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Iván Redondo y las “chicas del gobierno”

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones , ,

Cualquiera que entienda algo de estrategia de comunicaciones sabe que si se lanza un mensaje que pueda ser mal recibido por los que van a sufrir sus consecuencias, o porque se supone que muchos estarán en desacuerdo con la propuesta, es conveniente acompañarlo por otro positivo y si no lo hubiera, por una maniobra de distracción. Esto ocurre en el mundo de la empresa, de las agrupaciones sociales, del entorno familiar y como no, en el proceloso y resbaladizo mundo de la política profesional.

Es lo que está haciendo sistemáticamente el Partido Sanchista Obrero Español, comandado por el dúo Sánchez -Redondo, que “tanto monta, monta tanto”, aunque mi opinión personal es que lo que sugiere Redondo, el Rasputín español, pesa bastante más que lo del amado líder.

Incluso, hablando de poder, tengo la sensación de que Redondo tiene mucho más que el propio Sánchez. Y me explico: Sí Sánchez quisiera prescindir de Redondo, podría despedirlo, pero no destruirlo porque las armas necesarias para hacerlo, las intrigas y los secretos, serían más letales para el presidente que para su asesor.

Todo lo contrario ocurriría si fuera Redondo quien quisiera destruir a Sánchez: le bastaría con cuatro filtraciones, cinco “deslices” públicos y puede que algún que otro papel comprometedor encontrado en cualquier cajón para hacerlo. No digo papeles que demuestre ilegalidades, pero si órdenes o decisiones comprometidas para el presidente.

Es lo que hay: Sanchez siempre estará en manos de Iván. Iván se hará rico a costa de Sánchez si le abandona un poco antes de su caída. Y seguro que Iván, como buen estratega, manejará muy bien los tiempos si llegara el caso.

Porque lo conseguido por Redondo en estos últimos años, que él candidato confíe en él para conseguir una investidura y acabe teniendo es sus manos semejante poder, es para nota, Y muy buena nota. El ahora generador de ideas y estrategias de todo un gobierno, comenzó consiguiendo que Pedro Sánchez fuera una “marca” de marketing potente por bien diseñada.

Como dije el  otro día, Iván redondo se ha convertido en un vicepresidente plenipotenciario liberado del control del parlamento  porque no forma parte del gobierno. Para efectos legales es un simple asesor.

Que Redondo es el que genera las ideas y las estrategias y que todos le obedecen está muy claro y hay varios ejemplos palmarios:

Ya es conocido que uno de los objetivos declarados del presidente, o quizás del propio Redondo para que Sánchez se mantenga en el poder, es domeñar al poder judicial. Y para ello nada mejor que empezar nombrando a una  “ultra sur” del sanchismo para el puesto. Candidata que ha sido muy mal recibida por los fiscales, por la judicatura, por los partidos políticos y por la opinión pública.

La coartada “oficial” ha sido afirmar hasta la saciedad que la candidata cumplía los “requisitos legales” para el puesto, cosa que es verdad, ¡faltaría más!, como también la cumplen cientos de fiscales, pero omiten que casi todo el mundo ha dudado de su idoneidad para el cargo o, para ser más exactos, han manifestado rotundamente que no era persona idónea por su evidente riesgo de no ser imparcial. En una entrevista televisada, el presidente ha dicho que cuando habló con ella “solo” le recomendó que fuera “justa e imparcial”. Seguro que esta frase tan comprometedora no ha salido de la factoría Redondo, porque afirmar que pidió justicia e imparcialidad a una Fiscal, es como decirle a un niño malo que no pegue a los otros niños.

Tanta es su mala imagen que el Seños Sánchez se ha visto obligado a manifestar públicamente que le ha pedido que cumpla dos de los requisitos exigidos a cualquier miembro de la judicatura en cualquiera de sus niveles. Aunque este comentario suponga de hecho que  el propio presidente no estaba seguro de si la nueva Fiscal General asumiría en cargo como debía: siendo justa e imparcial.

Pero lo realmente eficaz ha sido la muy oportuna afirmación de la Ministra Celaá, cada vez más en su papel de supuesta metepatas oficial del gobierno. Pero ¡qué casualidad! lanza sus paridas en los momentos más oportunos. “Los hijos no son de los padres”, dijo, y a los cinco minutos arrancó un debate absolutamente estéril, pero muy mediático.  Estéril porque lo suyo no era más que una opinión absolutamente interesada y fácilmente recusable leyendo el texto de la constitución. Los hijos no son de nadie, ya lo sabemos, pero menos del gobierno de turno porque  los únicos que tienen reconocida alguna autoridad sobre su tutela y protección son los padres mediante la Patria Potestad.

Pero mientas, ¿alguien se acuerda del nombre de la nueva Fiscal General?

En otro momento el Partido Sanchista Obrero Español anuncia su intención de proponer una modificación del Código Penal sobre los delitos de Sedición y Rebelión y aplicarla de forma retroactiva. Modificación que tiene el objetivo indisimulado de favorecer a los condenados en el juicio del “procés”. Como hay en la cámara una mayoría interesada en minar la autoridad del Estado, aprobarán la iniciativa y seguro que saldrá adelante.

Pero esta propuesta en concreto, que es una barbaridad porque el código penal solo se debe modificar si hay un amplio consenso, tiene el agravante de que en su aprobación van a ser decisivos los únicos condenados por uno de estos delitos. Increíble.

Por lo que hay que distraer a la opinión pública. Y ahí tenemos a las chicas del gobierno que han sacado a la luz algo tan contrario a la democracia y a los intereses del pueblo español como es el “pin parental”. Mucho más que querer romper la nación. No entro en el fondo de la cuestión, pero no deja de ser algo surrealista. ¡Ya viene la extrema derecha!, dicen casi todos los ministros. Esos mismos ministros que no ponen ninguna objeción a que Esquerra sea colaborador necesario para sacar adelante una modificación  de las leyes que ¡solo beneficiaría a la propia Esquerra!

Otro tema controvertido. Estos días Guaidó, el venezolano reconocido como “presidente encargado”  de Venezuela por la Comunidad Europea y otros países del resto del mundo,  está realizando una gira en la que se ha entrevistado con muchos presidentes de países “punteros” del mundo occidental.

Pero no con el de España, que sí le reconoció en su momento. Guaidó ha pasado a ser, por obra y gracia del vicepresidente Iglesias, a simple “jefe de la oposición” y que, como mucho, puede merecer la atención de la ministra de Asuntos Exteriores.

Y el Señor Sánchez, naturalmente, no va a recibirlo.

Decisión que no perjudica en absoluto al Señor Guaidó y sí, mucho al propio Sr. Sánchez y a la imagen de nuestro presidente y de nuestro país en Europa y en el resto del mundo. El Señor Guaidó tendrá multitud de recibimientos, encuentros y homenajes en nuestro país, mientras el presidente y su esposa deben estar en la Moncloa, en presencia del Señor Redondo, mirándose a los ojos y preguntándose que han hecho ellos para merecerse estas cosas.

Y mientras, nuestro muy lúcido ministro Ábalos se entrevistaba en Barajas con la vicepresidenta del régimen Venezolano, Delcy Rodríguez, no se sabe si en un avión, en una sala VIP o en los lavabos del aeropuerto. Y acudía de incógnito, en un coche no oficial. Persona esta  que, por cierto, tiene prohibida la entrada en el espacio de la Comunidad Europea.

Ha sido un error tan lamentable que hasta los Estados Unidos han censurado el hecho y han dicho que “pedirán explicaciones”

Y cuando le preguntan a nuestro brillante ministro, primero dice que sí, luego que no, y luego que “sí pero”. Acabando, como lo hacen todos los demócratas, riñendo a los periodistas e indicándoles que cosas son las que deben preguntar.

Pero no temamos porque la sangre no llegará al rio. Siempre habrá un nuevo eslogan para confundir u otra riña del gobierno a los periodistas para tratar de intimidar.

Ayer recuperé una entrevista a Zapatero en la SER, en la que se mostraba de acuerdo con que el presidente Sánchez  no recibiera a Guairó, y en la que se mostraba absolutamente contrario a la postura de “aislamiento” contra Venezuela. Él defendía la postura de “dialogaaaar” sin descanso, y afirmaba con orgullo que nadie conocía el tema de Venezuela mejor que él porque había viajado ¡treinta y ocho veces! a ese país.

¡Pues vaya! Si ha ido tantas veces a dialogar sin conseguir nada, me figuro que el diálogo habrá sido del nivel del consabido  “¿dónde vas? manzanas traigo”. Lo mismo que ocurre en España con los independentistas por mucho que nos hagan creer que con medidas de cesión y de debilidad, como las que se están tomando, se va a conseguir algo que no sea fortalecer a los teóricos de la independencia.

Lo que sí recomiendo al Señor Zapatero es que presente en el Guinness su historial de “diálogos” en Venezuela y reclame el record de peor negociador del mundo. Con tanto dialogar y sin ningún resultado, seguro que se lo concederán.

Pero quedan muchos errores del clan de Sánchez y muchas perlas de la confusión lanzadas por “las chicas” del gobierno, tan unidas ellas y tan contentas de conocerse.

Mientras, bien por Iván que sigue confundiendo, bien por Sánchez que sigue manteniéndose en el poder y mal, muy mal para España y para su imagen internacional.

Lamentablemente, continuará…

Las medias verdades de la Ministra Celaá y del Conseller Marzá

jlmartinezangel Artículos, Publicaciones , ,

Los dobladores de películas del oeste de mi infancia y mi juventud, aquellos que hacían que los indios americanos hablaran siempre en infinitivo, afirmaban en sus traducciones que los pobres indígenas, eternamente traicionados por los invasores de sus territorios, afirmaran que “hombre blanco hablar con lengua partida”, comparándolos con las muy traicioneras serpientes, las de las lenguas bífidas.

Pues bien, lo mismo podríamos decir de una buena parte de los políticos en ejercicio, por su talante mentiroso, su afición a “interpretar” la verdad a su acomodo, o por su habilidad para decir “verdades a medias”.

Y últimamente escucho muchas relacionadas con la Constitución Española, cuando se debería de esperar todo lo contrario de nuestros representantes. Iluso nací, iluso crecí, e iluso moriré, pero creo que una de sus obligaciones es cumplir las leyes, cambiarlas o ajustarlas a los tiempos cuando fuere necesario,  y ejercer una labor didáctica entre nosotros, sus electores o sus posibles electores.

Me explico: El otro día comentaba mi opinión sobre la curiosa afirmación de la Ministra Isabel Celaá cuando negaba “la constitucionalidad de la elección de enseñanza religiosa.”

Afirmación que, según leí en la prensa, repitió nuestro Conseller d’Educació,  Vicent Marzá. Conseller que, curiosamente, parece poco amigo de moverse en el terreno de la legalidad institucional a juzgar por las varias sentencias judiciales que condenan algunas de sus decisiones.

En ambos casos solo es una verdad a medias, que parece verdad si leemos el texto constitucional, y no consideramos ni los cambios sociales, ni los desarrollos legales de la propia Constitución.

La Constitución sí dice que el estado protegerá la “enseñanza religiosa”, pero, efectivamente, no habla para nada de los centros concertados, ni privados ni religiosos. Y muy probablemente es en lo que se apoyan, con lengua partida, nuestra ministra y nuestro conseller.

Porque la Constitución, y ahí está la trampa de sus afirmaciones, se desarrolló o debió ser desarrollada en muchos puntos. Y si no se hizo fue porque no se consideró necesario, y porque se redactó partiendo del principio de la buena fe y del pacto.

Y pongo un ejemplo. La decisión que tomó Felipe Gonzales sobre la enseñanza concertada fue posterior a la redacción del texto constitucional, pero no lo contradecía en absoluto. Este es el texto:

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

Es decir, garantía de educación, y libertad de creación de centros “en los términos que la Ley establezca”.

Una ley posterior estableció la enseñanza concertada, por lo que la unión de los dos mandatos, protección de enseñanza religiosa y libertad de centros, y la ley posterior que autoriza la enseñanza concertada, es lo que ampara, sin ninguna duda, la constitucionalidad de los centros concertados religiosos.

Y si no fuera sí, y utilizando sus propios argumentos, ambos, la Ministra Celaá y el Conseller Marzá, son inconstitucionales, ya que su nombramiento no aparece en el texto constitucional. Pero si que lo son porque sus cargos forman parte de los previstos para la administración del estado, y sus nombramientos aparecen en los respectivos Boletines Oficiales.

Evidentemente esta nota no va dirigida a los dos protagonistas porque ellos saben, mejor que yo, la falsedad de lo que afirmaron. La Constitución es un marco de actuación que si se desarrolla llega a los detalles, aunque en otros casos, no pocos,  solo establece límites. Es decir: lo que afirma o niega textualmente es innegociable, y lo que está sujeto a desarrollo es interpretable.

Por ejemplo, el artículo 2 establece que, la integridad de la nación española es innegociable,

Sin embargo, “la organización territorial del estado”, que se describe en los siguientes artículos, tiene una mezcla de imposiciones e interpretaciones:

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Es evidente que el artículo 137 está pendiente de interpretación y desarrollo, que el 138 obliga al equilibrio solidario, lo que permite desarrollos, pero no interpretaciones, y que el 139 tampoco admite interpretaciones.

Es decir, que en este momento se podría retocar el estado de las autonomías, dando o quitando competencias, sin necesidad de retocar la Constitución, pero no permitiría suprimirlas, a no ser de forma provisional y según lo enmarcado en el famoso artículo 155:

 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Lo cierto es que, cuando es oyes, parece que sean de otro planeta, que pisen otras calles o que vivan en un mundo irreal. O que, eso seguro, tengan completamente confundidas sus prioridades.

La Constitución, los centros concertados, el populismo, y las negociaciones del Sr. Sánchez.

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Alguien me ha comparado los cambios de discurso de Pedro Sánchez con los de Albert Rivera, y creo que está equivocado. Albert Rivera, al que he tachado varias veces de hiperactivo y desconcertante, se equivocó mucho, tanto que provocó la caída de Ciudadanos hasta los niveles actuales. Pero, aunque equivocado,  siempre lo hizo pensando en lo mejor para su partido al que en algún momento de sus ensoñaciones lo situó como el primero del centro derecha. Y la mejor prueba de ello es que ha tenido la dignidad de dimitir alegando que los errores de un partido son los errores de su líder. Es decir: no era su supervivencia en el cargo la que motivó los cambios de estrategia.

Todo lo contrario de la trayectoria política-personal de Pedro Sánchez, líder del Partido Sanchista Obrero Español. Los muy frecuentes cambios de opinión de nuestro “en funciones”, algunos dispares y hasta disparatados, obedecen exclusivamente a mantenerse en el cargo le cueste lo que le cueste al partido en el que milita, o a su nación. Es una estrategia egoísta y muy estrecha de miras,  por mucho que quiera repetir hasta la saciedad la palabra “progresista” o “ilusionante” cada vez que presenta un nuevo cambio de rumbo como si fuera la solución final.

Ahora renueva su pasado interés en formar gobierno con Podemos, y solo en este contexto se puede entender la extraña intervención de Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas negando la constitucionalidad de la elección de enseñanza religiosa. Esta señora será confusa en sus manifestaciones, pero no es tonta y sabía perfectamente que ese no era el foro adecuado, a no ser que pretendiera, como ha conseguido, multiplicar el efecto de la declaración en beneficio de sus pactos con Podemos.

Recordemos que a falta de argumentos, dos de los recursos políticos de la izquierda radical y de una parte del PSOE, solo una parte, son Franco y la Iglesia.

Y, como suele hacer el equipo “íntimo” de Pedro Sánchez, mezcló a sabiendas cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras.  Porque el artículo 27 que cita, define los “derechos y libertades” de los españoles, uno de los cuales, sin ninguna duda porque lo dice textualmente, es el derecho de los padres a elegir para sus hijos “la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Y, como decía ayer en otro comentario, no cita a ninguna religión en concreto.

Aunque, más adelante, marca algunas condiciones a la educación:

“4.La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.”

Lo que no especifica es en que centros debe impartirse la enseñanza.

En el año 1985, el gobierno de Felipe González, ese sí que era gobierno del Partido Socialista Obrero Español, se encontró con la imposibilidad de cumplir el mandato de la Constitución por falta de centros y de recursos materiales. Y decidió promover la figura de los “centros concertados”, medida que desbloqueó la situación en la que se encontraba su gobierno.

No hay duda de que la concertación podría cancelarse en algún momento en las condiciones que se pactaron si el gobierno tuviera recursos para absorber a los millones de alumnos que asisten a los colegios, pero mientras se mantenga esta figura, los padres, los alumnos y los centros afectados, están tan dentro de la constitución como los de los colegios públicos

Por cierto, esta mañana he escuchado en la radio este comentario de Nicolás Redondo, persona a la que escucho siempre con mucha atención: “La enseñanza concertada nunca ha causado problemas. La pública de las autonomías, sí”. Y algunos muy graves, añado por mí cuenta.

En resumen. Por lo que entiendo, siendo menos culto, menos “leído” y menos poderoso  que la señora Celaá, está señora, al mezclar el derecho a la enseñanza con los centros donde se imparte en la actualidad, hizo una afirmación falsa, si no torticera. Es como decir que los pacientes de la Seguridad Social atendidos en centros concertados por imposibilidad de atenderlos en los públicos, tienen menos derechos porque ese supuesto no estaba previsto en el texto de la Constitución.

La Constitución, Señora Celaá, es un texto marco que necesita desarrollo. Desarrollo que nunca se ha abordado en su totalidad por pereza o desidia de los legisladores, como ocurre la sucesión de la corona que sigue primando a los varones, o porque nunca supusieron una deslealtad de la autonomías como la de Cataluña, razón por lo que el poder  judicial, y el mismo legislativo, encuentran demasiada zonas confusas para aplicar la ley

Por otra parte, Señora Celaá y Señor Iglesias, verdadero destinatario de su mensaje: Tengo oído, no lo he comprobado, que cada alumno de la enseñanza pública nos cuesta 8.000 euros. Los de la concertada 3.000.

Y no quiero entrar en la calidad de la enseñanza porque, como siempre ha sido, depende del centro, sí, pero muy especialmente de la preparación, el interés,  y la vocación de cada docente.

Y ese condicionante,  ni lo asegura ni lo condiciona al cien por cien el rótulo de cada centro.