Constitución

Desmontando lo que “dicen que van a hacer” 2.- El gobierno calamar y los supuesto cambios constitucionales

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones , , , ,

Reconozco que soy injusto porque no tenemos un gobierno calamar, sino a una parte de miembros del gobierno especialmente expertos en lanzar chorros de tinta negra para enmascarar sus vergüenzas cuando se ven amenazados.

Lo ha sido y lo es el presidente cuando desenterraba a Franco cada dos por tres y lo sigue siendo en cada sesión parlamentaria cuando ejerce de oposición de la oposición y no contesta a una sola pregunta. Ni una. Su muletilla es casi un “como se atreve a…” o “lo que tienen que hacer es arrimar el hombro”  y san “seacabó”.

Pero el gran maestro del “esto no es lo que parece”, el gran mago del engaño y la manipulación es nuestro querido vicepresidente iglesias. Sánchez, “el superviviente” ha peleado, pactado, trampeado y todo lo que se quiera para acabar con todos los puristas que le apearon del PSOE, pero también trabajó muy duramente recorriendo cada delegación para conseguir adeptos. Se lo “curró”

Nuestro macho alfa no. Nuestro brillante vicepresidente es una especie de personaje de ficción, inventado, sin más bagaje que el haber actuado como comunista universitario y haber colaborado asesorando a gobiernos sudamericanos sumidos hoy en el desorden y la miseria. Asesorando con la palabra, como acostumbra, y cobrando en buenos dólares.

Es pura imagen y presencia en pantalla, medio en el que se maneja especialmente bien. Muy brillantemente diría yo. Y que tiene, hay que reconocerlo, una “labia” capaz de engatusar al más escéptico. Que hasta a notarios conocidos míos llegó a engatusar.

Y no es por lo que dice que, o no es nada, o son mentiras y medias verdades, sino por como lo dice. Con esa pose estudiada de avanzar media parte del torso en el atril, fruncir las cejas y poner cara de verdad absoluta. Pose de manual de estilo de cualquier libro sobre lenguaje corporal.

Iglesias ha enterrado sin honores a la mayoría de su antigua vieja guardia, ha sobrevivido a cambios personales, a escándalos sexuales, a frases machistas e irrespetuosas sobre la mujer presentándose al mismo tiempo como gran feminista, y a un montón de líos y componendas de todo tipo. Y ahí está él, tan “pito”, como diría mi abuela María y actuando como si fuera él el que tiene la razón.

Como digo: un prestidigitador  de muy alto nivel. Ni nuestro entrañable Juan Tamariz, que me hizo subir al escenario en una de sus actuaciones y me tomó el pelo todo lo que quiso.

Y siempre sale de apuros distrayendo la atención evocando casos ajenos, siempre “muy importantes”, mucho más que sus pequeños “pecadillos”, o pretendiendo abanderar grandes causas. Como la de conseguir la tercera república española

Ahora ambos se sienten amenazados. El presidente por su futuro inmediato en la Comunidad Europea a la que tiene que acudir, ahora sí, sin disfraces ni más mascarillas que las que impone el terrible COVID19. Iglesias por sus problemas legales con la famosa tarjeta de móvil, entre otros, que ha retenido, según sus argumentos de paladín del siglo XXI,  para proteger a una “pobre mujer” de 25 años y por sus mentiras a la judicatura.

Y, héteme aquí, que para estos líos no será suficiente con desenterrar a más “represaliados del franquismo”, como anunció la nuestra vicepresidenta y a Franco ya lo tienen en su nuevo emplazamiento.

Pero el lamentable caso del Rey emérito les ha brindado un puente de plata. A ambos.

No han actuado con la misma intensidad, pero si en la misma dirección: El lema de la pancarta virtual de Sánchez dice “la monarquía es algo a controlar, hay que limitar sus privilegios”. Por cierto, al presidente del gobierno no, porque le basta con declarar “secreto de estado” cualquiera de sus correrías en Falcon, sus gastos desconocidos o sus extrañas negociaciones con el que se ponga a mano.

La de Pablo Iglesias es mucho más rotunda y ambiciosa: “hay que cambiar la forma de estado y declarar la tercera República”, que será nuestra tierra de leche y miel según anuncia el vicepresidente.

La monarquía es una “situación que genera alarma” afirma Iglesias y no se lo puedo negar porque desconozco el dato de “cuantos son sus cuantos” ni cuales son sus fuentes, pero de lo que estoy seguro, totalmente seguro, absolutamente seguro, es que el número de españoles alarmados por nuestra forma de Estado es mínimo, casi insignificante, si lo pudiéramos comparar con la alarma que genera tenerle a él como vicepresidente de una nación moderna y democrática, sumida en una profunda crisis y que tiene que negociar condicione de ayuda con la Comunidad Europea.

Pero ambos tienen una cose en común: su cinismo. El primero por decir que va a proponer una reforma de la Constitución que elimine la inviolabilidad del Rey y el segundo por decir que va a proponer un referéndum para cambiar la forma del Estado.

En ambos casos mienten como bellacos porque saben que cambiar determinados artículos de la Constitución requiere un mecanismo muy complejo que fijaron sus redactores. Y no lo hicieron para que fuera intocable, sino para evitar que personajes de poco juicio o con extraños intereses destruyeran la forma de Estado y nuestra convivencia por uno o varios platos de lentejas.

Es decir, se aseguraron de que si se hacían cambios constitucionales fuera la gran mayoría de los españoles, y no el gobierno de turno quien lo decidiera.

Y este mecanismo es:

Artículo 168

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Es decir: que para cambiar la forma de estado en el Título preliminar, donde se define la forma de Estado, o el Título II, que enmarca las obligaciones y garantías de la Corona, se debe:

  • Aprobar por mayoría de dos tercios de cada Cámara
  • Disolver las cortes
  • Convocar elecciones
  • Que las Cámaras recién elegidas ratifiquen la propuesta de cambio y preparen el nuevo texto.
  • Que se convoque un referéndum para su ratificación.

¿A qué viene pues ese intento de engañar a la ciudadanía de Pedro Sánchez cuando dice que va a proponer suprimir la inviolabilidad del Rey como si fuera algo de rutina, como cambiar el nombre de una calle?

¿A qué viene la prepotencia de Iglesias cuando dice que va a proponer un referéndum para cambiar el modelo de Estado como si las convocatorias del referéndum lo pudieran aprobar directamente las Cámaras sin más trámites?

Ambos saben muy bien que esas cosas solo ocurren en estados bananeros en los que se saltan las leyes y las constituciones cuando les viene en gana a sus presidentes, pero España, mal que les pese, es una nación en la que los gobiernos están sujetos al dominio de la ley y sus posibilidades de decretar leyes son, exactamente, las que les marca la Constitución.

Y que los gobiernos, salvo estados de guerra, de alarma, de excepción o de sitio, deben someter sus decisiones a la aprobación de las Cámaras. La excepción la regula el artículo 86 que acepta como legal el “decreto ley”, por el que los gobiernos pueden dictar disposiciones que posteriormente deberán aprobar las Cámaras.

Procedimiento del que han abusado todos los gobiernos para tomar decisiones por la via del atajo y muy especialmente el actual que, en algunos casos, ha aprovechado el estado de alarma decretado con motivo de la pandemia para tomar decisiones políticas o publicar nombramientos que nada tenían que ver con la salud de los españoles.

Lo que demuestra un intento continuado de los políticos que nos gobiernan o nos han gobernado para buscar rendijas legales que les permitan tomar decisiones de dudosa oportunidad y para su beneficio personal o político.

¿Y cómo queda todo esto? Pues muy mal. Es cierto que ni el presidente ni el vicepresidente pueden hacer “lo que dicen que van a hacer”, pero mientras, siembran falsas expectativas en los menos y alarma en los más. Naturalmente ni TVE, controlada por la muy puro independiente Rosa María Mateo ni los medios afines van a decir lo que estoy diciendo yo. Solo lo hará la oposición, los medios de comunicación independientes y los periodistas libres, que quedan muchos y que, posiblemente por eso, están en el punto de mira del poder.

Y cuatro románticos como yo que nos creemos en la obligación moral de ser didácticos exponiendo a nuestros seguidores cual es nuestra forma de Estado y cuales son nuestras garantías constitucionales y en denunciar las trampas y miserias de algunos políticos, sean de la ideología que sean.

A los que se les ve el plumero por mucha tinta que lancen para camuflarse.

Las medias verdades de la Ministra Celaá y del Conseller Marzá

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones , ,

Los dobladores de películas del oeste de mi infancia y mi juventud, aquellos que hacían que los indios americanos hablaran siempre en infinitivo, afirmaban en sus traducciones que los pobres indígenas, eternamente traicionados por los invasores de sus territorios, afirmaran que “hombre blanco hablar con lengua partida”, comparándolos con las muy traicioneras serpientes, las de las lenguas bífidas.

Pues bien, lo mismo podríamos decir de una buena parte de los políticos en ejercicio, por su talante mentiroso, su afición a “interpretar” la verdad a su acomodo, o por su habilidad para decir “verdades a medias”.

Y últimamente escucho muchas relacionadas con la Constitución Española, cuando se debería de esperar todo lo contrario de nuestros representantes. Iluso nací, iluso crecí, e iluso moriré, pero creo que una de sus obligaciones es cumplir las leyes, cambiarlas o ajustarlas a los tiempos cuando fuere necesario,  y ejercer una labor didáctica entre nosotros, sus electores o sus posibles electores.

Me explico: El otro día comentaba mi opinión sobre la curiosa afirmación de la Ministra Isabel Celaá cuando negaba “la constitucionalidad de la elección de enseñanza religiosa.”

Afirmación que, según leí en la prensa, repitió nuestro Conseller d’Educació,  Vicent Marzá. Conseller que, curiosamente, parece poco amigo de moverse en el terreno de la legalidad institucional a juzgar por las varias sentencias judiciales que condenan algunas de sus decisiones.

En ambos casos solo es una verdad a medias, que parece verdad si leemos el texto constitucional, y no consideramos ni los cambios sociales, ni los desarrollos legales de la propia Constitución.

La Constitución sí dice que el estado protegerá la “enseñanza religiosa”, pero, efectivamente, no habla para nada de los centros concertados, ni privados ni religiosos. Y muy probablemente es en lo que se apoyan, con lengua partida, nuestra ministra y nuestro conseller.

Porque la Constitución, y ahí está la trampa de sus afirmaciones, se desarrolló o debió ser desarrollada en muchos puntos. Y si no se hizo fue porque no se consideró necesario, y porque se redactó partiendo del principio de la buena fe y del pacto.

Y pongo un ejemplo. La decisión que tomó Felipe Gonzales sobre la enseñanza concertada fue posterior a la redacción del texto constitucional, pero no lo contradecía en absoluto. Este es el texto:

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

Es decir, garantía de educación, y libertad de creación de centros “en los términos que la Ley establezca”.

Una ley posterior estableció la enseñanza concertada, por lo que la unión de los dos mandatos, protección de enseñanza religiosa y libertad de centros, y la ley posterior que autoriza la enseñanza concertada, es lo que ampara, sin ninguna duda, la constitucionalidad de los centros concertados religiosos.

Y si no fuera sí, y utilizando sus propios argumentos, ambos, la Ministra Celaá y el Conseller Marzá, son inconstitucionales, ya que su nombramiento no aparece en el texto constitucional. Pero si que lo son porque sus cargos forman parte de los previstos para la administración del estado, y sus nombramientos aparecen en los respectivos Boletines Oficiales.

Evidentemente esta nota no va dirigida a los dos protagonistas porque ellos saben, mejor que yo, la falsedad de lo que afirmaron. La Constitución es un marco de actuación que si se desarrolla llega a los detalles, aunque en otros casos, no pocos,  solo establece límites. Es decir: lo que afirma o niega textualmente es innegociable, y lo que está sujeto a desarrollo es interpretable.

Por ejemplo, el artículo 2 establece que, la integridad de la nación española es innegociable,

Sin embargo, “la organización territorial del estado”, que se describe en los siguientes artículos, tiene una mezcla de imposiciones e interpretaciones:

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Es evidente que el artículo 137 está pendiente de interpretación y desarrollo, que el 138 obliga al equilibrio solidario, lo que permite desarrollos, pero no interpretaciones, y que el 139 tampoco admite interpretaciones.

Es decir, que en este momento se podría retocar el estado de las autonomías, dando o quitando competencias, sin necesidad de retocar la Constitución, pero no permitiría suprimirlas, a no ser de forma provisional y según lo enmarcado en el famoso artículo 155:

 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Lo cierto es que, cuando es oyes, parece que sean de otro planeta, que pisen otras calles o que vivan en un mundo irreal. O que, eso seguro, tengan completamente confundidas sus prioridades.