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No son los jueces, son las leyes.

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones , , ,

Últimamente está calando en la opinión pública un supuesto caos en la judicatura por las diferencias de criterio de los jueces al dictar sentencias en casos aparentemente iguales, especialmente en lo que se refiere a las medidas a tomar para proteger la salud pública. Y no es así. El problema no está en los jueces, sino en las leyes, o más bien, en la falta de ellas.

Porque los jueces, aunque tienen una cierta libertad para decidir según su criterio atendiendo a las circunstancias de cada caso, no tienen ninguna capacidad para dictar sentencias fuera del marco de la ley y en estos casos ni tienen legislación, ni precedentes a los que acogerse.

Y como donde hay más desavenencias es en el hecho de respaldar o no las decisiones de los gobiernos autonómicos sobre toques de queda u otras limitaciones que afectan a las libertades individuales de los españoles, a eso quiero referirme.

Aunque, como previa, quiero recordar que las leyes las promulga el Legislativo, las Cortes Españolas, casi siempre a propuesta del Ejecutivo, el gobierno. Hay otras formas, pero son excepcionales y no vienen al caso.

Y los mecanismos previstos son, que el gobierno presente una propuesta de ley al Legislativo, que debe ser aprobada por la mayoría de la Cámara, aunque en caso de emergencia, como ha ocurrido recientemente con la pandemia, puede utilizar la fórmula excepcional de los decreto-ley, que entran en vigor desde el momento en que se publican en el BOE sin necesidad de la aprobación previa de las Cortes, aunque posteriormente también deben pasar por los trámites habituales y ser aprobados por el parlamento.

Pues bien, sabemos que la Constitución Española es especialmente cuidadosa en defender las libertades individuales de los ciudadanos, por lo que solo permite vulnerarlas de forma grupal o colectiva si se decreta el estado de alerta o el de excepción, estados que únicamente puede declarar el gobierno de la nación en casos especialmente graves y urgentes.

La pandemia fue un caso de especial gravedad, pero provocada por un hecho totalmente imprevisto en nuestra nación y en ninguna otra del mundo, porque nunca se había dado una situación de alarma extrema que no fuera por una guerra o un cataclismo natural de gran intensidad: terremotos, grandes inundaciones o catástrofes similares, situaciones en las que el gobierno tenía la autoridad suficiente para suspender libertades individuales de forma inmediata porque estaba en juego la seguridad o la defensa de los ciudadanos.

Pero, repito, con la aparición del COVID19 nos encontramos con una situación absolutamente nueva, por lo que urgía rellenar ese vació legal elaborando leyes que permitieran al gobierno central o a las autonomías tomar determinadas medidas condicionadas a cada circunstancia. Y era sí porque los dos estados que permiten limitar las libertades individuales, alarma o excepción, afectan a todos los españoles cuando, tratándose de amenazas contra la salud, podría no ser necesario utilizarlos.

Y pongo un ejemplo hipotético: si el coronavirus solo hubiera afectado a Galicia, no tendría ningún sentido confinar de entrada a toda la nación por un brote tan localizado y aparentemente fácil de controlar.  Y siguiendo con el supuesto, parece más lógico que las autoridades de esa comunidad, que tiene transferida la sanidad, pudieran aplicar medidas mucho más concretas en según qué puntos y en qué circunstancias.

Pues bien, consensuar una ley de alarmas sanitarias fue una propuesta del PP que contó con el apoyo de Ciudadanos y de VOX, planteada desde el primer momento, en la misma sesión en la que se aprobó el primer estado de excepción y con la que el gobierno se mostró de acuerdo. Pero en este caso, como en tantos otros temas y por razones políticas desconocidas para mí, no ha hecho absolutamente nada y estamos exactamente como estábamos.

Es decir, que solo el gobierno de la nación de forma general y los jueces en cada caso particular, pueden suspender los derechos individuales de los ciudadanos, por lo que cualquier particular o determinados colectivos pueden recurrir un decreto autonómico y conseguir que, según los casos, un juez anule lo ordenado por la comunidad afectada. Exactamente lo que está ocurriendo.

Porque el gobierno tuvo la desfachatez de quitarse de en medio y decir que las autonomías tenían suficientes herramientas para combatir la pandemia y que, en último extremo, podrían recurrir a la justicia. Y se atrevió a decir que el Tribunal Supremo debería unificar criterios sobre anulaciones o no de las suspensiones de derechos, sabiendo como sabe, que eso es casi imposible porque, en principio, las libertades son individuales y es muy complicado ampliar su supresión a colectivos.

Dando la falsa impresión de que el Supremo es una especie de comité de árbitros de fútbol decidiendo que tipo de manos en el área son o no son penalti, e ignorando que cada juez tiene garantizada la independencia y las garantías suficientes para juzgar según su criterio y tomando la decisión más adecuada a cada caso.

Los jueces solo pueden decretar la supresión de derechos a un colectivo si pueden justificar que todo el colectivo es un peligro público, o porque, como está sucediendo, el riesgo de infección a un determinado colectivo o a una determinada localidad, justifica sacrificar las libertades de una mayoría de inocentes para protegerlos de una minoría de contaminantes especialmente peligrosos.

Por lo que respaldar o no una decisión autonómica dependerá casi exclusivamente del tanto por cien de cada una de las partes y de si el entorno urbano facilita más o menos la propagación. Y de ahí las decisiones tan contradictorias

Los españoles deben saber que los jueces no pueden tomar decisiones por criterios políticos, “curándose en salud” como se dice habitualmente y lo cierto es que en la historia de nuestra democracia parece que muy pocos lo están haciendo. Ellos tienen una balanza que les obliga a sentenciar de forma desapasionada en función de las pruebas, que en este caso serán, supongo, los informes de profesionales de la salud, sin ninguna obligación de considerar las consecuencias sociales o políticas de la sentencia.

Y esta falta de legislación de protección a la salud deja cada caso a criterio del juez al que recurran y provoca situaciones tan disparatadas como que se permita el hecho de que un empleado de residencias de mayores o de la salud, no tenga obligación de vacunarse para acudir a su puesto de trabajo. Derecho que le acaba de reconocer el Supremo porque, efectivamente y según la ley, una empresa o una institución no puede conculcar los derechos individuales de un empleado. Totalmente absurdo en este caso, pero es lo que hay.

Incluso se está cuestionando si entra en la letra de la Constitución la obligación de demostrar a un funcionario de aeropuertos o de cualquier otro estamento, si estamos o no vacunados o si nos hemos hecho o no una PCR.

¿Y los jueces? En mi opinión es razonable y natural que cada juez determine medidas diferentes en cada caso porque, lamentablemente y como he dicho antes, ante la falta de una ley de emergencias sanitarias, debe mantener como prioridad las libertades individuales y es realmente complicado conseguir un justo equilibrio entre la defensa de la salud pública, que no es su cometido fundamental, aunque lo asuman, y limitar libertades.

Por poner ejemplos a mi aire porque no soy experto en estos temas, me figuro que un juez puede decretar el cierre de una planta química si se producen fugas que puedan afectar a la salud de una comunidad, o puede apoyar unas medidas sanitarias aplicadas al número de ciudadanos que se pueden sentar en la mesa de un bar, porque de hecho no prohíbe la entrada al establecimiento y lo de sentarse en una mesa u otra parece hilar demasiado fino.

O supongo que podrá apoyar que la autoridad autonómica decrete un toque de queda si el porcentaje de contagiados pasa de un determinado tanto por cien, aplicando el criterio comentado anteriormente de que suspender derechos a muchos es una forma de proteger la salud de estos “muchos”.

Pero me figuro que no aprobarán un confinamiento si se lo piden por el hecho de que se convoquen botellones, porque lo lógico es que recuerde a las autoridades que son ellos los que tienen la obligación de evitar concentraciones de cualquier tipo y la venta de alcohol a determinadas horas.

Lo que si se, sin ningún género de dudas, es que este gobierno ha perdido la oportunidad de elaborar una ley de emergencias sanitarias pactada con la oposición que permita mucha más agilidad y concreción para que se tomen las medidas apropiadas en los lugares necesarios. Ley que se podría haber apuntado como un gran paso en el progreso y la modernidad de la nación.

¿Por qué no lo ha hecho? Tampoco lo sé. Pero puede que en este marasmo provocado por los líos de las identidades sexuales, de las ambigüedades de la ley de enseñanza, o de la defensa de derechos tan fuera de lugar como que las mujeres puedan ir a sus casas borrachas y solas sin correr ningún riesgo, o de mantener una ley del menor que permite que un joven pueda violar o matar a esa mujer que va sola y borracha a casa, o a un varón, también solo y borracho, si quiere hacerle daño por hacerlo o para robarle el reloj y la cartera sin que le pase prácticamente nada, no se ha decidido porque políticamente no puede hacerlo.

Quizás porque los independentistas catalanes le han dicho que no quieren saber nada de nuevas leyes estatales, quizás porque lo había pedido la oposición, quizás porque Podemos hubiera intentado aprovechar la oportunidad tratando de meter en el paquete más supuestos cargados de ideología absurda, o, simplemente, porque le tiene miedo al parlamento. Tampoco lo sé.

Pero lo que es cierto es que ha perdido la gran oportunidad de favorecer a los españoles y de ponerse la medalla de haberla sacado adelante. Porque al final y desde el punto de vista de la historia, es lo que cuenta.

Y pongo un ejemplo: La Segunda República, en su primer trienio, el único bueno, acabó con esa absurda ley que determinaba que los arqueólogos eran propietarios de lo que descubrían, propiedad que compartían con los dueños de los terrenos, decidiendo que lo descubierto fuera de interés público

Inexplicable ley que tantos disgustos causó a nuestro tozudo e impulsivo Padre Belda, el gran arqueólogo bocairentino que no respetaba ni leyes ni propiedades y entraba “de furtivo” en tierras privadas, descubriendo importantísimos yacimientos y coleccionando denuncias y reprimendas hasta de su propio obispado.

Esa, repito, fue una gran ley que figura en el haber de la Segunda República y nadie recordará si fue a iniciativa del propio gobierno o de la oposición.

Pero eso sería hacer política. Lo que prima hoy es ganar tiempo aparentando cambiar muchas cosas para que nada cambie y nuestro insigne presidente, el que se quiere presentar como el paladín que venció a la pandemia, cuando ni consiguió las vacunas ni nos las inyecto, porque lo hicieron las autonomías y que solo aparece en público, o en plasma, cuando hay buenas noticias, continúe en la Moncloa.

Las alocuciones del presidente Sánchez

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Ayer, la factoría Redondo decidió sacar de donde fuera que estuviere,  haciendo lo que fuera que hiciese, porque nunca sabemos muy bien a que dedica su tiempo, a nuestro presidente, para protagonizar una función muy atractiva en la que exhibir su  gran capacidad de enamorar al auditorio con sus medias sonrisas, sus gestos serio, su medio levantar alguna ceja y todos esos efectos especiales de lenguaje corporal que le son tan fáciles de interpretar.

Pero ¿Qué hubo detrás de su exposición?

En Valencia tenemos una expresión, “de forment ni un gra”, (de trigo ni un gramo),  que define bastante bien lo que acostumbra a hacer. Mucho hablar y nada que decir. El “bla, bla, bla,” de los castizos.

Estamos en plena precampaña electoral de la autonomía madrileña y se trataba, como en otras ocasiones similares, de distraer la atención convirtiendo al presidente en foco de la noticia. Y, como acostumbra, su información ha sido un canto a las glorias del gobierno y del caudillo que lo lidera.

Y después de analizar con detalle lo que nos dijo, he llegado a las siguientes conclusiones:

Buena parte de su intervención se centró, como es y será habitual en el futuro inmediato, en hablar de las vacunas, del éxito que están teniendo y del que tendrán en el futuro inmediato. Pero hay algunos matices que obvió comentar.

El primero es que el programa de vacunación está muy retrasado y lo está porque las comunidades no han recibido las dosis necesarias. Y no se han recibido porque la gestión de compras de la Comunidad Europea ha dejado mucho que desear. Y que nuestro presidente, en su papel de jefe de gobierno, es uno de los responsables de la Comunidad para lo bueno y para lo malo. Y que, por tanto, tiene una cuota parte de responsabilidad en el retraso de las entregas.

Y como resulta que la gestión ha sido mala, repito, no por mala voluntad pero sí por mala gestión con las farmacéuticas, algo tendrá que ver el Sr. Sánchez con el fracaso. No le echo la culpa de caos de aprovisionamiento porque no es el único culpable, ni siquiera el mayor, pero tampoco tiene porqué presumir “de la vacunación”. En este aspecto y siendo benévolo,  de la mala gestión solo ha actuado como parte de “la parte contratante de la primera parte”.

En cuanto a la operativa de la vacunación, el gobierno no ha tenido ningún tipo de intervención porque han sido la sanidad de las autonomías las que las han inyectado. Luego, si la gestión de compra ha sido deficiente y el gobierno no tiene nada que ver con la administración de las vacunas porque lo hacen las autonomías, ¿de qué presume nuestro presidente? ¿De haber puesto una pegatina vergonzante con el escudo del gobierno de la nación en la primera caja que llego a España?

También aprovechó la ocasión, ¡cómo no si era el objetivo de la intervención! Para lanzar una pulla a la Comunidad de Madrid sobre el tratamiento de la pandemia y sus medidas de horarios y restricciones. A estas alturas, señor Sánchez, nadie sabe la influencia que han tenido los bares y restaurantes en el contagio del virus ni como ha afectado el resto de medidas de horarios, forma de hacer deportes, confinamientos por zonas, transportes públicos y todo lo que afecta a los movimientos y los usos sociales de cada lugar, pero todos sabemos que hay un enemigo común, indiscutible, que son las fiestas y botellones incontrolados en los que participan jóvenes y no tan jóvenes, sin respetar ninguna de las normas sanitarias y que, a su vez, actúan como punta de lanza de la infección en la reuniones sociales de su entorno familiar o de trabajo. Una especie de “quinta columna” del COVID19.

Y digo incontrolados porque se ha demostrado que no se han podido controlar. Y no se ha podido en Madrid, ni en Cataluña, ni en Castilla la Mancha, ni en Valencia, ni en casi ninguna parte de la geografía nacional. Y este hecho, que no tiene más responsables que los propios infractores de las normas, porque no hay policía suficiente para evitarlo, solo se resuelve de una forma:

Vacunando.

Así pues, deje de lanzar dardos a Madrid aprovechando la campaña y afánese en lo que debe afanarse: en conseguir cuantas más vacunas mejor, porque vengan las que vengan, seguro que se administrarán rápidamente en cada autonomía.

También marcó un objetivo de vacunación para el mes de junio que parece imposible de conseguir, pero sería injusto por mi parte juzgar algo que todavía no ha sucedido. El tiempo pondrá las cosas en su lugar y ojala mi pesimismo sea infundado.

En cuanto a meterse con la comunidad de Madrid por haber contactado con algunas farmacéuticas, le recuerdo que algunos presidentes de otras comunidades, algunas gobernadas por socialistas, también han realizado algún tanteo por su cuenta.

Pero el tema más importante, sin ninguna duda, es el anuncio de que no tiene intención de prolongar el estado de alarma cuando, por otra parte, ha incumplido su promesa de modificar la ley para dotar a las autonomías de mayores poderes para tomar decisiones que en este momento solo puede tomar el gobierno de la nación, porque es el único autorizado a suspender derechos fundamentales de los españoles en situaciones especiales.

Hay que recordar que una comunidad tiene autoridad para regular horarios del comercio o de cualquier otra actividad, pero no puede decretar confinamientos, ni cierres perimetrales, ni nada que impida a los ciudadanos ejercer sus derechos. Las autonomías que lo han intentado y han sido recurridas se han encontrado con que los jueces suelen revocar sus decisiones por inconstitucionales y que, por otra parte, aunque no las revocaran, las autonomías no tienen ninguna autoridad sobre las fuerzas de seguridad o de orden público que serían las encargadas de hacer cumplir sus decretos.

La Comunidad Valenciana, por ejemplo, solo tiene un pequeño destacamento de policía autonómica y ni siquiera tiene autoridad sobre las policías locales, que dependen de los ayuntamientos.

Es decir: Si Ximo Puig decretara el cierre de la comunidad, tendría que pedir al Gobierno Central que les “prestaran” efectivos para obligar a los valencianos a cumplir el decreto.

De hecho les estaría “pasando un muerto” a sabiendas que no tendrían capacidad para resolver la mayoría de los problemas y que les haría aparecer como inútiles e incompetentes a los ojos de sus administrados. Que es una parte de lo que ha pretendido el gobierno y conseguido en buena parte, con el invento de la “gobernabilidad compartida” que no es más que una frase hecha, hueca y sin sentido.

Todo ello porque, como muy bien sabe nuestro presidente y su equipo de asesores, para efectos legales España sigue siendo una única nación, con unas autonomías a las que se les ha transferido una serie de competencias que en principio estaban previstas para que actuaran a pie de obra en aquellas funciones que convenía aproximar a su ámbito de competencia, como la sanidad y otras similares.

Siendo el gobierno de la nación, como sigue siendo, el único con autoridad para tomar decisiones extraordinarias en las circunstancias extraordinarias previstas en las leyes de la nación.

¿Y por qué lo hace?

En primer lugar, supongo, porque en este momento puede haber perdido el apoyo de parte de los que le apoyaron cuando pidió las prórrogas del estado de alerta, como ERC, el PNV, Ciudadanos, o Bildu.

Y el segundo es de pura necesidad política. Como este es un gobierno diseñado casi exclusivamente a que Pedro Sánchez sea presidente y su estrategia es de pura imagen, no podría soportar la tragedia política de perder una votación de esta envergadura en el Congreso. Ellos viven en la inmediatez y esa es precisamente su verdadera cruz.

El interés de los ciudadanos y el desencuentro creciente entre gobierno central y los autonómicos son “pequeños detalles” que ya se resolverán cuando convenga

Así pues, lo de ayer no fue más que otra de las puestas en escena de una auténtica compañía teatral en la que se ha convertido el gobierno de la nación, que tiene como primer actor a Pedro Sánchez y que cuenta con uno excelente equipo de productores-guionistas encabezado por Iván Redondo.

Para satisfacción de muchos, su partidarios, y desgracia de todos, incluidos sus partidarios.

Valencia, 7 de abril de 2021

La política y la salud.

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En este bucle insano en el que nos ha metido el gobierno con el tema de la salud y su decisión de nombrar a Illa candidato a las lecciones catalanas, nos encontramos con el gravísimo problema de que, nombre  a quién nombre como sustituto en el ministerio, no tomará ninguna decisión que contradiga o ponga en entredicho las que tomó el ministro actual mientras ocupó el cargo.

Porque sería muy perjudicial para su imagen como antiguo gestor de la pandemia y perjudicaría gravemente su imagen como candidato.

Y así será durante todo el tiempo que dure la campaña, sean las elecciones en febrero o en mayo.

Por lo que y sin ninguna duda, la política, tal como se presenta en este momento, puede causar muertes innecesarias y evitables. Incluso muchas muertes innecesarias y evitables

La RAE define la palabra “política”, en su tercera acepción como “Conjunto de los procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella.”

Es evidente que los académicos redactores eran  mucho más altruistas y románticos que los propios políticos en ejercicio, porque de no ser así y en estos tiempos, que tampoco serán tan diferentes a los pasados en esta cuestión, una de sus acepciones sería: “coartada o pretexto que sirve a los elegido en listas oficiales para conseguir sus objetivos personales o de partido, con desprecio a la conveniencia de la nación e incluso a la de sus propios electores.

¿Decisiones sanitarias o decisiones políticas?

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Posiblemente mi fantasía se está desbordando a causa de la duración del confinamiento, pero hay cosas y figuras que están siendo habituales y que a mí no me parecen normales. Y me explico:

La situación que estamos atravesando no ha cambiado en absoluto y seguimos teniendo que resolver dos problemas muy importantes  y totalmente diferentes:

  • El primero es el control sanitario de la pandemia, que está en fase decreciente con una amenaza nada desechable de cierto rebrote. Esta operación debería estar dirigida, como nos dicen, por un equipo de expertos, de técnicos sanitarios en epidemiología, control de infecciones  y de las especialidades más adecuadas para el caso, aunque también requiere una serie de medidas económicas a corto plazo para paliar los efectos negativos para las empresas y trabajadores afectados por la pandemia. Medidas económicas que, en pura lógica, desaparecerán cuando se venza al virus y se recupere la normalidad social.
  • Y el segundo es determinar y aplicar las medidas necesarias para recuperar la catástrofe económica causada por la pandemia y que provocarán mucho paro por cierre de empresas. Son daños que perdurarán durante un plazo más largo, no menos de tres años en mi estimación personal, nada fundada, y que requiere estrategias y acuerdos consensuados por todas las fuerzas políticas.  En primer lugar porque puede que se necesiten medidas severas y hay que evitar la utilización política de sus efectos y también porque es muy posible que su aplicación afecte a más de una legislatura en la que incluso pueden variar los partidos en el gobierno.

Pues bien. En lo que afecta a las medidas sanitarias de defensa contra la pandemia y las estrategias del desconfinamiento, especialmente las preventivas, todos dicen que las coordina un “comité de expertos”. ¿Quiénes son y dónde están? ¿Por qué se oculta su identidad? La ley general y la de transparencia en particular obligan a hacer públicos los nombres de los que trabajan directa o indirectamente para el gobierno. ¿Qué mejora sanitaria supone esta situación de ocultismo? ¿Evitar presiones? Una excusa intolerable porque impide que la gente experta en la materia, que no soy yo, puedan estimar si son expertos o no en temas de sanidad. ¿Quién me dice a mí que en ese consejo no está la esposa del presidente, por poner un ejemplo absurdo?

Y no me vengan con otra de sus grandes falacias: Declararlo “secreto de Estado”. Bien está porque no lo hemos podido evitar que sea secreto de Estado los viajes particulares del Presidente en el Falcon, pero estos abusos no pueden acabar bien. Es imposible que se acepten como norma en un estado democrático en el que uno de sus pilares fundamentales es la transparencia.

¿Este comité invisible trata asuntos sanitarios? Porque, de ser así, lo suyo sería que los representantes de la sanidad de cada autonomía se dirigieran a los expertos nacionales y acordaran acciones ajustadas a cada caso y cada situación.

Pero no es eso lo que ocurre. Lo que veo es a un Presidente de Gobierno en funciones de “máxima autoridad”, escuchando a los presidentes autonómicos, de los que recibe peticiones políticas relacionadas con cada una de sus autonomías y a los que contesta con decisiones políticas por mucho que insista en la coletilla de “según los expertos”.

Porque, insisto, si fueran decisiones de los expertos, ¿Qué pinta el Presidente haciendo de intermediario? Tienen que hablar los expertos, claro que sí, y tiene que participar el Ministro de Sanidad porque alguien tiene que representar la autoridad del gobierno y los expertos no la tienen.

La imagen que se proyecta y afecta a mi sentido de la democracia real es la de un “jefe” todopoderoso que, “oídas las partes”, dictamina sin posibilidad de réplica. Como ocurre en el muy antiguo Tribunal de las Aguas de Valencia. Solo que ese tribunal lo componen “hombres buenos” en la terminología valenciana, hombres conocidos, respetables y respetados que representan a las acequias. Y aquí solo se oye la voz del Presidente.

Puede que esta exposición mía sea demasiado en blanco y negro y existan algunos grises, pero yo los aprecio cada vez menos.

Y si, como me parece, son decisiones políticas que afectan a una parte de los derechos fundamentales de los españoles, por mucho que se envuelvan en una coartada sanitaria, el lugar para debatirlas es el Parlamento, casa de la democracia, y no con los presidentes autonómicos, sino con los grupos parlamentarios.

Insisto. Defiendo, más bien considero prioritaria, la intervención de las autonomías en las decisiones que afecten al control de la pandemia, pero no con el formato actual. Y no olvidemos que la sanidad está transferida desde hace muchos años y que, en pura lógica, los consejeros de sanidad de cada autonomía tiene mucha más experiencia y posibilidades de decidir lo más adecuado que un Ministro de Sanidad, titular de un ministerio catalogado como uno de los “maria”, que carece de ella.

Transferencia que en este momento está suspendida de hecho sin que hasta el momento sepamos si ha sido conveniente hacerlo o no.

Lo cierto es que la postura actual es sumamente beneficiosa para el Presidente del Gobierno. Aparece como una figura de autoridad tipo “ordeno y mando” disfrazado de “después de intercambiar opiniones” que en la práctica no pasa de ser un simple “escuchar” porque, por lo que dicen los presidentes, no existe tal diálogo.

Y, naturalmente, el presidente estará cómodo sumamente cómodo porque, repito, no es el representante del “ejecutivo”, sino la máxima autoridad de la nación que toma decisiones acertadas junto con otras de dudosa utilidad, o lo que es peor, de dudosa legalidad en el contexto en el que se están tomando, gracias a los supuestos poderes que le otorga el estado de alarma.

Y esa es otra. Porque el estado de alarma solo autoriza al gobierno a tomar medidas sin el control del Parlamento en lo relacionado con la razón de ser de la propia declaración, pero no permite, es inmoral, utilizarlo para razones totalmente ajenas al hecho. Eso tiene un punto cada vez más acusado de autoritarismo, por no emplear la palabra absolutismo, que no ha sido característica de nuestros gobiernos desde la restauración de la democracia.

El Presidente, por la autoridad que se ha conferido, tiene la llave de las puertas de nuestras casas y nos deja entrar o salir cuando estima oportuno y en las horas que tiene a bien hacerlo, tiene al Parlamento bloqueado y a la oposición amordazada la mayoría del tiempo, se ha convertido en el “señor” de las autonomías, a las que convoca cuando quiere y a las que dicta lo que estima oportuno, ha subvencionado a “sus” televisiones para que apoyen sin fisuras sus decisiones, se ha auto asignado muchas horas de televisión para lanzar mensajes de autobombo y de propaganda indisimulada, decide “secretos oficiales” para ocultar información a los españoles y al propio Parlamento y, entre otras cosas más, tiene la llave del BOE para imponer decisiones sin pasar por los filtros habituales.

Imaginemos que los españoles queremos hacer una manifestación pidiendo “lo que sea” al gobierno porque no nos gusta como lo hace. ¿Cuándo podremos hacerla? ¿Puede plantearse una situación más favorable para un gobierno que tenga “un punto” de totalitarismo?

En un pasado histórico el Rey, que era la autoridad del Estado, podía delegar sus funciones en alguien y a eso se llamaba “dictadura”. Lo que, de hecho, suponía una alteración de la normalidad, siendo la del General Primo de Rivera la última que recuerdo.

Pero en la actual Constitución, que es de hecho la máxima autoridad del Estado aunque su representación última la ostente el Rey, los gobiernos no dejan de ser administradores temporales de los Presupuestos Generales del estado e impulsores de leyes y reglamentos que deben aprobarse en el Congreso.  Los gobiernos no son los “dueños” de nada y mucho menos de las vidas y haciendas de los españoles. Eso sucedía en tiempos del Alcalde de Zalamea.

Son servidores públicos, eso sí al máximo nivel y no pueden tomar decisiones que no estén contenidas en la Constitución o en las leyes españolas. Insisto: Medidas sanitarias sí, las correspondientes al estado de alarma. Decisiones políticas “excepcionales”, ninguna.

Y la otra parte del problema, las medidas a largo plazo para paliar el desastre económico provocado por la pandemia, necesita una solución urgente, pero da la impresión de que el gobierno o no tiene prisa o tiene un plan desconocido para que, muy en su línea, parezca que se hace lo que no se hace.

Ya se ha formado la comisión, pero tiene toda la pinta de ser una comisión parlamentaria más, con intenciones políticas, que no ha incluido a expertos en economía o en materias que van a resultar muy importantes para alcanzar una solución real, práctica, estable y sólida. Solo a políticos de la Cámara. Y a políticos con perfil político, valga la redundancia, no con perfiles profesionales solventes

¿Alguien piensa que la solución puede venir de un acuerdo entre el PP y Podemos, pongo por caso? De ninguna manera.

¿O que esta comisión puede llegar a acuerdos que comprometan a un próximo gobierno sea de la orientación política y social que sea?

¿Alguien que tenga más de cincuenta años puede pensar que Patxi López es el hombre de mente preclara y mano firme adecuado para liderar el grupo y aportar soluciones? ¡Que nos conocemos, por favor!

Patxi López es un “buen mandado”, facilón y acomodaticio a los puestos que ha ido ocupando. Y, en este caso y para aclarar dudas, lo primero que ha dicho que es que la oposición se olvide de que esta comisión “sirva para cuestionar decisiones del gobierno”. ¡Así nos irá! Claro que no se constituye para cuestionar decisiones tomadas por el gobierno.

Eso podría justificar “otra” comisión parlamentaria, pero esta comisión en concreto se crea, o así debería ser, para buscar soluciones de futuro que eviten una auténtica catástrofe económica y social.

Señores congresistas, no acepten una comisión al uso que acabe como la mayoría. En nada práctico. Tenemos un problema de Estado que trasciende al gobierno actual y que necesita a los mejores cerebros de la sociedad española. Sin más condicionantes que disponer de los conocimientos suficientes para sacarnos del pozo lo más rápidamente posible. Sean políticos en ejercicio o no.

Y es por todo esto por lo que cada vez me huele peor lo que está sucediendo. Hace tiempo que “me lo temo” y así lo he publicado en varias ocasiones,  pero cada vez más se aprecia el tufillo de partidismo o del egoísmo personal que tiene como objetivo ganar tiempo para concurrir con una buena imagen a las próximas elecciones y no tanto en solucionar el problema de la nación.

Porque, visto de forma totalmente imparcial y fuera del marco de la política profesional,  el procedimiento que se está siguiendo es totalmente contrario a lo que exigen los estándares de calidad en general y los de “solución de problemas” en particular. Está en las antípodas.

Como sabe cualquiera que haya trabajado en procesos de calidad aunque sea de forma elemental,  el primer paso para resolver un problema, el ineludible, es evitar las bolas de nieve o las nubes que enmascaren los hechos.  Que la visión del bosque no impida la de cada uno de sus árboles.

Es fundamental dividir el problema en cada una de sus partes para abordarlas por separado y con soluciones adecuadas al caso, sabiendo que si se resuelve cada una de ellas, se resuelve el problema general. Y que mientras, se avanza en cada área en concreto.

Aunque parezca algo enrevesado, repito que es práctica habitual en calidad que se emplea en la empresa privada y, seguramente, en algunos organismos oficiales.

Que es exactamente lo contrario que está haciendo el gobierno: mezclar los problemas a resolver a corto plazo con los que necesitan acciones a medio o largo plazo, la salud con la economía, los problemas sociales provocados por la pandemia con los estructurales de la nación, etc.

Y que para abordarlos ha convocado un comité confuso y un grupo de expertos invisibles.

Insisto. Alguien está mezclando las prioridades y este no es el camino adecuado. De hecho no es “ningún” camino. Es el bloqueo total a cualquier solución sensata.

Lo peor es que el gobierno, abusando de la necesidad de que intervenga en el freno a la pandemia impidiendo la movilidad entre autonomías hasta que la situación lo permita, porque es el único que puede hacerlo, no soltará el bocado que ha asestado al cuello de la nación. Hay demasiados interesados en mantener esta situación de control absoluto porque, de hecho, la intervención forma parte de su ideario político. Y mucho más del de Podemos, su socio preferente.

Por lo que, lamentablemente, la única solución es votar en contra de futuras prolongaciones del estado de alarma, o aprobarlas imponiendo condiciones muy severas. Condiciones que favorezcan la democracia, naturalmente.

Y dicho todo lo anterior, que es mi opinión sobre lo que está pasando, un último comentario.

El gobierno ha cometido muchas imprudencias y alguna que otra insensatez desde el comienzo de la pandemia, pero no se le puede acusar de ser el único culpable de lo sucedido. Lo que tengo claro, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es que lo que ocurra de ahora en adelante es responsabilidad exclusiva de los ciudadanos inconscientes, sino auténticos descerebrados que están incumpliendo todas las recomendaciones, no solo del gobierno, sino de todos los médicos y personal sanitario de España. Por lo que opino que, desgraciadamente, no habrá más remedio que prolongar el estado de alarma.

Aunque, como también he dicho, el gobierno debe asumir una serie de condiciones para que esta prolongación no suponga una prolongación de la muy extraña situación que ha provocado y de la que no parece dispuesto a renunciar.

Apoyo condicionado sí, sumisión al gobierno, no.

La segunda pandemia del coronavirus: la económica.

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Todos los datos apuntan a que el enclaustramiento está dando resultados y que el número de infectados por el virus está estabilizándose. Desgraciadamente seguiremos soportando muchas muertes de los que en este momento están hospitalizados y también es evidente que  falta mucho tiempo para que podamos salir de nuestras cuevas y hacer una vida normal.

Pero llegará un día en que se encuentre tratamiento para la enfermedad y se dispondrá de una vacuna, con lo que pasaremos página como se ha hecho en casos similares aunque menos graves y volveremos a una vida más o menos normal, aunque más atemorizados durante un tiempo.

Y ganada esta primera batalla de la guerra contra el virus, cuando se consiga, vendrá la segunda que apunta ser terrorífica: la enorme crisis económica que se nos viene encima.

Y espero que no ocurra como con la pandemia, que habiendo recibido avisos, se retrasaron al aplicar las medidas preventivas. Tenemos experiencias reciente y espero que no caigamos en el mismo error.

La primera medida es rediseñar nuestro gobierno. No se trata de colores ni de ideologías, sino de eficacia y este gobierno no fue diseñado para enfrentarse a semejante catástrofe. No es un gobierno para la guerra.

Tengo serias dudas de que el presidente Sánchez sea el hombre adecuado para liderar el futuro inmediato de España aunque cuente con otro equipo, pero lo que es impensable es convocar elecciones en este momento. Así pues dejaré este tema en el aire porque desconozco cuales pueden ser las alternativas políticas y constitucionales.

Pero si continuara lo tendría que hacer renunciando a todo lo que no sea prioritario en su programa de gobierno, a lo que pueda dificultar las soluciones a la crisis, o a sus propias intenciones políticas no declaradas. Que las tiene.

Y dentro de esta estrategia, el primer movimiento del presidente debería ser provocar una crisis ministerial,  agradecer los servicios prestados a los miembros de Podemos y permitirles que vuelvan a sus casas y a  sus pancartas, nombrando ministros expertos en gestión.

Es muy notorio que por su ideología y por lo demostrado hasta el momento, Podemos no puede aportar nada a la solución y más bien sería un auténtico lastre para poder tomar medidas realmente eficaces para sanear la economía. Porque si alguien se cree en serio que ayudar es dar subvenciones y ayudas a todos los damnificados, sin más y sin saber de dónde va a salir el dinero, es que no pasó de primero de matemáticas.

Los gobiernos pueden endeudarse hasta un cierto nivel, aunque no deberían, pero eso solo se puede permitir en circunstancias normales y en porcentajes asumibles. En las actuales las consecuencias serían catastróficas porque los daños que esta crisis van a ocasionar a la economías se calculan en muchos miles de millones de euros. Es muy posible, casi seguro,  que el problema sea mucho mayor que la crisis de 2008 de la que todavía estábamos recuperándonos.

Y por eso se necesita un gobierno eficaz, coordinado, casi de tecnócratas y libre de utopías románticas o de tentaciones revolucionarias. Lo importante ahora es salvar a la nación y la única forma de hacerlo es tratando de salvar a cada uno de los españoles. Y cartera de ministrables tiene mucha, en el propio partido, en otros, o en el minusvalorado mundo de los independientes.

El siguiente paso sería sustituir a Iván Redondo y a sus asesores de imagen o los que tienen como misión engrandecer su persona por expertos en economía, o utilizar los servicios de funcionarios de nivel especializados en esas materias, Que los hay y muchos. Basta ya de “falcons” y de vanidades.

Y lo imprescindible es reunir a todas las fuerzas políticas del país y negociar un plan para abordar con eficacia el problema y para consensuar acuerdos y soluciones. Soluciones que serán necesariamente duras porque no podemos repetir los errores de la pasada crisis.

¿Un gobierno de coalición? No lo sé, pero lo evidente es que esta nación debe caminar unida, como lo está haciendo con el problema sanitario y para ello hay que evitar mentiras y buenas palabras e ignorar a los grupos disgregadores  que propalan consignas de “derecha casposa”, de “izquierda comunista” o de “España nos roba”. Por una vez debe triunfar la mayoría silenciosa, la que obedece aunque no esté conforme, la que se sacrifica cuando se lo piden. Y también a los políticos trepa que aprovechan cualquier oportunidad para medrar. Aunque sea, como ocurre en este momento, con el sufrimiento o la muerte de muchos españoles.

Recordemos que eso ya se ha hecho no hace tantos años. Unión de Centro Democrático, UCD, nunca fue un partido. Fue una asociación de grupos políticos de distinto signo coordinados por un líder, Adolfo Suarez, que hizo posible sacar adelante acuerdos, como el de la Moncloa, o la propia transición.

Y recuerdo a los que se hayan olvidado o informo a los que nunca lo han sabido, que los pactos de la Moncloa afectaron a dos áreas importantes de la vida pública: uno dedicado al saneamiento y la reforma de la economía, con un país con un  20 % de inflación en aquel momento y que había llegado a tener un 47 %,  y otro, no menos importante en aquel momento, que estableció un programa de actuación jurídica y política con acuerdos sobre libertades públicas, derechos de asociación sindical, primeras reformas laborales, etc.

Y recuerdo o informo que los firmantes del pacto fueron Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo por UCD, Felipe González por el Partido Socialista Obrero Español, Santiago Carrillo por el Partido Comunista de España, Enrique Tierno Galván por el Partido Socialista Popular, Josep María Triginer por el Partido Socialista de Cataluña, Joan Reventós por Convergencia Socialista de Cataluña, Juan Ajuriaguerra por el Partido Nacionalista Vasco y Miquel Roca por Convergència i Unió. Manuel Fraga, líder de Alianza Popular suscribió el acuerdo económico, pero no el político.

Y que sirva, de nuevo, de recordatorio o de información para los que ahora dicen que estos pactos y la propia transición fue una continuación del franquismo. Desafío a que alguien encuentre en este momento en la política a personajes tan brillantes, de tanto nivel, tan comprometidos con sus ideas, tan libres en su ejecutoria personal y con idearios políticos tan divergentes. Pero todos ellos eran inteligentes, se sintieron respaldados por sus partidos y actuaron con algo desaparecido en la actualidad: el sentido de Estado.

Similares, permíteme la ironía, a todos estos paniaguados que se pasan el día dando lecciones de política, de ética, de economía o de lo que sea. O que etiquetan a los ciudadanos y deciden quienes son los buenos y quienes los malos sin haber tenido que pelear por los derechos  ni las libertades o para conseguir el bienestar social. Y sin haber tenido una responsabilidad real en la vida, como dirigir una empresa por ejemplo.

¡Claro que hay españoles de ese nivel! Pero están fuera de la política, aunque la sientan, porque esta sociedad absurda y desmembrada, cobijo de tantas insensateces, decadente por falta de retos y estímulos de esta generación que se lo ha encontrado todo hecho, les ha disuadido de aceptar cargos públicos o responsabilidades de gobierno.

Es necesario que se haga lo que sugiero o cosas parecidas y hacerlas pronto. Antes de que se emponzoñe más lo que ya presenta síntomas de gangrena social. Puede que este momento no sea o no parezca tan grave como aquel del año 77, pero también es gravísimo y no se puede perder tiempo decidiendo si son galgos o podencos.

Y si este escrito te parece bien, no porque sea mío sino porque refleja el estado real de la sociedad española, divúlgalo. Y si no es así dime en que me he equivocado. Explícame cuales son las otras alternativas. Pero no nos quedemos quietos y callados. ¡Ahora no!

La pandemia que nos vino

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones , , , ,

Hace días, cuando comenzó la pandemia y el gobierno empezó a tomar decisiones, llegué a la conclusión de que  no debía hacer comentarios sobre su actuación porque pensaba y sigo pensándolo, que es momento de acatar y no de discutir. Que tiempo habría para todo.

Pero resulta que es el propio gobierno el que ha levantado la veda con alguna de sus decisiones. El gobierno y la formidable máquina de propaganda de la izquierda que hizo que Aznar fuera el culpable del desastre del Prestige, que Rajoy lo fuera de la infección de una persona en la crisis del ébola, o del sacrificio del perro de la infectada que justificó multitud de manifestaciones en toda la nación. Que todo lo malo que ocurre en la faz de esta España nuestra tiene un origen evidente y comprobado: Los gobiernos de la derecha.

Esos movimientos de la izquierda más ultra que aseguran sin rubor que gran parte del problema actual viene por los recortes en sanidad. Como si la sanidad no hubiera seguido funcionando con normalidad hasta hace cuatro días, o como si esta pandemia fuera previsible a largo plazo. Y consiguen, otra vez, titulares en los periódicos y encendidas proclamas en las emisoras de radio y televisión más afines a la izquierda montaraz tratando de justificar lo injustificable.

Vaya por delante que el presidente del actual gobierno no ha sido el que  ha traído el virus a España, como tampoco fue Zapatero el causante de la crisis económica de su momento. Pero ambos tienen algo en común: la falta de decisión y la ausencia total de liderazgo de cada uno de ellos ha provocado que las medidas preventivas o las soluciones, o se retrasaran o se complicaran. Sin ninguna duda.

Muchos consideramos que el presidente, mimbres propios aparte que los tiene, es un producto del marketing político. Una criatura modelada por Iván Redondo, contratado para hacerle presidente a cualquier precio y sin más condicionantes que los necesarios para asegurar la connivencia del mercado objeto formado por independentistas, podemitas, proetarras, PNV y cualquier bolsa de votos con posibilidades de ser comprada o que admita trueques.

Porque es notorio que el Señor Sánchez nunca ha querido nada con  la llamada “derechona” por sus coros mediáticos, otro de los hallazgos lingüísticos del muy evolucionado idioma de los “progresistas”. Y no ha querido porque sabe que a esos partidos de la derecha corrupta  no los puede comprar con dádivas, sino con pactos de gobierno. Y en ese escenario no hubiera tenido más remedio que aceptar algunas condiciones que limitarían parte de sus proyectos.

Y como consecuencia se compuso un gobierno “bonito” con una mínima capacidad de gestión por falta de talla de la mayoría de sus ministros. Obedientes unos, muy de “follows the leader”,  representantes de varios grupos sociales  incluso de tendencias sexuales, otros. Porque tratándose de marketing nada es casual. Ni el más mínimo gesto.

Y luego están los podemitas, a los que creía poder controlar dándoles ministerios floreros y tareas de andar por casa. Suposición que resultó vana muy desde el principio porque Pablo Iglesias formación y capacidad de gestión no tendrá, pero codos para abrirse paso en la política y capacidad para hacerse visible en cualquier situación le sobran. Y porque, como político, tiene bastante más talla que su muy querido (¿?) presidente,

Y el resultado es que, como he comentado en algunos cortos titulados ”el zorro cuidando las gallinas”, los podemitas del consejo de ministros le han ganado en presencia y titulares en alguna que otra ocasión. De hecho siempre que han tenido oportunidad. Aunque sea con ocurrencias aprobadas en consejo de ministros como la que anunció ayer la de trabajo: “se prohíbe por decreto despedir a ningún trabajador”.

Sabiendo como sabe el Señor Sánchez que es una decisión absurda, inconstitucional y poco práctica. Porque en la situación actual las empresas solo tienen tres opciones: Un ERE temporal, un ERE definitivo, el despido de trabajadores o el cierre de empresa. Porque si una empresa de cinco empleados no puede despedir a dos para subsistir, solo le quedará bajar la persiana.

Me tranquiliza ver que la ministra ha contado con el respaldo incondicional de Pepe Álvarez Suárez, ese cerebro privilegiado dominador de la economía y con amplia experiencia como empresario. Este país no avanzará nunca si los cuadros dirigentes de entidades de tanto peso como son los sindicatos y tantas otras  del mundo de lo “paraestatal”, están en manos de vividores y/o supervivientes como el Señor Secretario General de la Unión General de Trabajadores. Para nota.

Consejo de ministros, decía, que ha completado la literalidad de los nuevos cánones y las cuotas exigidas por el feminismo, el independentismo y el Partido Socialista de Cataluña, que tampoco es moco de pavo. También es cierto que ha reservado dos o tres carteras para gente de más fuste, supongo que por la necesidad de disponer de alguien con capacidad de tener presencia en la Comunidad Europea y otros foros extranjeros y para contar con un mínimo de credibilidad en el mundo empresarial.

 Así pues Iván Redondo cumplió su objetivo y, como recompensa y para que pudiera seguir manejando los hilos del guiñol, se le nombró plenipotenciario en la sombra, fuera del control del parlamento y manejador de personas y situaciones.

Pero a este gobierno de diseño configurado para engrandecer la ya muy engrandecida figura del líder, le ha sobrevenido una situación impensable hace meses en la que toda capacidad de liderazgo, excelencia en la gestión y firmeza en la toma de decisiones sería poca.

Situación que  arrancó con un presidente de gobierno desaparecido durante días y que cuando apareció, declarada ya la crisis sanitaria, me defraudó tanto su mensaje que en un arrebato de desilusión escribí algunas cosas que me hubiera gustado escuchar del presidente del gobierno en un papel de “líder necesario”:

Dado que estamos en situación de emergencia nacional he decidido dejar en segundo plano y de forma temporal a una parte de las carteras ministeriales, potenciando un gabinete de mínimos integrado por los ministerios de Sanidad, Defensa, Obras Públicas, Economía, Hacienda y Asuntos Exteriores.

Por las mismas razones, falta de necesidad en la situación actual,  he ordenado el cese inmediato de todos los asesores de los políticos en activo en todos los estamentos del Estado: Gobierno, Cortes Españolas, Senado y Comunidades Autonómicas. Todas las funciones asignadas a estos asesores serán asumidas por funcionarios de cada uno de los niveles afectados. (Esto como ejemplo de austeridad en previsión a la que nos viene, naturalmente)

Tengo la intención de convocar de inmediato a los líderes de los partidos políticos para consensuar un programa de acciones para hacer frente al problema sanitario y al  económico subsiguiente. Un plan de largo recorrido que facilite la recuperación de la nación en el menor plazo posible, que no debe ser superior a tres años.

Siendo el gobierno de la Nación quien ha decidido el cierre temporal de la gran mayoría de las empresas agrupadas como PYMES, todas las afectadas por esta medida quedan exentas de pagar a la Hacienda Pública todos los impuestos y cargas fiscales a las que están obligadas mientras se mantenga la orden de cierre.

Así mismo hemos convenido que los trabajadores incluidos en las plantillas de las empresas cerradas obligatoriamente que fueren despedidos por falta de actividad laboral, pasen a cobrar el subsidio de desempleo con carácter inmediato aplicando un trámite acelerado extraordinario para legalizar la nueva situación

Estas, repito, y algunas otras que también escribí son las palabras que hubiera esperado de un auténtico líder.

Estos textos en cursiva los escribí  el pasado día 18 de este mes, pero decidí no publicarlos porque, como decía anteriormente, pensé que era momento de atender las decisiones del gobierno y no crear más confusión entre los pocos que puedan escucharme. Ni siquiera me amparé en el clásico “acato pero no comparto” y me limité a acatar sin más comentarios

Pero ahora es el gobierno el que ha roto las reglas de juego porque el presidente ha pasado de no aparecer en días, a largarnos unas arengas televisivas larguísimas e innecesarias por  falta de contenido,  con el único objetivo de  justificar sus acciones, incluso antes de que nadie de la oposición le hubiera pedido explicaciones políticas de forma apremiante.  Oposición que, por cierto, apoyaron en bloque las decisiones del gobierno con muy pocos “peros”, hasta el debate de ratificación de la ampliación del aislamiento, primera vez que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox le cuestionara decisiones de forma más concreta. Debate que, como todos los que puedo, lo seguí en directo hasta la madrugada para que nadie me cuente lo que allí sucedió según su versión más o menos interesada.

Y, como decía, toda la verborrea absurda modelo venezolano no tenía otro objeto que curarse en salud alabando sus decisiones y comparándolas, con datos falsos, con las tomadas por “otros gobiernos” que, según su versión,  lo habían hecho peor. Afirmación totalmente inexacta si exceptuamos a Gran Bretaña, dirigida por un presidente todavía más demagogo y menos previsor que el nuestro.

Es decir: Es evidente que en plena crisis y teniendo el problema que tenemos, el marketing de Iván Redondo ha vuelto a la política.

Parece que alguien en el entorno del gobierno cree que de esta situación sanitaria y del gravísimo problema económico que va a crearnos, se puede salir sin un gobierno de concentración de los grandes partidos. Y no importa quien lo dirigiera, porque lo mismo diría si fuera el PP el que gobernara en este momento.

Y si alguien está preparando un relato de “Sánchez el Salvador”, el que “nos libró de la crisis sanitaria y nos recuperará de la económica” es, como mínimo, un insensato. Los grados siguientes son loco y peligro público. Esto no es como desenterrar a Franco y “traernos la democracia plena”. Aquí hay muchísimo en juego y hace falta un gobierno que ponga pie en pared a la hora de tomar decisiones por muy duras que sean, que se deje de adornos, fruslerías y políticas de aulas de universidad y que se apoye, negociando y colaborando, con los otros gobiernos de la Unión Europea.

Y en esta línea de seguir “a lo suyo”, el señor presidente nos ha colado de rondón, en plena crisis y con toda la ciudadanía pendiente de otras cosas, el nombramiento del Señor Iglesias para su cargo en el CNI. ¿Hacía falta hacerlo en este momento? Y también un “no sé qué” sobre posibilidad de amnistiar a presos. ¿Tocaba?

También ha permitido, demostrando una evidente falta de coherencia y de autoridad, que el vicepresidente Iglesias rompiera la obligación de aislamiento que ellos mismos han ordenado a la ciudadanía. Y digo falta de autoridad porque no hay duda de que ha sido el propio Señor Iglesias quién ha tomado la decisión. Y cuando se ha preguntado a un buen profesional, como es Fernando Simón, ha dicho que “pueden darse circunstancias especiales”, contestación claramente preparada que nunca diría un virólogo de motu proprio.

Hemos visto que en estos días el gobierno ha cambiado de criterio en varias ocasiones sobre el abastecimiento de material sanitario y otras materias de logística o de prioridades sanitarias, pasándolo de ser responsabilidad autonómica a ser competencia centralizada hasta que, al final, no se sabe si ha dejado las cosas como estaban al principio o ha parido un híbrido complejo que ha demostrado ser muy poco eficaz.

El problema no es el cambio de criterio en esto y en otras cosas, porque quien toma decisiones puede equivocarse y tiene el derecho y la obligación de rectificar. Lo lamentable es que en cada cambio ha flotado un “yo no he sido” del gobierno, incluso un “han sido otros” más directo. ¿Importan algo las culpabilidades cuando lo que se necesita son soluciones? La culpabilidad de cada cual ya se estudiará más adelante, que ahora no es tiempo de perder energías ni distraer la atención en temas menores.

Y destaco sin ninguna reserva la tarea que está realizado la ministra de defensa al frente de las Fuerzas Armadas que están demostrando una excelente preparación y una magnífica cooperación con todos los estamentos. Y no lo digo porque Margarita Robles me resulte especialmente afín. Lo digo porque es un hecho constatado que demuestra la diferencia entre ministros que saben gestionar y los que solo saben figurar.

Todo esto y en nuestras carnes, está siendo la prueba del algodón para un ministro de sanidad, profesor de filosofía en su vida “real”,  que hace lo que puede pero que está abrumado por la que le ha caído encima, a él y a todos los figurantes del gobierno, incluido el propio presidente.

Sustituir al ministro actual por otro con solvencia demostrada en situaciones de crisis debería haber sido la primera decisión del presidente del gobierno. Que haberlo los hay y muchos, en el propio PSOE, en otros partidos políticos o en el ignorado mundo de los independientes.

En cuanto a las ruedas informativas de cada día, se han convertido en un rosario de “prontos”, “próximamentes”, “estamos preparando” o similares. La gente, nosotros, necesitamos hechos concretos, y si no hay seguridades, para decir vaguedades, mejor dar los datos escuetos, incluso cuando son los periodistas los que preguntan.

Sin cejar en el empeño de achacar parte del problema a terceros. Quizás el ejemplo más palmario sea el de las residencias de ancianos a las que, aprovechando algunos escándalos puntuales surgidos en tiempos pasados, parecen hacer responsables de la muerte de los residentes por dejación o abandono.

Acusación falsa y torticera, porque las residencias son hogares y no centros hospitalarios y porque nadie les advirtió de lo que iba a ocurrir cuando el gobierno ya lo sabía. Porque si lo hubieran hecho en el mes de febrero, los responsables las hubieran aislado, hubieran protegido a los empleados y la mortalidad por el virus, precisamente por ser centro cerrados,  hubiera sido mínima.

En cuanto a las estadísticas, creo que están tratando de ocultar incluso ofreciendo datos objetivos, la gravedad de la situación y esa puede ser una de las razones de que la gente haya tardado en concienciarse. La realidad es que nosotros no somos ni el tercer, ni el cuarto más perjudicado del mundo. Todos los que hemos trabajado con datos conocemos la necesidad de cruzar varios de ellos. Sin embargo, en la comparecencia de cada día los portavoces de sanidad se limitan a lanzar cifras absolutas de contagiados, fallecidos y curados, que se comparan con las de otros países. Y así, pese a tratarse de datos horribles en sí mismos, no salimos tan mal en la foto.

¿Qué pasaría si se aplicara el porcentaje de cada una de estas cantidades sobre el total de la población española y de cada una de las naciones con las que nos comparamos, Italia o China por ejemplo? Que los resultados serían mucho más alarmantes.

Lo mismo que el ratio de personal sanitario infectado sobre el total  de infectados, que está alcanzando el 14 %. ¿Qué ha podido ocurrir, que se ha hecho mal, para que nuestros sanitarios se hayan contagiado de forma tan escandalosa?

La primera conclusión es que muchos de ellos se han contagiado sabiendo que podía ocurrirles, pero ha podido más en ellos el deber profesional y la generosidad que su seguridad personal. Y por eso les aplaudimos cada día a las ocho de la tarde.

Y la segunda es que los responsables de la sanidad no han sido capaces de abastecerles del material de protección necesario para evitarlo. Mal, muy mal por ellos.

En resumen. Insisto en que el gobierno no ha traído el virus y añado que no quisiera estar en la piel del Señor Sánchez porque lo estará pasando muy mal como responsable del gobierno y también en lo personal porque tiene a familiares y amigos infectados.

Y porque ha tenido que tomar decisiones muy duras, necesarias hoy, pero que le habrá dolido mucho tomar por muy caudillo que se considere. Y que daría la piel y posiblemente bastante más por disponer de una varita mágica que solucionara el problema aunque le costara el cargo.

Pero el hecho objetivo es que desde diciembre del pasado año todos los gobiernos del mundo, incluido el español, sabían lo que estaba ocurriendo en China. Y ni España ni algunas otras naciones hicieron nada.

Que en enero se supo que la cosa era seria y prácticamente tampoco.

Que cuando Italia empezó a alarmar a todo el mundo, se comenzó a hacer algo.

Que conociendo como conocíamos lo que ocurría en Italia cada día, el gobierno español tomó las mismas decisiones que  el italiano, pero con días de retraso.

Y la conclusión es muy sencilla: Cuando en nuestro país tenemos semejante nivel de contaminación y de muertes es evidente que algo se ha hecho mal, o al menos mucho peor que en naciones como Corea del Sur, Alemania o la misma China.

Nadie tendrá la culpa en lo personal, nadie quería que ocurriera, pero semejante caos necesitará un análisis muy desapasionado de los hechos, que no podrán hacer los responsables actuales en el gobierno, y no se si los partidos de la oposición que quizás no hayan presionado como merecía la ocasión. Y porque todos ellos manejas foros dirigidos para obnubilar a la opinión pública.

Pero esta vez no podemos dejarlo. Esta vez si que “nunca máis”. Nos jugamos demasiado

Lo ocurrido y sus consecuencias superan al mundo de la política. Ellos son los responsables de resolver estas situaciones, sí, pero la evidencia demuestra que esta clase política, la de ahora, con este control absoluto sobre la sociedad y con este desparpajo para hacer y deshacer a su antojo no son los más indicados.

Es necesaria la gran reflexión, un nuevo pacto de la Moncloa. No para definir modelos de Estado ni cosas semejantes, sino para llegar a un consenso sobre que tipo de sociedad queremos, con que valores, con que limitaciones en nuestro “bienestar” actual, tan a corto plazo que está destruyendo el mundo. En que armas necesita la democracia para controlar a los grandes capitales o a los poderes fácticos.  

Y si no hacemos algo, volveremos a las improvisaciones y los desmadres que cuestan vidas y destrozan la economía.

Siento mucho verme obligado a escribir estas reflexiones, pero ha llegado el momento de exigir soluciones para hoy y para mañana.

Sin dejar de obedecer, con disciplina y sin ninguna reserva, las instrucciones del gobierno.