En ocasiones resulta muy duro ser demócrata y tolerante. El caso de Pablo Iglesias y otros “revienta convivencias”.

Ayer me sentí realmente avergonzado al conocer el cruce de palabras entre el ¡Vicepresidente del gobierno! y el portavoz de VOX. Si algo me ha enseñado la vida y el haber tenido que lidiar en muchas plazas es que la actitud de Iglesias, le apeo el “señor”, era claramente provocadora, de chulo de bar que trató de desquiciar al portavoz de esa formación. No lo consiguió, pero sí que abandonara esa comisión para una supuesta recuperación que ni ha funcionado ni funcionará. Imposible con esos mimbres.

Actitud de matón de barrio, de chulo de barra de bar, acompañada con esa sonrisa de macarra perdonavidas, ese echarse hacia delante tan estudiado para aparentar autoridad y superioridad,  y ese lenguaje personal de ser “más que el que más” entre los mortales.

Permitida, como no podía ser de otra forma, por un “presidente florero” como Patxi López, político acomodaticio y cobarde, incapaz de controlar la situación y frenar ese desastre de intervención como era su obligación. Luego sí. Luego pidió disculpas y hasta se mostró autoritario con alguien de Podemos, pero para entonces el bicho ya no estaba en la plaza y el amonestado era apenas un becerrito sin fuerza ni poder. Así cualquiera es valiente.

El caso es que Iglesias dejó en ridículo al presidente de la comisión abusando de la impunidad que le da un Estado como el nuestro, ese que tanto desprecia, que ampara a los ciudadanos  aunque sean de la catadura moral de este señor o de Otegui, pongo por caso. Me gustaría verlo en Corea del Norte defendiendo la libertad de los norcoreanos y su derecho a un estado democrático.

Y lo hizo después de que el presidente de la comisión, el citado señor López, quisiera disculparle con ese gesticulante “ha dicho parece” al recibir la protesta del portavoz de VOX que se sintió ofendido por la manifestación de Iglesias sobre las intenciones golpistas de su partido.  Incluso acusó al Señor Espinosa de los Monteros de tener “la piel muy fina”.

Pero Iglesias, lejos de disculparse, paso de un “parece” a un “ustedes darían un golpe de estado si pudieran y tuvieran valor”, lo que provocó el abandono de la sala del ofendido.

Hecho que alegró evidentemente al gran provocador y destructor de convivencias que es el vicepresidente, que rubricó su histrionismo ofensivo con ese humillante “cuando salga cierre la puerta” destinado a su granero de votos, pero que me ofendió a mí y, supongo, a la ciudadanía más educada y tolerante de este país.

Y no estoy defendiendo al Señor Espinosa de los Monteros por ser del partido que es, que lo mismo protestaré el día que un portavoz de VOX tenga un comportamiento tan deleznable  con uno de Podemos, si es que lo hace.

La realidad es que ese tal Pablo Iglesias, que no es más que un personaje de ficción tras el que no hay más que  ignorancia y fanatismo, necesita un enemigo fascista, franquista o lo que sea para poder ejercer de salvador en tiempo de paz y orden y, como decía antes, en un estado que le protege. Y como no los hay, se los tiene que inventar para construir esa ficción de luchador suicida contra la opresión que daría la vida por el pueblo. ¡Anda ya! A otro perro con ese hueso.

Y puestos a analizar más fríamente lo afirmado por el gran héroe de pacotilla, he consultado a la Real Academia que, citando textos del Consejo General del Poder Judicial, define golpe de Estado con estas dos acepciones:

1.- Destitución repentina y sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quién ostenta el poder político.

2.- Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Puede ser autor de un golpe de estado el propio presidente del Ejecutivo si, por ejemplo, disuelve el parlamento fuera de lo supuestos previstos en la Constitución.

No hay ninguna duda, porque así se ha comportado públicamente en muchas ocasiones, que  Iglesias es un señor que trata abiertamente de desprestigiar la monarquía, que odia la Constitución por mucho que de vez en cuando cite con voz susurrante y aspecto de telepredicador algún artículo concreto interpretándolo en su favor, que ha manifestado su deseo de que se suspendieran las Fuerzas Armadas, que ha tratado de opresores a las Fuerzas de Orden Público, las mismas que ahora protegen su casa y a las que han ordenado cerrar su calle para que no les acosen, que jamás ha usado otra bandera que la republicana, que ha defendido y sigue defendiendo la democracia asamblearia frente a la representativa, que afirma que hay que nacionalizar empresas al más puro estilo comunista, que no Chavista como se dice porque el comunismo es muy anterior y mucho más opresor que lo fue el propio Chaves, que defiende la dictadura del proletariado y que aspira a ser la reencarnación de Lenin, entra claramente en la segunda acepción de la definición, al menos en intenciones.

¿Alguien en este país duda de que si tuviera la más mínima oportunidad daría un golpe de estado para derrocar el régimen actual?   Y no se confundan. No permitiría una República como la que nosotros conocemos por muchas banderas que exhiba, porque no deja de ser otra forma de Estado tan democrática como la Monarquía Representativa. Su ideal no es la república a secas, es la “república democrática soviética”, eufemismo inventado por los comunistas, como la propia definición de “dictadura del proletariado”,  que tratan de enmascarar la dictadura de una casta superior que dirige, controla y organiza la vida de los ciudadanos sin que estos intervengan para nada en la organización del estado ni en sus propios destinos.

Es el comunismo histórico que acabó con tantas vidas en Rusia y en otros países y que terminó arrinconado por las ansias de libertad de sus ciudadanos, que acabaron derribando los muros vallas y alambradas que les separaban del mundo libre.

Y este buen señor se permite, porque es parte de su estrategia de provocación y desestabilización, acusar a los demás de lo que él haría mañana mismo si tuviera ocasión: Dar un golpe de estado.

Personaje que, inexplicablemente, está siendo imagen de España en medios de comunicación extranjeros donde dice, por ejemplo, que el PP está fomentando una sublevación de la Guardia Civil contra el gobierno y lindezas semejantes.

Pero sigo pensando que este “mil homens” no es más que una impostura porque no ha llegado a donde está por su gran cultura o sus grandes conocimientos de cualquier otra materia que no sea la agitación y la propaganda. No, él no es el responsable de sus fantochadas  y del grave desprestigio que está ocasionando a la nación.

Lo es, sin ninguna duda, el Presidente del Gobierno que debería haber provocado una crisis de gobierno y cambiar a esta banda de agitadores impresentables que tiene en la mesa de consejos por gente de más solvencia, del nivel de la Ministra Calviño, de Margarita Robles, o Reyes Maroto, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Buscando de paso una respetable jubilación a las representantes del “socialismo moderado”, como la Ministra de Hacienda, la de Educación o la vicepresidenta Carmen Calvo, que no han sido capaces de influir en lo más mínimo para evitar esta deriva social y política del “todo vale” en la que estamos inmersos en un momento tan delicado para el país.

Porque el gobierno, tal como está configurado, ya no es el camarote de los hermanos Marx. Es el Titanic poco antes de colisionar con el iceberg. Todavía puede corregir el rumbo, pero le queda muy poco tiempo.

Nunca he estado en la política activa porque no he militado en ningún partido. Peo si tuviera la más mínima influencia sobre los líderes de VOX, del PP y de Ciudadanos, les aconsejaría que no respondan a Iglesias diga lo que diga. Que no le interpelen. Que le contesten con el más absoluto de los silencios, porque es lo que se merece este personaje: Ignorarle, mirar hacia otro lado cuando se dirija a ellos.

Insisto: que difícil es en algunas ocasiones respetar las reglas de la democracia cuando te cruzas con personajes que se aprovechan de nuestras libertades para subvertirla. Porque personajes más radicales que Iglesias he conocido, pero más villanos no.

Y de nuevo acudo a la RAE que en su tercera acepción define villano como “ruin, indigno o indecoroso”, porque la segunda “rústico o descortés” creo que se le queda corta.

Y para que quede meridianamente claro, no cuestiono el derecho de Iglesias a defender sus ideas políticas, sino la forma de hacerlo.

¿Decisiones sanitarias o decisiones políticas?

Posiblemente mi fantasía se está desbordando a causa de la duración del confinamiento, pero hay cosas y figuras que están siendo habituales y que a mí no me parecen normales. Y me explico:

La situación que estamos atravesando no ha cambiado en absoluto y seguimos teniendo que resolver dos problemas muy importantes  y totalmente diferentes:

  • El primero es el control sanitario de la pandemia, que está en fase decreciente con una amenaza nada desechable de cierto rebrote. Esta operación debería estar dirigida, como nos dicen, por un equipo de expertos, de técnicos sanitarios en epidemiología, control de infecciones  y de las especialidades más adecuadas para el caso, aunque también requiere una serie de medidas económicas a corto plazo para paliar los efectos negativos para las empresas y trabajadores afectados por la pandemia. Medidas económicas que, en pura lógica, desaparecerán cuando se venza al virus y se recupere la normalidad social.
  • Y el segundo es determinar y aplicar las medidas necesarias para recuperar la catástrofe económica causada por la pandemia y que provocarán mucho paro por cierre de empresas. Son daños que perdurarán durante un plazo más largo, no menos de tres años en mi estimación personal, nada fundada, y que requiere estrategias y acuerdos consensuados por todas las fuerzas políticas.  En primer lugar porque puede que se necesiten medidas severas y hay que evitar la utilización política de sus efectos y también porque es muy posible que su aplicación afecte a más de una legislatura en la que incluso pueden variar los partidos en el gobierno.

Pues bien. En lo que afecta a las medidas sanitarias de defensa contra la pandemia y las estrategias del desconfinamiento, especialmente las preventivas, todos dicen que las coordina un “comité de expertos”. ¿Quiénes son y dónde están? ¿Por qué se oculta su identidad? La ley general y la de transparencia en particular obligan a hacer públicos los nombres de los que trabajan directa o indirectamente para el gobierno. ¿Qué mejora sanitaria supone esta situación de ocultismo? ¿Evitar presiones? Una excusa intolerable porque impide que la gente experta en la materia, que no soy yo, puedan estimar si son expertos o no en temas de sanidad. ¿Quién me dice a mí que en ese consejo no está la esposa del presidente, por poner un ejemplo absurdo?

Y no me vengan con otra de sus grandes falacias: Declararlo “secreto de Estado”. Bien está porque no lo hemos podido evitar que sea secreto de Estado los viajes particulares del Presidente en el Falcon, pero estos abusos no pueden acabar bien. Es imposible que se acepten como norma en un estado democrático en el que uno de sus pilares fundamentales es la transparencia.

¿Este comité invisible trata asuntos sanitarios? Porque, de ser así, lo suyo sería que los representantes de la sanidad de cada autonomía se dirigieran a los expertos nacionales y acordaran acciones ajustadas a cada caso y cada situación.

Pero no es eso lo que ocurre. Lo que veo es a un Presidente de Gobierno en funciones de “máxima autoridad”, escuchando a los presidentes autonómicos, de los que recibe peticiones políticas relacionadas con cada una de sus autonomías y a los que contesta con decisiones políticas por mucho que insista en la coletilla de “según los expertos”.

Porque, insisto, si fueran decisiones de los expertos, ¿Qué pinta el Presidente haciendo de intermediario? Tienen que hablar los expertos, claro que sí, y tiene que participar el Ministro de Sanidad porque alguien tiene que representar la autoridad del gobierno y los expertos no la tienen.

La imagen que se proyecta y afecta a mi sentido de la democracia real es la de un “jefe” todopoderoso que, “oídas las partes”, dictamina sin posibilidad de réplica. Como ocurre en el muy antiguo Tribunal de las Aguas de Valencia. Solo que ese tribunal lo componen “hombres buenos” en la terminología valenciana, hombres conocidos, respetables y respetados que representan a las acequias. Y aquí solo se oye la voz del Presidente.

Puede que esta exposición mía sea demasiado en blanco y negro y existan algunos grises, pero yo los aprecio cada vez menos.

Y si, como me parece, son decisiones políticas que afectan a una parte de los derechos fundamentales de los españoles, por mucho que se envuelvan en una coartada sanitaria, el lugar para debatirlas es el Parlamento, casa de la democracia, y no con los presidentes autonómicos, sino con los grupos parlamentarios.

Insisto. Defiendo, más bien considero prioritaria, la intervención de las autonomías en las decisiones que afecten al control de la pandemia, pero no con el formato actual. Y no olvidemos que la sanidad está transferida desde hace muchos años y que, en pura lógica, los consejeros de sanidad de cada autonomía tiene mucha más experiencia y posibilidades de decidir lo más adecuado que un Ministro de Sanidad, titular de un ministerio catalogado como uno de los “maria”, que carece de ella.

Transferencia que en este momento está suspendida de hecho sin que hasta el momento sepamos si ha sido conveniente hacerlo o no.

Lo cierto es que la postura actual es sumamente beneficiosa para el Presidente del Gobierno. Aparece como una figura de autoridad tipo “ordeno y mando” disfrazado de “después de intercambiar opiniones” que en la práctica no pasa de ser un simple “escuchar” porque, por lo que dicen los presidentes, no existe tal diálogo.

Y, naturalmente, el presidente estará cómodo sumamente cómodo porque, repito, no es el representante del “ejecutivo”, sino la máxima autoridad de la nación que toma decisiones acertadas junto con otras de dudosa utilidad, o lo que es peor, de dudosa legalidad en el contexto en el que se están tomando, gracias a los supuestos poderes que le otorga el estado de alarma.

Y esa es otra. Porque el estado de alarma solo autoriza al gobierno a tomar medidas sin el control del Parlamento en lo relacionado con la razón de ser de la propia declaración, pero no permite, es inmoral, utilizarlo para razones totalmente ajenas al hecho. Eso tiene un punto cada vez más acusado de autoritarismo, por no emplear la palabra absolutismo, que no ha sido característica de nuestros gobiernos desde la restauración de la democracia.

El Presidente, por la autoridad que se ha conferido, tiene la llave de las puertas de nuestras casas y nos deja entrar o salir cuando estima oportuno y en las horas que tiene a bien hacerlo, tiene al Parlamento bloqueado y a la oposición amordazada la mayoría del tiempo, se ha convertido en el “señor” de las autonomías, a las que convoca cuando quiere y a las que dicta lo que estima oportuno, ha subvencionado a “sus” televisiones para que apoyen sin fisuras sus decisiones, se ha auto asignado muchas horas de televisión para lanzar mensajes de autobombo y de propaganda indisimulada, decide “secretos oficiales” para ocultar información a los españoles y al propio Parlamento y, entre otras cosas más, tiene la llave del BOE para imponer decisiones sin pasar por los filtros habituales.

Imaginemos que los españoles queremos hacer una manifestación pidiendo “lo que sea” al gobierno porque no nos gusta como lo hace. ¿Cuándo podremos hacerla? ¿Puede plantearse una situación más favorable para un gobierno que tenga “un punto” de totalitarismo?

En un pasado histórico el Rey, que era la autoridad del Estado, podía delegar sus funciones en alguien y a eso se llamaba “dictadura”. Lo que, de hecho, suponía una alteración de la normalidad, siendo la del General Primo de Rivera la última que recuerdo.

Pero en la actual Constitución, que es de hecho la máxima autoridad del Estado aunque su representación última la ostente el Rey, los gobiernos no dejan de ser administradores temporales de los Presupuestos Generales del estado e impulsores de leyes y reglamentos que deben aprobarse en el Congreso.  Los gobiernos no son los “dueños” de nada y mucho menos de las vidas y haciendas de los españoles. Eso sucedía en tiempos del Alcalde de Zalamea.

Son servidores públicos, eso sí al máximo nivel y no pueden tomar decisiones que no estén contenidas en la Constitución o en las leyes españolas. Insisto: Medidas sanitarias sí, las correspondientes al estado de alarma. Decisiones políticas “excepcionales”, ninguna.

Y la otra parte del problema, las medidas a largo plazo para paliar el desastre económico provocado por la pandemia, necesita una solución urgente, pero da la impresión de que el gobierno o no tiene prisa o tiene un plan desconocido para que, muy en su línea, parezca que se hace lo que no se hace.

Ya se ha formado la comisión, pero tiene toda la pinta de ser una comisión parlamentaria más, con intenciones políticas, que no ha incluido a expertos en economía o en materias que van a resultar muy importantes para alcanzar una solución real, práctica, estable y sólida. Solo a políticos de la Cámara. Y a políticos con perfil político, valga la redundancia, no con perfiles profesionales solventes

¿Alguien piensa que la solución puede venir de un acuerdo entre el PP y Podemos, pongo por caso? De ninguna manera.

¿O que esta comisión puede llegar a acuerdos que comprometan a un próximo gobierno sea de la orientación política y social que sea?

¿Alguien que tenga más de cincuenta años puede pensar que Patxi López es el hombre de mente preclara y mano firme adecuado para liderar el grupo y aportar soluciones? ¡Que nos conocemos, por favor!

Patxi López es un “buen mandado”, facilón y acomodaticio a los puestos que ha ido ocupando. Y, en este caso y para aclarar dudas, lo primero que ha dicho que es que la oposición se olvide de que esta comisión “sirva para cuestionar decisiones del gobierno”. ¡Así nos irá! Claro que no se constituye para cuestionar decisiones tomadas por el gobierno.

Eso podría justificar “otra” comisión parlamentaria, pero esta comisión en concreto se crea, o así debería ser, para buscar soluciones de futuro que eviten una auténtica catástrofe económica y social.

Señores congresistas, no acepten una comisión al uso que acabe como la mayoría. En nada práctico. Tenemos un problema de Estado que trasciende al gobierno actual y que necesita a los mejores cerebros de la sociedad española. Sin más condicionantes que disponer de los conocimientos suficientes para sacarnos del pozo lo más rápidamente posible. Sean políticos en ejercicio o no.

Y es por todo esto por lo que cada vez me huele peor lo que está sucediendo. Hace tiempo que “me lo temo” y así lo he publicado en varias ocasiones,  pero cada vez más se aprecia el tufillo de partidismo o del egoísmo personal que tiene como objetivo ganar tiempo para concurrir con una buena imagen a las próximas elecciones y no tanto en solucionar el problema de la nación.

Porque, visto de forma totalmente imparcial y fuera del marco de la política profesional,  el procedimiento que se está siguiendo es totalmente contrario a lo que exigen los estándares de calidad en general y los de “solución de problemas” en particular. Está en las antípodas.

Como sabe cualquiera que haya trabajado en procesos de calidad aunque sea de forma elemental,  el primer paso para resolver un problema, el ineludible, es evitar las bolas de nieve o las nubes que enmascaren los hechos.  Que la visión del bosque no impida la de cada uno de sus árboles.

Es fundamental dividir el problema en cada una de sus partes para abordarlas por separado y con soluciones adecuadas al caso, sabiendo que si se resuelve cada una de ellas, se resuelve el problema general. Y que mientras, se avanza en cada área en concreto.

Aunque parezca algo enrevesado, repito que es práctica habitual en calidad que se emplea en la empresa privada y, seguramente, en algunos organismos oficiales.

Que es exactamente lo contrario que está haciendo el gobierno: mezclar los problemas a resolver a corto plazo con los que necesitan acciones a medio o largo plazo, la salud con la economía, los problemas sociales provocados por la pandemia con los estructurales de la nación, etc.

Y que para abordarlos ha convocado un comité confuso y un grupo de expertos invisibles.

Insisto. Alguien está mezclando las prioridades y este no es el camino adecuado. De hecho no es “ningún” camino. Es el bloqueo total a cualquier solución sensata.

Lo peor es que el gobierno, abusando de la necesidad de que intervenga en el freno a la pandemia impidiendo la movilidad entre autonomías hasta que la situación lo permita, porque es el único que puede hacerlo, no soltará el bocado que ha asestado al cuello de la nación. Hay demasiados interesados en mantener esta situación de control absoluto porque, de hecho, la intervención forma parte de su ideario político. Y mucho más del de Podemos, su socio preferente.

Por lo que, lamentablemente, la única solución es votar en contra de futuras prolongaciones del estado de alarma, o aprobarlas imponiendo condiciones muy severas. Condiciones que favorezcan la democracia, naturalmente.

Y dicho todo lo anterior, que es mi opinión sobre lo que está pasando, un último comentario.

El gobierno ha cometido muchas imprudencias y alguna que otra insensatez desde el comienzo de la pandemia, pero no se le puede acusar de ser el único culpable de lo sucedido. Lo que tengo claro, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es que lo que ocurra de ahora en adelante es responsabilidad exclusiva de los ciudadanos inconscientes, sino auténticos descerebrados que están incumpliendo todas las recomendaciones, no solo del gobierno, sino de todos los médicos y personal sanitario de España. Por lo que opino que, desgraciadamente, no habrá más remedio que prolongar el estado de alarma.

Aunque, como también he dicho, el gobierno debe asumir una serie de condiciones para que esta prolongación no suponga una prolongación de la muy extraña situación que ha provocado y de la que no parece dispuesto a renunciar.

Apoyo condicionado sí, sumisión al gobierno, no.