Cualquiera que lea lo que escribo sabrá que nunca he cuestionado las sentencias de los tribunales. Unas me gustan más y otras menos, como a todos, pero ni siquiera comento estas afinidades o discrepancias porque entiendo que los jueces están sujetos a las leyes que elabora o desarrolla el Legislativo, que son los únicos que conocen todos los hechos y las circunstancias y que, afortunadamente, en su inmensa mayoría siguen manteniendo una independencia en sus actuaciones por muchas presiones que reciban desde la política interesada, los poderes fácticos, las redes sociales y los medios de comunicación.

En este momento tenemos una auténtica crisis nacional provocada por una serie de factores coincidentes que amenazan con  generar una auténtica tormenta perfecta en contra del normal ejercicio de la democracia y de un mínimo de convivencia pacífica entre los españoles.

Ruptura en la convivencia muy difícil de evitar porque los políticos de “alto nivel” necesitan tener detrás de sus iniciativas a ciudadanos-seguidores, aunque se les haya convencido con medias verdades, mentiras, o malas artes democráticas.

El primer facilitador de la tormenta es la actuación y el posicionamiento del gobierno actual, gobierno legítimo y actuando desde la legitimidad, que ha preferido pactar asuntos de estado con minorías prácticamente antisistema, como son los separatistas catalanes y vascos, con Bildu y con un desconcertante partido comunista renacido de las cenizas de los comunismos pre democráticos, marinados en los muy peligrosos caldos de cultivo de algunas falsas democracias latinoamericanas, en las que los gobernantes actúan como auténticos dictadores tratando de conseguir el poder absoluto en sus respectivas naciones.

Todo esto en lugar de buscar acuerdos con otros partidos de gobierno con los que hubiera podido conseguir algunos pactos que consolidaran o actualizaran algunos de los muchos e importantes temas que tenemos pendientes. Un desgraciado gana-gana por el que Pedro Sánchez se mantiene como presidente, que parece ser su único objetivo,  y sus “respaldadores” obtienen concesiones que no obtendrían, seguro, si el “sanchismo” se hubiera aliado con el PP o con Ciudadanos.

Pero esta situación, como la del Legislativo, tan condicionada por la disciplina férrea a la que obligan las listas electorales de nuestro maldito sistema electoral, pude cambiar en las próximas elecciones, o en algún momento del futuro.

Lo de la Judicatura y muy especialmente lo del Poder Judicial, es mucho más complejo porque si bien los jueces son libres como tales en sus tribunales, el Consejo Superior del Poder Judicial tiene una marca de duda en su propia configuración, porque sus miembros son elegidos por los políticos.

¿Y porque ese empeño en colocar en el Consejo Superior del Poder Judicial a determinados personajes?

Solo hay una explicación razonable: Que teniendo la seguridad absoluta de que van a cometer delitos o irregularidades legales, necesitan colocar en el Tribunal Supremo, órgano que les juzgará por estar aforados, a jueces de “su cuerda” pensando que llegado el caso doblarán la vara de la justicia a favor de los que les han elegido. Cosa que no acabo de creer porque la gran mayoría de los jueces son imparciales a la hora de sentenciar, pero que puede darse en algún caso.

Y siendo el Consejo Superior del Poder Judicial el que nombra a los titulares de las salas, ateniéndose a ciertas condiciones por supuesto, blanco y en botella.

¿A ustedes se les ocurre alguna otra razón para mantener esta lucha férrea para colocar nombres el Consejo? A mí no. Y lo digo francamente.

¿Y cuál puede ser  la reacción del gobierno a la vista del bloqueo? Parece ser que actuará como acostumbra, cambiando las reglas de juego si las existentes no le garantizan ganar la partida.

En primer lugar inventarse un “algo” (ley, decreto, o lo que sea) que prohíba a los miembros del Consejo Superior efectuar nombramientos si ya han superado su tiempo de mandato. Cosa que va contra la lógica, contra lo que es normal en todas las entidades de la vida civil, incluso de la religiosa, e incluso contra los Estatutos del Poder Judicial de España, que a este respecto dicen textualmente: “Los vocales son nombrados por un período de mandato de cinco años, a partir de la fecha de la sesión constitutiva. El CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo”.

Es decir: que pueden seguir tomando decisiones y hacerlo de pleno derecho.

Con el agravante de que esta demora en los cambios no lo provoca el propio Consejo, que hace tiempo que están pidiendo de todas las formas posibles que las Cámaras decidan los nombramientos, sino la desidia y el egoísmo de los partidos políticos que no se ponen de acuerdo en proponer a los candidatos.

La otra cuestión es que Pedro Sánchez está estudiando la posibilidad de que la elección de miembros del Poder Judicial pase a ser de tres quintos a mayoría simple, por lo que bastarían los votos de sus compañeros de aventura para cambiar el espíritu y el texto de la propia Constitución, que en el punto 3 del artículo 122 dice textualmente: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

(Una aclaración seguramente innecesaria, pero conveniente: Cuando dice “nombrados por el Rey” quiere decir que el nombramiento formal, la firma, es la del Rey como representante y máxima autoridad  del Estado Español)

¿Cómo lo van a conseguir? Seguro que la factoría Redondo ya está localizando todas las grietas legales existentes en el texto de nuestra Carta Magna, no en el espíritu, para forzar algún tipo de desarrollo y conseguir sus fines. Como hacen siempre.

Cuando lo que deberían hacer si les quedara algo de vergüenza, es buscar algún tipo de consenso para que sean los jueces los que elijan a la totalidad o a la mayoría de los miembros del Consejo, que ahora dependen de las siguientes votaciones:

Puede que hayan jueces “bizcochables” aunque menos de los que la gente se cree porque una vez en sus juzgados la gran mayoría pierden la parcialidad, pero “jurista de reconocida competencia” puede ser hasta un abogado de ETA si nos descuidamos, esos que pasaban a los presos las consignas de la banda, porque de este gobierno, el que dice que Otegui es un “hombre de paz”,  se puede esperar cualquier cosa.

Y de darse el caso, menos fantástico de lo que parece, no habrían medias tintas ni “verdades judiciales”. Irían a saco como siempre han ido.

Por lo que, insisto, si de verdad tuvieran un mínimo de honorabilidad y de sentido democrático, renunciarían al derecho de nombrar a estos 20 titulares del Consejo en favor delos propios jueces.

Alegan para no hacerlo que muchos jueces “tienen ideología” y podría salir un consejo progresista o conservador.

¿Más ideas políticas que los políticos profesionales? ¿Más intereses? ¿Menos fiabilidad? Es evidente, como no, que los profesionales de la judicatura tendrán interés en conseguir tal o cual plaza o hacer carrera profesional pero, por supuesto, con menos condicionantes y utilizando muchas menos trapacerías que nuestros muy deteriorados democráticamente padres de la patria.

Porque, ellos sí, están expuestos a la luz pública y no pueden arriesgarse a ser acusados de prevaricaciones o posiciones de favor. Entre otras cosas porque sus conductas serían analizadas y sancionadas por el propio Tribunal Superior.

Escribo esta nota en el convencimiento de que es como predicar en el desierto, frase acuñada para San Juan Bautista y salvando todas las circunstancias, pero yo me considero obligado a practicar cierta pedagogía que, por supuesto, no servirá de nada. Ni convencerá a mis seguidores partidistas ni afectará las decisiones de “los que mandan” porque ni siquiera la leerán aunque se la remita como tengo por costumbre.

Pero, al menos, he intentado poner mi granito de arena denunciando estos hechos y las maniobras políticas que se están pergeñando.

Lo demás no depende de mí. Solo tengo un voto y ninguna seguridad de que, vote a quien vote, lo utilizará adecuadamente.