Los poderes del Estado y la actitud inaceptable del gobierno español.

Últimamente y con motivo de la confusión deliberada que está provocando el gobierno central, especialmente por boca de algunos de sus ministros, parece que las cosas no son como son, sino como algunos quieren que parezcan.

Y en este caso me refiero exclusivamente a la posición del Rey en la Constitución Española, sus funciones y sus obligaciones. Y digo exclusivamente porque la confusión no afecta solo a este tema, pero es uno de suma importancia por las consecuencias que pueda tener en cuanto a la información interesada lanzada a los ciudadanos. Información que, como digo, genera confusión aunque no tenga ni peso ni consecuencias legales ya que no hay ninguna posibilidad de que ocurra lo que dicen que va a ocurrir si no se siguen los procedimientos establecidos en la Constitución.

Se trata de hacer ruido y provocar división entre españoles, objetivo nunca disimulado de los partidos comunistas, tan amantes de tensionar situaciones, y de la extrema izquierda, al que, sorprendentemente, se han apuntado los socialistas de la fracción “Sanchista”

En primer lugar, recordar que el Título II de la constitución Española, en su artículo 56, punto 1 dice que: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Es decir, que la figura del Rey está por encima del resto de las instituciones aunque, lógicamente, tenga que coordinar alguna de sus acciones y todas sus opiniones con cualquiera de los tres poderes, especialmente con el ejecutivo, para no interferir en las políticas  puntuales de cada uno de ellos o en las del gobierno de turno.

Pero repito que las cosas son como son y no como dicen que son. La estructura del Estado, cuya representación y máxima autoridad la ostenta el Rey, está basada en la separación de los tres poderes: Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El Legislativo, compuesto por las Cortes Generalesejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”, y es el único lugar en el que se pueden promulgar leyes a propuesta del Ejecutivo o por alguna de las otras iniciativas previstas en el reglamento de las Cortes Españolas. Lo componen las Cortes y el Senado.

El Ejecutivo, que es el gobierno de cada momento, elegido con la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y que está sujeto al control del legislativo y del judicial para garantizar que sus actuaciones se ajustan a derecho en la forma y no incumplen la Constitución en los hechos.

Y el Judicial que tiene la obligación de validar que ciudadanos y estamentos cumplan las leyes  establecidas, incluido, como decía antes, el propio poder Ejecutivo y también a los miembros de la judicatura.

Y ¿Qué tiene que ver todo esto con la polémica actual? Todo.

Decía que el Rey debe consultar y obtener la aprobación del gobierno para evitar interferencias en las políticas de cada gobierno, pero solo en lo que se refiere a las políticas “legales”, aquellas que, como decía, se ajustan a derecho y ni incumplen leyes ni se entrometen las decisiones de los otros poderes en la estructura del Estado.

Es decir: El Rey no puede ir por su cuenta a un acto convocado por la Asociación de Machistas Empedernidos o de Enemigos de la Migración Africana, si es que existieran esas asociaciones  y quiera Dios que nunca existan, ni tampoco organizarse un viaje a un país extranjero sin la aprobación del gobierno porque puede afectar a las relaciones internacionales, pero claro que es libre de aceptar invitaciones o acudir a actos propios de los otros poderes del Estado o de los estamentos y organismos que lo soportan, como son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad,  asociaciones profesionales, etc.

Porque resulta que, por mucho que el gobierno  trate de aparentar lo que no es hinchando las plumas como los pavos reales macho, cada uno de los poderes del Estado tiene su marco de actuación perfectamente definida y tienen reconocido el mismo estatus estatal. Exactamente el mismo.

Es cierto que el Ejecutivo está mucho más en la actualidad por la inmediatez de los acontecimientos y por la dinámica que obliga ser el que tiene la facultad de tomar decisiones sobre temas del día a día, pero eso no significa que esté por encima de los otros dos, ni mucho menos que tenga el mismo nivel que el Rey, único representante real y legal del Estado Español.

Y así ha sido siempre y siempre se han respetado las reglas del juego desde el año 1978. Las que afectan al orden y también las de cortesía. Y todos los presidentes de gobierno, de izquierda o de derechas, las han mantenido escrupulosamente.

Y en este contexto, el presidente del gobierno está facultado para lo que está y únicamente es responsable de lo que es responsable: Gestionar adecuadamente los recursos del Estado, trabajar por la mejora de vida de los españoles, buscar la concordia, mantener buenas relaciones con otros países y, en definitiva, dejar la nación mejor que cuando ocuparon el cargo.

Sería absurdo suponer que cuando el Señor Sánchez va a Bruselas y negocia algún asunto o da una rueda de prensa, por ejemplo, habla en nombre del gobierno, de las cortes y de la judicatura. Eso, hablar en nombre del Estado, solo le corresponde al Rey, pero pretender que se cumplan estos principios elementales es auténtica ciencia ficción en los tiempos que corren.

Porque es evidente que desde que entró en la Moncloa, Pedro Sánchez está tratando de minusvalorar el papel del Rey, desde el famoso ¿error de protocolo? del besamanos, pasando por llegar con retraso a sus citas con el Rey, o el haber suspendido de hecho los despachos semanales en la Moncloa, que no están regulados por leyes, pero que es una costumbre que han mantenido todos los jefes de gobierno y que simbolizan lo que son: El respeto y acatamiento de los gobiernos a la jefatura del Estado.

Respeto que se simboliza en los otros poderes con la apertura oficial de las Cortes de cada legislatura, que preside el Rey, o con la del año judicial que también preside.

Porque cuando el gobierno, las Cortes o el Poder Judicial ejercen sus funciones, no lo hacen en su propio nombre, sino en nombre del Estado, que es como decir en Nombre del Rey que lo representa, de la misma forma que en las naciones republicanas lo hacen en nombre de la República.

Y parezca lo que parezca, desde el punto de vista legal continuamos exactamente igual que hace años, por mucho que le pese a Pablo Iglesias, comunista venido a más y al propio Pedro Sánchez, el peor colaborador del Rey, el más ambicioso y el que menos escrúpulos tiene para medrar en lo personal a costa de lo que sea. Una especie de “trilero mayor del reino” que ayer mismo y en sede parlamentaria, casi afirmó que los que defendían la monarquía la estaban patrimonializando.

Pero, eso sí y como siempre, lanzó la piedra y escondió la mano porque él no atacó al Rey, pero permitió sin inmutarse que parte de su gobierno y de sus socios independentistas lo hicieran. Forma de actuar en política inventada por los nacionalistas vascos de tiempos de Arzallus cuando decían que “unos agitan el árbol y otros recogen las nueces

Pero si preguntáramos a los ciudadanos, incluidos muchos universitarios, contestarían que el que manda es el gobierno y que el resto de poderes, incluida la corona, deben estar sometidos a su autoridad sin pensar que un gobierno de locos, que puede salir porque estamos en una democracia, podría destrozar nuestras estructuras si no hubiera alguien que le controle y le pare los pies..

Se podrá cambiar la forma de Estado y pasar a ser República, se podrá conseguir que el poder judicial y el legislativo dependan de la “máxima autoridad” como ocurre en Venezuela y en otros países con democracias degeneradas, pero para llegar a ello hay que seguir un proceso claramente marcado por la Constitución. Y no me parece ni factible a corto plazo ni oportuno en este momento.

Eso o sacar al ejército a la calle, como en ocurre en esos países, cosa absolutamente imposible teniendo como tenemos unas Fuerzas Armadas y unos Cuerpos de Seguridad del Estado democráticas y preparadas, que me atrevo a asegurar que ni siquiera obedecerían las órdenes del Rey, capitán general delos ejércitos, si les diera una orden inconstitucional.

Como ya se demostró en el desgraciado 23F, que quizás no fue tan “desgraciado” porque sirvió para demostrar con la fuerza de los hechos que la gran mayoría de los poderes del Estado, incluidos los estamentos militares, estaban al servicio de la nación y no al de cabecillas nostálgicos e irredentos.

Todo esto puede parecer “un rollo”, pero es algo que deberían conocer los españoles desde las escuelas como ocurre en los países democráticos de todo el mundo. Si conocemos las normas elementales del código de circulación ¿Cómo ignoramos los fundamentos de la Constitución y de nuestra forma de Estado?

Esta es la verdad de nuestra situación legal y no lo que parece si se escuchan determinadas tertulias, se leen determinados periódicos, o se siguen muchas de nuestras malintencionadas y dirigidas redes sociales.

Pero eso, hablar por boca de ganso, es lo fácil y lo cómodo. Leer algo que no enseñan en los colegios ni tampoco en la Universidad, hasta puede provocar dolor de cabeza.

Incluso se vende como cosas de fachas o de viejos.

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