Posiblemente mi fantasía se está desbordando a causa de la duración del confinamiento, pero hay cosas y figuras que están siendo habituales y que a mí no me parecen normales. Y me explico:

La situación que estamos atravesando no ha cambiado en absoluto y seguimos teniendo que resolver dos problemas muy importantes  y totalmente diferentes:

• El primero es el control sanitario de la pandemia, que está en fase decreciente con una amenaza nada desechable de cierto rebrote. Esta operación debería estar dirigida, como nos dicen, por un equipo de expertos, de técnicos sanitarios en epidemiología, control de infecciones  y de las especialidades más adecuadas para el caso, aunque también requiere una serie de medidas económicas a corto plazo para paliar los efectos negativos para las empresas y trabajadores afectados por la pandemia. Medidas económicas que, en pura lógica, desaparecerán cuando se venza al virus y se recupere la normalidad social.
• Y el segundo es determinar y aplicar las medidas necesarias para recuperar la catástrofe económica causada por la pandemia y que provocarán mucho paro por cierre de empresas. Son daños que perdurarán durante un plazo más largo, no menos de tres años en mi estimación personal, nada fundada, y que requiere estrategias y acuerdos consensuados por todas las fuerzas políticas.  En primer lugar porque puede que se necesiten medidas severas y hay que evitar la utilización política de sus efectos y también porque es muy posible que su aplicación afecte a más de una legislatura en la que incluso pueden variar los partidos en el gobierno.

Pues bien. En lo que afecta a las medidas sanitarias de defensa contra la pandemia y las estrategias del desconfinamiento, especialmente las preventivas, todos dicen que las coordina un “comité de expertos”. ¿Quiénes son y dónde están? ¿Por qué se oculta su identidad? La ley general y la de transparencia en particular obligan a hacer públicos los nombres de los que trabajan directa o indirectamente para el gobierno. ¿Qué mejora sanitaria supone esta situación de ocultismo? ¿Evitar presiones? Una excusa intolerable porque impide que la gente experta en la materia, que no soy yo, puedan estimar si son expertos o no en temas de sanidad. ¿Quién me dice a mí que en ese consejo no está la esposa del presidente, por poner un ejemplo absurdo?

Y no me vengan con otra de sus grandes falacias: Declararlo “secreto de Estado”. Bien está porque no lo hemos podido evitar que sea secreto de Estado los viajes particulares del Presidente en el Falcon, pero estos abusos no pueden acabar bien. Es imposible que se acepten como norma en un estado democrático en el que uno de sus pilares fundamentales es la transparencia.

¿Este comité invisible trata asuntos sanitarios? Porque, de ser así, lo suyo sería que los representantes de la sanidad de cada autonomía se dirigieran a los expertos nacionales y acordaran acciones ajustadas a cada caso y cada situación.

Pero no es eso lo que ocurre. Lo que veo es a un Presidente de Gobierno en funciones de “máxima autoridad”, escuchando a los presidentes autonómicos, de los que recibe peticiones políticas relacionadas con cada una de sus autonomías y a los que contesta con decisiones políticas por mucho que insista en la coletilla de “según los expertos”.

Porque, insisto, si fueran decisiones de los expertos, ¿Qué pinta el Presidente haciendo de intermediario? Tienen que hablar los expertos, claro que sí, y tiene que participar el Ministro de Sanidad porque alguien tiene que representar la autoridad del gobierno y los expertos no la tienen.

La imagen que se proyecta y afecta a mi sentido de la democracia real es la de un “jefe” todopoderoso que, “oídas las partes”, dictamina sin posibilidad de réplica. Como ocurre en el muy antiguo Tribunal de las Aguas de Valencia. Solo que ese tribunal lo componen “hombres buenos” en la terminología valenciana, hombres conocidos, respetables y respetados que representan a las acequias. Y aquí solo se oye la voz del Presidente.

Puede que esta exposición mía sea demasiado en blanco y negro y existan algunos grises, pero yo los aprecio cada vez menos.

Y si, como me parece, son decisiones políticas que afectan a una parte de los derechos fundamentales de los españoles, por mucho que se envuelvan en una coartada sanitaria, el lugar para debatirlas es el Parlamento, casa de la democracia, y no con los presidentes autonómicos, sino con los grupos parlamentarios.

Insisto. Defiendo, más bien considero prioritaria, la intervención de las autonomías en las decisiones que afecten al control de la pandemia, pero no con el formato actual. Y no olvidemos que la sanidad está transferida desde hace muchos años y que, en pura lógica, los consejeros de sanidad de cada autonomía tiene mucha más experiencia y posibilidades de decidir lo más adecuado que un Ministro de Sanidad, titular de un ministerio catalogado como uno de los “maria”, que carece de ella.

Transferencia que en este momento está suspendida de hecho sin que hasta el momento sepamos si ha sido conveniente hacerlo o no.

Lo cierto es que la postura actual es sumamente beneficiosa para el Presidente del Gobierno. Aparece como una figura de autoridad tipo “ordeno y mando” disfrazado de “después de intercambiar opiniones” que en la práctica no pasa de ser un simple “escuchar” porque, por lo que dicen los presidentes, no existe tal diálogo.

Y, naturalmente, el presidente estará cómodo sumamente cómodo porque, repito, no es el representante del “ejecutivo”, sino la máxima autoridad de la nación que toma decisiones acertadas junto con otras de dudosa utilidad, o lo que es peor, de dudosa legalidad en el contexto en el que se están tomando, gracias a los supuestos poderes que le otorga el estado de alarma.

Y esa es otra. Porque el estado de alarma solo autoriza al gobierno a tomar medidas sin el control del Parlamento en lo relacionado con la razón de ser de la propia declaración, pero no permite, es inmoral, utilizarlo para razones totalmente ajenas al hecho. Eso tiene un punto cada vez más acusado de autoritarismo, por no emplear la palabra absolutismo, que no ha sido característica de nuestros gobiernos desde la restauración de la democracia.

El Presidente, por la autoridad que se ha conferido, tiene la llave de las puertas de nuestras casas y nos deja entrar o salir cuando estima oportuno y en las horas que tiene a bien hacerlo, tiene al Parlamento bloqueado y a la oposición amordazada la mayoría del tiempo, se ha convertido en el “señor” de las autonomías, a las que convoca cuando quiere y a las que dicta lo que estima oportuno, ha subvencionado a “sus” televisiones para que apoyen sin fisuras sus decisiones, se ha auto asignado muchas horas de televisión para lanzar mensajes de autobombo y de propaganda indisimulada, decide “secretos oficiales” para ocultar información a los españoles y al propio Parlamento y, entre otras cosas más, tiene la llave del BOE para imponer decisiones sin pasar por los filtros habituales.

Imaginemos que los españoles queremos hacer una manifestación pidiendo “lo que sea” al gobierno porque no nos gusta como lo hace. ¿Cuándo podremos hacerla? ¿Puede plantearse una situación más favorable para un gobierno que tenga “un punto” de totalitarismo?

En un pasado histórico el Rey, que era la autoridad del Estado, podía delegar sus funciones en alguien y a eso se llamaba “dictadura”. Lo que, de hecho, suponía una alteración de la normalidad, siendo la del General Primo de Rivera la última que recuerdo.

Pero en la actual Constitución, que es de hecho la máxima autoridad del Estado aunque su representación última la ostente el Rey, los gobiernos no dejan de ser administradores temporales de los Presupuestos Generales del estado e impulsores de leyes y reglamentos que deben aprobarse en el Congreso.  Los gobiernos no son los “dueños” de nada y mucho menos de las vidas y haciendas de los españoles. Eso sucedía en tiempos del Alcalde de Zalamea.

Son servidores públicos, eso sí al máximo nivel y no pueden tomar decisiones que no estén contenidas en la Constitución o en las leyes españolas. Insisto: Medidas sanitarias sí, las correspondientes al estado de alarma. Decisiones políticas “excepcionales”, ninguna.

Y la otra parte del problema, las medidas a largo plazo para paliar el desastre económico provocado por la pandemia, necesita una solución urgente, pero da la impresión de que el gobierno o no tiene prisa o tiene un plan desconocido para que, muy en su línea, parezca que se hace lo que no se hace.

Ya se ha formado la comisión, pero tiene toda la pinta de ser una comisión parlamentaria más, con intenciones políticas, que no ha incluido a expertos en economía o en materias que van a resultar muy importantes para alcanzar una solución real, práctica, estable y sólida. Solo a políticos de la Cámara. Y a políticos con perfil político, valga la redundancia, no con perfiles profesionales solventes

¿Alguien piensa que la solución puede venir de un acuerdo entre el PP y Podemos, pongo por caso? De ninguna manera.

¿O que esta comisión puede llegar a acuerdos que comprometan a un próximo gobierno sea de la orientación política y social que sea?

¿Alguien que tenga más de cincuenta años puede pensar que Patxi López es el hombre de mente preclara y mano firme adecuado para liderar el grupo y aportar soluciones? ¡Que nos conocemos, por favor!

Patxi López es un “buen mandado”, facilón y acomodaticio a los puestos que ha ido ocupando. Y, en este caso y para aclarar dudas, lo primero que ha dicho que es que la oposición se olvide de que esta comisión “sirva para cuestionar decisiones del gobierno”. ¡Así nos irá! Claro que no se constituye para cuestionar decisiones tomadas por el gobierno.

Eso podría justificar “otra” comisión parlamentaria, pero esta comisión en concreto se crea, o así debería ser, para buscar soluciones de futuro que eviten una auténtica catástrofe económica y social.

Señores congresistas, no acepten una comisión al uso que acabe como la mayoría. En nada práctico. Tenemos un problema de Estado que trasciende al gobierno actual y que necesita a los mejores cerebros de la sociedad española. Sin más condicionantes que disponer de los conocimientos suficientes para sacarnos del pozo lo más rápidamente posible. Sean políticos en ejercicio o no.

Y es por todo esto por lo que cada vez me huele peor lo que está sucediendo. Hace tiempo que “me lo temo” y así lo he publicado en varias ocasiones,  pero cada vez más se aprecia el tufillo de partidismo o del egoísmo personal que tiene como objetivo ganar tiempo para concurrir con una buena imagen a las próximas elecciones y no tanto en solucionar el problema de la nación.

Porque, visto de forma totalmente imparcial y fuera del marco de la política profesional,  el procedimiento que se está siguiendo es totalmente contrario a lo que exigen los estándares de calidad en general y los de “solución de problemas” en particular. Está en las antípodas.

Como sabe cualquiera que haya trabajado en procesos de calidad aunque sea de forma elemental,  el primer paso para resolver un problema, el ineludible, es evitar las bolas de nieve o las nubes que enmascaren los hechos.  Que la visión del bosque no impida la de cada uno de sus árboles.

Es fundamental dividir el problema en cada una de sus partes para abordarlas por separado y con soluciones adecuadas al caso, sabiendo que si se resuelve cada una de ellas, se resuelve el problema general. Y que mientras, se avanza en cada área en concreto.

Aunque parezca algo enrevesado, repito que es práctica habitual en calidad que se emplea en la empresa privada y, seguramente, en algunos organismos oficiales.

Que es exactamente lo contrario que está haciendo el gobierno: mezclar los problemas a resolver a corto plazo con los que necesitan acciones a medio o largo plazo, la salud con la economía, los problemas sociales provocados por la pandemia con los estructurales de la nación, etc.

Y que para abordarlos ha convocado un comité confuso y un grupo de expertos invisibles.

Insisto. Alguien está mezclando las prioridades y este no es el camino adecuado. De hecho no es “ningún” camino. Es el bloqueo total a cualquier solución sensata.

Lo peor es que el gobierno, abusando de la necesidad de que intervenga en el freno a la pandemia impidiendo la movilidad entre autonomías hasta que la situación lo permita, porque es el único que puede hacerlo, no soltará el bocado que ha asestado al cuello de la nación. Hay demasiados interesados en mantener esta situación de control absoluto porque, de hecho, la intervención forma parte de su ideario político. Y mucho más del de Podemos, su socio preferente.

Por lo que, lamentablemente, la única solución es votar en contra de futuras prolongaciones del estado de alarma, o aprobarlas imponiendo condiciones muy severas. Condiciones que favorezcan la democracia, naturalmente.

Y dicho todo lo anterior, que es mi opinión sobre lo que está pasando, un último comentario.

El gobierno ha cometido muchas imprudencias y alguna que otra insensatez desde el comienzo de la pandemia, pero no se le puede acusar de ser el único culpable de lo sucedido. Lo que tengo claro, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es que lo que ocurra de ahora en adelante es responsabilidad exclusiva de los ciudadanos inconscientes, sino auténticos descerebrados que están incumpliendo todas las recomendaciones, no solo del gobierno, sino de todos los médicos y personal sanitario de España. Por lo que opino que, desgraciadamente, no habrá más remedio que prolongar el estado de alarma.

Aunque, como también he dicho, el gobierno debe asumir una serie de condiciones para que esta prolongación no suponga una prolongación de la muy extraña situación que ha provocado y de la que no parece dispuesto a renunciar.

Apoyo condicionado sí, sumisión al gobierno, no.