La justicia deseable y la preferida por Pedro Sánchez

Yo, que he vivido la dictadura, y disfruté de los momentos ilusionantes de una transición que permitió pasar de forma pacífica a una democracia, transición amenazada por las cavernas más oscuras de la derecha, por los asesinatos de Atocha, por el 23 F y tristemente convulsionada por los muy frecuentes asesinatos de ETA, contemplo con asombro y tristeza que estamos en un clarísimo proceso constituyente solapado, en el que se pretende el proceso inverso: pasar de una democracia consolidada a una autocracia aunque sea muy sui géneris, porque el aprendiz de autócrata nunca podrá conseguir el poder oficial al estilo de Putin, Maduro y tantos otros en algunos lugares del mundo.

Y no podrá porque realmente está de prestado, ya que los que de verdad manejan todos los hilos del poder son los partidos que le apoyan. De esta forma, si manda y no puede tomar decisiones como destituir ministros por el pacto de gobierno con Podemos, ni negarse a apoyar leyes o conceder los privilegios exigidos por ERC, PNV o Bildu, todo es pura apariencia.

Así que, si se avanza en la ruta actual, a Pedro Sánchez solo le quedará el Falcon, el colchón que mandó comprar a Patrimonio Nacional cuando entró en la Moncloa y figurar. Eso sí, mucho figurar. Hasta podrá terminar ese vídeo tan de “gran líder” que le están preparado.

Y tampoco podría llegar a los extremos de sus amigos de algunas naciones porque, a diferencia de ellos, no tiene el apoyo de “los militares”. No hay ninguna duda de que una de las cosas que no han cambiado en España desde la transición, es la democratización y la imparcialidad de los Cuerpos de Seguridad y también de las fuerzas Armadas, que siempre obedecerán las órdenes del gobierno, pero nunca acatarían una orden si va contra la Constitución. Todo lo contrario, porque en su Artículo 8 dice:

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.”

No digo ni de lejos, ni de muy lejos, que hoy haga falta aplicar este artículo, incluso estoy completamente convencido de que nunca hará falta. Solo lo cito para marcar diferencias entre las posibilidades de los dictadorzuelos del mundo y los gobiernos, centrales o autonómicos, del Estado español

Adelanto que lo que está haciendo Pedro Sánchez no es ilegal, ni tampoco antidemocrático, aunque, eso sí, está bordeando constantemente los límites de la legalidad y de la democracia hasta tal punto que muchas veces lo parece. Y que algunas de sus decisiones tienen tal tufillo de ser anticonstitucionales, que están recurridas al Constitucional.

Son decisiones sin ética ni estética, eso sí, tomadas con el fin exclusivo de perpetuarse en el poder, cueste lo que cueste, por mucho que se disfracen de avances sociales o de necesarias para pacificar a los partidos antiespañoles, los que le apoyan, a cambio de lo que haga falta.

Y de ahí ese afán desmedido de invadir y controlar al Poder Judicial, y también al Tribunal Constitucional, colocando a adictos a la causa en puestos clave de estos estamentos

Hasta tal punto que tengo la absoluta seguridad de que, si España no formara parte de la Comunidad Europea, a estas alturas ya se habría reformado la constitución de forma “democrática”, como se ha hecho en Venezuela, en Rusia, en Nicaragua y en tantos otros países, para que Pedro Sánchez continue sine die en la Moncloa.

La representación clásica de la justicia en todos los países es la de la diosa romana Iustitia, una mujer con los ojos tapados con una venda que la impide ver algo fuera de las leyes que influya en sus decisiones, una balanza para sospesar pruebas y circunstancias y una espada para castigar a los infractores. Porque las leyes, como la Constitución, no son amigables, ni dialogantes. Son puramente represoras con los infractores, aunque, obligadas por el propio concepto de la justicia, en la balanza se sopesen atenuantes.

Y esos mismos conceptos, sopesar, no dejarse influenciar y sancionar, son las obligaciones de los jueces y lo que hacen cada día. Aunque las leyes no les gusten, sin atender ni entender nada más allá de las pruebas, ni “manchar sus togas con el polvo del camino”.

Todo lo contrario de lo que pretende enconadamente nuestro presidente, que ayer mismo lo repitió en Barcelona: “Hay que sacar el debate político de los juzgados”, pero, otra vez, es puro relato. Puro sofisma, porque los juzgados nunca han hecho política desde la democracia, son los políticos los que deben sacar sus garras de los juzgados porque así lo manda la Constitución.

Como decían mis mayores, cada uno en su casa y Dios en la de todos.

Recuerdo que uno de los puntos que quería poner Pablo Iglesias en el pacto de investidura y que el PSOE no aceptó por la indignación de la judicatura, era que los jueces se comprometieran con el Gobierno en la elección de cargos. Pues casi que vamos por este camino.

Algo especialmente diferente de lo que dice el artículo 102 de la Constitución, en el punto 1.

La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo

En resumen: me he tomado la libertad de hacer un montaje con dos posibles figuras de la Justicia:

Una, poderosa y sólida, implacable con los criminales y protectora de los que no tenemos ninguna intención de delinquir porque sabemos que castigará a los que nos amenazan.

La otra desnuda, indefensa, temerosa y tapándose “las vergüenzas” con las manos, empleando una expresión clásica y no demasiado afortunada, en este magistral cuadro del Nacimiento de Venus, de Botticelli.

¿Adivinan cual prefiere Pedro Sánchez?

Valencia, 13 de diciembre de 2022

José Luis Martínez Ángel

El asalto al poder judicial (continuación de la continuación):

Nada ha cambiado en lo formal, pero sí que se han producido movimientos en contra de la iniciativa del PSOE para modificar la fórmula de elección de los Consejeros del Poder Judicial.

Y uno de ellos ha sido en la Comunidad Europea en su función de velar por las condiciones democráticas de los estados miembros.

Sánchez, el mago de las palabras y los gestos, ha dicho que ningún presidente de gobierno le ha preguntado por este tema y será verdad. Porque la advertencia no viene de países en particular, que sería injerencia impropia en las normas y leyes de otros estados, sino de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) que es el organismo comunitario encargado de velar por la calidad democrática de los estados miembros en materia de justicia.

Y ha dicho, cumpliendo con su misión, que si algún país promueve cambios en sus procesos internos que afecten a la independencia del Poder Judicial, han de ser, necesariamente, para reforzar esa independencia y nunca para limitarla.

Advertencia que entra de lleno en las competencias que le asignaron en el momento de su creación:

“La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) se creó el 18 de septiembre de 2002 por medio de la Resolución Res(2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Se compone de expertos de todos los 46 Estados Miembros del Consejo de Europa (entre ellos España en cuya Delegación se integra un representante del Consejo General del Poder Judicial) y cuenta con un Secretariado. A sus labores cabe asimismo integrar a observadores en las que participa la Unión Europea.

La misión de la CEPEJ es la de mejorar la eficacia en el funcionamiento de Justicia en los Estados Miembros del Consejo de Europa así como desarrollar la puesta en práctica de los instrumentos normativos adoptados por el Consejo de Europa.

Sus tareas son:

  • Analizar los sistemas judiciales
  • Identificar la dificultades que encuentran los sistemas judiciales
  • Definir maneras concretas de mejorar la evaluación de resultados y el funcionamiento de los sistemas judiciales
  • Proporcionar ayuda a los Estados miembros
  • Proponer a las instancias competentes del Consejo de Europa las áreas en donde sería deseable elaborar un instrumento jurídico nuevo.

La CEPEJ no es una institución de supervisión de los sistemas judiciales de los Estados Miembros ni tampoco es competente para elaborar instrumentos normativos. El funcionamiento del CEPEJ es gobernado por su estatuto.

Y nuestro presidente sabe muy bien que ir por libre en las relaciones con la judicatura es jugar con fuego, porque puede afectar a las buenas relaciones con la comunidad, al prestigio de nuestra nación y a dificultar la tramitación de algunas de las ayudas que tenemos programadas.

Y, naturalmente, los voceros del gobierno y del partido se han apresurado a lanzar el mensaje de siempre: la culpa  de esta propuesta es de la oposición, que no quiere llegar a acuerdos, y que, encima, está dañando a España cuando lleva a Europa el asunto del cambio en las elecciones de miembros del consejo.

Pues ni lo uno ni lo otro. No tengo idea de la razón real de las desavenencias ni los nombres que se han barajado, (se dijo que el PP bloqueó el acuerdo por el nombramiento de la Fiscal General, por las Críticas al Rey del ala “desmoderada” del gobierno y ahora porque se niega a que Podemos forme parte de la negociación), pero yo no estaba en esas negociaciones y me niego a lanzar juicios de valor sobre lo que aseguran otros porque en el fondo y sea por la rezón que sea, estoy totalmente en contra del trapicheo continuado de la política en temas de interés nacional, cuando deberían ser absolutamente asépticos. Y uno de ellos es el sistema actual de elección de miembros del consejo.

Decía en un escrito anterior: “Sería muy puesto en razón y daría una excelente imagen, por ejemplo, que Casado registrara un proyecto de ley para formalizar la renuncia del Congreso y el Senado, sede de los partidos políticos, al nombramiento de los Consejeros del Poder Judicial en favor de las asociaciones o de la totalidad de jueces en ejercicio. Sería un auténtico golpe de mesa democrático.”

Pues bien, no ha sido Casado, sino VOX quien ha tomado esta iniciativa, mucho más democrática que cualquiera de las propuestas por los partidos de toda la vida. Los “democráticos”.

Y no digo, ni mucho menos, que VOX sea más democrático que el PSOE, el PP, Ciudadanos y algún que otro partido regionalista de menor entidad en número de votantes, pero sí que lo considero más encajado en  la Constitución que Podemos o IU y eso, afinidades ideológicas aparte, merece que lo valore como partido absolutamente legal y al que hay que tener en cuenta.

Y que quede claro que la denuncia de este asalto al Poder Judicial por parte de la oposición no desprestigia a España, ni siquiera al propio gobierno, ya que, para evitarse los trámites reglamentarios de un proyecto de ley, necesariamente largos, es el partido el que hace una a proposición como la podría hacer yo y 499.999 ciudadanos más.

Luego el que en teoría da la mala imagen es este remedo de PSOE, el “sanchista” que tenemos en el parlamento, encabezado parlamentariamente por Adriana Lastra, la misma que pactó con Bildu la derogación de la reforma laboral del PP.

Y de Pedro Sánchez, que es quién anunció la iniciativa, supongo en su calidad de secretario del partido.