En esta España de nuestros amores, amores de casi todos, siempre ha existido el sentimiento regionalista, el de la “patria chica”, que nos hacía diferentes dentro de la unidad, y orgullosos de serlo. Supongo que todos los mayores recuerdan los tiempos en los que cuando coincidíamos en un viaje con gentes de otras regiones, acabábamos las cenas contando nuestros chistes y cantando nuestras canciones. O las de los otros, porque yo he coreado muchas veces “Asturias patria querida” en honor de los asturianos presentes, o “baixant de la font del gat” si habían catalanes.

Tiempos en los que los catalanes de Valencia se reunían los domingos por la mañana en la plaza de Alfonso el Magnánimo para bailar sardanas alrededor de la estatua de Jaime I, en las que participaban cuantos valencianos querían hacerlo.

Pero mientras, solapadamente, incluso en los tiempos de Franco y desde mucho antes, había un movimiento subterráneo en Cataluña que preparaba la venida de nos nuevos tiempos, los organizadores “del prosses”, que iban ocupando poder e instituciones sin prisa, pero sin pausa, en espera de que llegara su hora.

Su hora que, creo, todavía no había llegado cuando decidieron dar el paso, pero la caída del clan Pujol precipitó los acontecimientos buscando un blindaje político para los últimos cabecillas de  la trama que, ¡cómo no! habían aprovechado la ocasión para enriquecerse personalmente.

Y a partir de ese momento, todo ha sido “llanto y crujir de dientes” de los gobiernos de turno que no han sabido poner los pies en pared y detener lo que, de corriente subterránea, pasó a ser un auténtico sunami consecuencia de los muchos años de adoctrinamiento y tergiversación de la historia.

El caso es que todos lo verían venir, pero nunca pensaron que se llegaría hasta donde se ha llegado, ignorando que no se ha hecho más que repetir otros episodios históricos.

Y, para más “inri”, hemos dejado en sus manos la iniciativa internacional de la información de los hechos, en un intento casi conseguido de hacer que se vea a nuestro gobierno como represor, y a nuestra justicia como manipulada por el poder.

Todo ello con nuestro dinero. Unos genios. Nos hemos dejado y encima hemos puesto la cama.

Ahora se están cambiando las tornas. Hay un juicio en curso contra los golpistas y las cortes internacionales están echando por tierra sus argumentos.

Pero ha costado, cuesta, y costará un prolongado periodo de sangre, sudor y lágrimas normalizar la situación, especialmente para los catalanes. Los independentistas porque aun sabiendo que han perdido la guerra, se resistirán mientras puedan. Y los nacionalistas no separatistas, con sentimientos de singularidad y orgullosos de sus orígenes, porque están totalmente sojuzgados por las autoridades de la otrora locomotora de España, y seguirán temiendo y/o soportando la presión de “los otros”.

Aunque llegados a este punto no basta la comprensión del resto de los españoles. Cataluña no volverá a la normalidad si los no nacionalistas no toman la iniciativa, dan la vuelta a la tortilla, se sacuden los temores, algunos fundados, y  salen a la calle para ser ellos los que denuncien a los que les extorsionan y amenazan. Para señalar a los malos. No “malos” por tener determinada ideología, sino porque muchos de ellos se han convertido en auténticos delincuentes sociales y hasta penales.

Todo ello sin ningún tipo de violencia ni de represalias. Simplemente hay que retomar la normalidad.

Porque desde el resto de España no podemos presentar candidaturas de partidos constitucionalistas para que no se pierda su presencia en la comunidad., como ha ocurrido en Gerona por ejemplo, ni pueden los empresarios no censados en esa autonomía votar en la Cámara de Comercio de Catalunya, donde la “no sé qué” (¿cobardía? ¿apatía? ¿inconsciencia?),  de la gran mayoría de los que podían hacerlo, han permitido una presidencia ultra independentista con ¡un 4,1 % de participación! sobre el censo de empresarios, sabiendo que los radicales, que han sido los que han obtenido los buenos resultados, sí que acuden en tropel.

Tendrán el respaldo del gobierno y de la ciudadanía de toda España, pero solo ellos pueden cambiar las cosas tomando la iniciativa.

Cataluña ya tiene transferida la seguridad ciudadana y los servicios penitenciarios (¡que error!) y ahora buscaban, entre otras cosas, las competencias de hacienda como fórmula constitucional de emular el estatuto vasco. Y también han intentado romper la caja única de la Seguridad Social, y  han peleado por el poder judicial, transferencia que les hubiera permitido hacer y deshacer a su antojo, sin más control que el Constitucional al que hacen muy poco caso.

Pero creo que el proyecto de la supuesta república de Cataluña está políticamente muerto, como también lo están todos los responsables aunque ellos no lo sepan.

Siempre, claro está, que al gobierno actual no se le ocurra darle oxígeno con alguna decisión fuera de lugar. Y no digo que no se negocie con el gobierno catalán. Todo lo relacionado con el bienestar de la comunidad. Nada, absolutamente nada, que pueda reforzar los recursos económicos o la ideología del separatismo.

Hemos pasado unas elecciones y el presidente Sánchez, que ha tenido posiciones ambiguas y alguna que otra salida de pata de banco tratando de convencer a los que no quieren ser convencidos, habrá podido comprobar, porque tonto no es, que los barones del PSOE más enemigos del independentismo y contrarios a la política de su secretario regional, son los que han obtenido mayorías absolutas. Ojo al dato.

Sin embargo en este momento se está gestando un conflicto tan importante como el catalán, y es el del país vasco. Y estos son más peligrosos porque son más listos.

Tienen un estatuto que se aprobó como fórmula de compensación para que aceptaran la constitución, y consiguieron la transaccional que permite anexionar Navarra al país vasco si se aprueba en un referéndum.

También tienen transferida la seguridad ciudadana, y, como proyecto urgente, necesitan que les transfieran justicia. Su reclamación sobre la dispersión de presos no ha tenido éxito porque se ha encontrado con el rechazo de los gobiernos españoles, apoyados según las últimas resoluciones,  por los tribunales internacionales.

Y si el gobierno actual y los futuros inmediatos ceden en una sola de sus pretensiones por un puñado de votos, serán responsables de otra catástrofe institucional, esta vez con premeditación y alevosía.

Lo primero que deben acordar los constitucionalistas, y no incluyo a  Podemos porque no estaría en este pacto, es cambiar la ley electoral para limitar las ventajas de los que solo se presentan en una autonomía. Y lo segundo es llegar a un acuerdo por el que todos ellos se comprometan a apoyar investiduras o leyes, si son de interés nacional,  si la aprobación depende de los votos de extremistas o independentistas.

Nunca más, nunca máis, mai mes.

Y no nos confundamos. El problema no es Bildu por mucho que actúe como partido antiespañol y “apoya terroristas”. Hablo del PNV que es el que realmente maneja desde hace muchos años, muchas décadas, lo que ocurre en el País Vasco. Y que es responsable de muchas cosas vergonzosas, entre ellas  que el terror de  ETA durara tantos años.

No digo que les instaran a matar, pero tengo claro que si se lo hubieran propuesto y hubieran colaborado con el gobierno de la nación, ETA habría desaparecido mucho antes de lo que lo hizo. Sabían quiénes eran y podían a averiguar dónde estaban. Incluso contaminaron con su ideología al clero vasco que protegió a muchos etarras.

Insisto: no se trata de señalar a los catalanes o a los vascos como gente peligrosa. Ni mucho menos. Pero sí a sus líderes políticos actuales, desleales con el Estado español y con nosotros, los ciudadanos de otras comunidades, que están creando conflicto en sus regiones y perjudicando el bienestar y la paz social de sus ciudadanos

Han «olvidado» que tienen un poder delegado del gobierno central, que podrían perder si llegara el caso con una aplicación adecuada del famoso artículo 155.

Que no lo olvide también el gobierno. No soy partidario de aplicarlo con premura, pero si de que se lo recuerden en cada reunión. Y, de aplicarlo, no sería una “pax romana”, sino normalidad democrática.

Pax romana, la que impone el opresor al sojuzgado, es la que pretenden conseguir ellos en sus territorios.