Los informes de la UCO

El otro día escribí un comentario sobre la desafortunada intervención de un representante sindical de la policía que denunciaba el hecho “de que los jueces no abran procesos” cuando, para él, estaba claro que debían atender las iniciativas de la policía. El juez le respondía, con toda razón, que los comunicados de la policía tienen categoría de denuncia, y que son los jueces y los fiscales los que deben determinar si hay pruebas suficientes o no para abrir un procedimiento.

No me extiendo más porque, como digo, está publicado en mi blog. Enlace https://jlmartinezangel.com/2017/05/06/las-garantias-procesales-y-el-estado-de-derecho/

Pero estos días me encuentro con que la UCO, ¡la UCO!, manda una documentación al juez Velasco denunciando la posibilidad de que Cristina Cifuentes haya cometido delitos, concretando algunos de ellos.

Seguramente las cosas han cambiado mucho y soy yo el equivocado pero, ¿la Guardia Civil calificando? ¡Nunca lo hubiera creído!

Yo he visto en la mesa de mi padre, en algún momento comandante de un puesto de la Guardia Civil, muchos atestados, y como los niños somos invisibles pero tenemos los oídos muy finos, le escuche comentar alguno de ellos con los guardias que los redactaban.

Un atestado, por lo que recuerdo, era una relación clara, concisa y escueta de hechos que nunca se valoraban. “Muchos hechos y pocas suposiciones”, les decía, “porque si alguien (un juez, un superior jerárquico) quiere saber nuestra opinión, ya lo preguntarán”, les aclaraba.

Es una forma práctica de afrontar acontecimiento que, muy posiblemente, heredé de mi padre, y que, curiosamente, era una de las normas establecidas en la multinacional en la que trabajé muchos años. Cuando mis directores querían conocer datos de mis resultados o de la marcha del negocio y yo daba opiniones, me decían “hechos, por favor (“by facts” decían los ingleses). Las valoraciones después”.

Y no era un acto de prepotencia: Uno entiende mejor la realidad si recibe una información detallada sin influencias emotivas del exponente. Muy británico, pero muy eficaz. Y una vez conocidos los hechos, es el momento de avanzar en las valoraciones para llegar a las acciones.

Volviendo al tema, recuerdo que en los ámbitos cuarteleros se comentaba un atestado en el que un guardia civil describía que habían encontrado un cadáver con la cabeza separada del cuerpo y el redactor decía “aparentemente muerto”. Era el paradigma de los atestados y, posiblemente, se basaba en un hecho real.

Lo de “aparentemente muerto” tenía una doble consecuencia: no se le aplicaron primeros auxilios, como era su obligación si tenía alguna posibilidad de recuperarlo, pero no podía arriesgar una opinión porque, en este país, nadie está oficialmente muerto si un médico o un juez no lo certifican.

Y la redacción no era consecuencia, ni mucho menos, de la falta de conocimiento del redactor, ni una de “esas cosas” del anecdotario de los antiguos guardias camineros, que solían tener una sólida disciplina, una memoria increíble, y una cultura general generalmente escasa. Hacían lo que tenían que hacer. Lo que decía el reglamento.

Porque ellos multaban a la gente por incumplir tal o cual artículo de la ley de caza y pesca o cualquier otra de las habituales de la época, o practicaban detenciones si los sorprendían en la comisión de un delito mayor. Los detenían y los interrogaban para tratar de aportar más claridad a los hechos, pero sin calificarlos.

He leído en internet que «los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho«.

Pero claro, yo no he leído el atestado, y esto puede ser un “dicen que han dicho” que no me puedo creer. De la Guardia Civil no. De la guardia Civil que escribía en un atestado “presuntamente muerto” cuando encontraban un cuerpo y una cabeza separados, no.

¿Qué ha cambiado? Por lo que sé, los atestados de cualquier cuerpo de seguridad del estado tienen la categoría de denuncia. Y punto. Sin embargo, los últimos informes de la UCO han sobrepasado la línea de la literalidad, entrando en el de las valoraciones.

Y tengo un dilema que alguien tendrá que aclárame: si lo que se ha publicado es cierto, algún mando de la Guardia Civil tiene que justificar esa redacción. Si no lo es, tiene que desmentirla.

Lo que no se puede es no hacer nada. A no ser que hayan cambiado los protocolos de la judicatura o haya bajado tanto la preparación de los jueces y fiscales, que la policía o la guardia civil tienen que marcarles el camino a seguir.

Cosa que no creo.

¡O tempora o mores! ¿Tu quoque UCO fili mi?

Con todo el cariño para la Guardia Civil, de la que soy descendiente en varias generaciones, compuesta por muchos miles de miembros y, como consecuencia, expuesta a muchos posibles errores humanos o de procedimiento.

La conflictos de la educación en la Comunidad Valenciana

Seguramente la presión era tan alta que Ximo Puig y Vicent Marzá decidieron viajar a Finlandia para comprobar in situ el porqué de los excelentes resultados de la educación en ese país medidos en términos de gestión económica y de nivel educativo de los alumnos.

Conociendo el nivel de los políticos al uso, y muy especialmente los de nuestra comunidad, absolutamente incapaces de reconocer los méritos ajenos o de corregir sus propios errores, no hacía falta ser muy listo para saber de antemano que la primera declaración sería algo parecido a “nosotros ya hacemos mucho de lo que hacen ellos”.

No me equivoqué y no le di demasiada importancia porque era lo esperado. ¡Cómo no lo iban a decir! Naturalmente aquí también van los niños a la escuela, las escuelas tiene techo, y en las escuelas hay profesores.

No quiero pasarme de cáustico, pero a partir de estos mínimos comunes denominadores empiezan las diferencias con un país en donde el acceso al profesorado exige una de las puntuaciones más altas entre las carreras oficiales, donde los profesores se reciclan periódicamente, están sujetos a evaluaciones regladas, y bastantes cosas más.

Tampoco quiero alargarme porque todas estas cosas ya las comentaba en una de mis “reflexiones”, publicada en mi blog en mayo de 2016, y titulada “los deberes escolares ¿un sustitutivo a las carencias de la educación”. Está localizable en https://jlmartinezangel.com/2016/05/13/los-deberes-escolares-un-sustitutivo-a-las-carencias-de-la-educacion/

Lo que me anima a escribir estas líneas es la declaración posterior de Vicent Marzá afirmando que no movería ni una coma del proyecto educativo porque “venía en su programa”.

A primera vista parece una de las famosas verdades del barquero. Un silogismo perfecto: si estaba en mi programa y me habéis votado, lo aplicaré.

No está nada mal para que los ciudadanos vayamos aprendiendo a votar con todas las consecuencias, leyendo los titulares y la letra pequeña. Porque si salen elegidos los que hemos votado y aplican el programa que presentaban ¿de que nos quejamos?

Pero aquí hay una pequeña trampa. No he podido comprobarlo, pero seguro que estos conceptos sobre la educación, que en definitiva supone seguir la hoja de ruta del nacionalismo catalán, estarán en el programa. Pero ¿en que programa? ¿En el del Bloc Nacionalista Valencia, al que pertenece, o el de Compromís, del que forma parte?.

En cualquier caso, Sr. Marzá, Ud. no ha ganado las elecciones. Las elecciones las ganó el PP, y no es que reivindique las cosas buenas del PP porque también deberían “hacérselo mirar”, pero lo cierto es que Ud. es Conseller porque se firmó una coalición entre “coaliciones” (Compromís) y partidos políticos y, mire Ud. por donde, le nombraron para el cargo.

Por lo que resulta que los que votaron al PSOE, verdadero responsable de todos estos desaguisados por no hacer valer su programa, no eran conscientes de que les iban a crecer estos enanos. Y también desconozco si lo sabían los votantes de Podemos o del resto de partidos de la coalición Compromís.

Y que conste que le defiendo como el más honrado de los políticos que nos gobiernan porque Ud. no ha engañado a nadie jamás. Estoy en desacuerdo con muchas de sus medidas, pero tengo que reconocerle este mérito.

Así pues, vale que Compromís tenga agarrados de donde no se debe a un PSOE dividido y desconcertado hasta límites impensables, y a Podemos. Y que esta posición le proporcione una generosa capacidad de maniobra, pero las cosas son como son: El poder que le ha sido dado, le ha sido conferido por quien debería haber puesto coto a estas salidas de pata de banco.

Ellos sabrán porque están interesados en cavar sus propias tumbas. Porque la Sra. Oltra, dicho sea desde la distancia, es, con mucho, la mejor política que ejerce en la comunidad. Lo que se define vulgarmente, y con todo respeto, como “un animal político”.

Y me gustaría saber quién será el guapo, de los suyos o de los “otros”, que la apeará del caballo que cabalga en este momento. El caballo que le han permitido montar los que se creían más listos que ella.

Vivo en una ciudad que arrancaba las últimas vías del tranvía, en lo que era Avenido del Doncel Luis Felipe García Sanchís, dos o tres años después de que otras tan importantes como Roma, Frankfurt, y casi todas las de los países nórdicos, decidieran que este medio de locomoción urbana era el más económico, ecológico y cómodo para los mayores de cuantos existían en eses momento.

Y es que España sigue “siendo diferente”, y parece que continúa en vigor el nostálgico cartel que aparecía en los vagones de los ferrocarriles, que fue título de una obra de Enrique Jardiel Poncela: “Es peligroso asomarse al exterior”, “É perigoso pebruçar-se“ en versión de los coches-camas, porque sus vagones, enganchados en nuestros trenes, pertenecían a la compañía portuguesa.

¿Para qué vamos a hacerlo? No tienen nada que enseñarnos. Nosotros somos más listos.

Las garantías procesales y el estado de derecho

Anoche seguía una tertulia en una cadena de televisión, y presencié con asombro como un representante del Sindicato de Policía contradecía con vehemencia, incluso rayando en la insolencia, a un ex magistrado del supremo sobre temas legales.

Defendía, como cosa absolutamente impresentable, que algunos jueces no habían atendido denuncias de la policía sobre determinados asuntos, especialmente sobre el caso Pujol. Caso del que, por supuesto, todos abominamos, y para el que seguimos reclamando castigos ejemplares.

El magistrado quiso aclararle varias veces que un atestado policial no es una prueba, sino una denuncia, y que a la vista de la solvencia de lo denunciado, el fiscal y el juez deben determinar si la denuncia merece una investigación o no.

El policía citado llegaba al extremo de acusar a determinados jueces de no autorizar registros cuando ellos, la policía, veían “claros indicios”, sin atender a que en un estado con garantías procesales, como es en la teoría y debería ser en la práctica el nuestro, pedir un registro sobre indicios poco fundamentados para confirmar los indicios, es una auténtica aberración.

Un “creo que, que no me dejan probar, y así no podemos hacer nada».

Y le recordaron, varias veces, que la policía está sujeta a la autoridad de los jueces, y no los jueces a la de la policía.

Hubo una frase especialmente desafortunada cuando el magistrado defendió con firmeza la labor de los cuerpos de seguridad del estado por los que había sido condecorado, y el portavoz del sindicato dijo, más o menos, que le parecía mal que condecoraran a señores “como él” en lugar de a los compañeros “que se juegan la vida”. Para nota.

Como si los jueces pudieran pasear libremente con sus nietos por plazas y jardines de cualquier parte de España. Como si no necesitaran escoltas.

El magistrado aclaró que no era la policía la que le había condecorado, sino la Guardia Civil.

Con todo el afecto a la policía, que se lo tengo y sobre la que estoy escribiendo una novela en este momento, viendo actuaciones como la de este señor y los grandes conflictos internos que tiene montados, que espero que desaparezcan rápidamente para que la institución recupere todo su prestigio, no me extraña que los jueces prefieran confiar las investigaciones a la U.C.O., órgano central del servicio de la Policía Judicial de la Guardia Civil, menos politizada y altamente especializada en determinadas investigaciones.

Y lamento profundamente que un miembro de la policía, representante sindical por más señas, no conozca nuestro sistema legal, el significado de lo que son las garantía procesales, la presunción de inocencia, y el papel de cada uno de los estamentos en las causas judiciales.

Esta intervención no le hizo ningún favor al interviniente, ni tampoco a la tertulia de su cadena.

España necesita urgentemente pedagogía en todos los campos. Uno de ellos, muy especialmente, sobre los fundamentos de nuestro sistema de derecho del que se ha empoderado (y siento el anglicismo, pero es más rotundo que nuestro término «apoderado») la prensa, los políticos populistas y los medios de comunicación social, arrogándose una autoridad que no tienen. Denunciar corrupciones y delitos sí. Siempre. Esa es una de sus funciones. Sentenciar nunca, de ninguna manera.

La razón, la verdad legal, no la tienen ni los periodistas, ni los políticos, ni la policía. La tienen los jueces. Y si se equivocan, están sujetos al juicio de otros jueces. Y así debe seguir o, mejor, así debería ser, porque es preferible mantener las cautelas necesarias para no meter en la cárcel a un inocente, aunque esas mismas cautelas dilaten más los tiempos y exijan más pruebas para condenar a un culpable.

Y en esta ocasión sí que apelo al ejemplo del caso Pujol.

Y que conste que no pertenezco a la judicatura. Soy del grupo de los que demandan retornar a una sociedad más limpia y organizada, en la que cada cual cumpla su papel y no trate de tomarse atribuciones que no le corresponden.

Que una orquesta solo es buena si cada instrumentista toca bien su partitura: el violín la del violín, el chelo la del chelo y el oboe la del oboe. No me imagino al trompetista interpretando la partitura del percusionista.

Que los «hombre orquesta», dicho sea como genérico, solo son útiles para entretener en la calle o como pesonajes de ficción, como el que representaba de forma magistral Dick Van Dyke en la película Mary Poppins.

La realidad es otra cosa. Y, sin embargo, nos han crecido como setas en los últimos años. Y hay quién les escucha y les aplaude.

La verdadera utilidad de las lenguas:

Vicent Satorres compartió en Facebook un enlace con un excelente artículo de Josep Lacreu en el Levante, y yo incluí esta entrada:
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De acuerdo con el comentario sobre la utilidad de las lenguas. Hay que tener reglas, claro que sí, pero ni rejas ni candados.

Un inteligente refrán valenciano dice que “ferrant ferrant perdrem l’ofici” y eso es lo que les pasa a algunos. Que han olvidado la razón de ser de los idiomas.

Nacieron para que la gente se entendiera y, poco a poco y muy especialmente en estos tiempos en los que parece que muchos ilustrados quieren ser “mes que el que mes”, el valenciano, los varios valencianos, se están convirtiendo en “separadores” de la comunicación porque estos sabios deciden por su cuenta y riesgo como tengo yo que hablar con mi vecino.

Repito: reglas sí, pero que encierren a todos los puristas en una habitación y que no salgan hasta que no presente un diccionario común que acepte todas las voces en uso y, a partir de ahí y como ocurre con el idioma castellano, que se convierta en una lengua viva y de concordia.

Pero para eso hace falta humildad y reconocer que la lengua solo sirve si es un vehículo de comunicación, y que los que la mantienen viva, los únicos propietarios, son los pueblos, las gentes, que la hablan y escriben. Los sabios encorsetadores pueden convertirse en una verdadera amenaza porque generan discordia y aburrimiento.

Dicho sea de forma coloquial y con todo respeto para los ilustrados y para los valenciano hablantes de todas las normas y variedades porque, me figuro, que todos ellos aman la lengua valenciana, aunque sea con distintos amores

La brocha gorda de la historia y las trampas de los narradores. La Guerra de Sucesión

Mucho se ha escrito sobre la Guerra de Sucesión, y son demasiadas las interpretaciones interesadas por esa pasión española de cambiar la historia en función de lo que nos gustaría que hubiera pasado, como menos, o con intención de falsearla en beneficio de otros intereses.

Pero los hechos son tozudos, y los que se derivaron de la muerte de Carlos II sin sucesor no fue más que una disputa entre dos casas reales europeas por ocupar el trono. Las clases dominantes de todos los rincones de España estudiaron sus posibilidades y tomaron partido por el que estimaron más conveniente para sus propios intereses, intentando formar parte del bando ganador.

Y, terminada la guerra, unos ganaron y otros perdieron. Y me refiero, repito, a las clases dominantes, porque para el noventa por ciento de la población, los agricultores, los artesanos y la gente asalariada en general, era un conflicto que ni le iba ni le venía porque no conocían muy bien las razone que justificaban la disputa. Como máximo preferirían que ganara el favorito de su amo “por si las moscas”. ¿Qué sabrían ellos de derechos, beneficios, o fueros?

Serían, como siempre, los perdedores de otra guerra que no habían provocado y que no sabían cómo había empezado, pero de la que, seguro, pagarían las consecuencias. O les reclutarían, o sufrirían en sus espaldas los gastos de la guerra. Si su señor perdía, porque perdería su hacienda. Si ganaba porque los beneficios que obtuviera no llegarían a sus asalariados. Eso si no les arrasaban los combatientes entrando en sus casa a sangre y fuego, violando a sus mujeres y robándoles lo poco que tenían. Como siempre había sido.

Digo que los señores tomaron partido en función de sus propios intereses, ajenos a derechos dinásticos y otras zarandajas. Sí que sabrían que el austríaco podía ser más tolerantes con la “descentralización”, que en aquella época se traducía en mantener privilegios que pervivían desde el feudalismo, mientras que el triunfo del Borbón suponía un reino más centralista, más de someter el poder de los señores a la autoridad real.

Pero eso también sería causa menor porque los ganadores saldrían beneficiados en cualquier caso, y lo perdedores perjudicados, fuera el que fuera el triunfador.

Hay puntos geográficos especialmente sensibles a la llamada derrota del “pueblo” y la pérdida de “sus fueros”, como Xativa o Barcelona. Se diga lo que se diga, y sufrieran los daños que sufrieran, la guerra de sucesión no dejó de ser una batalla entre extranjeros por ocupar el trono de España, en la que participaron tropas francesas, austríacas, holandesas, portuguesas, españolas, y quien sabe de qué otros lugares, adobada, como no, por la presencia activa de los británicos que se movieron por España defendiendo sus intereses, y que acabaron firmando un pacto con los franceses por el que apoyarían su causa a cambio de que les dieran Gibraltar, Menorca y otras concesiones en América.

Y de que el futuro Felipe V renunciara a su derecho a ser heredero en Francia, y reconociera como legítima la línea protestante de los aspirantes a la corona inglesa, que tenía como representante a Jorge de Hannover, que más tarde reinó con el título de Jorge I de Gran Bretaña. Rey inglés que, por cierto, no quiso saber nada del caso “de los catalanes”.

Porque no creo que ninguno de los grandes intervinientes tuvieran especial interés en minucias como fueros o cosas similares. Iban a lo suyo. A lo gordo.

Es un hecho que en Cataluña, por ejemplo, Rafael Casanova y Antonio Villarroel cayeron heridos el 12 de septiembre de 1714. Pero también lo es que Casanova, el héroe al que rinden respeto cada año los nacionalistas catalanes, y no quiero quitarles rezones porque es cosa de ellos, permaneció oculto algún tiempo y poco después fue “exonerado de sus cargos políticos y militares y volvió a ejercer la abogacía hasta poco antes de su muerte, en 1743”. Afortunadamente no fue fusilado ni siquiera encarcelado.

¿Cuál es la trampa de los desinformados o de los interesados? Relatar la historia como si hubiera ocurrido el año pasado o como si la sociedad del siglo XVIII fuera exactamente igual que la actual. Una auténtica falacia.

Nuestra sociedad, pueblo llano incluido, nunca permitiría hechos como aquellos porque ahora si “que sabe” y tiene poder para votar y decidir. Porque hay una democracia que entonces ni se asomaba, porque los “señores” actuales siguen teniendo poderes económicos muy poderosos, pero no lo son de “horca y cuchillo”, y porque las leyes y las instituciones españolas y europeas les protegen.

Yo no defiendo que estuviera bien, claro que no. Por supuesto que critico una Europa bárbara que mataba por intereses, pero es lo que había. Que nada tiene que ver con lo que hay, por lo que no se pueden formular silogismos ni extrapolar hechos absolutamente irrepetibles.

¿Qué los gobernantes eran muy brutos? Claro que sí. Tanto como despóticos e injustos eran los dueños de tierras y haciendas de toda la geografía hispana, los que decidieron y comprometieron a los habitantes de sus territorios por uno u otro aspirante.

Por lo que entiendo que referirnos a hechos pasados en términos de reivindicaciones pendientes no es más que ganas de marear la perdiz, y/o de remover conciencias permeables sin beneficio ni fundamento. Nuestra historia es la que es y hay que aceptarla como fue. Aprendamos de los errores y no los repitamos. Limitemos la denuncia de hechos dolorosos pasados a las aucas de los juglares o a los relatos folclóricos de cada lugar, pero no pasemos de ahí.

Porque cualquier otro camino, lleno de cruces de caidos en ruta, conduce a un destino al que nadie, nunca, jamás, ha llegado: a la utopía

Financiación insuficiente. ¡Quién lo diría! El Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas

Estoy acuerdo en que la financiación de la comunidad es insuficiente y me uno a todos aquellos que han reclamado una revisión, pero…

Hay que recordar que los impuestos los pagamos los ciudadanos, que somos los únicos generadores de ingresos, y no las autonomías. Aunque no es menos cierto que una degeneración interesada del lenguaje ha conseguido que este hecho sea una verdad enterrada en las catacumbas de la política. No obstante, se mire como se mire, la comunidad valenciana está claramente perjudicada.

Aunque otra cosa es “los paraqués” que reivindican cada uno de los colectivos: unos los quieren para construir más obra pública, otros para mejorar pagos a proveedores, otros para no perder calidad asistencial, otros para el medio ambiente, etc., y todos ellos aseguran, como no, que su razón es la más importante.

Pero olvidan que es la Generalitat la que tiene la obligación de distribuir en justicia los fondos disponibles, sin dejarse influir por aquellos colectivos que tienen más capacidad de presión mediática y política, o de promover algaradas callejeras.

Hablo de Generalitat y “distribución justa”, y leo en Las Provincias que la Consejera de Justicia, Gabriela Bravo, proyecta un “Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas”. “¡Casi res porta el diari!”, como diría un clásico.

No intento averiguar la razón de ser del invento porque seguramente ni lo entendería ni lo aprobaría, pero está claro que va “de memoria” y de muchas cosas más a juzgar por la longitud del título.

Y digo yo: compartiendo el derecho reconocido por ley que tienen las familias a conocer en que cuneta están enterrados sus asesinados en la guerra civil, o de resolver algunos temas puntuales todavía pendientes, ¿De que tenemos que acordarnos? ¿A santo de qué hace falta abrir causas generales sobre temas que no ha vivido la inmensa mayoría de la población española? ¿Qué gana nadie con remover tumbas o abrir cajas de Pandora? ¿Garantizarán estas iniciativas las expectativas de empleo de los parados, las pensiones de los jubilados o la asistencia sanitaria de los españoles? ¿No es más cierto que, puesto que provocan enfrentamientos entre los ciudadanos, dificultan los muy necesarios pactos de futuro?

Ya va siendo hora de que dejemos de mirar hacia atrás y retomemos la dirección correcta. La del futuro. Entre otras cosas porque ningún análisis objetivo soporta verdades incuestionables tan de moda, como que el pasado fue un dechado de virtudes de unos y de inmoralidades de otros.

No existen los puros y los impuros. Nadie puede adjudicarse la referencia moral. Ni colectivos ni particulares. Todos nosotros tenemos armarios históricos en nuestras casas y somos igualmente descendientes de los que mataron y de los que murieron, de los héroes y de los villanos. Y si no asumimos esta realidad, nunca saldremos del charco pestilente de los agravios pendientes.

Y seguiremos matándonos a escopetazos, metafóricamente hablando, por las calles de ese inmenso Puerto Urraco en el que estamos convirtiendo a todo el territorio nacional, porque seguirán existiendo hermanas Izquierdo insistiendo en que sus hermanos hicieron bien matando a los Cabanillas, sus enemigos naturales, y a todos los que se pusieron por delante.

Recuerdo para los que lo hayan olvidado que la tragedia de Puerto Urraco fue un hecho real, no una novela de Shakespeare.

Y esta dispersión mental, tan habitual en mí, viene a cuento de que estoy en desacuerdo con los dos conceptos que soportan el mencionado proyecto: Su oportunidad, la necesidad de crear un mecanismo agitador de memorias, y el gasto que supone.

Porque el proyecto nace con una previsión de 23 puestos de trabajo, que luego crecerán como las setas porque la administración es la administración y los políticos son los políticos, de los cuales 19 tienen estatus de “jefe” y el resto, cuatro, de “empleados de a pie”, con un presupuesto inicial de 1.067.681 €, (luego vendrán las compras inferiores a las cantidades que exigen concurso público). Todo ello solapándose con la Ley de la Memoria Histórica, la 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Naturalmente Gabriela Bravo dirá que ella lo hará bien, no como el gobierno, y aducirá mil razones para aprobar la iniciativa, pero la poca información de que dispongo no me justifica los 23 funcionarios previstos, y me alarma mucho más que más de la mitad del presupuesto se dedique a “gastos de personal”. ¡Caramba!.

Parecería lógico suponer que todos los que han protestado, justamente, por los pocos ingresos de la Generalitat manifestaran su indignación ante semejante despilfarro. Pues no. ¡Todos callados!

Señores que nos gobiernan, en este caso Gabriela Bravo. Como he dicho anteriormente creo que es el momento, ya lo es desde hace tiempo, de dejar de emplear recursos públicos para demostrar, o al menos recordar, lo buenos o malos que fueron nuestros abuelos rojos y lo “fachas” que fueron tales o cuales escritores, actores, políticos, funcionarios u otras gente de mal vivir que vivieron y desarrollaron sus actividades, como todos los que tienen mi edad, en la época de Franco.

¡Qué la mayoría de los implicados en sus recuperaciones de mememoria están muertos y no van a resucitar!

Empleen estos recursos y toda su imaginación en suprimir las carencias de una sociedad que, por otra parte, es absolutamente democrática y con una cobertura social que no tiene nadie en el mundo.

Somos un país democrático y los son todos nuestros partidos políticos, a reserva de algunos “tics” sobre las libertades que aparecen últimamente, y respetamos por mandato de la Constitución los derechos humanos. Y si hay infractores, que los ha habido, los hay, y los habrá, ¡a los tribunales con ellos! Como está pasando con los corruptos..

Quizás yo vea gigantes donde solo hay molinos de viento y lo que se pretende es recordar a los “jóvenes” (antes éramos jóvenes hasta que íbamos a “la mili”, ahora los hay de cincuenta años) son las carencias de los años cuarenta. Porque ellos no las han vivido y creen que todo “nos ha sido dado” no se sabe porque justicia divina o universal, de la misma forma que muchos de nuestros niños creen que los huevos o los pimientos salen de una fábrica. Ahora un poco menos porque les llevan a granjas- escuela.

¿Sería una utopía montar “granjas de política” regidas por historiadores para los mayores de edad menores de cuarenta años? Me temo que sí.

Y a todos los reclamantes de una mejor financiación autonómica, justamente reclamantes, sigan reclamando, pero vigilen estrechamente esa cosa tan dejada de lado, uno de los fundamento de la política, que es la buena administración de los recurso para conseguir una mejor calidad de vida de los ciudadanos que los eligieron. Sobre todo si los recursos son escasos, como parece.

Y no sean blandos ni conveniencieros con los “elegidos” pensando que es mejor tenerlos como amigos. Oblíguenlos a trabajar y pídanles cuentas de como lo hacen.

El problema de los estibadores

Estos días se ha escenificado la oposición al gobierno en forma de rechazo del real decreto para liberalizar el sector de estibadores, y no pude menos que sorprenderme de las razones aducidas por los partidos de la oposición.

Antonio Hernando dijo, con su tono más solemne, que el gobierno ya no está en mayoría y tiene que aprender a negociar. Lo dice el portavoz de un partido, el PSOE, que está dividido en dos o tres fracciones irreconciliables y que no se ponen de acuerdo ni para ponerse en desacuerdo.

Y eso que sus diferencias ideológicas, la de los diversos sectores del socialismo español, deberían ser mucho menores que las que hay entre el gobierno y los partidos de la oposición.

Consejos traigo…

Ciudadanos se abstuvo, y mi muy centrado Sr. Rivera dice que el gobierno ya no está en mayoría y tiene que aprender a negociar. Lo dice el líder de un partido yenka que cambia de mensaje y de ideología con excesiva frecuencia, y que no proyecta una imagen de fiabilidad ni como oposición, ni para gobernar, ni para ayudar a formar gobierno. Un partido al que solo le queda buscar titulares que les destaquen como adalides “anticorrupción”, obsesión que les fuerza a las prisas, a las contradicciones y a cometer errores. Como el de Murcia.

Algún día calmarán sus desazones y averiguaremos si realmente son un partido en que podemos confiar.

Y encima, cuando nos referimos a los estibadores, la liberación del sector estaba en su programa electoral

Consejos traigo…

El Partido Nacionalista Vasco apoyó el decreto, pero nunca sabremos si porque les queda algún sentido de estado, si porque afecta directamente a los intereses de sus puertos, o como fruto de alguna negociación de intercambios entre el gobierno central y el gobierno del País Vasco.

Aitor Esteban niega la tercera posibilidad, pero…

El caso es que, en esta ocasión, apoyaron la propuesta del gobierno.

Podemos también voto en contra y nada que objetar. Ellos están en lo que están y nada importa que se trate de puestos de trabajo privilegiados que duplican o triplican en algunos casos el coste de carga y descarga de otros puertos europeos, poniendo en peligro una parte importante de la economía española. Sin contar con otros comportamientos poco edificantes, como su evidente sexismo.

Puedes estar de acuerdo o no con Podemos, pero como ocurre con los partidos radicales, si estás con ellos los sigues y aplaudes hagan lo que hagan, y si no, es imposible entenderlos. Ni en el “todo” de sus planteamientos, ni en la mayoría de las partes.

Y como soy de los que no les votaron no les entiendo, aunque tampoco me meto en sus cosas porque faltaría al respeto a los cinco millones de españoles que sí lo hicieron, seguramente porque les entiende.

Pero ¿Qué pedía el gobierno? Que se apoyara un decreto redactado según las imposiciones de la Comunidad Europea, que obliga a liberalizar el sector, sin ningún margen para negociar, y con amenaza real de multas muy importantes.

¿Estaban en desacuerdo con el proyecto de ley los que votaron no o los que se abstuvieron? Seguro que no.

Tanto el PSOE como Ciudadanos son partidos europeístas y saben que es importante, en este caso obligatorio, seguir las indicaciones comunitarias. Tanto más cuanto, sanciones aparte, están afectando a la competitividad de los puertos españoles.
Lo que ocurre es que la frase tan repetida por todos, “primero España, después el partido y luego yo”, tiene el valor que tiene en este momento de posicionamientos políticos de partidos y particulares. Ninguno.

Y ¿qué razones han aducido para mantener la situación actual? Por lo que he visto, ninguna. No he escuchado ningún argumento que tenga un mínimo de solidez pero, siendo como es un tema de oportunidad política, tampoco lo esperaba.

No quiero ofender a los estibadores que, a la postre, están defendiendo una situación privilegiada para ellos y sus familiares. Están intentando prolongarla el mayor tiempo posible sabiendo que no tienen posibilidades de mantenerla, pero tratando de sufrir los menores daños. ¿Cómo iban a ceder sin pelear?

Pero para el para el resto de los españoles y para la Comunidad Europea es incuestionable que se trata de uno de tantos colectivos que, siendo pocos, tienen un exceso de poder coercitivo y pueden hacer mucho daño, en el sentido económico del término. Pasó con los controladores aéreos y pasa con otros menos gremialistas, pero con gran poder de paralizar al país, como los maquinistas de RENFE o los pilotos de líneas aéreas, por ejemplo.

A partir de ahora no queda más solución que llegar a un acuerdo, que nos resultará caro, por supuesto, pero que será un mal menor.

Y lo malo es que en este caso, como en tantos otros, las estrategias a corto plazo de los políticos les impedirán aprender de lo ocurrido. Trabajar el famoso “leasson learned” que suele espolear a las empresas privadas para introducir los cambios necesarios para no repetir los mismos errores.

Pero España es diferente, y los políticos españoles lo son mucho más. ¿Para cuándo la necesaria ley de huelga que no perjudique a la mayoría de los trabajadores y controle los abusos? ¿Quién le pondrá ese cascabel al gato, le cueste lo que le cueste en votos? Soy un romántico, pero no un iluso. Yo no lo veré.

Y, como suele ocurrir en España cuando se abordan estos temas, siempre aparece lo insospechado. La parte folklórica de los asuntos. La que desdramatiza las cosas. Ese ¡mira por donde!

Parece ser que el colectivo se diseñó para dar trabajo a los veteranos de la División Azul, del mismo modo que los estancos se adjudicaban a heridos de guerra del “bando nacional”, o sus familiares directos. Y que el promotor fue, nada menos, que José Antonio Girón de Velasco, que, entre otras cosas, ocupó la cartera del Ministerio de Trabajo en la dictadura de Franco.

Girón de Velasco, “el león de Fuengirola”, tuvo un papel muy destacado en el llamado “bunker”, grupo de políticos de extrema derecha, que tenían en el diario de la tarde “el Alcázar”, su mejor órgano de propaganda.

Insisto en que este hecho no tiene nada que ver con el conflicto actual, pero no deja de ser una curiosidad.

Leído a Pablo Planas en “Crónica”

Cuidado con los estibadores, gente recia, duros como el pedernal y recios como la estopa de calafatear. Girón de Velasco, el León de Fuengirola, camisa vieja y ministro de Trabajo, fue el diseñador del actual modelo asociativo de los estibadores al efecto de proporcionar trabajo a los veteranos de la División Azul tras la Segunda Guerra Mundial

Seguro que se solucionará porque los partidos europeístas no pueden repetir su primera actuación. Espero que sea pronto.

Vicente Giner Boira – El idioma del rey D. Jaime

Los pocos que se interesan por mis cosas saben que soy un enamorado de Valencia, de su historia y de sus tradiciones, pero también saben que, siendo “valenciano hablante” con la gran mayoría de mis interlocutores, paso muy de puntillas sobre las disputas referidas a los orígenes de nuestra lengua, que considero muy artificiales, interesadas, y con un trasfondo político que contamina todas las opiniones.

Por eso, por mi interés por la historia de Valencia, uno de cuyos puntos clave es la lengua propia, suelo leer bastante sobre el particular tratando de entender, sin conseguirlo, a todas las partes.

En esta lengua jugué y fantaseé con mis amigos. La mayoría de las parejas de nuestra tierra se conocieron en valenciano, y en valenciano mantuvieron sus relaciones, tuvieron hijos y nietos, y, seguramente, se despidieron de sus seres queridos en los últimos momentos de su vida. ¿Acaso importa que los unos o los otros lo hablaran siguiendo cualquiera de las normas “oficiales”? Sin menospreciar la búsqueda de respuestas a tantas preguntas ¿podemos fraccionar, para diferenciarnos, algo que debería unirnos?

Respeto, ¡cómo no!, todas las opiniones, pero yo tengo la mía, y la manifesté en su día. Se puede revisar en el artículo “La maldición de la lengua valenciana – ¿Por qué somos tan especiales?”, publicada en este mismo blog.

Por eso quiero hablar de D. Vicente Giner Boira, persona con la que tuve la enorme satisfacción de tener una entrevista cuando me felicitó por un trabajo que había hecho mi hijo Lorenzo con Roberto, otro alumno de Agustinos, sobre el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia en sus tiempos de la ESO.

Don Vicente era afable, próximo, cómodo en el trato y, sobre todo, “buena gente”. No creo que hubiera nadie con tantos conocimientos sobre la historia del Tribunal de las Aguas, y por eso le agradecí una carta que mandó a mi hijo y su amigo, a los que había concedido una entrevista cuando estaban realizado la investigación, alabando la calidad de su trabajo.

Decía textualmente:

Entre los numerosos estudios, trabajos, tesinas, que he repasado a lo largo de los años, en que se estudia el origen y desarrollo del Tribunal de las Aguas, nunca ha habido uno tan completo en su planteamiento y conclusiones, como el realizado por los alumnos Lorenzo Martínez Moret y Roberto Martí González, al extremo de que por encima de un estudio de curso, puede llegar a alcanzar el nivel de trabajo de consulta para posteriores trabajos de investigación sobre la materia.

Obligado es pues el testimoniar la felicitación a quienes con tanto acierto, movidos por el entusiasmo puesto en este trabajo, han logrado realizar el mismo que alcanza sin duda alguna la categoría de tesis monográfica.

Valencia, 22 de Abril de 1986

Fdo. Vicente Giner Boira
Letrado Asesor del Tribunal de las Aguas

En cuanto a su opinión sobre las raíces de nuestra lengua, podrán decir de él que estaba equivocado, no puedo saberlo, pero nunca que no amara a Valencia, ni que fuera un iletrado.

Por eso creo conveniente recordar un artículo que publicó en el diario Las Provincias en 1979 y que firmaba como “Vicente Giner Boira – Valenciano”.

Es un auténtica proclama, escrita en tiempos en los que también había movida lingüística entre los diferentes bandos del habla valenciana, todos ellos en poder de la verdad revelada, pero en términos más académicos que en la actualidad.

Les invito a que pierdan unos minutos accediendoa este enlace:

http://www.valenciafreedom.com/foro/57-personages-intelectuals-personajes-intelectuales/30607-vicente-giner-boira-el-idioma-del-rey-d-jaime.html

No defiendo que tenga la razón, porque no lo sé, pero me parece una opinión documentada y digna de tener en consideración.

Ciudadanos y la duración de las legislaturas:

Estos días he comprobado que una de las propuestas de Ciudadanos es que los mandatos presidenciales sean de dos legislaturas como máximo. Es una buena medida que ya se ha comentado en otras ocasiones, pero no pude por menos que buscar la continuación de la propuesta y no encontré más texto.

Está bien, muy bien, limitar el mandato del presiente pero, ¿por qué solo la del presidente? Me da la impresión de que, una vez más, el partido de los impolutos, el que cometió el gran error de no entrar en el gobierno de Rajoy para mantener una posición insostenible de “voz de la conciencia”, limpios de polvo y paja, trata de provocar titulares sin entrar en el fondo de los grandes problemas que hemos de solucionar definitivamente. No solo atacando los hechos resultantes, que también, sino su causa-raíz.

Porque, Sr. Rivera, ninguno de los presidentes que yo he conocido ha sido corrupto, su gran caballo de batalla y único banderín de enganche en la actualidad. Quizás no han sido todo lo vigilantes que deberían, pero la mayoría de la corrupción conocida se alimenta de los cuadros de consejeros, concejales, diputados, líderes e influyentes de los gobiernos autonómicos. Ahí, en las autonomías y las administraciones locales, es donde está el verdadero caldo de cultivo de la corrupción.

Otra cosa es la corrupción de los propios partidos en forma de donaciones “desinteresadas” para su financiación, pero también en este tema “excluyo”, entre comillas y con muchas reservas, a sus presidentes. Insisto en la falta de vigilancia y de controles eficaces, pero creo posible que una barrera de gerentes y tesoreros pueden distraer a la alta dirección, de la misma forma que he comprobado como la segunda línea de una importante multinacional, en la que trabajé, puede ocultar información o presentar resultados “maquillados” a los directores. No les excluyo de culpa, pero lo creo posible.

Y siendo así, ¿qué ganaríamos limitando únicamente el mandato de los presidentes? En mi opinión, tan urgente como eso, o mucho más, es limitar el mandado de todos los cargos electos de las administraciones del estado, tanto las centrales como las autonómicas y locales.

Y, por supuesto, reforzar los controles.

Supondría una renovación constante de ideas y de ilusiones, aunque obligaría, eso sí, a volver a convencer a muchos ciudadanos capacitados de que ejercer la política durante algún tiempo es una tarea que vale la pena, como ocurrió en la época ilusionante de la transición con la mayoría de los cuadros del AP, PSOE y PC.

Y, naturalmente, protegerles de Uds. mismos, los políticos profesionales, tan aficionados a cuestionar las decisiones de los electos, y levantar rumores o calumnias como herramienta política. Denuncias de abusos, malversación y corrupción sí, todas, pero en los tribunales de justicia. Nada de comisiones paralelas ni de acusaciones particulares de partidos políticos, que también la Justicia necesita que le restituyan prestigio y autoridad.

En este momento es habitual que se formen comisiones de investigación en los gobiernos autonómicos sobre asuntos que tienen causas judiciales en curso. Y que en estas comisiones, nuestros ilustres representantes, que lo saben todo y de todos, no se recaten en criticar las decisiones de los magistrados, o dar por ciertos hechos no comprobados. ¡que la verdad de los hechos no empañe un buen titular o la destrucción política de un adversario!.

Todo ello, claro está, con el amplificador necesario de los medios de comunicación, porque la audiencia es la audiencia, y la constatación de hechos en la prensa empieza a ser tan laxa como la presunción de inocencia de los ciudadanos. ¡Cosas del pasado!

Y para ello, naturalmente, tienen que determinar previamente, y por un pacto a nivel nacional de todos los partidos o de los que tienen la gran mayoría de votantes, cual es el momento procesal para retirar la confianza de cualquiera de sus representantes.

Otra de las patas del mismo banco es, llegado el momento, la devolución del escaño de los congresistas y senadores. El artículo 68 .4 de la Constitución dice que “El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.”. En ningún caso afirma que el escaño sea de su propiedad, pero tampoco lo niega.

Actualmente nos regimos por una resolución El Tribunal Constitucional de 1983, como consecuencia de un recurso de amparo de Cristina Almeida y otros diputados del PCE que renegaron de su partido y no quisieron abandonar su escaño. El alto tribunal determinó que tenían razón, argumentando que, una vez elegidos, no representan “a quienes les votaron, sino a todo el cuerpo electoral”·

Curioso, pero es lo que hay como consecuencia del poco desarrollo que ha tenido el texto constitucional.

Sin embargo sería bueno, muy bueno, que los aspirantes a figurar en listas electorales firmaran un acta notarial en la que se comprometen a devolver su escaño si se les imputa por alguno de los casos indicados en el deseable pacto entre partidos políticos. Desconozco si este hecho también sería recurrible ante el Constitucional, pero se lo pondría muy difícil a los implicados.

Y como quien quita la ocasión quita el peligro, opino que ocho años son un límite razonable para quien se pasa el día administrando grandes cantidades de dinero, o en una posición de poder, recibiendo peticiones de familiares, amigos o personas interesadas en que les ayuden a encontrar trabajo para su hija, o que les adjudiquen un concurso público.

Y que, en un afán por “hacer cosas”, incluso “honestamente”, acaban aprendiendo a bordear las normas fraccionando el importe de los gastos para no rebasar el límite de sus autorizaciones, y cosas similares.

En definitiva: Ocho años para todos los elegidos, con la única excepción de alcaldes de ciudades de menos de 10.000 habitantes, porque estos son abordables y se les ve por la calle todos los días, y los secretarios generales de las formaciones políticas, porque podrían favorecer las tomas de decisiones consensuadas en las corte españolas.

Pero claro, esta medida supondría un esfuerzo adicional para los partidos con menos bases porque andarían más escasos de banquillo.

En otro momento hablaremos de los cambios necesarios en la ley electoral en favor de listas abiertas o segundas vueltas, o de porqué ningún partido se cuestiona rebajar a la mitad los 350 escaños de las cortes generales. Este número se determinó en un momento en el que la circulación por carretera era muy complicada, los trenes eran lentos, se escribía y calculaba a mano porque no habían ordenadores, las comunicaciones telefónicas funcionaban a ritmo de conferencias interprovinciales, y las postales, que son las que gestionaban mejor desde hace muchos años, eran bastante más limitadas.

Las cortes generales tiene como misión legislar, pero tantos adelantos permiten hacerlo mucho más rápidamente, por lo que nuestros ilustrísimos tienen mucho tiempo para asistir a tertulias televisivas o a actos partidarios, mezclando legislación y promoción de partidos a costa de nuestros impuestos. Visto desde fuera da la impresión de que es un uso indebido de fondos públicos.

¿Lo dejamos en 150 diputados, que ya son muchos? En este supuesto, los 32 escaños actuales de Ciudadanos pasarían a ser 9, y no creo que tengan problemas para encontrar 9 hombres justos (entendiendo como “hombre” al “ser animado racional, varón o mujer”) o, lo que es lo mismo, 4,5 por año si repiten legislatura.

Elucubraciones mías que no interesarán a la mayoría de los políticos profesionales, porque les parecerán poco fundamentadas (¡que sabrá este!) o, simplemente, porque no les conviene.

Pero, como digo siempre, nuestras opiniones serán o no serán útiles, pero debemos expresarlas. En los tiempos en los que impartía formación sobre calidad o participaba en grupos de trabajo sobre mejoras de procesos, acostumbraba a provocar la participación de mis “alumnos” o compañeros de grupo diciéndoles: “No os de vergüenza aportar ideas por muy absurdas que os parezcan. Todas las ideas son buenas, aunque algunas sean impracticables”.

Y en ello sigo, para tranquilidad de algunos de mis amigos que temen mi frustración si “nadie me hace caso”. Será porque mis ideas son impracticables.

Las ocurrencias de nuestros regidores.

Suelo leer el periódico mientas almuerzo (¡que lujo!) y repasaba mentalmente los muchos conflictos que tienen abiertos los responsables de las diversas áreas, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento valenciano. Y la verdad es que cada vez los entiendo menos.

Nuestro Ayuntamiento goza de la increíble movilidad de nuestro muy desconcertante Giuseppe Grezzi que, por lo que parece, tiene cabreados a colectivos y asociaciones de todo tipo y color. Un experto en conducir bicicletas a una sola mano mientras se recrea en sus logros que tiene levantada la ciudad con un carril-bici que ya nace polémico. No quiero extenderme en detalles, pero la cosa empezó con los parkings de motos en la puerta del Principal que escandalizaron a los bomberos, y concluye con multas de 200 euros para los peatones transgresores de la Avenida de Barón de Carcer, que nacieron en la Avenida del Oeste y no acaban de darse cuenta de que cruzan mirando en la dirección equivocada. Como si estuvieran en Londres.

De la muy ocupada Pilar Soriano Rodríguez ya he hablado en otras ocasiones. La descubrimos muy preocupada por proteger nuestro descanso de ruidos molestos y decidió comenzar prohibiendo el sonido de nuestras campanas milenarias, dejando para otra ocasión el bullicio y la alegría de nuestras “jóvenes” fallas, con sus pirotecnias y sus verbenas, y los aún más jóvenes botellones. Me temo que no seguirá adelante porque bastantes críticas ha tenido con solo asomar la patita por debajo de la puerta, y porque entre los posibles contrarios a cualquier prohibición fuera de lugar estarían muchos de sus votantes.

De Pere Fuset no hace falta hablar mucho. El sábado se le veía muy ufano en las torres de Serranos, en la “cridá” de nuestro primer año de patrimonio inmaterial, como si no tuviera enfrente a gran parte del colectivo fallero y a entidades de mucha solera de la ciudad de Valencia.

La Consellera de Sanidad, Carmen Montón, llegó marcando terreno y, entre otras gestiones discutidas, tiene entre manos la cancelación de contratos de hospitales de gestión privada. No tengo capacidad para opinar si es una buena decisión, pero me temo que nadie puede asegurar que es lo más conveniente para la gestión sanitaria en general. Hoy mismo he visto una encuesta en Las Provincias en la que se dice que el 65% de los ciudadanos de la comunidad opinan que prefieren la gestión pública, pero me gustaría saber las razones, porque me cuesta creer que los usuarios del Clínico, por ejemplo, estén más satisfechos que los del hospital de la Ribera.

Y si hablamos de nuestro Conseller de Educación, Vicent Marzá, es un claro ejemplo de como buscarse enemigos en todas sus dependencias y competencias, desde la enseñanza concertada y las universidades privadas, hasta una parte de la pública que no entiende algunas de sus decisiones o sus “desdichos”. Teníamos un distrito único y una cierta paz en la política lingüística y está consiguiendo enfrentamientos y desconcierto generalizado con ribetes de ilegalidad en algunos casos.

Me preguntó el porqué de todo esto y no acabo de encontrar respuestas claras, salvo en el caso del Conseller de Educación que, respaldado por la propia Generalitat, no oculta un interés personal en imitar la senda de la Generalitat Catalana en los aspectos culturales, también en los políticos, y no hace más que seguir una hoja de ruta que tiene trazada, y que puede desembocar en las mismas consecuencias culturales, políticas y sociales, que las sufridas por nuestros vecinos del norte, antaño comunidad consistente, amiga, con “seny”, ejemplo y referente a nivel nacional, ahora sociedad dividida y enfrentada, incluso a nivel familiar.

Los demás también tendrán sus cargas ideológicas, por supuesto que sí, y muchas ganas de “hacer cosas” muy poco meditadas por su propia inexperiencia en gestionar y gobernar. Ocurrencias y voluntarismo.

Llegados a este punto recuerdo el fragmento de la fábula de Tomás de Iriarte “la ardilla y el caballo” que me recitaba mi muy recordado maestro Don Fidel cuando me veía disperso, alborotado, o poco centrado en mis asuntos. Decía el caballo a la ardilla:

Tantas idas y venidas; tantas vueltas y revueltas,
quiero, amiga, que me diga: ¿son de alguna utilidad?

Aunque en esta ocasión, porque viene “al pelo”, quiero continuar con las reflexiones del caballo:

Yo me afano, mas no en vano sé mi oficio; y en servicio
de mi dueño tengo empeño de lucir mi habilidad.

Cambiando escritores por políticos, ¿Quiénes son “los dueños” reales de nuestros regidores? No parece que seamos los ciudadanos normales, los de “a pie”. Más bien todo lo contrario.

Y termino con la moraleja de la fábula:

Conque algunos escritores, ardillas también serán,
si en obras frívolas gastan todo el calor natural.