Dolores Delgado es la nueva Fiscal General del Estado y visto desde fuera solo tiene dos posibles interpretaciones: o es un desatino, o responde a una estrategia de nuestro presidente para avanzar en su plan de invadir competencias del Poder Judicial.
Estrategia de invasión que en una primera fase, que empezó hace algún tiempo, consistió en descalificar con más o menos sutileza decisiones judiciales, interpretar sentencias del Tribunal Europeo de forma falaz y mentirosa como si la justicia española fuera cuestionable o estuviera cuestionada, o afirmar que este tribunal rectifica con mucha frecuencia decisiones de tribunales españoles, lo que equivale, de forma subliminal, a poner en duda la calidad democrática de nuestra judicatura. Cuando todo ello es rigurosamente falso.
Puras mentiras. En los temas relativos al “procés” no ha entrado porque nadie se lo ha pedido hasta el momento. Ni ha habido recurso de las defensas, ni solicitudes de aclaración por parte del Tribunal Superior de Justicia español. Por mucho que digan, repitan, aireen y propaguen los independentistas, los tribunales europeos no han puesto ningún reparo a este juicio, ni mucho menos se puede afirmar como se afirma que, de hecho, “es un juicio nulo”.
En cuanto a la tan retorcida y tergiversada sentencia sobre la impunidad de Junqueras, emitida como respuesta a una consulta de nuestro Tribunal Superior de Justicia, solo dice que cuando estaba en prisión preventiva se le debería haber dejado ir a Bruselas a acreditarse, como se le permitió ir al parlamento español para inscribirse como congresista electo, pero que una vez condenado e inhabilitado, es el tribunal español el que tiene la competencia para decidir lo que se debe hacer de acuerdo con las leyes españolas.
Y eso es lo que se ha hecho, tanto en su condición de parlamentario de España como del Parlamento Europeo. Porque, contra lo que se da a entender, las elecciones europeas no son algo que controla y regula la propia comunidad como ente autónomo. La comunidad convoca las elecciones, pero son los países miembros los encargados de formar las listas y organizar las votaciones.
No son elecciones a la comunidad dirigidas y controladas por esta institución. Son elecciones para decidir, en España, quienes van a representar a nuestro país en Europa. Es decir, son elecciones españolas, y es nuestro país el que regula el proceso.
En cuanto a la otra gran mentira, es absolutamente falso que España sea una nación muy cuestionada por el Tribunal Europeo. Todo lo contrario. España es una de las naciones que menos sentencias en contra recibe, por debajo de la mayoría delos países más democráticos de Europa. Y como prueba irrefutable, repito un gráfico comparativo que ya publiqué en un artículo dedicado a comentar la situación de nuestra justicia en comparación con el resto de justicias europeas.

Información que, como es habitual, obviarán, ocultarán o tergiversarán los que deberían ser especialmente honestos con la información y muy agresivos defendiendo las bondades de nuestro sistema en lugar de tratar de emborronarlas por puros interese electorales.
En cuanto al nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General, sería un insensato si tratara de valorar su calificación profesional, pero en mi condición de español y votante, y a título particular, tengo muchas objeciones a su nombramiento
En primer lugar, y por aclarar las cosas, no es Sánchez el que la nombra. Es el consejo de ministros, compuesto por los vicepresidentes Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera y los ministros Alberto Garzón, Arancha González Laya, Carolina Darrias, Irene Montero, Isabel Celaá, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos, José Luis Escrivá, José Manuel Rodríguez Uribes, Juan Carlos Campo, Luis Planas, Margarita Robles, María Jesús Montero, Manuel Castells, Pedro Duque, Reyes Maroto, Salvador Illa y Yolanda Díaz.
No sabemos si fue una votación unánime, pero a falta de más información, todos y cada uno de estos señores y señoras son corresponsables de la elección, y también lo será de lo que la Señora Delgado haga en el ejercicio de su cargo.
En segundo lugar, porque habiendo sido Ministra de Justicia, dispone de información privilegiada que la descalificará para tomar decisiones según en que asuntos. Dolores Delgado no intervendrá directamente en ningún juicio, pero tiene poder y autoridad para decidir las líneas de actuación de la fiscalía en cada caso y podría maniobrar para acelerar, retrasar o quitar efectividad a la acusación de varias formas. Incluso aportando información obtenida en el ministerio, como ocurrió en otro tiempo con el juez Garzón.
No digo que lo haga, pero siempre que haya casos con carga política, no podrá evitar la sospecha de dirigismo.
Porque, a diferencia de los jueces, los fiscales no pueden ser recusados por los acusados, que no tiene más opción que aceptar el fiscal asignado al caso. La única posibilidad es que alguna de las partes de un procedimiento acuda al superior jerárquico del fiscal, y será este último el que tome la decisión. Pero ese superior seguirá formando parte de una cadena jerárquica y en última instancia, si el caso llegara al Consejo Fiscal, la opinión de los miembros no es vinculante y la última decisión la tiene el Fiscal General del Estado.
En tercer lugar porque es militante del PSOE y una militante comprometida. La he escuchado opiniones sobre la exhumación de Franco, la iglesia y otros temas que podría haberse evitado. No por la opinión en sí, que tiene derecho a expresarla, sino por la vehemencia que ha empleado.
No es el caso, por ejemplo, de Margarita Robles. No pertenece al PSOE y además se ha limitado a gestionar con eficacia lo que le han encomendado sin sacar nunca los pies del tiesto, sino más bien todo lo contrario. El que haya aplaudido en el congreso cosas poco dignas de aplauso forma parte del lógico apoyo que debe prestar a quién le ha confiado una cartera. Como ocurrió con Josep Borrell, el anterior ministro de exteriores. A estos sí que se les podría comprar un coche usado.
En cuarto lugar porque ha sido una ministra recusada tres veces en el parlamento por sus conversaciones con el comisario Villarejo y otros personajes poco recomendables, en las que apoyaba, o parecía apoyar, prácticas ilegales y reprobables para obtener información. Y en las que decía haber visto comportamientos denunciables de otros miembros de la judicatura que no denunció.
Nunca se debe juzgar la ideología ni las actitudes personales de los criticados, pero en este caso se trata de conversaciones mantenidas en un entorno público, aunque nunca debieron haber sido grabadas. Es algo que puede ocurrir cuando uno se junta con malas compañías.
Y hay un tema que me preocupa especialmente, y esto es un elucubración. Se ha comentado alguna vez que las instrucciones judiciales deberían llevarlas los fiscales y no los jueces. Los jueces serían los que presidieran los juicios orales y dictarían sentencia una vez analizadas las pruebas aportadas por los fiscales y los descargos de las defensas.
Es una práctica que funciona en otros países y que a mí me parece muy bien.
Leído en LegalToday.- El procedimiento penal español cuenta con un modelo de instrucción judicial en el que el juez de instrucción es el órgano encargado de dar inicio al proceso, de dirigir la instrucción y de resolver mediante decisión judicial los asuntos penales.
Sus funciones han estado tradicionalmente ligadas a la búsqueda de indicios sobre la realidad del hecho investigado, su eventual carácter delictivo y la identificación de posibles sujetos responsables, según establecen los artículos 299 y 777.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Él es el director de la fase de instrucción y lleva a cabo la investigación de forma abierta para las partes (ministerio fiscal, acusaciones particular y popular, y defensa), que tienen acceso a las actuaciones en todo momento, salvo cuando se hubiese decretado secreto de sumario por razones tasadas.
Sin embargo, si hacemos un análisis de cómo se tramita esta fase del procedimiento en derecho comparado, en la mayoría de los países, el Ministerio Fiscal tiene un papel fundamental y, en muchos se le encomienda a él la propia instrucción.”
Y, dada mi mentalidad “conspiranoide” que me ha permitido escribir alguna novela, ¿Qué pasaría si algún día se aprueba en España que sean los fiscales los que llevan la instrucción siendo la fiscalía un organismo jerárquico que depende del Fiscal General, nombrado por el Gobierno?
Si la instrucción la llevan los fiscales y si se están limitando las acusaciones particulares (lo que me parece muy bien porque la mayoría solo sirven para enredar y alargar los juicios), puestos en lo peor, sería el gobierno de turno, el Ejecutivo, quién determine a quién encausa y a quién no, y los niveles de acusación aplicados en cada caso.
No olvidemos que, por lo que yo sé, un juez no puede incoar una causa si no hay un fiscal que acuse.
Este supuesto significaría la desaparición de la democracia España, porque una de sus señas de identidad, sin ningún paliativo, es la separación de poderes.
Esa democracia que nuestra muy querida Carmen Calvo reinaugura cada dos por tres. Como los políticos de bajo nivel que inauguran una carretera varias veces bajo el truco de hacerlo por tramos.
Usando su propio lenguaje coloquial, “no, bonita, no”. La democracia quedó instituida sin ningún tipo de duda el día que se aprobó la Constitución, concretamente el treinta y uno de octubre de 1978. Naturalmente se necesitaba desarrollar y aprobar leyes, como se ha hecho en todos estos años y como se seguirá haciendo en el futuro.
Porque la democracia, querida vicepresidenta, necesita una actualización continuada y una adaptación a los tiempos y a las demandas de la sociedad a la que sirve. Y esa es la misión fundamental del Poder Legislativo: mantenerla “al día”.
La democracia no llegó a su totalidad, como ustedes dijeron, con la exhumación delos restos de Franco, que no dejó de ser una pura anécdota que solo interesó, como se ha demostrado, a los que carecen de imaginación para generar propuestas constructivas. Y ayer, “bonita”, dijo más o menos, que la formación de un gobierno plural era la “culminación de la democracia”. ¡Se necesita morro! La democracia nunca está consumada. Como he dicho antes, es un ser vivo que necesita muchos cuidados y la protección de los ciudadanos. Porque siempre corre el riesgo de enfermar, incluso de morir.
Y ejemplos de democracias degeneradas y muertas los tenemos a montones en Alemania, Italia, Venezuela y tantos otros países donde los gobiernos llegaron al poder ganando elecciones, y acabaron actuado como dictaduras.
Ya hace muchos años, querida vicepresidenta, que los españoles votamos y lo hacemos libremente. Incluso, si me apura, estas elecciones han sido un retroceso en la historia de nuestras buenas prácticas democráticas porque el ganador, el Señor Sánchez, mintió descaradamente en su campaña electoral.
Y si usted llama “culminar la democracia” nombrar a una Fiscal General claramente partidista y muy poco de fiar en cuanto a su objetividad, que venga Dios y lo vea, como diría alguno de mis antepasados.
Y, ahondando más en lo absurdo de la situación actual, la de “su” democracia, hemos sabido que Iván Redondo, el “hacedor” del último Pedro Sánchez, ha pasado a ser un super manejador de todo, en un puesto de muchísimo poder y sin ningún control parlamentario. ¡Muy democrático!
De lo que no culpo al Señor Redondo, mercenario de a sueldo de quién le pague o le haya pagado, dicho con todo respeto y sin segundas porque es un buen profesional, que jugando, jugando ha conseguido una posición inesperada y fuera de los esquemas tradicionales. Porque ya no es un asesor. Es una persona que toma decisiones de mucha relevancia. Una especie de Rasputín.
Claro que los “rasputines históricos” solo han existido cuando los que tenían el poder eran personas de poco nivel y exigua capacidad para pensar por ellos mismos. Conozco la trayectoria del Señor Redondo y es una persona muy inteligente, pero es un politólogo sin ideología. Un profesional, repito, que ha trabajado para varias formaciones políticas de derechas o de izquierdas hasta dar en la diana. Muy inteligente, pero tampoco me parece un genio.
Pero, por lo que se ve, más inteligente que su asesorado si tanto le necesita y tanto poder le ha concedido.
Y un ligero apunte sobre nuestro flamante nuevo vicepresidente, el Señor Iglesias, al que ayer escuché en la entrevista de Antena 3. Entrevista en la que se desdijo de casi todo lo que había dicho en los últimos años y en la que mostró un talante mentiroso y mitinero impropio de su nuevo cargo.
Porque afirmó, siendo totalmente falso, que el tribunal europeo había “humillado” al supremo de España y que, muy defensor de lo nuestro él, afirmó sin ninguna duda que la justicia española, de tan poca calidad, debía estar sujeta a la autoridad de las instancias europeas. Y si esta última fase no la dijo en su literalidad, lo dio por sentado y sin ninguna duda.
Sin embargo cuando se le preguntó como encajaría la Comunidad Europea los planes de suprimir la reforma laboral, afirmó con toda energía que cada país es soberano para tomar las decisiones políticas o sociales que estime conveniente.
A eso se llama coherencia.
Pero no se trata de extenderme aquí tratando de analizar la postura y las actitudes del Señor Iglesias, político de mucho nivel por cierto, porque se merece un comentario exclusivo. Conociendo su ideología, comunista, y sus referentes, Cuba, Venezuela y naciones similares, será muy interesante observar cómo se maneja en una España con una democracia representativa consolidada, socio de una Comunidad Europea democrática, que no permitió veleidades a la Grecia de Alexis Tsipras, ni a la Italia de Matteo Salvini. Y que está parando los pies al gobierno polaco en su intento de controlar al Poder Judicial de su país.
Espero que le resulte tan inútil como a esos competidores de fiestas populares que tratan de trepar sin ayuda postes engrasados para alcanzar el premio colocado en la parte superior. Normalmente, y espero que este sea el caso, acaban dándose un buen batacazo. Batacazo político naturalmente.