El ministro Ábalos, que continúa en su línea de malinformar, si no de informarnos maliciosamente, ha dicho que el Tribunal de Cuentas es una especie de piedras en el extrañísimo camino que ha emprendido el gobierno esperando una rectificación imposible en los planteamientos de los independentistas catalanes.

Es cierto, como ha dicho el presidente Sánchez a Angels Barceló, una de sus entrevistadoras de cabecera, que ese tribunal no forma parte de la estructura judicial del Estado, pero es él que tiene la obligación, el único que la tiene, de comprobar que el dinero público se destina a lo que debe destinarse. Tampoco Hacienda forma parte de la estructura judicial y ya sabemos cómo se las gasta.

Los tribunales de justicia solo intervienen en aquellos casos en los que se detecta y se denuncian malversaciones que tienen categoría de delito. La función del Tribunal de Cuentas es exigir que los malos administradores restituyan el dinero utilizado para fines diferentes a los previstos. En este caso para apoyar directa o indirectamente algunos de los gastos “del procés”, detrayéndolos de su destino previsto, que es favorecer la protección social y la seguridad de los catalanes, única razón que justifica la existencia de la propia autonomía y de sus dirigentes.

Y, conociendo sus funciones, es evidente que el Tribunal de Cuentas, es una amenaza para los partidos o los funcionarios públicos malversadores, afortunadamente una minoría por muy mediáticos que sean sus casos y una protección para los más de cuarenta y siete millones de españoles, entre los que se encuentran la inmensa mayoría de los funcionarios públicos que no tienen nada que temer porque no tienen nada que ocultar.

Si se consulta la web de este organismo, https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/ se puede leer:

“La Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable”

Siendo esta la verdad, ¿cuál es la razón de las mendaces declaraciones del ministro Ábalos, que sabe perfectamente que lo que dice ni es cierto, ni apropiado, ni bueno para la nación ni para los españoles?

En primer lugar, porque la intervención de este tribunal puede dificultar ese “ancha es Castilla”, en el sentido irónico de la frase, que el gobierno ha programado para los delincuentes indultados, y en segundo porque la canallada política de desprestigiar un organismo del Estado ¡desde el gobierno! es un paso más en la trayectoria trazada por  el presidente y la factoría Redondo: eliminar o restar poder y protagonismo a los poderes del Estado, de forma que acabe convirtiéndose en el único señor de vidas y haciendas de España, una especie de señor feudal de la nación.

En un comportamiento similar al de los antiguos señores: una aparente fidelidad a su Rey, al que apoyaban en lo que les convenía y cuando les convenía, manteniendo toda la autoridad en su feudo.

Recuerdo que este tribunal ya actuó contra Artur Mas, que tuvo que recurrir a ayudas de terceros y a una colecta pública para pagar los casi cinco millones malversados, por mucho que intentó evitarlo jugando las cartas que ahora vuelven a estar en la mesa: victimismo, mandato de sus electores, venganza, ruina para su familia, etc.

Exactamente los mismos argumentos que están empezando a utilizar los políticos acusados, porque los sentenciados civiles se libran de esa acusación porque no ostentaban cargos públicos.

Así que, señor Ábalos, Señor Sánchez y toda la peña de falsarios de la información, ni digan lo que no es, ni pretendan restar autoridad a un Tribunal de Cuentas que, posiblemente, les saque los colores algún día a algunos de ustedes, por utilizar medios públicos para uso privado, por ejemplo, o por invitar a amigo o familiares a pasar sus vacaciones en propiedades de Patrimonio Nacional.

Posibilidad que no es nada desdeñable.