Alguien me ha comparado los cambios de discurso de Pedro Sánchez con los de Albert Rivera, y creo que está equivocado. Albert Rivera, al que he tachado varias veces de hiperactivo y desconcertante, se equivocó mucho, tanto que provocó la caída de Ciudadanos hasta los niveles actuales. Pero, aunque equivocado,  siempre lo hizo pensando en lo mejor para su partido al que en algún momento de sus ensoñaciones lo situó como el primero del centro derecha. Y la mejor prueba de ello es que ha tenido la dignidad de dimitir alegando que los errores de un partido son los errores de su líder. Es decir: no era su supervivencia en el cargo la que motivó los cambios de estrategia.

Todo lo contrario de la trayectoria política-personal de Pedro Sánchez, líder del Partido Sanchista Obrero Español. Los muy frecuentes cambios de opinión de nuestro “en funciones”, algunos dispares y hasta disparatados, obedecen exclusivamente a mantenerse en el cargo le cueste lo que le cueste al partido en el que milita, o a su nación. Es una estrategia egoísta y muy estrecha de miras,  por mucho que quiera repetir hasta la saciedad la palabra “progresista” o “ilusionante” cada vez que presenta un nuevo cambio de rumbo como si fuera la solución final.

Ahora renueva su pasado interés en formar gobierno con Podemos, y solo en este contexto se puede entender la extraña intervención de Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas negando la constitucionalidad de la elección de enseñanza religiosa. Esta señora será confusa en sus manifestaciones, pero no es tonta y sabía perfectamente que ese no era el foro adecuado, a no ser que pretendiera, como ha conseguido, multiplicar el efecto de la declaración en beneficio de sus pactos con Podemos.

Recordemos que a falta de argumentos, dos de los recursos políticos de la izquierda radical y de una parte del PSOE, solo una parte, son Franco y la Iglesia.

Y, como suele hacer el equipo “íntimo” de Pedro Sánchez, mezcló a sabiendas cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras.  Porque el artículo 27 que cita, define los “derechos y libertades” de los españoles, uno de los cuales, sin ninguna duda porque lo dice textualmente, es el derecho de los padres a elegir para sus hijos “la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Y, como decía ayer en otro comentario, no cita a ninguna religión en concreto.

Aunque, más adelante, marca algunas condiciones a la educación:

“4.La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.”

Lo que no especifica es en que centros debe impartirse la enseñanza.

En el año 1985, el gobierno de Felipe González, ese sí que era gobierno del Partido Socialista Obrero Español, se encontró con la imposibilidad de cumplir el mandato de la Constitución por falta de centros y de recursos materiales. Y decidió promover la figura de los “centros concertados”, medida que desbloqueó la situación en la que se encontraba su gobierno.

No hay duda de que la concertación podría cancelarse en algún momento en las condiciones que se pactaron si el gobierno tuviera recursos para absorber a los millones de alumnos que asisten a los colegios, pero mientras se mantenga esta figura, los padres, los alumnos y los centros afectados, están tan dentro de la constitución como los de los colegios públicos

Por cierto, esta mañana he escuchado en la radio este comentario de Nicolás Redondo, persona a la que escucho siempre con mucha atención: “La enseñanza concertada nunca ha causado problemas. La pública de las autonomías, sí”. Y algunos muy graves, añado por mí cuenta.

En resumen. Por lo que entiendo, siendo menos culto, menos “leído” y menos poderoso  que la señora Celaá, está señora, al mezclar el derecho a la enseñanza con los centros donde se imparte en la actualidad, hizo una afirmación falsa, si no torticera. Es como decir que los pacientes de la Seguridad Social atendidos en centros concertados por imposibilidad de atenderlos en los públicos, tienen menos derechos porque ese supuesto no estaba previsto en el texto de la Constitución.

La Constitución, Señora Celaá, es un texto marco que necesita desarrollo. Desarrollo que nunca se ha abordado en su totalidad por pereza o desidia de los legisladores, como ocurre la sucesión de la corona que sigue primando a los varones, o porque nunca supusieron una deslealtad de la autonomías como la de Cataluña, razón por lo que el poder  judicial, y el mismo legislativo, encuentran demasiada zonas confusas para aplicar la ley

Por otra parte, Señora Celaá y Señor Iglesias, verdadero destinatario de su mensaje: Tengo oído, no lo he comprobado, que cada alumno de la enseñanza pública nos cuesta 8.000 euros. Los de la concertada 3.000.

Y no quiero entrar en la calidad de la enseñanza porque, como siempre ha sido, depende del centro, sí, pero muy especialmente de la preparación, el interés,  y la vocación de cada docente.

Y ese condicionante,  ni lo asegura ni lo condiciona al cien por cien el rótulo de cada centro.