Tenemos ideología y capacidad de decidir, somos poco de fiar.

La entrevista al presidente en televisión fue otra razón más para recapacitar sobre nuestra pobre calidad democrática, la que hemos propiciado nosotros mismos votando a quienes hemos votado y la gran traición, traición democrática pero inexplicable [1], de Pedro Sánchez utilizando los votos como los ha utilizado y pactando con quien ha pactado. Porque cada vez es más evidente que su objetivo de gobierno no es el bienestar de los españoles, ni mejorar nuestra calidad de vida, ni nuestra seguridad. El único fin creíble es su obsesión por mantenerse en el gobierno, para lo que necesita a los independentistas, aunque para ello perjudique a la ciudadanía y amenace con dejar a las instituciones arrasadas, casi en situación de tierra quemada.

Aunque lo disfrace de otras cosas para apaciguar a disidentes internos, como que el objetivo es “acercar” a los gobernantes catalanes, e incluso preparar el camino para una España federal. Pero yo no me lo creo. En este momento parece que en España no hay nada más importante que Sánchez ni más prioridad que mantener su liderazgo.

No lo conseguirá, porque todavía tenemos focos de resistencia en algunas de ellas y porque estamos en Europa, pero intentarlo hasta el final, lo intentará.

Hoy quiero referirme a los últimos comentarios sobre la renovación de los vocales del Consejo del Poder Judicial, reverdecidos estos días y a las canallescas declaraciones del presidente, en la Sexta, a propósito del Tribunal de Cuentas.

Sobre el primer tema, siendo dos los negociadores, no tiene ningún sentido insistir en que el Consejo no se renueva por el bloqueo y la cerrazón del PP. Por mucho que digan lo que no es, lo único cierto es que, en una negociación a dos, los dos son responsables del fracaso porque ninguna de las dos partes se baja de su machito.

¿Y cuál es el machito de cada uno? Siguiendo con mi costumbre de no mezclar temas y acogerme en lo posible a la literalidad de los conflictos, trataré de explicar que es lo que realmente está ocurriendo. Siempre según mi opinión, naturalmente.

El gobierno, no me atrevo a decir el PSOE, insiste en que se acepten determinados nombres en la lista de candidatos, manteniendo el tanto por cien legal que corresponde a la Cámara en este momento, mientras que el PP pide que sean los jueces los que vuelvan a elegir directamente a la totalidad de los que indica la Constitución. Jueces que en este momento elije el Legislativo porque hace años así lo decidieron con una ley absurda, inspirada en el afán permanente de los políticos por acaparar poderes y funciones que no les corresponden.

El artículo 117.3 de la Constitución. Dice que “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”

Es cierto que el texto no dice claramente quién debe elegir “a los doce”, pero lo que está perfectamente claro es que no determina que sean las cámaras quienes lo hagan y este hecho evidencia que no era intención del constituyente que fueran los políticos los que eligieran a los veinte. Porque de haber sido esa su intención, así así lo habrían expresado

Y son esos doce son los que el PP quiere devolver, porque se los “robaron”, a “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, elegidos por jueces en ejercicio, la mejor opción, o a algún otro tribunal designado al efecto y ajeno a las Cámaras”.

Y ante este dilema y como vengo diciendo hace más de cuatro años, estoy totalmente de acuerdo con el PP. Los políticos no tienen por qué elegir a los vocales del Poder Judicial. Es una función que se asignó a los jueces, que ya son mayorcitos para hacerlo, son profesionales en el mundo de la legislatura, tienen criterios objetivos para saber quiénes son los más convenientes y están sujetos a unas reglas y condiciones para elegir entre los candidatos.

¿Y cual es la posición más honesta, que los políticos voten a quienes más les convenga o que lo hagan profesionales de la judicatura, aunque tampoco tengan un cien por cien de objetividad, imposible de alcanzar cuando se elige algo o a alguien?

¿Cuál es el pretexto del gobierno actual y de los anteriores para no restaurar la situación original? Que los jueces tienen ideología y es peligroso dejar que sean ellos los electores para evitar que el Consejo General del Poder Judicial se politice.

¿Se lo pueden creer? Eso equivale a declarar que el monopolio de las inclinaciones políticas de los ciudadanos pertenece a los políticos “de profesión”, los que cobran por serlo. O que la ideología contamina inevitablemente a los ciudadanos.

Porque, amigos míos, llegó la transición y la gran mayoría nos interesamos por la política, por los partidos, por las ideologías y por saber “quién era quién” entre los candidatos en las elecciones. Muchos sabíamos a quién votar y porque hacerlo, porque eran tiempos de ilusiones y teníamos ganas de participar activamente en la democracia utilizando nuestro voto,

Pero pasó el tiempo, los políticos de las primeras hornadas, que nunca estuvieron en partidos porque no eran legales, ni vivieron de la política porque no existían los partidos, fueron dejando paso a los fenómenos sabelotodo actuales, una  buena parte de los cuales no tiene formación académica suficiente, ni saben lo que es ganarse un euro en la empresa privada, porque proceden del funcionariado o de los semilleros de los propios partidos, ocupando puestos reales o inventados en cada uno de ellos.

Y hemos llegado a un punto en qué a los dirigentes políticos actuales, exactamente igual que ocurría en la dictadura, no les interesa que exista más ideología que la suya, la de los profesionales que saben, ellos sí, lo que nosotros debemos pensar. Y si no tuviéramos cerebro, mejor que mejor. Que para eso está la Sexta, TV3 y algún que otro interpretador de la verdad. También otras plataformas de la derecha, por supuesto, aunque estas, al menos en más ocasiones, suelen utilizar argumentos más o menos interesados, en lugar de descalificar a personas.

En la dictadura teníamos el Movimiento Nacional, el que proclamaba que éramos una “unidad de destino en lo universal” y con ello nos bastaba y nos sobraba según la opinión de los dirigentes del momento. Y ahora, pasados estos años en democracia, ya no tenemos servidores públicos. Tenemos líderes carismáticos surgidos de conjunciones astrales, únicos depositarios autorizados de nuestras ideologías particulares.

Lo ideal, diría que lo urgente, es que todos los españoles tuviéramos ideología y principios éticos o morales, pero eso se ha convertido en un gravísimo factor de riesgo, indeseable y condenable si eres civil porque, según los que nos dirigen y controlan, no eres apto para ocupar cargos en los organismos del estado que no dependan directamente del gobierno de la nación. ¡Nada como el “pensamiento único”!

Tener ideología te convierte en indeseable, en inelegible, en motivo de desconfianza. Si eres político, no, claro, porque eres puro. Y si eres juez y ocupas un ministerio o un alto cargo del gobierno y vuelves a la judicatura, tampoco. Porque es evidente que ni la alternancia en los cargos, ni el hecho de tener información privilegiada, afectará al buen juicio de los jueces y a la imparcialidad de las sentencias. ¿Habrase visto mayor descaro?

Espero y deseo que todos los jueces, como el resto de los ciudadanos, tengan ideología porque, insisto, una nación democrática no puede funcionar con una población apolítica. Nos dejaríamos arrastrar, ya ocurre ahora en parte, por el más guapo, el más alto, el más convincente, el que de mejor imagen. Y lo mismo para las candidatas mujeres.

Porque tengo la seguridad de que su ideología, la de los jueces, no afectará a sus sentencias, que además son recurribles. Y sugerir siquiera que eso pueda suceder es tan villano como sería afirmar que un médico socialista no pondría su mejor saber y entender para curar a un paciente del PP y lo mismo en el caso contrario. O que un árbitro de futbol, que tendrá su equipo ideal, como todos nosotros, amaña el arbitraje para favorecerle.

Ningún médico dejó morir a un etarra y en más de una ocasión agentes de la Guardia Civil les prestaron primeros auxilios si resultaban heridos. Por mucho que les odiaran.

En definitiva: todos los españoles somos presuntos corruptos, menos los políticos, que en principio son los únicos que, por profesión y por ambición, sí que condicionan sus decisiones a sus intereses personales, de partido y, si queda espacio, a los de la ciudadanía.

Cuando, curiosamente, son los que peor utilizan sus ideologías porque las han convertido en excluyentes y radicales, de buenos y malos, de nosotros y los otros, en puro sectarismo. Mucho más peligrosa, muchísimo más, que las de cualquier integrante de estamentos en los que se toman decisiones o que los españoles en general. Porque los jueces, sean de derechas o de izquierdas, hablan entre ellos y se respetan. Como lo hacen los médicos o los miembros de cualquier colectivo, mientras que ellos, los que deberían dar ejemplo y romper barreras por el bien de la nación, no es que no se hablen, es que da la sensación de que se odian y que desearían el mal de sus adversarios políticos.

Y así nos va.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, el otro día ya manifesté mi opinión, pero ayer escuché decir a este presidente desleal a la nación y a las instituciones, que es un tribunal con ideología política, ¡cómo no, siempre el mismo argumento! Pues no. Es un tribunal formado por personas de mucha preparación y con ideologías personales, por supuesto, que actuarán objetivamente cuando dicten sentencias.

No es una sorpresa viniendo de este presidente que nuestra mala cabeza nos ha deparado. El único que defiende nuestros intereses de la nación desde puestos importantes que no tiene ninguna preparación previa para ser, nada menos, que presidente de una nación como España. Fue congresista acomodado y “pulsa botones”, sin pena ni gloria, hasta que decidió que eso era poco para él. Y, con la ayuda inestimable de Iván Redondo, pasó a convertirse en un trepa sin escrúpulos que ha debilitado gravemente al PSOE al deshacerse de todos los políticos de nivel que pudieran hacerle sombra y que ahora está tratando de desmontar el prestigio y la autonomía de los otros poderes del Estado.

Hasta el punto de que se ha tenido que fabricar un currículum a medida porque realmente no lo tenía.

Y que se ha apuntado a las tesis independentistas de desprestigiar al Tribunal de Cuentas porque le resulta imprescindible para mantenerse en el cargo y porque, como comentaba en mi nota del otro día, siendo el Tribunal de Cuentas el único organismo que vela porque los políticos no empleen el dinero para lo que no está destinado, ahora son los gobernantes de Cataluña por sus chanchullos, pero en un futuro inmediato sí que puede resultar una piedra en el camino, pero no para las buenas relaciones entre Cataluña y “España”, sino para su propia seguridad y la de alguno de sus ministros.

Porque, una vez que se conozcan los famosos y frecuentes “secretos de Estado” que el mismo ha decretado, es muy probable que les pidan cuentas por algún que otro “explíqueme Usted” sobre como se ha empleado una parte del presupuesto de Presidencia de Gobierno o de algún que otro ministerio.

  • La democracia tiene muchas fisuras que tapar. Nació bajo el principio de que los hombres compartirían intereses comunes y trabajaríamos para el bien de sus respectivas naciones, pero los intereses económicos primero y el egoísmo de muchos de sus dirigentes, que buscan estas grietas legales para usarlas en su beneficio, hace que cada vez sea más importante establecer mecanismos de control, o acabarán con ella los mismos que han sido elegidos para protegerla.

Y la alternativa ya la conocemos: dictadura pura y dura, imposible en España, o disfrazada de democracia, pero con las libertades públicas recortadas y la capacidad de intervención de los ciudadanos muy limitada. Como ocurre en algunas naciones que fueron “hermanas” de allende los mares y apunta en algunas europeas.

El gravísimo problema actual, es que, tal y como están las cosas y las mayorías parlamentarias en España ¿quién le pone el cascabel al gato?


[1] La democracia tiene muchas fisuras que tapar. Nació bajo el principio de que los hombres compartirían intereses comunes y trabajaríamos para el bien de sus respectivas naciones, pero los intereses económicos primero y el egoísmo de muchos de sus dirigentes, que buscan estas grietas legales para usarlas en su beneficio, hace que cada vez sea más importante establecer mecanismos de control, o acabarán con ella los mismos que han sido elegidos para protegerla.

Y la alternativa ya la conocemos: dictadura pura y dura, imposible en España, o disfrazada de democracia, pero con las libertades públicas recortadas y la capacidad de intervención de los ciudadanos muy limitada. Como ocurre en algunas naciones que fueron “hermanas” de allende los mares y apunta en algunas europeas.

El gravísimo problema actual, es que, tal y como están las cosas y las mayorías parlamentarias en España ¿quién le pone el cascabel al gato?

El Tribunal de Cuentas. Otra piedra en el camino

El ministro Ábalos, que continúa en su línea de malinformar, si no de informarnos maliciosamente, ha dicho que el Tribunal de Cuentas es una especie de piedras en el extrañísimo camino que ha emprendido el gobierno esperando una rectificación imposible en los planteamientos de los independentistas catalanes.

Es cierto, como ha dicho el presidente Sánchez a Angels Barceló, una de sus entrevistadoras de cabecera, que ese tribunal no forma parte de la estructura judicial del Estado, pero es él que tiene la obligación, el único que la tiene, de comprobar que el dinero público se destina a lo que debe destinarse. Tampoco Hacienda forma parte de la estructura judicial y ya sabemos cómo se las gasta.

Los tribunales de justicia solo intervienen en aquellos casos en los que se detecta y se denuncian malversaciones que tienen categoría de delito. La función del Tribunal de Cuentas es exigir que los malos administradores restituyan el dinero utilizado para fines diferentes a los previstos. En este caso para apoyar directa o indirectamente algunos de los gastos “del procés”, detrayéndolos de su destino previsto, que es favorecer la protección social y la seguridad de los catalanes, única razón que justifica la existencia de la propia autonomía y de sus dirigentes.

Y, conociendo sus funciones, es evidente que el Tribunal de Cuentas, es una amenaza para los partidos o los funcionarios públicos malversadores, afortunadamente una minoría por muy mediáticos que sean sus casos y una protección para los más de cuarenta y siete millones de españoles, entre los que se encuentran la inmensa mayoría de los funcionarios públicos que no tienen nada que temer porque no tienen nada que ocultar.

Si se consulta la web de este organismo, https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/ se puede leer:

“La Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable”

Siendo esta la verdad, ¿cuál es la razón de las mendaces declaraciones del ministro Ábalos, que sabe perfectamente que lo que dice ni es cierto, ni apropiado, ni bueno para la nación ni para los españoles?

En primer lugar, porque la intervención de este tribunal puede dificultar ese “ancha es Castilla”, en el sentido irónico de la frase, que el gobierno ha programado para los delincuentes indultados, y en segundo porque la canallada política de desprestigiar un organismo del Estado ¡desde el gobierno! es un paso más en la trayectoria trazada por  el presidente y la factoría Redondo: eliminar o restar poder y protagonismo a los poderes del Estado, de forma que acabe convirtiéndose en el único señor de vidas y haciendas de España, una especie de señor feudal de la nación.

En un comportamiento similar al de los antiguos señores: una aparente fidelidad a su Rey, al que apoyaban en lo que les convenía y cuando les convenía, manteniendo toda la autoridad en su feudo.

Recuerdo que este tribunal ya actuó contra Artur Mas, que tuvo que recurrir a ayudas de terceros y a una colecta pública para pagar los casi cinco millones malversados, por mucho que intentó evitarlo jugando las cartas que ahora vuelven a estar en la mesa: victimismo, mandato de sus electores, venganza, ruina para su familia, etc.

Exactamente los mismos argumentos que están empezando a utilizar los políticos acusados, porque los sentenciados civiles se libran de esa acusación porque no ostentaban cargos públicos.

Así que, señor Ábalos, Señor Sánchez y toda la peña de falsarios de la información, ni digan lo que no es, ni pretendan restar autoridad a un Tribunal de Cuentas que, posiblemente, les saque los colores algún día a algunos de ustedes, por utilizar medios públicos para uso privado, por ejemplo, o por invitar a amigo o familiares a pasar sus vacaciones en propiedades de Patrimonio Nacional.

Posibilidad que no es nada desdeñable.