Seguramente a los políticos les hacen una especie de lobotomía para que piensen de forma diferente a los ciudadanos por ellos administrados. Me explico.

Ya dije el otro día que, básicamente, la seguridad ciudadana de los valencianos depende de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuerpos de gran experiencia, con múltiples especialidades, muy acreditados y, en muchos casos, compuestos por miembros de la comunidad. Forman parte de la red nacional, y están conectados a las internacionales por las bases de datos comunes y por los servicios de inteligencia.

Pues bien. El Sr, Puig está empeñado en potenciar la policía autonómica, estilo Cataluña. Ya dije el otro día que “quieren sustituir a la Policía Nacional y la Guardia Civil por una Policía subordinada a los muy malos administradores valencianos, aislada, y que tardaría diez años en tener un mínimo de experiencia. Que montar cuerpos de seguridad no es como abrir una emisora de televisión y ni eso saben hacer”. También decía que, eso sí, hay que ampliar y actualizar los roles profesionales de las Policías Locales.

Solo hay una razón para que los políticos comunitarios quieran seguir esta línea insensata. El control sobre sus actuaciones, tan en contra de los intereses de los ciudadanos que necesitamos seguridad, eficacia, y objetividad.

Basta con ver la actuación y las declaraciones del mayor de los Mossos, el Sr. Trapero, que es mando supremo de la policía autonómica por decisión política de la jerarquía de la Generalitat, y se pasa los días en los platós de televisión y los estudios de radio apoyando a sus “jefes” en lugar de estar trabajando en lo suyo.

Y no tengo nada que decir de los propios Mossos que, al cabo de los años, han conseguido ser muy eficaces en las actuaciones de cada día, aunque estén muy limitados por su condición de autonómicos y, por tanto, “no incluidos” en las policías estatales de todo el mundo, para las nuevas amenazas. Especialmente las del terrorismo.

Pero, lamentablemente, los Mossos y su imagen pública serán lo que quieran y proyecten sus jefes, en este caso políticos de muy bajo nivel.

Algunos dicen que la solución es que les integren en estas redes. Ningún país aceptaría abrir los candados de su información a quién no es de su total confianza. Ni siquiera a las policías estatales de algunos países comunitarios. Y pongo un ejemplo pasado pero reciente: la Etzaina tenía bloqueado el acceso a la información estatal e internacional porque todos sabían que tenía infiltrados de la ETA.

También puede haberlos en los cuerpos de seguridad del estado, pero es mucho más difícil y más controlable.

Pese a todas estas razones, seguro que el Sr. Puig seguirá queriendo “su” policía, como quiere “su” televisión.

Un ejemplo más de la política de los últimos tiempos. Siempre pensando en los ciudadanos.

El otro día leí en la prensa un artículo de Mateo Balín que me resulta especialmente inquietante. Siempre he sabido que es difícil localizar a los radicales islamistas peligrosos, y aplico el adjetivo “peligrosos” porque algunos radicales solo lo son de palabra y no serían capaces de atentar contra nadie.

El autor del artículo se refería a una de las ramas del Daesh, los takfir, radicales dispuestos a matar, no tanto a morir como los clásicos terroristas suicidas, porque su lucha no es para una sola ocasión.

En esta estrategia, muy peligrosa para nuestra seguridad, y dirigida de forma muy especial a gente muy joven, se permite que sus adeptos vivan “como infieles”, y hagan una vida completamente normal, bebiendo alcohol, fumando, comiendo alimentos prohibidos, etc.

El objetivo de estos terroristas aparentemente integrados en la vida normal y poco seguidores del Corán, es pasar totalmente desapercibidos. No frecuentan las mezquitas, juegan al futbol, fuman, van a los lugares de encuentro de los jóvenes, participan en actividades propias de su entorno social y, en definitiva, actúan como auténticos infiltrados en las sociedades en las que viven.

Ya ocurrió en el 11M y ha sido muy evidente en la cédula terrorista de Barcelona.

Decía que no van a las mezquitas, pero se reúnen con su líder, en este caso el famoso imán que “pretendía” inmolarse en Barcelona pero que, según algunas informaciones, tenía un billete de avión para días después, en sitios secretos para recibir aleccionamiento y, llegado el caso, para preparar bombas o planificar los atentados.

Pero, pese a todas estas precauciones, son detectables. Como he dicho anteriormente, se reunirán en algún sitio, comprarán materiales, actuarán en grupo, aunque esté compuesto por amigos o familiares. El mínimo común denominador es el coordinador, normalmente un imán, pero eso es responsabilidad de la inteligencia española que ya está trabajando en catalogar y valorar el perfil de los imanes españoles. Y lo está haciendo con la colaboración de la comunidad musulmana y las asociaciones de imanes, que son los primeros en pedir que se separe el grano de la paja.

Pero nosotros, todos nosotros, debemos informar a las autoridades si detectamos movimientos extraños: gente que entra y sale de pisos o locales privados, especialmente si son locales ocupados, que compra materiales de droguería, como acetona, en grandes cantidades, bombonas de gas, paquetes de tornillería o clavos, etc. Aunque sean muy jóvenes, muy simpáticos y saluden cordialmente a los vecinos.

Es cierto que pueden comprar cantidades “razonables” en varios establecimientos, pero lo lógico es que todas las compras converjan en sus locales, por lo que no dejará de ser extraño ver a jóvenes portando bombonas o garrafas a un lugar inapropiado, como una vivienda o una planta baja aparentemente vacía.

Supongo que la inteligencia habrá reforzado los controles de las empresas de alquiler de camiones y furgonetas, pero si vemos una furgoneta alquilada frente a un lugar aparentemente vacío o en el que se ha detectado movimientos de gente, no pensemos que están haciendo una mudanza. No pasa nada si hacemos alguna llamada a la policía y es una falsa alarma.

En resumen. Estamos en una guerra y hay que revitalizar las prácticas que se usan en las contiendas “oficiales” para detectar “quintacolumnistas”, porque los takfir lo son, comunicando a la policía todo lo que nos parezca raro. Que más vale pecar por exceso.

Y, por lo demás, hagamos vida común. Vayamos a los sitios que solíamos ir y disfrutemos de nuestras calles, nuestros parques, nuestras fiestas y nuestros espectáculos.

Y, por primera vez en mi vida de modesto comunicador, os pido que compartáis esta nota entre vuestras amistades. Aquí no valen colores ni “eso pasar porque…”.

Son ellos o nosotros.

Otra masacre terrorista, esta vez en Barcelona, y, como es habitual, aparecen multitud de comentarios en televisión, prensa y radio que pontifican sobre la naturaleza de los asesinos y, como novedad, algunos responsabilizan al President Puigdemont y a sus políticas secesionistas de unos hechos tan lamentables.

No creo que haya nadie que esté más en desacuerdo que yo con las nefastas decisiones de los últimos gobiernos de la Generalitat, ni más convencido de que el “procés” no puede salir adelante, pero, y precisamente por eso, hay que separar el grano de la paja.

No estoy capacitado para juzgar si la policía catalana cometió o no errores, como tampoco lo estoy para saber si los cometieron las fuerzas de seguridad en el 11M, o Scotland Yard en los ataques en Gran Bretaña.

Es cierto que cuando ocurren estas cosas siempre tenemos la sensación de que “se podría haber hecho algo más”, pero es lo que pensamos siempre que sufrimos una adversidad, incluso cuando se trata de temas personales: “podría haberle dicho cuanto le quería”, “tenía que haberle atendido mejor”, “si no le hubiera…”, pensamos cuando muere un ser querido.

En todos estos casos tratamos de buscar alguna responsabilidad, propia o ajena, como si las cosas no fueran mucho más sencillas. Por reducción al absurdo, las personas mueren porque a todos nos llega la hora, y esas supuestas responsabilidades son infinitamente inferiores, en valor, a las cosas buenas que han ocurrido y se han compartido con las personas durante el tiempo de su vida, o a las buenas actuaciones de las fuerzas de orden público.

Lo cual no implica que no sea imprescindible un análisis profesional de lo que se ha hecho bien y se ha hecho mal, en un ejercicio obligado de mejora de procedimientos exigido en las normas de calidad, para aprender de los errores y mejorar los procesos estándar de las fuerzas del orden. Las famosas “lessons learned”, “lecciones aprendidas”, que tanto valoran las empresas líderes en los mercados.

Pero estos ejercicios se hace a posteriori, cuando los ponentes se han liberado de las presiones, prejuicios, filias y fobias que generan los momentos de la confusión o del error, y de los consejos de los muy doctos tertulianos españoles.

Y en el caso del terrorismo, y sin la más mínima duda, los únicos responsables son los terroristas que ponen la bomba, disparan la pistola, apuñalan, o atropellan a los viandantes.

Y que ningún posible fallo policíaco, ni decisión política pueden desviar la condena de los hechos hacia las instituciones que, con mayor o menor acierto, trabajan para proteger a la ciudadanía y, en casi todos los casos, lo hace de forma muy eficaz.

Ni tampoco acusar al colectivo musulmán, la primera y gran víctima de los asesinos radicales, simplificando los asesinatos como crímenes por motivos religiosos.

Es cierto que el Corán tiene textos duros contra los “infieles” como la Sura 2 190-195: “Combatid por Dios contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los que se exceden. Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsados”, pero no es menos cierto que nosotros también tenemos nuestros “ojo por ojo, diente por diente” o similares, y no vamos por ahí aplicando la literalidad de la frase (del Antiguo Testamento y revocada por Jesucristo) vengándonos de los que nos han ofendido.

Porque los asesinos no lo son porque sean musulmanes, sino porque son fanáticos. Que musulmanes pacíficos de buena fe hay millones en España. No olvidemos que el IRA era un movimiento católico irlandés que mataba indiscriminadamente a quien se pusiera por delante, y que, en los primeros tiempos, ETA fue muy bien vista por algunos sectores de la iglesia vasca. Y nadie del resto del mundo definió estos crímenes como “de cristianos”.

La otra moda es acusar a estos musulmanes pacíficos de no colaborar con las fuerzas del orden. Deberían hacerlo y a ello les animo, pero precisamente nosotros, los españoles, no podemos acusarlos de complicidad. ¿Acaso eran cómplices los vascos que no denunciaban a los etarras? Cobardes sí, pero una cobardía entendible porque ellos conocían a los etarras, pero los etarras los conocían a ellos. Y “ellos” tenían familias.

Si alguien sigue acusando a los musulmanes de complicidad, que lean “Patria”. Quizás vean las cosas de otra manera.

En cuando al Sr. Puigdemont, no hay que darle tregua en sus pretensiones separatistas, pero, por favor, no mezclemos las churras con la merinas.

Es una villanía.

Revisando las noticias veo que Pedro Sánchez, el del “no es no” y “que parte del no, no ha entendido, Sr. Rajoy” acusa al gobierno ¡de no querer dialogar con los nacionalistas catalanes!, que han dicho por activa y por pasiva que ni reconocen la autoridad de las instituciones españolas, salvo cuando se trata de defender algún tipo de beneficio personal, ni quieren ningún tipo de diálogo que no sea para insistir en que no pongamos palos en la rueda de su independencia.

Ahora, recobrando su perfil de imprevisible e incomprensible para el común de los mortales, incluyendo entre los mortales a parte de sus compañeros del PSOE y de sus electores, ha propuesto que una forma de solucionar el problema de los independentista catalanes, que no de Cataluña, es reformar la constitución para configurar una España federal, como si eso fuera a contentar al actual gobierno de la Generalitat, y retocar la financiación, que en voz de José Luis Abalos podría concretarse en que el gobierno central acepte una quita de la deuda de Cataluña.

Supongo que ambos, Sánchez y Abalos, saben que manifestaciones como estas debilitan al gobierno, dan alas a los promotores de la independencia, y resucita, otra vez, a ese PSC amortizado que tanto daño ha hecho al socialismo español.

También es noticia que Sánchez Lage, antaño aliado con Susana Díaz contra Sánchez y avisador público de que Podemos quiere fagocitar al PSOE, busca un pacto de gobierno con este partido en Castilla la Mancha defendiendo, como no, que es lo mejor para el pueblo. Supongo que no se referirá al mismo “pueblo” que votó mayoritariamente, aunque no por mayoría absoluta, al PP.

Pablo Iglesias y su estado mayor siguen buscando con un candil referentes políticos por todos los rincones, y solo encuentran gente de paz y personajes dignos de imitar entre lo más tenebroso del País Vasco o allende los mares, en su ejemplar y generosa, Venezuela. ¡Nadie en el resto de España!

Mientras, las partes del todo que componen Podemos se van separando las unas de las otras de una forma lenta pero inexorable, como ocurre con los bloque de hielo de la Antártida.

A Pablo Iglesias le corresponde el mérito de aglutinar en Podemos las diversas corrientes del 15M, utópicas la mayoría de ellas, y a grupos sueltos, casi fuera del sistema, existentes en todas las comunidades españolas. Lo hizo con un gran esfuerzo imaginativo y utilizando lugares comunes y su buena dialéctica de profesor de universidad.

Pero si este “tótum revolútum” comienza a fraccionarse, no habrá líder que pueda volverlas a juntar. Es posible que, no tardando mucho y a poco que se espabile el PSOE, tendrán que cambiar el nombre de su partido sustituyendo el actual “Podemos” por “Hubiéramos podido” o “Casi podemos”.

Los de Ciudadanos parecen un poco más centrados. No me atrevo a decir que hayan recuperado la cordura, pero al menos no parece que se alegren tanto de la corrupción para usarla como ariete contra el PP, como parecía hace unos meses. Posiblemente porque alguien se ha dado cuenta de que por ese camino y usándola como único argumento no iban a ninguna parte.

Pero, por lo que vi el otro día, entre los reseteados no parece estar Toni Cantó, el de las “pluri fidelidades” interesadas y profesional de la farsa en su vida anterior, que ejerce como tal, en cuanto puede, en su vida actual. Comisiones del parlamento incluidas.

Aunque no le salió muy bien. Tendría que aprender del Sr. Rufían, que siendo aficionado, le saca varios cuerpos de ventaja. Un castizo diría que “tiene más cuajo”.

Pero, como he dicho muchas veces, son un partido joven, tan joven, que no han sabido explicar a sus electos “de que va la cosa”.

Resulta que en la Valencia de mis amores, cuatro de sus diputados, el ex portavoz, Alex Marín, y los diputados David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García, abandonan el partido, pero no renuncian a “su” acta y se van al grupo mixto. A esos grupos inclasificables que tienen en común, en el caso de los tránsfugas, la falta de principios y de vergüenza.

Apologetas laicos salidos de la masa que alegan que el escaño y la razón son suyos, y “Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”.

Y seguramente tienen razón, porque los votantes de Ciudadanos y yo mismo si los hubiera elegido, me habría decidido ¡cómo no!, porque estos cuatros señores figuraban en la lista. Y los conocía porque su nombre aparecía cada día en el Calendario Zaragozano que compro cada año.

De verdad ¿Alguien había oído hablar de alguno de ellos?

De todos modos todavía les pasa poco a los dirigentes de todos los partidos, incluidos los nuevos. Eligen a “siseñores” deseosos de cargos y sillones, adictos al pesebrismo, en la seguridad que seguirán fielmente sus consignas.

Y, naturalmente, se sienten engañados cuando, los muy desagradecidos, se caen del caballo derribados por un rayo de luz y descubren que ellos, ¡ellos!, ni el partido ni sus dirigentes, son los importantes.

La luz y la verdad sí, pero sin perder el pesebre que, como dicen algunos disidentes catalanes, de los que no quiero hablar en este momento, el patrimonio es el patrimonio.

¡Qué sabrán ellos de listas abiertas, distritos electorales u otros sistemas electorales en los que el candidato, o vale, o se queda con las ganas!

Podría recrearme en muchas otras situaciones nacionales, pero necesitaría mucho espacio y más información.

Mañana continuaré, en una segunda parte, con las “noticias locales”.

Leo en Las Provincias que “la Universidad fía ahora a otra reunión el desalojo del Luis Vives”. Reunión que tampoco tendrá éxito. Estaba claro que el “buenismo” de la Universidad no iba a obtener ningún resultado porque parte de algunos errores fundamentales. El primero, que el Rectorado no puede “dialogar” con los ocupas porque es evidente que, siendo como son un grupo de libertarios, no iban a atender a ninguna de las razones. Ellos van a lo suyo y un supuesto dialogo solo sirve para generar titulares, darles protagonismo, y potenciar el efecto llamada.

La otra parte, los ocupas, confunde diálogo con negociación. Y está claro que aquí no pueden existir matices. Sin entrar en valoraciones personales, desde el punto de vista institucional, una de las partes representa a la Universidad, con todo el peso de su magisterio y la autoridad del Rectorado. La otra la componen jóvenes antisistema sin más valor de representación (dirán, como siempre, que son “el pueblo”) que el que ellos mismos se adjudiquen.

Así pues, la única negociación posible es el cómo y el cuándo del desalojo.

Y si caemos en su trampa, la misma que antaño inventó lo de los maestros “colegas”, los padres “amigos” y toda esa colección de replanteamientos formales, estarán perdidos. Son ellos los que habrían ganado.

Y recuerden el ejemplo de Barcelona, siempre Barcelona, donde la “ocupación” fue consiguiendo tanto poder y llegó a amedrantar de tal forma al Ayuntamiento, que se vieron obligados a ceder a sus chantajes y pagar con dinero público el coste de sus ocupaciones. Y fue tanta su fuerza que se llegó a suspender una reunión de ministros de la UE en esa ciudad porque no se podía garantizar la seguridad de los asistentes.

Y otra cosa. Hay una categoría de ocupas que lo son por necesidad. Estos son jóvenes, posiblemente de capas sociales acomodadas, que “juegan” a ejercer políticas fuera del sistema, y a reclamar derechos no previstos en la constitución.

A los que no se les puede ni debe conceder ninguna ventaja. Estamos en una democracia representativa y se puede opinar y votar, pero nunca ocupar o imponer.

Bien está la renuncia del fiscal Manuel Moix porque, legalidad al margen, su continuidad hubiera sido carnaza continua para la oposición, y limitado mucho su “credibilidad” mediática.

No importa que la sociedad de Panamá forme parte de la herencia de su padre, que sea propietario del veinticinco por cierto de la vivienda, y que se haya puesto a la venta hace tiempo sin encontrar comprador. Estamos en España, ya está condenado, y se hubiera hecho un flaco favor a sí mismo y a la fiscalía manteniéndose en el cargo.

Sin embargo, mientras suceden todas estas cosas, seguiremos aplazando, más bien obstruyendo, una de las reformas pendientes de la judicatura: la de la fiscalía.

El ordenamiento jurídico actual establece que cada juez es absolutamente independiente en sus actuaciones, y solo responde de sus decisiones cuando se le denuncia por vulnerar alguno de las normas de buena praxis. Sin embargo la fiscalía, que está teniendo muchos “quedecires” últimamente, es un órgano jerarquizado, por lo que el fiscal general tiene potestad para introducir cambios que mejoren la eficacia y la imparcialidad de los fiscales.

Vaya por delante que yo soy absolutamente partidario de que sean los fiscales y no los jueces los que dirijan las investigaciones, pero para que eso sea posible es necesario regular las funciones y establecer con mucha claridad sus marcos de actuación.

Parece ser que esta era una de las misiones encomendadas al dimitido Sr. Moix, bastante mal vista por la asociación de fiscales que parecen preferir actuar, como los jueces, según criterios personales.

Y leo un artículo publicado por Mateo Balín en Las Provincias del dos de junio, con el título de “El nuevo perfil que busca Maza para poner orden”, en el que comenta que el fiscal general está tratando de unificar criterios, no demasiado claros en la actualidad, y corregir anomalías jurídicas. Cito textualmente:

..la eliminación de investigaciones prospectivas , encaminadas a ver si aparece “algo”; la actuación de la Policía, la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria bajo la dirección de los fiscales y “y no vice versa”, la agilización de los procedimientos y el control de las filtraciones de sumarios bajo secreto.

Criterios con los que estoy absolutamente de acuerdo y que requieren medidas urgentes.

Desaparecido de escena el Sr. Moix es importante que su sucesor siga las líneas trazadas por el fiscal general, en la seguridad de que las muchas y muy poderosas fuerzas ocultas que se oponen a estos cambios,atacarán sin piedad desde la propia fiscalía o desde los partidos de la oposición a quien ocupe el cargo de anticorrupción.

Un poco de pedagogía, por favor. Los fiscales buscan pruebas y acusan, en nombre del estado español, a los denunciados por cualquiera de los canales establecidos (fuerzas de orden, por particulares, o de oficio). Y me refiero a todos los posibles infractores de las leyes del estado, de todas les leyes, sean quienes fueren y residan donde residan.

La primera anomalía actual es que las investigaciones las dirigen jueces instructores, que sí tienen libertad de actuación, lo que provoca frecuentes discrepancias entre ellos y los fiscales. O diferencias de criterio con los propios jueces instructores, que son los que realmente juzgan y tiene la facultad de sentenciar. Estamos viendo ejemplos todos los días, especialmente cuando se trata de casos mediáticos, con el agravante de que en la mayoría de los casos, el juez instructor suele apoyarse en los criterios del fiscal instructor, que se mantiene durante la causa, tanto o más que en los del juez que la instruyó.

La segunda es que, si los fiscales son los que deberían abrir y dirigir las investigaciones en nombre del estado, es absolutamente imprescindible que todos ellos tengan exactamente los mismos criterios de actuación: (el mismo delito, en las mismas circunstancias, debe merecer las mismas propuestas de sanción), y no como ahora que se pueden apreciar diferentes tratos a los mismos delitos.

Teniendo como apoyo el consejo fiscal, órgano colegiado en el que se pueden y deben discutir las dudas que puedan surgir en la investigación.

Y siendo su principio más sólido, el que define y protege su autonomía de actuaciones, la imparcialidad. El no dejarse influir por encausados y acusadores, sean quienes fueren, ni por los políticos, ni por los gobiernos que han propuesto al fiscal general.

Y como creo, insisto, que son los fiscales y no los jueces los que deben dirigir las instrucciones, un paso previo, indispensable, es la unidad de criterio de los fiscales, sin ningún tipo de influencias políticas ni de ningún otro tipo en sus procedimientos. Defendía en una conversación de amigos, y estoy convencido de ello, que no creo que la opinión política influya tanto en jueces y fiscales cuando actúan en causas legales. Todos son profesionales y, en todo caso, las sentencias, excepto las del Supremo, son recurribles.

La que fue Fiscal General del estado, Consuelo Madrigal afirmó en una conferencia del Club Siglo XXI que:

Los fiscales están «listos» para asimilar la instrucción de los procedimientos penales, haciendo funcionar así un «modelo de proceso penal ya instaurado en la casi totalidad de los países del mundo».

Las “resistencias al cambio” vienen desde dos grandes áreas de influencia: La de los propios fiscales, mucho más “libres” en la situación actual, y la de los partidos políticos porque suponen que de esta manera podrán influir más en sus decisiones.

Craso error y anomalía que los ciudadanos no deben consentir.

A los fiscales no los eligen los partidos políticos. Lo son de carrera, ocupan plazas por criterios profesionales, y tienen normas y estatutos que les obligan, entre otras cosas, a cambiar de destino cada cierto tiempo para mantener la neutralidad y evitar un exceso de “amiguismo” con los notables de cada plaza.

A determinados jueces, especialmente en la Audiencia Nacional, sí. Ya me dirán por qué y hasta cuando, pero este hecho puede ser objeto de otra reflexión.

Los fiscales no representan al gobierno de turno. Sería una ilegalidad denunciable. Representan al estado, y su única función es perseguir delitos, apoyándose en las investigaciones y atestados de las policías judiciales de la nación.

Investigaciones que entregarán al juez instructor que, naturalmente, puede solicitar nuevas líneas de actuación o ampliar las abiertas por el fiscal.

El fiscal general del estado, el que tiene la autoridad jerárquica sobre este colectivo, si que “es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad”.

Este puesto necesita la aprobación del congreso, y su independencia se asegura con un mandato de cuatro años, que solo puede revocar el consejo de ministros si se producen circunstancias especialmente graves, o si cambia el gobierno que lo propuso.

Y eso es lo que hay: como siempre todo es mucho más sencillo de lo que nos hacen ver “los interesados”, que muchas veces inventan “tramas ocultas” y/o acusan a los demás de inventarlas.

Pero este es un país tan especial, tan barroco y tan mediático, que seguiremos pensando, y me refiero a nosotros los ciudadanos, que cuando alguien quiere poner orden es porque “tiene algo que ganar”. No sabemos que es, pero seguro, seguro, “que obtiene algún beneficio personal o gremial”.

Y así seguimos. Enlodados en los “tú más” o “tú también”, y sin tiempo para abordar los grandes problemas de la nación: Reforma judicial, fiscal, de educación, pensiones…

Y mi muy deseada reforma de la ley electoral, que fue útil en su tiempo, pero que es, según mi opinión, la casusa-raíz de todas nuestras desdichas.

Empiezo estas reflexiones como las acabaré: mi máximo respeto y nada que opinar sobre lo que digan o hagan los familiares directos de las víctimas de cualquier tipo, y mi más profundo rechazo a los políticos que, conociendo mucho mejor que yo las reglas del juego, se las saltan tratando de sacar rédito político a cualquier hecho luctuoso del que tengan conocimiento.

Y este preámbulo viene a cuento de que la jueza del caso del metro de valencia, a la que ni conozco ni espero conocer, ha vuelto a archivar la causa abierta contra los responsables de FGV. En el auto falla que “no existen responsables penales del accidente porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones, el trazado, el carril, las traviesas, las fijaciones y otros elementos estudiados se encontraban en un estado y condiciones suficientes para mantener las condiciones de seguridad de la marcha a 40 km/h, velocidad prescrita por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana” (Levante, 23 de mayo de 2017).

Y, naturalmente, los doctos, los serios, lo que lo saben todo menos el funcionamiento del estado de derecho, han saltado como muelles acusando a la juez de no haber escuchado a las partes y, sobre todo, de no haberles escuchado a ellos.

Una vez, hablando con un amigo juez que llegó a ser Magistrado del tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana, le comentaba lo incómodo que debería ser para él saber de antemano que la mitad de los justiciables, los “perdedores”, no estarían de acuerdo con sus sentencias. Él se rio y me dijo que estaba equivocado porque los descontentos podían subir hasta las tres cuartas partes: la mitad porque sentenciaba en su contra y un veinticinco por cien más porque, aunque les diera la razón, les parecía que la sentencia era injusta por poco favorable para sus intereses.

“Pero ese es nuestro trabajo — añadió — y lo hacemos sin dejarnos influir por opiniones ajenas a las escuchadas en los propios juicios”

Y yo añado que habrán excepciones, pero estoy seguro de que la gran mayoría son fieles a la letra y el espíritu de su juramento:

“Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos”.

Incluyendo en ese “frente a todos”, añado yo, las presiones injustas e interesadas de los políticos.

Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que cuando se produce un suceso tan lamentable como el accidente del metro en la estación de Giorgeta, lo que menos importa es lo que digan los jueces y fiscales, los afectados directamente y los testigos. También actúan “de oficio” los políticos y los opinantes de los medios de comunicación (periodistas, tertulianos, blogueros, twitteros, “Facebookeros”) y toda la jauría de verdaderos “expertos” que nos han crecido como setas. Son los mismos, hablan de todo y están en todas partes, pero son los “que saben”. ¡Hay sacar partido al hecho! ¡Manténgamoslo vivo!

Y nos encontramos, cada vez más, en un país en el que algunos policías denuncian la pasividad de los jueces y fiscales porque no incoan causas a partir de sus denuncias. Como si los profesionales de la justicia necesitaran de su magisterio porque desconocen cuándo es procedente o no abrir una causa a partir de la información contenida en un atestado.

Y en el que los políticos ventajistas exigen que los jueces dicten sentencia en función de sus opiniones, o de las conclusiones de sus tan imparciales comisiones.

¿Responsabilidades políticas? Claro que sí. Por robo o malversación, prevaricación, nepotismo, falsedad en documento público y tantas otras malas prácticas con las que nos sorprenden con demasiada frecuencia nuestros “representantes”, tengan o no causas abiertas, pero nunca si hay muertes o lesiones graves. En ese caso solo deben intervenir los tribunales, sin contaminación ni “ayudas” de comisiones de investigación.

Y este es uno de esos casos, como cuando se acusó al gobierno de causar muertes por los recortes en la sanidad. Acusación que, como era de esperar, nadie mantuvo en un juzgado de guardia y se limitó a actuar como una de tantas intoxicaciones interesadas.

¿Alguien recuerda que en España “había”, porque lo dice la constitución, una separación de poderes y que la única verdad judicial la tienen los jueces cuando dictan sentencia? ¿Quién se lo explica a los ciudadanos? O, mejor dicho, ¿quién engaña a los ciudadanos afirmando que los jueces tienen que escuchar a los políticos?

¿Y la presunción de inocencia? Es evidente que hay fuerzas muy interesadas en enterrarla viva para sustituirla por las llamadas “penas de telediario” y los juicios paralelos, tan rentables en horas de emisión y como argumentos políticos. Esa presunción de inocencia, que ya contemplaba el Derecho Romano cuando sostenía “que es mejor que castigar a un inocente, dejar libre a un culpable (Ulpiano)”, recogida posteriormente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa de 1789, que en uno de sus artículos decía textualmente “puesto que todo hombre se considera inocente mientras no sea declarado culpable…”

Naturalmente pueden darse sentencias de dudosa consistencia procesal, pero para eso están los recursos, con los que se puede llegar hasta el tribunal Constitucional si fuere menester, e incluso apelar a los internacionales. Pero son las víctimas y sus abogados las que deben tener la iniciativa, no los aconsejadores interesados.

No puedo opinar desde el punto de vista jurídico porque soy lego, pero en el caso del accidente del metro hay argumentos que me resultan realmente sorprendentes:

Decir que el accidente hubiera sido evitable si el tren fuera de última generación o hubiera incorporado las últimas tecnologías es una verdad indudable, pero utópica. Decir que el trazado ferroviario era mejorable también.

Pero no es eso lo que se juzgaba. Lo que estaba en cuestión era si FGV habían cumplido los requisitos legales: Iluminación de las vías, mantenimiento adecuado del material móvil, señalizaciones y limitaciones de velocidad en tramos peligrosos, y/o cualquier otra obligación contraída en la licencia de explotación.

Porque el hecho de que el trazado o los vehículos fueran adecuados no depende del juez. Es responsabilidad de los que certificaron que el metro de Valencia reunía las condiciones necesarias para su funcionamiento. Y lo harían comprobando que los vehículos, los trazados, las señalizaciones y las medidas preventivas se ajustaban a lo exigido por las leyes. Por lo que, supongo, la juez no puede más que investigar si FGV cumplía lo obligado por la ley para que los convoyes pudieran circular con las garantías de seguridad establecidos en el momento.

¿Y quién dicta las leyes? El poder legislativo, naturalmente. El primero en poner el grito en el cielo cuando ve “sangre” con la que salpicar a “los otros” partidos políticos. Como si el parlamento aprobara la pena de muerte y los parlamentarios salieran a la calle reclamando que no se ejecute la sentencia si un juez así lo decide porque las circunstancias de un determinado caso, contempladas en la ley, “le obliga” a hacerlo. De locos.

Es cierto que los políticos locales tienen menor capacidad legislativa, pero también promulgan leyes. Y lo que es indudable es que las que afectan a la nación las aprueban sus compañeros de partido. ¿Por qué no les piden a ellos responsabilidades por dictar, según su criterio, leyes injustas?

Aunque enarbolen la bandera de víctima, los que protestaron antaño y ahora gobiernan: ¿Han eliminado la famosa curva?¿Han actualizado la flota y los tendidos ferroviarios del metro con lo “último” en seguridad y prevención de accidentes?
¿Han parado estos mismos acusadores de la juez todo el trayecto ferroviario o la flota de autobuses municipales hasta que todos los trazados y todos los vehículos incorporen las últimas novedades de seguridad conocidas en cualquier parte del mudo?

Y si las incorporan ¿aseguran que nunca jamás se producirá un accidente por la indisposición o la imprudencia de un conductor o por cualquier otra causa accidental? Naturalmente que no, pero ahora toca hacer demagogia y sacar rédito a la situación. Que si mañana, Dios no lo quiera, se diera el caso, ya lo defenderían sus sucesores o encontrarían a quien echar la culpa.

Pedagogía y honestidad, señores electos, que los votos conseguidos con malas artes, los votos carroñeros, les darán escaños, pero les restan honor. Aunque me temo que no les importa demasiado. ¡Todo vale para conseguir votos!

Y, repito: mi máximo respeto para los familiares de las víctimas. Que ellos si tienen derecho a quejarse porque, sea quien fuere el responsable judicial, sus familiares fallecieron o resultaron gravemente heridos en ese desgraciado tres de junio de 2006. Y siempre les quedará la duda de si se podría haber evitado.

No crean que estoy en contra de sus reivindicaciones, pero alguien debería aconsejarles bien. No todas las leyes son justas, y no hay más que ver lo que ocurre con la ley de menores, o con tantas otras que aumentan el desconsuelo de las víctimas.

Pero la culpa no la tienen los jueces. Como decía antes, la tienen los que las promueven y consensuan en el parlamento español. Ellos son los responsables, si es que hay alguno, y no los jueces que no pueden hacer más que dictar sentencias.

Sentencias recurribles, por supuesto.

Lo cierto es que he criticado algunas de sus decisiones, pero siempre he evitado “meterme” con Giuseppe Grezzi. ¡Que quieren! Me caen bien los italianos y soy un admirador de su hermosa, bulliciosa, e imprevisible ciudad natal. Nápoles.

Admiro su hermosa bahía, vista desde las islas hacia la costa, vista desde la costa hacia las islas. Con el Vesubio omnipresente como un dios mitológico hecho montaña. Vigilándolo todo.

La primera vez que estuve allí coincidí con un fin de semana y recuerdo que no había forma humana de cruzar las calles porque cuando los semáforos se ponían verdes para los peatones, ni coches, ni motos hacían la más mínima intención de parar.

Sin embargo, observé y así lo hice notar, que había gente paseando por la acera de enfrente, el paseo marítimo próximo al Castillo de Huevo, por lo que en un esfuerzo de imaginación deduje que habrían cruzado en algún momento. Mi mujer, haciendo gala de su socarronería valencia, me contestó que “habrán nacido allí”.

Lo cierto es que la duda terminó cuando observamos que una señora cruzó la calle cuando el semáforo se puso en verde sin amilanarse por la velocidad de los vehículos que venían en su dirección. Y entonces ¡Oh milagro!, las motos y los coches frenaban justo cuando llegaban a su altura entre un chirriar de frenos y olor a goma quemada, y la buena señora llegó a nuestra orilla sana y salva y con gesto de absoluta tranquilidad. ¡Era la costumbre!

Así que al próximo “verde” abordamos con bastante miedo el paso de peatones pero, efectivamente, nadie nos atropelló. Como en el caso anterior el tráfico rodado venía amenazante pero en el último minuto, y haciendo alarde de buenos frenos, se detenían. Nos sentimos como Moisés cuando abrió las aguas del Jordán, pero esta historieta, real, no ha dejado de ser una anécdota divertida que recordaré toda la vida.

Y ¿porque la cuento? Cuando el Sr. Grezzi comenzó con sus bolardos pongo, bolardos quito, carriles elimino, carriles repongo y cosas similares, entré en internet para conocer su biografía y me encontré con la sorpresa de que, nacido en Nápoles, pasó algunos años en Nueva York y Bolonia, y acabó en Valencia en el año 2000, donde empezó a colaborar con “els Verds del País Valencià”, pasándose después a “Els Verds –Esquerra Ecologista”, partido en el que militaba cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia.

Es decir, un napolitano, residente en Valencia menos de diez años, y sin ninguna experiencia en gestión pública, pasó a ser el dueño y señor de la movilidad de una de las ciudades más importantes de España.

Y, ¡cómo no iba a hacerlo!, descargó todo su furor romántico en una ciudad que se le presentaba como una especie de tablero virtual en el que se podía jugar a los supuestos. Y como prueba de su entrega y dedicación a la causa hizo un recorrido en bicicleta mientras se auto grababa con el móvil, para que comprobáramos que si se hace eso, que está muy mal, te tienen que multar, y tuvo un accidente con otro ciclista para hacernos ver que, incluso en el carril bici, hay que guardar precauciones porque también hay riesgos.

He mantenido una clara postura en favor de que se “ecologice” la ciudad de Valencia, pero discutiendo los tiempos y las formas. Porque un cambio tan radical como el que se está haciendo tiene un claro tufillo de “obra política” y, por tanto, sus plazos de ejecución están condicionados por inauguraciones y boatos. Es decir: Estoy en desacuerdo con la precipitación en la planificación de la obra, en la ejecución, y en la poca sensibilidad que se ha tenido con los “anti” que iban a surgir. Porque era evidente que surgirían “resistencias al cambio” ante la amenaza de perder la comodidad de «lo conocido».

Alguien me dijo un día: es que si no se hace así, no se hace. Es una afirmación demasiado rotunda que no comparto en absoluto. Y si tienen dudas, comprueben como se ha avanzado, en cuantos años, en ciudades que podían habernos servido de referencia.
El truco consiste en decir “lo hacemos como otras ciudades del mundo”, pero sin entrar en detalles de los plazos, de la pedagogía, y de las alternativas.

Pero claro. Eso es mucho más que pedir peras al olmo, porque en este caso se ha juntado el barroquismo y la euforia napolitana con el “pensat y fet” tan nuestro.
Hay un tercero en discordia, el Sr. Ribó, al que intuyo como “empujador” de parte de las iniciativas, pero solo es una suposición porque no tengo suficientes elementos de juicio.

Solo he podido comprobar que el día del traslado de la Virgen, cuando gran parte de sus conciudadanos estaban participando en los actos religiosos y civiles que se celebraban en el centro histórico de la ciudad, él se hacía fotos paseando muy ufano por el carril bici acompañado por un “muy satisfecho” Sr. Grezzi.

Y miren. Con el Sr. Ribó estoy bastante enfadado, no por sus obras, que ese es otro cantar, pero sí por sus actitudes tan poco próximas a las sensibilidades de los ciudadanos. Y por su “estar” por encima de la gente.

Me lo figuro mirando desde un balcón al monumento de Francesc Vinatea en la plaza del Ayuntamiento soñando que algún día puede ocupar esa peana en una estatua ecuestre, como la de Franco, solo que en vez de caballo montaría una bicicleta. El gesto y el donaire de la escultura lo pueden sacar directamente de la foto que vi en el periódico. Todo un cesar.

En cambio mantengo todas mis simpatías por el sr. Grezzi. ¿Cómo me puedo enfadar con un paisano de Sophia Loren, de Renato Carosone, de Enrique Caruso o de Gian Lorenzo Bernini?

Los napolitanos son como son y mejor que no cambien. Son italianos, que ya es mucho decir, y han tenido influencias españolas ¿Cómo no van a ser así?

Lo único que siento es que si está pensando en acumular experiencias para retornan a su ciudad y poner orden en su circulación y en “sus cosas”, me temo que allí no le dejarán. Supongo que Nápoles ha cambiado mucho desde que estuve allí la última vez, pero recuerdo asombrado que cuando un motorista circulaba contra dirección y tocando el claxon en un equivalente a nuestra calle Colón, los policías volvían la mirada hacia los escaparates que, por cierto, eran dignos de ver.

He escuchado muchos comentarios sobre esa preciosa ciudad llena de vida y de contradicciones. Uno de ellos me agradó especialmente “Nápoles ordenado no sería Nápoles, sería la ciudad más bella de Italia con permiso de Venecia y de Roma o junto a ellas.” Pero, claro, entonces habría que inventar otra Nápoles.

Me temo que si Giuseppe Grezzi vuelve a Nápoles algún día, que supongo que lo hará, será para disfrutar de sus encantos y de su vida callejera vociferante y bullanguera. No para convencer a los motorizados de que vayan dejando en sus garajes las motos o los coches porque han llegado nuevos tiempos. No le harían ningún caso.

Aunque no pertenezcan a la Camorra