, a la Abogacía del Estado y a tantos organismos que no se fundaron para obedecer ciegamente al gobierno de turno sino  para proteger al propio estado, incluso de las posibles trapacerías de algún Ejecutivo. Y así lo define la Constitución.

Por lo que, muy a pesar del gobierno,  el buen Coronel ha salido muy reforzado en su imagen de servidor de la ley, mientras la Directora de la Guardia Civil y su superior político, el Ministro de Justicia han demostrado de que pasta están hechos y cual es su concepto del honor y del servicio.

De momento, ¡cómo no! la máquina de propaganda del gobierno ha salido en tropel tratando de mezclar lo superficial con lo fundamental.

No se trata de que el informe esté bien o mal, ni de que la jueza se llame María o Juana o sea de Madrid o de Albacete. Ni siquiera si la juez estuviera incoando una causa sin contenido. Lo fundamental, lo único que importa, lo grave, es que un miembro del Ejecutivo ha interferido en el Judicial. Hasta tal punto que el informe, que debería ser confidencial por orden de la jueza de instrucción, está en la calle. Y convendría saber quién es el filtrador.

Es como si yo robara en el Banco de España y mis propagandistas trataran de distraer el hecho diciendo que los cristales estaban sucios o las paredes con desconchones.

Pero insisto, como siempre, en que España es un país fuerte que no podrán desmantelar y a los hechos me remito: una juez de instrucción ha mandado un requerimiento a un ”todopoderoso”, como cree ser el ministro Marlasca, indicándole que la policía judicial solo debe informarla a ella, y  otro juzgado ha retirado la condición de “víctima” al muy plenipotenciario Señor Iglesias. El que se manifestó víctima de “las cloacas del Estado”, esas de las que ahora forma parte, en el juicio por el famoso móvil robado a su asesora, a la que ha nombrado directora de su panfleto digital, porque se ha demostrado que mentía como un bellaco, y que las “cloacas del Estado” que utilizaban la información podía ser él mismo.

Y en estas reflexiones no quiero comentar la metedura de pata que se ha cometido al aplicar el tercer tramo de la subida de salarios de las fuerzas del orden aprobado por el gobierno de Rajoy. Si cree que con eso va a acallar las críticas de los miembros de la Guardia Civil es que no conoce la mentalidad de los componentes de eses Instituto.  

Lo dicho. El Estado tiene muchas defensas, la principal la Constitución y las leyes, y por mucho que lo intenten no conseguirán hacer tambalear sus cimientos. Y así es gracias a que anteriores generaciones, las que ahora están desapareciendo, lo hicieron muy bien.

Por cierto: Entiendo la alegría de los independentistas porque el Coronel era presa codiciada por ellos, pero que tampoco se pasen. Las defensas del estado también les bloquean a ellos. Totalmente.

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