El vergonzoso ejemplo de los partidos políticos y sus trapicheos de conveniencia. ¡Segunda vuelta ya!

Acabamos de pasar unas elecciones municipales y autonómicas, y ayer mismo se constituyeron los más de 8.000 ayuntamientos de España. Y lo que debería haber sido una oportunidad de renovar y refrescar los hábitos democráticos del país, solo ha servido para evidenciar el bajo, muy bajo, nivel de los partidos y, por extensión y casi como causa, de sus líderes políticos.

He defendido y defiendo la democracia representativa como el menos malo de los modelos de estado, pero también he dicho que es un sistema imperfecto que necesita un continuo control de sus defectos, y que se apliquen medidas correctivas en sus normas para evitar abusos y degeneraciones. Es decir: las leyes electorales no pueden ser eternas. Hay que actualizarlas conforme evoluciona la sociedad, sus hábitos y, sobre todo, sus necesidades de participación.

Ya no vale el darle un voto a un partido y esperar cuatro años para poder intervenir activamente en política, que es lo que ocurre con las leyes actuales.

Porque, después de tantos años, seguimos anclados en aquel “Spain is different” que se utilizó como lema turístico para recalcar nuestra singularidad, nuestra riqueza cultural, lo variado de nuestras costumbres, de nuestra gastronomía y de nuestra orografía, pero, como ha ocurrido con tantas otras cosas, tiene esa parte negativa, tan española por otra parte, de no aprender lo mejor de las normas y costumbres de los países más avanzados en algunos aspectos de la organización social, especialmente cuando se trata de comportamientos políticos. Nosotros somos más listos y no necesitamos que los británicos, los alemanes,  o los franceses vengan a darnos lecciones.

Y así, en España, nuestra clase política se ha ido degradando y perdiendo calidad, hasta casi convertirse en un oficio apetecido por muchos como garantía de subsistencia personal y de “medraje” social.

Por lo que, en lugar de abrir puertas y ventanas más allá de los Pirineos y “copiar” sus mejores prácticas para elegir a los cargos más representativos, por ejemplo, cada vez nos sorprenden más con sus actitudes egoístas, torticeras, oscuras y muy poco éticas. Por muy legales que sean.

Hace poco publiqué un comentario en el que recomendaba que se meditara seriamente a qué partido íbamos a votar porque si no conseguía gobernar o influir en el gobierno, nacional, autonómico, o municipal, negociaría con terceros nuestros votos.

Pero nunca podía suponer que se llegara a donde se ha llegado. Se puede entender que en la alcaldía de Valencia, por ejemplo, los partidos negocien el “coste” de apoyar a tal o cual candidatura  a la alcaldía de nuestra ciudad, siempre en términos de programa político, naturalmente.

Sin embargo hemos llegado a un límite nunca visto. Las direcciones de los partidos  han convertido a toda la nación en una especie de mercado “de lo barato” en el que el apoyo de un determinado partido a la candidatura a la alcaldía de una localidad, se ha cambiado por el apoyo del partido beneficiado a la candidatura del negociador en otra.

Auténticos trileros de votos que, como los profesionales, guardan la bolita entre sus dedos hasta que termina la jugada.

Es decir, si yo he votado a Ciudadanos de Valencia, la dirección del partido de Rivera puede decidir, y ha decidido en muchos casos, que Ciudadanos apoye al PSOE de Valencia, a cambio que el PSOE apoye a Ciudadanos en Toledo. Son ejemplos falsos en los nombres, pero está sucediendo.

Y eso es el gran fraude. Que mis votos a Ciudadanos de Valencia pueden servir, como en el ejemplo, para dar la alcaldía al PSOE en otro lugar, en un trueque indecente y de conveniencia entre partidos, que no entre votantes.

Y si esto es grave, que lo es y mucho, todavía lo son más las muy extrañas componendas que hemos visto esto días, incluido el intento, en algunos casos realidad, de que dos partidos se turnen en la alcaldía de una localidad. Como ha propuesto Ciudadanos al PP en el ayuntamiento de Madrid. ¡Qué falta de respeto a los ciudadanos afectados por estas medidas!

Hace tres días comentaba en Facebook:

Parece que Ciudadanos ha acordado con el PSOE alternar la alcaldía de Ciudad Real, dos años cada partido, y ha propuesto al PP que se haga lo mismo en Madrid.

Claro que esto se debe, exclusivamente, al interés por implantar en estas ciudades el espíritu renovador de Ciudadanos, al interés por modernizar la política, y a la necesidad de acabar con los malos hábitos anteriores.

Por supuesto no ha sido un pacto para ocupar “sillones”.

¿Quién podría pensarlo? Es política pura, limpia, nueva.

¡Que morro!”

Perdonen la ironía.

Y cito a ciudadanos, aunque no ha sido el único, en parte por su forma tradicional de actuar, tan desconcertante, y en parte porque es el que más posibilidades ha tenido de actuar como “partido bisagra” en muchas ciudades.

Y estos hechos, cada vez más frecuentes, son un auténtico fraude a los electores. Poniendo un ejemplo deliberadamente muy exagerado para que se entienda lo que pretendo decir, es como si donaras un dinero para Cáritas y acabara en manos de un grupo terrorista.

Y eso que, en esta ocasión, algunos partidos sí que han declarado quién sería su “socio preferente”. Preferencia que se han saltado a la torera cuando les ha convenido.

¿Y cómo podemos evitarlo? Nosotros de ninguna forma porque son ellos, los partidos políticos, los que pueden cambiar las reglas y se resistirán hasta el último aliento porque es una forma de conseguir un poder adicional y mafioso. El poder de chantajearse los unos y los otros.

Solo podemos pedir, rogar, suplicar, o exigir que miren a Europa y hagan lo que hacen los gobiernos con mucha tradición democrática. Por ejemplo el caso Francés.

Elecciones generales. Basadas en mayorías y/o segundas vueltas:

La primera diferencia es que en este país se vota directamente al Presidente de la República y, posteriormente, a las cámaras legislativas.

Y ¿Cómo lo hacen?  Transcribo textualmente:

“El sistema francés es uno de los modelos que se podrían tomar como referencia en una posible reforma de la ley electoral. La principal diferencia con respecto a nuestro sistema es el escrutinio a dos vueltas. Tras una primera votación, los dos candidatos más votados pasan a la segunda ronda, y entonces los ciudadanos pueden volver a votar eligiendo a uno de los dos.

El objetivo de un sistema a dos vueltas es evitar una situación en la que gobernaría el candidato más votado cuando hay una mayoría de gente que prefiere a otro candidato antes que a éste. De este modo, una vez los dos candidatos más votados han pasado a la segunda ronda, toda la gente que no les votó en la primera vuelta tiene la oportunidad de elegir a cuál de los dos prefieren”.

Como es natural, este sistema quita posibilidades de gobierno a los partidos “pequeños”, pero es que, tal como están las cosas, no hay ninguna razón democrática, ética o moral que justifique que partidos pequeños, como los independentistas o filo terroristas condicionen a la nación como lo están haciendo.

¿Extraño?. No tanto. En España ya se aplica en el País Vasco.

Aunque, de entrada, en España habría que eliminar la “ley d’hont”, conveniente en la transición y tan perniciosa en la actualidad, y convertir a toda la nación en distrito electoral único, en el que un voto de Cuenca valga lo mismo que un voto de Madrid. O que los votos de un partido que solo se presenta en una comunidad tengan más peso que los que se presentan en toda España.

Soy consciente de que las provincias pequeñas perderían protagonismo, pero ganarían en fortaleza de los sucesivos gobiernos para aplicar medidas de solidaridad entre españoles, que es de lo que se trata, porque muchas veces, casi siempre, el pan para hoy es hambre para mañana.

Elecciones municipales:

¿Y cómo regula Francia las elecciones municipales? Los alcaldes franceses de las grandes ciudades son elegidos, como en España, por los consistorios municipales. Y los consistorios se eligen en listas cerradas con dos excepciones: El caso de París, Marsella y Lyón, que por el número de habitantes tienen varios distritos electorales, y el de los pueblos de menos de 1.000 habitantes, donde pueden presentarse candidatos a alcalde o listas electorales.

Con la salvedad de que, en este caso, también está prevista una segunda vuelta para facilitar gobiernos “cómodos” a los consistorios,

Y esta es la fórmula: “Si una candidatura consigue ya desde la primera vuelta la mayoría absoluta de los votos, saca directamente la mitad de los escaños del consistorio y la otra mitad se reparte proporcionalmente entre todas las candidaturas -la ganadora incluida-. Si ninguna se alza con la victoria en la primera vuelta, se celebra una segunda una semana después, a la que pueden concurrir todas las listas que hayan obtenido al menos el 10% de los votos. En esta segunda vuelta -en la que se pueden reagrupar y cambiar las listas- gana la que queda en cabeza (La Vanguardia 9/7/17)”

Parece muy complicado, pero es un sistema mucho más sencillo que el español. Las reglas de juego son muy claras y, sobre todo, los votos en primera y en segunda vuelta, si es necesaria, son de los ciudadanos de cada localidad y afectan únicamente a su distrito electoral, por lo que es imposible que los utilicen para cambiar cromos, sillones, o concesiones no previstas por sus votantes..

En Francia, como en otros países de Europa, nadie usurpa la decisión a los ciudadanos.

Y no olvidemos que gracias a la segunda vuelta y a que los ciudadanos se dieron cuenta de lo que podría ocurrir, Marine Le Pen no es presidenta de la República.

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Las normas, los comportamientos y el desorden de los políticos.

Cualquiera que me conozca medianamente bien sabe que soy un acérrimo defensor de las normas y, como consecuencia y derivada natural, de los comportamientos.

Y por esta razón estoy convencido de que parte de la degradación ética y estética de nuestra sociedad es por la laxitud en la aplicación de lo “que se debe hacer”, esté escrito o no. Especialmente si está escrito.

Insisto. La sociedad civil necesita respetar normas de la misma forma que las ceremonias religiosas se enmarcan en la liturgia especial de cada una de ellas.

Porque si no hay un cauce de convivencia y cada uno obra según su entender, aunque sea su recto entender, y no sigue las normas establecidas, podemos entrar en terreno de las interpretaciones, siempre tan peligroso.

Y si aplicamos este caso a la clase política, que no a la política, las consecuencias pueden ser nefastas.

Esto viene al hilo de lo ocurrido en la última toma de posesión de los parlamentarios, y algunas de las extrañas fórmulas empleadas para “aceptar” las obligaciones propias de su cargo, simplificadas en el acatamiento de la Constitución.

Pues bien. Ayer comentaba que, en mi opinión, parte de los parlamentarios recién nombrados no cumplieron con lo que indica la ley para refrendar su cargo en las cortes, complemento obligatorio al de disponer del acta de diputado, por lo que dudo mucho de que en realidad adquirieran la titularidad.

Porque no siguieron la norma establecida, en este caso la “Resolución de la Presidencia (de las Cortes), de 30 de noviembre de 1989, sobre la forma en que se ha de prestar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución previsto en los artículos 4 y 20 del Reglamento de la Cámara”, que en uno de sus párrafos dice:  “formulada la pregunta “¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?”, se debe contestar con un “sí, juro” o “sí, prometo”.

También decía que el Constitucional aceptó la coletilla de Herri Batasuna de “por imperativo legal” porque no altera para nada el fondo de la cuestión, ya que todo el proceso, incluidas las propias elecciones, están reguladas por un imperativo legal.

Es como si un agente del orden detuviera a un delincuente en pleno acto delictivo y al “quedas detenido”, o lo que sea lo que diga, añadiera “por imperativo legal”. No hace falta que lo diga porque se sobreentiende que está actuando porque le obligan las leyes españolas.

Pero a partir de ese momento se han ido permitiendo añadidos más o menos folclóricos, en principio inofensivos, que han acabado por ser perniciosos por confusos y contradictorios.

Nadie puede ser congresista de la nación española alegando fidelidad a un referéndum ilegal sobre un asunto anticonstitucional, por ejemplo. O autodefinirse como “preso político” en un país con una democracia muy consolidada.

Y lo que debió hacer la presidenta, en mi opinión, es advertir a los heterodoxos de que no podía aceptar su fórmula como válida, y que la única posibilidad de reconocerlos como congresistas era ceñirse a la ortodoxia del “sí juro” o “sí prometo”. Sin más.

Pero esto viene de mucho tiempo y de mayores instancias, por lo que de aquellos lodos tenemos estos barros. Siempre he pensado en que ha sido un gran error permitir que los presidentes de las comunidades autónomas, especialmente la vasca y la catalana, hayan aparentado que lo son porque los eligieron en su comunidad, lo que es cierto, para hacer lo que estimaran oportuno, lo que es rigurosamente falso.

Los gobiernos de las Comunidades Autónomas actúan por delegación del gobierno de la nación, y sus competencias, las transferidas, están enmarcadas por las leyes españolas y por lo que establecen los estatutos de cada autonomía, que nunca pueden tener un rango mayor que el de las leyes de la nación.

Pues bien. He buscado lo que dice la ley sobre el particular, y veo que el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, que es el que regula la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas, entre las que se incluyen las de presidentes de autonomía, dice en su artículo primero:

En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta:

«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo …………….. con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?»

Esta pregunta será contestada por quien haya de tomar posesión con una simple afirmativa.

La fórmula anterior podrá ser sustituida por el juramento o promesa prestado personalmente por quien va a tomar posesión, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

En este caso aparece un matiz importante sobre los juramentos o promesas de los parlamentarios, y es el de “guardar y hacer guardar la Constitución”. La razón es que una buena parte del funcionariado, como los presidentes de autonomías, ocupan cargos revestidos de autoridad, delegada repito, y no solo tienen que respetar la Constitución, sino hacer que se respete.

Y mi opinión es que, según lo establecido por la ley, una parte de los presidentes autonómicos nunca lo fueron legalmente porque ni aplicaron la letra ni estaban de acuerdo con el espíritu del texto.

Por lo que, o se les debió exigir cumplir con la formalidad, o nunca se debió aceptar que sus nombres aparecieran en el BOE, que es el único documento oficial a nivel nacional con poder para ratificar los nombramientos.

Pero, como la política española fue derivando hacia la inmediatez de las decisiones y la provisionalidad de los cargos,  ocurre que se han abierto muchas causas por delitos económicos, pero prácticamente ninguna por tomar decisiones políticas equivocadas, entre otras cosas porque hay que demostrar la intencionalidad, y eso es casi imposible.

Y así hemos asistido a acontecimientos en los que los responsables de hacer cumplir la ley, los gobiernos de turno, han ido cediendo en autoridad y mirando hacia otro lado cuando se han producido hechos de muy dudosa legalidad constitucional, permitiendo que los usos sustituyan a las normas.

Y así es como, pasito a pasito en las cesiones, hemos llegado a la incomprensible situación actual, donde todo el mundo actúa según su criterio, teniendo que escuchar, como ocurrió el otro día, que no todos los nuevos diputados habían adoptado fórmulas en la que se aceptaban los compromisos propios del cargo.

Mi castellano es más o menos como  el de la media de los españoles, y siento decir que no comparto en absoluto las conclusiones de la flamante presidenta delas cortes cuando afirmó que todos ellos habían aceptado el cargo de forma inequívoca.

Siempre he defendido que cuando se tienen responsabilidades empresariales o familiares hay que corregir continuamente “pequeñas cosas” como única fórmula para evitar los grandes problemas.

Pero claro, estamos en política, que es tanto como decir un mundo  que ha ido derivando hacia el “tula llevas”, donde todo el mundo se apresura a ponerse frente a una cámara cuando hay buenas noticias, sean o no sean por sus actuaciones, y nadie quiere saber nada de tomar decisiones o aceptar responsabilidades. Mucho más en este ambiente de permanente campaña electoral en el que nos han sumido, y en el que todos prefieren mirar hacia otro lado, no sean los votos, y nadie tiene el valor de ponerle el cascabel al gato.

Estos días estoy siguiendo una parte del juicio a los independentistas catalanes y he descubierto con admiración la razón de la eficacia del orden judicial.

Los testigos entran cuando lo permite el presidente de la sala, responden a las preguntas protocolarias de forma escueta y clara, se sientan cuando él lo autoriza, y nadie, ni abogados, ni fiscales, ni testigos, se salen de la norma por mucho que lo intenten y empleen los trucos que empleen, porque el presidente, figura de la autoridad y garantía de la independencia y de la imparcialidad del proceso, pone a cada uno en sus sitio sin permitir ni salidas de tono, ni del orden en el  proceso judicial.

Está claro que un parlamento no puede estar tan encorsetado, pero entre este tipo de actuaciones y el desorden actual, hay un gran margen de maniobra que permitiría una dinámica parlamentaria, ágil y libre en las propuestas y las opiniones, pero sujeta a unas normas mínimas de orden y cortesía parlamentaria, en el que, entre otras cosas, se respeten las normas escritas en el reglamento de las cortes sin ningún margen a la interpretación.

Nos evitarían mucha vergüenza ajena y ganarían en eficacia.

El panorama político y la nueva situación de los partidos.

Hace tiempo que no entro en Twitter,  entraba muy poco, y no frecuento más redes que Facebook, pero, por lo poco que veo, parece evidente que se ha producido una especie de corrimiento de tierras en los planteamientos políticos que, curiosamente, solo afecta a los que estamos a nivel de calle. Los ciudadanos de a pie.

Porque los políticos “consagrados” y sus acompañantes en listas electorales se mantienen en la cima de los montes o en lo alto de grandes torres, sin que les afecten las malas noticias de cada día. Es como si el pintor de la frase humorística se mantuviera en lo alto, agarrado a su brocha, aunque le quiten la escalera.

Y continúan hablando y actuando como si nada hubiera cambiado y aquí no pasara nada. Como si tuvieran la solución, cuando cada vez lo están enredando más por falta de entendimiento entre los que deberían entenderse.

Pero sí pasa. Seguro que ya me faltan neuronas, pero todavía recuerdo cuando los grandes partidos políticos tenían sus corrientes o sus familias, que eran su oposición interna a cara descubierta, pero que, pensaran lo que pensaran eran, ante todo, miembros del partido.

Y así, dentro del PSOE, estaba el grupo del PSP de Tierno Galván, la muy aguerrida Izquierda Socialista y algunos otros, aunque basta con estos ejemplos.

En el PP coexistían diversas familias, desde los antiguos “azulines” hasta los socialdemócratas, que alguno había, pasando por los liberales, los democratacristianos  y algunos más.

Pero, insisto, discrepancias e incluso enemistades personales al margen, todos “eran partido” y cuando el líder de turno hablaba, lo hacía en nombre de todos. Y todos formaban bloque.

Pero ahora no. Pedro Sánchez no representa, ni de lejos, a todo el socialismo español. Si a los órganos de gobierno porque ya se encargó de desalojar de ellos a sus enemigos internos, que los tiene. Y estableció aquella diferencia oportuna entre militantes y votantes.

Pablo Casado tampoco es la voz del PP. Ni mucho menos. Muchos de los antiguos dirigentes abandonaron el partido y otros se mantienen desconcertados y con muy serias dudas. En cuanto a los militantes, una parte permanece fiel  la causa, pero otros se pasaron a VOX, a Ciudadanos, o al nuevo gran partido de España, el de los indecisos.

En cuanto a Unidos o Unidas Podemos, de unidos nada. Pablo Iglesias no ha podido mantener a “las mareas”, y la mayoría de la cúpula fundadora se ha ido a su casa, a las buenas o a las malas, o se ha buscado otros acomodos. Por lo que tampoco él representa al partido original.

De Alberto Garzón, líder de IU, sedimento de los antiguos partidos comunistas, casi no vale la pena hablar. Fagocitado por Podemos, su voz es casi eso: su voz, porque, por lo que parece, tiene casi más disidentes que militantes.

Ciudadanos se salva de la quema por dos razones: Primero porque es un partido absolutamente presidencialista y su líder no permite bromas, y segundo porque nunca ha gobernado, por lo que no ha sufrido desgobiernos, ni fracasos, ni tiene muchos casos de corrupción. No ha habido lugar porque nunca han administrado fondos públicos “a lo grande”.

También VOX es un partido presidencialista. O mejor, partido con líder, que de momento no tienen fisuras. Pero es un partido de avalancha que se nutre de idealistas románticos y  de descontentos varios  que  solo tiene cabida en el espectro político si las cosas van mal. Como ocurrió con Podemos.

Y como nunca tendrán mayorías suficientes, el que las cosas vayan bien no depende de ellos. En cualquier caso, aunque sobreviva, es un partido con techo electoral evidente.

Así pues, no hagamos mucho caso a lo que dicen los grandes gurús de la política cuando hablan ex catedra en nombre de “su partido” porque no es verdad. No existe ningún “su partido”.

Y los que eran algo y alguien en los partidos se han retirado de la política si tenían alternativas, y el resto siguen reptando entre listas electorales y cargos de confianza, porque no saben hacer otra cosa. Incluso algunos son gerentes de grandes empresas públicas.

¿Quiere esto decir que todos los políticos en activos son inútiles o indeseables?

Ni mucho menos. Continúa existiendo una buena parte de gente que cree en que todo esto tiene remedio. Que ya hemos tocado fondo y que las aguas volverán al cauca de la racionalidad. Esperemos que así sea

La moraleja es que la política actual, la de las alturas, es una gran farsa. Nadie es lo que dice ser y todos ahuecan las plumas para aparentar más tamaño que el que realmente tienen. Y a los escaños me remito, incluso con el engorde artificial de la ley D’Hondt.

Decía que no escucho la voz del socialismo en boca de Pedro Sánchez, que nos va a freír a impuestos indirectos mientras dice a pleno pulmón que sangrará “a los ricos” y tontea con los independentistas.

Pero no rechistemos o nos anatemizarán. Los socialistas de nuevo cuño son así. Zapatero ya dijo que éramos “antipatriotas” si hablábamos de la crisis. Esa crisis que era absolutamente notoria para el resto de países, que ya preparaban sus defensas.

Y ayer se nos apareció en las pantallas nuestro ilustre paisano, el ministro Ábalos, para decirnos, con cara de contener sus impulsos naturales de darnos un cachete por bobos, que “atacábamos a la democracia”,  a la justicia social, y a no sé cuántas cosas más, si no estábamos conformes con los impuestos.

Y que la presión fiscal en España estaba lejos de la media europea. A la baja naturalmente.

Seguimos en las mismas: los españoles somos analfabetos políticos y debemos obedecer las consignas de los gobernantes, que ellos sí que saben.  ¡Cuánta razón tenían nuestras madres cuando nos decían que no nos metiéramos en política!

Lo que debemos hacer es votar al Sr. Ábalos y al resto de “los que saben”, y no molestarles con impertinencias. Volvamos al Despotismo Ilustrado. El de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”

Pero, Sr. Avalos, nosotros, yo al menos, no discutimos la evidente necesidad de los impuestos en una nación solidaria y con tantas prestaciones sociales, pero como ciudadano español, tengo derecho, todo el derecho, a criticar los que no me gustan, no por excesivos, sino por injustos.

Como los que aplicarán al diésel, por ejemplo, que castigarán a la gente menos favorecida del mundo social y laboral, exceptuando a los parados,  y que fue el detonante de las manifestaciones de los “chalecos amarillos” en Francia. No lo olviden.

Solo que aquí no pasará nada porque lo ejecutará un partido de izquierdas, los que mantienen esa coartada tradicional de la superioridad moral y de su conexión con las realidades sociales. Ni protestas de la ciudadanía, ni condena de los Sindicatos pese a los evidentes perjuicios que van a causar a los trabajadores en general y a las familias en particular.

Y, Sr. Ábalos,  los que hemos ido a colegios sabemos diferenciar entre lo absoluto y lo relativo. Porque en términos absolutos es cierto que un alemán, un francés, o un británico paga más impuestos que nosotros, pero es igual de incuestionable que sus salarios son mucho más altos que la media española.

Y, como es evidente, si ponderamos ambos conceptos salimos perdiendo. Por goleada. Como dirían Epi y Blas, Sr. ministro, repita conmigo: “absoluto”, “relativo”.

“¡No os metáis en política!”, repito, nos decían nuestras madres.

Y estando así las cosas, resulta que los señores que mandan, que mandaron o que mandarán, han conseguido trasladar la presión política a la ciudadanía que, en buena parte, discute agriamente sobre si este insultó a este otro, o si saluda a unos o a otros, o si le entrega tal o cual libro en un debate. Siempre adjetivando. Adjetivando en letra mayúscula, por no decir gorda, en negrilla y subrayada.  

Y los sindicatos, esos que viven exclusivamente de las cuotas de sus afiliados,  se atreven a decir al gobierno que no pacte con Ciudadanos, que lo haga con Podemos. Seguramente es que solo defienden a los obreros de izquierdas aunque, eso sí y por casualidad, ya están recibiendo ayudas extras del ejecutivo.

Y nos insultamos cada vez con más virulencia por defender a terceros que, en muchas ocasiones, son indefendibles. Y si nos asomamos a los foros de opinión, que son más bien de agitación, parece  evidente que nos odiamos en su nombre, mientras “ellos” se enseñan las fotos de sus hijos al final de un debate agrio, bronco, leñero, de los que gustan a las televisiones porque les proporciona audiencias.

Y creemos que lo hacemos porque defendemos las ideas que ellos representan cuando, como digo, cada vez representan menos a las ideas de sus partidos y más a ellos mismos, sus egos y sus intereses personales.

Suena a cínico, pero es lo que pienso. ¡Ya vendrán tiempos mejores!

De momento seguimos como solía.  El agua del puchero se sigue calentado muy lentamente y la rana, que somos nosotros, acabará muerta por el exceso del calor sin darse cuenta de que la están cociendo.

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