El gobierno ha aprobado con urgencia una ley de educación sin consultar con ninguno de los estamentos o colectivos expertos o afectados, otra ley que aprueba la eutanasia sin escuchar ni a médicos, ni a sicólogos, ni a bioéticos, ni a nadie medianamente experto en tema tan delicado y está intentando sacar adelante otra que limitaría las funciones y competencias del Consejo Superior del Poder Judicial a partir de la prórroga en la renovación de sus vocales, sin atender a las muy fundadas razones de la Judicatura cuando dice que es un tema que deben resolver los políticos y no ellos, víctimas de la inoperancia de los responsables de nombrarlos.

Y este hecho, la ausencia de asesoramientos profesionales en su gestión, permiten afirmar que son leyes aprobadas por criterios puramente políticos o ideológicos

Es cierto que todas llevan el nombre de los ministros que las han impulsado o defendido en el Congreso, pero sabemos que teniendo un gobierno tan sujeto al líder, es el propio presidente el que está detrás de cada una de ellas. Porque nadie en la  Moncloa, ni siquiera los que aparecen más independientes, osarían levantar una ceja sin su permiso.

Por lo que podemos suponer que Pedro Sánchez, licenciado en Ciencias Económicas y con la única experiencia fuera de la política de haber dado clases en la Universidad Camilo José Cela, seguramente empujado por Pablo Iglesias, licenciado en Ciencias Políticas y profesor interino de la Complutense y siempre asesorado por Iván redondo, el Rasputín de la Moncloa, licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto y con un grado de especialización en Información Económica por la Universidad Complutense de Madrid, han alcanzado el culmen de la sabiduría, si no el don de la ciencia infusa y saben más que docentes, padres, sicólogos, médicos, juristas, bioéticos y que cualquier experto en las mil materias que influyen en el normal desarrollo de una sociedad.

Y nos encontramos con la rocambolesca situación de que siendo como eran en un principio nuestros “representantes”, los que actuarían según la voluntad “del pueblo”, se han convertido en dirigentes de hecho, en líderes sociales que se pasan el día dándonos instrucciones o dictando leyes que condicionan nuestra vida y, en muchos casos, nuestros derechos y libertades.

Me dirán que el gobierno ha obtenido una mayoría de votos en estas propuestas, pero tener mayoría de escaños a favor no supone tener mayoría de votos populares y, por otro lado, es evidente que esta circunstancia no les faculta para tomar decisiones fuera de la lógica parlamentaria o, en muchos casos, de dudosa constitucionalidad. Mayoría, grandes mayorías, tuvieron Hitler y otros grandes genocidas o farsantes de la historia reciente.

Como el hecho de que hayan decretado el estado de alarma durante seis meses, sin necesidad de renovarlo cada quince días como manda la Constitución, situación que permite al gobierno evadir la gran mayoría de controles a los que está sujeto por ley.

Ni tampoco es de recibo que leyes de tanto calado no se consensuen con la otra mitad de los congresistas y salgan adelante con el apoyo de un montón de partidos de ideologías diversas y confusas, a las que solo les une el interés mutuo de mantener a Sánchez en la Moncloa por propia conveniencia y deshacer lo conseguido en lo que ellos llaman “régimen del 78”.

Sigamos así. Con un gobierno que  ha manejado y sigue manejando la pandemia con criterios políticos, como si formara parte de un prolongado proceso electoral. Y que ha mentido cuando anunció un comité de expertos inexistente, o ha creado polémicas innecesarias enfrentándose con algunas comunidades, especialmente con la de Madrid.

Y que se mantiene a la espera de recoger los posibles éxitos sobre la maldita plaga, que los habrá, culpando a las autonomías de todo lo que salga mal. Menos a la catalana y a la vasca, porque necesita su apoyo parlamentario.

Al paso que vamos, el problema de la atención primaria se solucionará poniendo a un político en cada consulta, será un político el que de clases a nuestros hijos o nietos en los centros de enseñanza y será un político, como no, quien nos juzgue en los tribunales españoles. Porque el siguiente paso será que la sabiduría alcanzada por los grandes urdidores de la actualidad nacional se adquirirá con solo formar parte de una lista electoral

Y desde ese momento, todo será vino y rosas. Especialmente para los políticos.

La Transición fue una maravilla de maniobra política estudiada y aplaudida en el resto del mundo. Me temo que dentro de muy poco también seremos objeto de análisis internacional, pero por todo lo contrario.

Porque las universidades y los analistas políticos del mundo occidental, (no los “politólogos” porque estos, como nos ha demostrado Iván Redondo con su trayectoria profesional, solo son mercenarios al servicio del mejor pagador), tratarán de comprender como es posible que un Estado con la Constitución más moderna del mundo occidental, con unas leyes garantistas hasta el extremo de proteger demasiado al infractor, con unos avances sociales muy importantes y con una descentralización única en estados no confederales, por ejemplo, sea capaz de retroceder en la historia derivando hacia el comunismo trasnochado y deshaga nuestros logros democráticos avanzando hacia un gobierno autoritario que intenta controlar al resto de los poderes del Estado.

Porque los pretextos aducidos, república versus monarquía por ejemplo, solo son cortinas de humo. Si estuviéramos en una república y controlaran el poder los tres mencionados, Sánchez, Iglesias y Redondo, pueden estar seguros de que la ciudadanía estaría exactamente igual de secuestrada legalmente que lo está ahora y que los susodichos seguirían utilizando brechas en las leyes y retorciendo normas y buenas prácticas de gobierno para conseguir un poder absoluto con fachada de democracia, como ocurre en Venezuela, por ejemplo.

Como acabo casi siempre en los últimos tiempos y en espera de esa Ley Electoral moderna que no verán mis ojos, siempre nos quedará Europa