Bien está la renuncia del fiscal Manuel Moix porque, legalidad al margen, su continuidad hubiera sido carnaza continua para la oposición, y limitado mucho su “credibilidad” mediática.

No importa que la sociedad de Panamá forme parte de la herencia de su padre, que sea propietario del veinticinco por cierto de la vivienda, y que se haya puesto a la venta hace tiempo sin encontrar comprador. Estamos en España, ya está condenado, y se hubiera hecho un flaco favor a sí mismo y a la fiscalía manteniéndose en el cargo.

Sin embargo, mientras suceden todas estas cosas, seguiremos aplazando, más bien obstruyendo, una de las reformas pendientes de la judicatura: la de la fiscalía.

El ordenamiento jurídico actual establece que cada juez es absolutamente independiente en sus actuaciones, y solo responde de sus decisiones cuando se le denuncia por vulnerar alguno de las normas de buena praxis. Sin embargo la fiscalía, que está teniendo muchos “quedecires” últimamente, es un órgano jerarquizado, por lo que el fiscal general tiene potestad para introducir cambios que mejoren la eficacia y la imparcialidad de los fiscales.

Vaya por delante que yo soy absolutamente partidario de que sean los fiscales y no los jueces los que dirijan las investigaciones, pero para que eso sea posible es necesario regular las funciones y establecer con mucha claridad sus marcos de actuación.

Parece ser que esta era una de las misiones encomendadas al dimitido Sr. Moix, bastante mal vista por la asociación de fiscales que parecen preferir actuar, como los jueces, según criterios personales.

Y leo un artículo publicado por Mateo Balín en Las Provincias del dos de junio, con el título de “El nuevo perfil que busca Maza para poner orden”, en el que comenta que el fiscal general está tratando de unificar criterios, no demasiado claros en la actualidad, y corregir anomalías jurídicas. Cito textualmente:

..la eliminación de investigaciones prospectivas , encaminadas a ver si aparece “algo”; la actuación de la Policía, la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria bajo la dirección de los fiscales y “y no vice versa”, la agilización de los procedimientos y el control de las filtraciones de sumarios bajo secreto.

Criterios con los que estoy absolutamente de acuerdo y que requieren medidas urgentes.

Desaparecido de escena el Sr. Moix es importante que su sucesor siga las líneas trazadas por el fiscal general, en la seguridad de que las muchas y muy poderosas fuerzas ocultas que se oponen a estos cambios,atacarán sin piedad desde la propia fiscalía o desde los partidos de la oposición a quien ocupe el cargo de anticorrupción.

Un poco de pedagogía, por favor. Los fiscales buscan pruebas y acusan, en nombre del estado español, a los denunciados por cualquiera de los canales establecidos (fuerzas de orden, por particulares, o de oficio). Y me refiero a todos los posibles infractores de las leyes del estado, de todas les leyes, sean quienes fueren y residan donde residan.

La primera anomalía actual es que las investigaciones las dirigen jueces instructores, que sí tienen libertad de actuación, lo que provoca frecuentes discrepancias entre ellos y los fiscales. O diferencias de criterio con los propios jueces instructores, que son los que realmente juzgan y tiene la facultad de sentenciar. Estamos viendo ejemplos todos los días, especialmente cuando se trata de casos mediáticos, con el agravante de que en la mayoría de los casos, el juez instructor suele apoyarse en los criterios del fiscal instructor, que se mantiene durante la causa, tanto o más que en los del juez que la instruyó.

La segunda es que, si los fiscales son los que deberían abrir y dirigir las investigaciones en nombre del estado, es absolutamente imprescindible que todos ellos tengan exactamente los mismos criterios de actuación: (el mismo delito, en las mismas circunstancias, debe merecer las mismas propuestas de sanción), y no como ahora que se pueden apreciar diferentes tratos a los mismos delitos.

Teniendo como apoyo el consejo fiscal, órgano colegiado en el que se pueden y deben discutir las dudas que puedan surgir en la investigación.

Y siendo su principio más sólido, el que define y protege su autonomía de actuaciones, la imparcialidad. El no dejarse influir por encausados y acusadores, sean quienes fueren, ni por los políticos, ni por los gobiernos que han propuesto al fiscal general.

Y como creo, insisto, que son los fiscales y no los jueces los que deben dirigir las instrucciones, un paso previo, indispensable, es la unidad de criterio de los fiscales, sin ningún tipo de influencias políticas ni de ningún otro tipo en sus procedimientos. Defendía en una conversación de amigos, y estoy convencido de ello, que no creo que la opinión política influya tanto en jueces y fiscales cuando actúan en causas legales. Todos son profesionales y, en todo caso, las sentencias, excepto las del Supremo, son recurribles.

La que fue Fiscal General del estado, Consuelo Madrigal afirmó en una conferencia del Club Siglo XXI que:

Los fiscales están «listos» para asimilar la instrucción de los procedimientos penales, haciendo funcionar así un «modelo de proceso penal ya instaurado en la casi totalidad de los países del mundo».

Las “resistencias al cambio” vienen desde dos grandes áreas de influencia: La de los propios fiscales, mucho más “libres” en la situación actual, y la de los partidos políticos porque suponen que de esta manera podrán influir más en sus decisiones.

Craso error y anomalía que los ciudadanos no deben consentir.

A los fiscales no los eligen los partidos políticos. Lo son de carrera, ocupan plazas por criterios profesionales, y tienen normas y estatutos que les obligan, entre otras cosas, a cambiar de destino cada cierto tiempo para mantener la neutralidad y evitar un exceso de “amiguismo” con los notables de cada plaza.

A determinados jueces, especialmente en la Audiencia Nacional, sí. Ya me dirán por qué y hasta cuando, pero este hecho puede ser objeto de otra reflexión.

Los fiscales no representan al gobierno de turno. Sería una ilegalidad denunciable. Representan al estado, y su única función es perseguir delitos, apoyándose en las investigaciones y atestados de las policías judiciales de la nación.

Investigaciones que entregarán al juez instructor que, naturalmente, puede solicitar nuevas líneas de actuación o ampliar las abiertas por el fiscal.

El fiscal general del estado, el que tiene la autoridad jerárquica sobre este colectivo, si que “es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad”.

Este puesto necesita la aprobación del congreso, y su independencia se asegura con un mandato de cuatro años, que solo puede revocar el consejo de ministros si se producen circunstancias especialmente graves, o si cambia el gobierno que lo propuso.

Y eso es lo que hay: como siempre todo es mucho más sencillo de lo que nos hacen ver “los interesados”, que muchas veces inventan “tramas ocultas” y/o acusan a los demás de inventarlas.

Pero este es un país tan especial, tan barroco y tan mediático, que seguiremos pensando, y me refiero a nosotros los ciudadanos, que cuando alguien quiere poner orden es porque “tiene algo que ganar”. No sabemos que es, pero seguro, seguro, “que obtiene algún beneficio personal o gremial”.

Y así seguimos. Enlodados en los “tú más” o “tú también”, y sin tiempo para abordar los grandes problemas de la nación: Reforma judicial, fiscal, de educación, pensiones…

Y mi muy deseada reforma de la ley electoral, que fue útil en su tiempo, pero que es, según mi opinión, la casusa-raíz de todas nuestras desdichas.

Empiezo estas reflexiones como las acabaré: mi máximo respeto y nada que opinar sobre lo que digan o hagan los familiares directos de las víctimas de cualquier tipo, y mi más profundo rechazo a los políticos que, conociendo mucho mejor que yo las reglas del juego, se las saltan tratando de sacar rédito político a cualquier hecho luctuoso del que tengan conocimiento.

Y este preámbulo viene a cuento de que la jueza del caso del metro de valencia, a la que ni conozco ni espero conocer, ha vuelto a archivar la causa abierta contra los responsables de FGV. En el auto falla que “no existen responsables penales del accidente porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones, el trazado, el carril, las traviesas, las fijaciones y otros elementos estudiados se encontraban en un estado y condiciones suficientes para mantener las condiciones de seguridad de la marcha a 40 km/h, velocidad prescrita por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana” (Levante, 23 de mayo de 2017).

Y, naturalmente, los doctos, los serios, lo que lo saben todo menos el funcionamiento del estado de derecho, han saltado como muelles acusando a la juez de no haber escuchado a las partes y, sobre todo, de no haberles escuchado a ellos.

Una vez, hablando con un amigo juez que llegó a ser Magistrado del tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana, le comentaba lo incómodo que debería ser para él saber de antemano que la mitad de los justiciables, los “perdedores”, no estarían de acuerdo con sus sentencias. Él se rio y me dijo que estaba equivocado porque los descontentos podían subir hasta las tres cuartas partes: la mitad porque sentenciaba en su contra y un veinticinco por cien más porque, aunque les diera la razón, les parecía que la sentencia era injusta por poco favorable para sus intereses.

“Pero ese es nuestro trabajo — añadió — y lo hacemos sin dejarnos influir por opiniones ajenas a las escuchadas en los propios juicios”

Y yo añado que habrán excepciones, pero estoy seguro de que la gran mayoría son fieles a la letra y el espíritu de su juramento:

“Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos”.

Incluyendo en ese “frente a todos”, añado yo, las presiones injustas e interesadas de los políticos.

Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que cuando se produce un suceso tan lamentable como el accidente del metro en la estación de Giorgeta, lo que menos importa es lo que digan los jueces y fiscales, los afectados directamente y los testigos. También actúan “de oficio” los políticos y los opinantes de los medios de comunicación (periodistas, tertulianos, blogueros, twitteros, “Facebookeros”) y toda la jauría de verdaderos “expertos” que nos han crecido como setas. Son los mismos, hablan de todo y están en todas partes, pero son los “que saben”. ¡Hay sacar partido al hecho! ¡Manténgamoslo vivo!

Y nos encontramos, cada vez más, en un país en el que algunos policías denuncian la pasividad de los jueces y fiscales porque no incoan causas a partir de sus denuncias. Como si los profesionales de la justicia necesitaran de su magisterio porque desconocen cuándo es procedente o no abrir una causa a partir de la información contenida en un atestado.

Y en el que los políticos ventajistas exigen que los jueces dicten sentencia en función de sus opiniones, o de las conclusiones de sus tan imparciales comisiones.

¿Responsabilidades políticas? Claro que sí. Por robo o malversación, prevaricación, nepotismo, falsedad en documento público y tantas otras malas prácticas con las que nos sorprenden con demasiada frecuencia nuestros “representantes”, tengan o no causas abiertas, pero nunca si hay muertes o lesiones graves. En ese caso solo deben intervenir los tribunales, sin contaminación ni “ayudas” de comisiones de investigación.

Y este es uno de esos casos, como cuando se acusó al gobierno de causar muertes por los recortes en la sanidad. Acusación que, como era de esperar, nadie mantuvo en un juzgado de guardia y se limitó a actuar como una de tantas intoxicaciones interesadas.

¿Alguien recuerda que en España “había”, porque lo dice la constitución, una separación de poderes y que la única verdad judicial la tienen los jueces cuando dictan sentencia? ¿Quién se lo explica a los ciudadanos? O, mejor dicho, ¿quién engaña a los ciudadanos afirmando que los jueces tienen que escuchar a los políticos?

¿Y la presunción de inocencia? Es evidente que hay fuerzas muy interesadas en enterrarla viva para sustituirla por las llamadas “penas de telediario” y los juicios paralelos, tan rentables en horas de emisión y como argumentos políticos. Esa presunción de inocencia, que ya contemplaba el Derecho Romano cuando sostenía “que es mejor que castigar a un inocente, dejar libre a un culpable (Ulpiano)”, recogida posteriormente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa de 1789, que en uno de sus artículos decía textualmente “puesto que todo hombre se considera inocente mientras no sea declarado culpable…”

Naturalmente pueden darse sentencias de dudosa consistencia procesal, pero para eso están los recursos, con los que se puede llegar hasta el tribunal Constitucional si fuere menester, e incluso apelar a los internacionales. Pero son las víctimas y sus abogados las que deben tener la iniciativa, no los aconsejadores interesados.

No puedo opinar desde el punto de vista jurídico porque soy lego, pero en el caso del accidente del metro hay argumentos que me resultan realmente sorprendentes:

Decir que el accidente hubiera sido evitable si el tren fuera de última generación o hubiera incorporado las últimas tecnologías es una verdad indudable, pero utópica. Decir que el trazado ferroviario era mejorable también.

Pero no es eso lo que se juzgaba. Lo que estaba en cuestión era si FGV habían cumplido los requisitos legales: Iluminación de las vías, mantenimiento adecuado del material móvil, señalizaciones y limitaciones de velocidad en tramos peligrosos, y/o cualquier otra obligación contraída en la licencia de explotación.

Porque el hecho de que el trazado o los vehículos fueran adecuados no depende del juez. Es responsabilidad de los que certificaron que el metro de Valencia reunía las condiciones necesarias para su funcionamiento. Y lo harían comprobando que los vehículos, los trazados, las señalizaciones y las medidas preventivas se ajustaban a lo exigido por las leyes. Por lo que, supongo, la juez no puede más que investigar si FGV cumplía lo obligado por la ley para que los convoyes pudieran circular con las garantías de seguridad establecidos en el momento.

¿Y quién dicta las leyes? El poder legislativo, naturalmente. El primero en poner el grito en el cielo cuando ve “sangre” con la que salpicar a “los otros” partidos políticos. Como si el parlamento aprobara la pena de muerte y los parlamentarios salieran a la calle reclamando que no se ejecute la sentencia si un juez así lo decide porque las circunstancias de un determinado caso, contempladas en la ley, “le obliga” a hacerlo. De locos.

Es cierto que los políticos locales tienen menor capacidad legislativa, pero también promulgan leyes. Y lo que es indudable es que las que afectan a la nación las aprueban sus compañeros de partido. ¿Por qué no les piden a ellos responsabilidades por dictar, según su criterio, leyes injustas?

Aunque enarbolen la bandera de víctima, los que protestaron antaño y ahora gobiernan: ¿Han eliminado la famosa curva?¿Han actualizado la flota y los tendidos ferroviarios del metro con lo “último” en seguridad y prevención de accidentes?
¿Han parado estos mismos acusadores de la juez todo el trayecto ferroviario o la flota de autobuses municipales hasta que todos los trazados y todos los vehículos incorporen las últimas novedades de seguridad conocidas en cualquier parte del mudo?

Y si las incorporan ¿aseguran que nunca jamás se producirá un accidente por la indisposición o la imprudencia de un conductor o por cualquier otra causa accidental? Naturalmente que no, pero ahora toca hacer demagogia y sacar rédito a la situación. Que si mañana, Dios no lo quiera, se diera el caso, ya lo defenderían sus sucesores o encontrarían a quien echar la culpa.

Pedagogía y honestidad, señores electos, que los votos conseguidos con malas artes, los votos carroñeros, les darán escaños, pero les restan honor. Aunque me temo que no les importa demasiado. ¡Todo vale para conseguir votos!

Y, repito: mi máximo respeto para los familiares de las víctimas. Que ellos si tienen derecho a quejarse porque, sea quien fuere el responsable judicial, sus familiares fallecieron o resultaron gravemente heridos en ese desgraciado tres de junio de 2006. Y siempre les quedará la duda de si se podría haber evitado.

No crean que estoy en contra de sus reivindicaciones, pero alguien debería aconsejarles bien. No todas las leyes son justas, y no hay más que ver lo que ocurre con la ley de menores, o con tantas otras que aumentan el desconsuelo de las víctimas.

Pero la culpa no la tienen los jueces. Como decía antes, la tienen los que las promueven y consensuan en el parlamento español. Ellos son los responsables, si es que hay alguno, y no los jueces que no pueden hacer más que dictar sentencias.

Sentencias recurribles, por supuesto.

Lo cierto es que he criticado algunas de sus decisiones, pero siempre he evitado “meterme” con Giuseppe Grezzi. ¡Que quieren! Me caen bien los italianos y soy un admirador de su hermosa, bulliciosa, e imprevisible ciudad natal. Nápoles.

Admiro su hermosa bahía, vista desde las islas hacia la costa, vista desde la costa hacia las islas. Con el Vesubio omnipresente como un dios mitológico hecho montaña. Vigilándolo todo.

La primera vez que estuve allí coincidí con un fin de semana y recuerdo que no había forma humana de cruzar las calles porque cuando los semáforos se ponían verdes para los peatones, ni coches, ni motos hacían la más mínima intención de parar.

Sin embargo, observé y así lo hice notar, que había gente paseando por la acera de enfrente, el paseo marítimo próximo al Castillo de Huevo, por lo que en un esfuerzo de imaginación deduje que habrían cruzado en algún momento. Mi mujer, haciendo gala de su socarronería valencia, me contestó que “habrán nacido allí”.

Lo cierto es que la duda terminó cuando observamos que una señora cruzó la calle cuando el semáforo se puso en verde sin amilanarse por la velocidad de los vehículos que venían en su dirección. Y entonces ¡Oh milagro!, las motos y los coches frenaban justo cuando llegaban a su altura entre un chirriar de frenos y olor a goma quemada, y la buena señora llegó a nuestra orilla sana y salva y con gesto de absoluta tranquilidad. ¡Era la costumbre!

Así que al próximo “verde” abordamos con bastante miedo el paso de peatones pero, efectivamente, nadie nos atropelló. Como en el caso anterior el tráfico rodado venía amenazante pero en el último minuto, y haciendo alarde de buenos frenos, se detenían. Nos sentimos como Moisés cuando abrió las aguas del Jordán, pero esta historieta, real, no ha dejado de ser una anécdota divertida que recordaré toda la vida.

Y ¿porque la cuento? Cuando el Sr. Grezzi comenzó con sus bolardos pongo, bolardos quito, carriles elimino, carriles repongo y cosas similares, entré en internet para conocer su biografía y me encontré con la sorpresa de que, nacido en Nápoles, pasó algunos años en Nueva York y Bolonia, y acabó en Valencia en el año 2000, donde empezó a colaborar con “els Verds del País Valencià”, pasándose después a “Els Verds –Esquerra Ecologista”, partido en el que militaba cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia.

Es decir, un napolitano, residente en Valencia menos de diez años, y sin ninguna experiencia en gestión pública, pasó a ser el dueño y señor de la movilidad de una de las ciudades más importantes de España.

Y, ¡cómo no iba a hacerlo!, descargó todo su furor romántico en una ciudad que se le presentaba como una especie de tablero virtual en el que se podía jugar a los supuestos. Y como prueba de su entrega y dedicación a la causa hizo un recorrido en bicicleta mientras se auto grababa con el móvil, para que comprobáramos que si se hace eso, que está muy mal, te tienen que multar, y tuvo un accidente con otro ciclista para hacernos ver que, incluso en el carril bici, hay que guardar precauciones porque también hay riesgos.

He mantenido una clara postura en favor de que se “ecologice” la ciudad de Valencia, pero discutiendo los tiempos y las formas. Porque un cambio tan radical como el que se está haciendo tiene un claro tufillo de “obra política” y, por tanto, sus plazos de ejecución están condicionados por inauguraciones y boatos. Es decir: Estoy en desacuerdo con la precipitación en la planificación de la obra, en la ejecución, y en la poca sensibilidad que se ha tenido con los “anti” que iban a surgir. Porque era evidente que surgirían “resistencias al cambio” ante la amenaza de perder la comodidad de «lo conocido».

Alguien me dijo un día: es que si no se hace así, no se hace. Es una afirmación demasiado rotunda que no comparto en absoluto. Y si tienen dudas, comprueben como se ha avanzado, en cuantos años, en ciudades que podían habernos servido de referencia.
El truco consiste en decir “lo hacemos como otras ciudades del mundo”, pero sin entrar en detalles de los plazos, de la pedagogía, y de las alternativas.

Pero claro. Eso es mucho más que pedir peras al olmo, porque en este caso se ha juntado el barroquismo y la euforia napolitana con el “pensat y fet” tan nuestro.
Hay un tercero en discordia, el Sr. Ribó, al que intuyo como “empujador” de parte de las iniciativas, pero solo es una suposición porque no tengo suficientes elementos de juicio.

Solo he podido comprobar que el día del traslado de la Virgen, cuando gran parte de sus conciudadanos estaban participando en los actos religiosos y civiles que se celebraban en el centro histórico de la ciudad, él se hacía fotos paseando muy ufano por el carril bici acompañado por un “muy satisfecho” Sr. Grezzi.

Y miren. Con el Sr. Ribó estoy bastante enfadado, no por sus obras, que ese es otro cantar, pero sí por sus actitudes tan poco próximas a las sensibilidades de los ciudadanos. Y por su “estar” por encima de la gente.

Me lo figuro mirando desde un balcón al monumento de Francesc Vinatea en la plaza del Ayuntamiento soñando que algún día puede ocupar esa peana en una estatua ecuestre, como la de Franco, solo que en vez de caballo montaría una bicicleta. El gesto y el donaire de la escultura lo pueden sacar directamente de la foto que vi en el periódico. Todo un cesar.

En cambio mantengo todas mis simpatías por el sr. Grezzi. ¿Cómo me puedo enfadar con un paisano de Sophia Loren, de Renato Carosone, de Enrique Caruso o de Gian Lorenzo Bernini?

Los napolitanos son como son y mejor que no cambien. Son italianos, que ya es mucho decir, y han tenido influencias españolas ¿Cómo no van a ser así?

Lo único que siento es que si está pensando en acumular experiencias para retornan a su ciudad y poner orden en su circulación y en “sus cosas”, me temo que allí no le dejarán. Supongo que Nápoles ha cambiado mucho desde que estuve allí la última vez, pero recuerdo asombrado que cuando un motorista circulaba contra dirección y tocando el claxon en un equivalente a nuestra calle Colón, los policías volvían la mirada hacia los escaparates que, por cierto, eran dignos de ver.

He escuchado muchos comentarios sobre esa preciosa ciudad llena de vida y de contradicciones. Uno de ellos me agradó especialmente “Nápoles ordenado no sería Nápoles, sería la ciudad más bella de Italia con permiso de Venecia y de Roma o junto a ellas.” Pero, claro, entonces habría que inventar otra Nápoles.

Me temo que si Giuseppe Grezzi vuelve a Nápoles algún día, que supongo que lo hará, será para disfrutar de sus encantos y de su vida callejera vociferante y bullanguera. No para convencer a los motorizados de que vayan dejando en sus garajes las motos o los coches porque han llegado nuevos tiempos. No le harían ningún caso.

Aunque no pertenezcan a la Camorra

Seguramente la presión era tan alta que Ximo Puig y Vicent Marzá decidieron viajar a Finlandia para comprobar in situ el porqué de los excelentes resultados de la educación en ese país medidos en términos de gestión económica y de nivel educativo de los alumnos.

Conociendo el nivel de los políticos al uso, y muy especialmente los de nuestra comunidad, absolutamente incapaces de reconocer los méritos ajenos o de corregir sus propios errores, no hacía falta ser muy listo para saber de antemano que la primera declaración sería algo parecido a “nosotros ya hacemos mucho de lo que hacen ellos”.

No me equivoqué y no le di demasiada importancia porque era lo esperado. ¡Cómo no lo iban a decir! Naturalmente aquí también van los niños a la escuela, las escuelas tiene techo, y en las escuelas hay profesores.

No quiero pasarme de cáustico, pero a partir de estos mínimos comunes denominadores empiezan las diferencias con un país en donde el acceso al profesorado exige una de las puntuaciones más altas entre las carreras oficiales, donde los profesores se reciclan periódicamente, están sujetos a evaluaciones regladas, y bastantes cosas más.

Tampoco quiero alargarme porque todas estas cosas ya las comentaba en una de mis “reflexiones”, publicada en mi blog en mayo de 2016, y titulada “los deberes escolares ¿un sustitutivo a las carencias de la educación”. Está localizable en https://jlmartinezangel.com/2016/05/13/los-deberes-escolares-un-sustitutivo-a-las-carencias-de-la-educacion/

Lo que me anima a escribir estas líneas es la declaración posterior de Vicent Marzá afirmando que no movería ni una coma del proyecto educativo porque “venía en su programa”.

A primera vista parece una de las famosas verdades del barquero. Un silogismo perfecto: si estaba en mi programa y me habéis votado, lo aplicaré.

No está nada mal para que los ciudadanos vayamos aprendiendo a votar con todas las consecuencias, leyendo los titulares y la letra pequeña. Porque si salen elegidos los que hemos votado y aplican el programa que presentaban ¿de que nos quejamos?

Pero aquí hay una pequeña trampa. No he podido comprobarlo, pero seguro que estos conceptos sobre la educación, que en definitiva supone seguir la hoja de ruta del nacionalismo catalán, estarán en el programa. Pero ¿en que programa? ¿En el del Bloc Nacionalista Valencia, al que pertenece, o el de Compromís, del que forma parte?.

En cualquier caso, Sr. Marzá, Ud. no ha ganado las elecciones. Las elecciones las ganó el PP, y no es que reivindique las cosas buenas del PP porque también deberían “hacérselo mirar”, pero lo cierto es que Ud. es Conseller porque se firmó una coalición entre “coaliciones” (Compromís) y partidos políticos y, mire Ud. por donde, le nombraron para el cargo.

Por lo que resulta que los que votaron al PSOE, verdadero responsable de todos estos desaguisados por no hacer valer su programa, no eran conscientes de que les iban a crecer estos enanos. Y también desconozco si lo sabían los votantes de Podemos o del resto de partidos de la coalición Compromís.

Y que conste que le defiendo como el más honrado de los políticos que nos gobiernan porque Ud. no ha engañado a nadie jamás. Estoy en desacuerdo con muchas de sus medidas, pero tengo que reconocerle este mérito.

Así pues, vale que Compromís tenga agarrados de donde no se debe a un PSOE dividido y desconcertado hasta límites impensables, y a Podemos. Y que esta posición le proporcione una generosa capacidad de maniobra, pero las cosas son como son: El poder que le ha sido dado, le ha sido conferido por quien debería haber puesto coto a estas salidas de pata de banco.

Ellos sabrán porque están interesados en cavar sus propias tumbas. Porque la Sra. Oltra, dicho sea desde la distancia, es, con mucho, la mejor política que ejerce en la comunidad. Lo que se define vulgarmente, y con todo respeto, como “un animal político”.

Y me gustaría saber quién será el guapo, de los suyos o de los “otros”, que la apeará del caballo que cabalga en este momento. El caballo que le han permitido montar los que se creían más listos que ella.

Vivo en una ciudad que arrancaba las últimas vías del tranvía, en lo que era Avenido del Doncel Luis Felipe García Sanchís, dos o tres años después de que otras tan importantes como Roma, Frankfurt, y casi todas las de los países nórdicos, decidieran que este medio de locomoción urbana era el más económico, ecológico y cómodo para los mayores de cuantos existían en eses momento.

Y es que España sigue “siendo diferente”, y parece que continúa en vigor el nostálgico cartel que aparecía en los vagones de los ferrocarriles, que fue título de una obra de Enrique Jardiel Poncela: “Es peligroso asomarse al exterior”, “É perigoso pebruçar-se“ en versión de los coches-camas, porque sus vagones, enganchados en nuestros trenes, pertenecían a la compañía portuguesa.

¿Para qué vamos a hacerlo? No tienen nada que enseñarnos. Nosotros somos más listos.

Vicent Satorres compartió en Facebook un enlace con un excelente artículo de Josep Lacreu en el Levante, y yo incluí esta entrada:
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De acuerdo con el comentario sobre la utilidad de las lenguas. Hay que tener reglas, claro que sí, pero ni rejas ni candados.

Un inteligente refrán valenciano dice que “ferrant ferrant perdrem l’ofici” y eso es lo que les pasa a algunos. Que han olvidado la razón de ser de los idiomas.

Nacieron para que la gente se entendiera y, poco a poco y muy especialmente en estos tiempos en los que parece que muchos ilustrados quieren ser “mes que el que mes”, el valenciano, los varios valencianos, se están convirtiendo en “separadores” de la comunicación porque estos sabios deciden por su cuenta y riesgo como tengo yo que hablar con mi vecino.

Repito: reglas sí, pero que encierren a todos los puristas en una habitación y que no salgan hasta que no presente un diccionario común que acepte todas las voces en uso y, a partir de ahí y como ocurre con el idioma castellano, que se convierta en una lengua viva y de concordia.

Pero para eso hace falta humildad y reconocer que la lengua solo sirve si es un vehículo de comunicación, y que los que la mantienen viva, los únicos propietarios, son los pueblos, las gentes, que la hablan y escriben. Los sabios encorsetadores pueden convertirse en una verdadera amenaza porque generan discordia y aburrimiento.

Dicho sea de forma coloquial y con todo respeto para los ilustrados y para los valenciano hablantes de todas las normas y variedades porque, me figuro, que todos ellos aman la lengua valenciana, aunque sea con distintos amores

Mucho se ha escrito sobre la Guerra de Sucesión, y son demasiadas las interpretaciones interesadas por esa pasión española de cambiar la historia en función de lo que nos gustaría que hubiera pasado, como menos, o con intención de falsearla en beneficio de otros intereses.

Pero los hechos son tozudos, y los que se derivaron de la muerte de Carlos II sin sucesor no fue más que una disputa entre dos casas reales europeas por ocupar el trono. Las clases dominantes de todos los rincones de España estudiaron sus posibilidades y tomaron partido por el que estimaron más conveniente para sus propios intereses, intentando formar parte del bando ganador.

Y, terminada la guerra, unos ganaron y otros perdieron. Y me refiero, repito, a las clases dominantes, porque para el noventa por ciento de la población, los agricultores, los artesanos y la gente asalariada en general, era un conflicto que ni le iba ni le venía porque no conocían muy bien las razone que justificaban la disputa. Como máximo preferirían que ganara el favorito de su amo “por si las moscas”. ¿Qué sabrían ellos de derechos, beneficios, o fueros?

Serían, como siempre, los perdedores de otra guerra que no habían provocado y que no sabían cómo había empezado, pero de la que, seguro, pagarían las consecuencias. O les reclutarían, o sufrirían en sus espaldas los gastos de la guerra. Si su señor perdía, porque perdería su hacienda. Si ganaba porque los beneficios que obtuviera no llegarían a sus asalariados. Eso si no les arrasaban los combatientes entrando en sus casa a sangre y fuego, violando a sus mujeres y robándoles lo poco que tenían. Como siempre había sido.

Digo que los señores tomaron partido en función de sus propios intereses, ajenos a derechos dinásticos y otras zarandajas. Sí que sabrían que el austríaco podía ser más tolerantes con la “descentralización”, que en aquella época se traducía en mantener privilegios que pervivían desde el feudalismo, mientras que el triunfo del Borbón suponía un reino más centralista, más de someter el poder de los señores a la autoridad real.

Pero eso también sería causa menor porque los ganadores saldrían beneficiados en cualquier caso, y lo perdedores perjudicados, fuera el que fuera el triunfador.

Hay puntos geográficos especialmente sensibles a la llamada derrota del “pueblo” y la pérdida de “sus fueros”, como Xativa o Barcelona. Se diga lo que se diga, y sufrieran los daños que sufrieran, la guerra de sucesión no dejó de ser una batalla entre extranjeros por ocupar el trono de España, en la que participaron tropas francesas, austríacas, holandesas, portuguesas, españolas, y quien sabe de qué otros lugares, adobada, como no, por la presencia activa de los británicos que se movieron por España defendiendo sus intereses, y que acabaron firmando un pacto con los franceses por el que apoyarían su causa a cambio de que les dieran Gibraltar, Menorca y otras concesiones en América.

Y de que el futuro Felipe V renunciara a su derecho a ser heredero en Francia, y reconociera como legítima la línea protestante de los aspirantes a la corona inglesa, que tenía como representante a Jorge de Hannover, que más tarde reinó con el título de Jorge I de Gran Bretaña. Rey inglés que, por cierto, no quiso saber nada del caso “de los catalanes”.

Porque no creo que ninguno de los grandes intervinientes tuvieran especial interés en minucias como fueros o cosas similares. Iban a lo suyo. A lo gordo.

Es un hecho que en Cataluña, por ejemplo, Rafael Casanova y Antonio Villarroel cayeron heridos el 12 de septiembre de 1714. Pero también lo es que Casanova, el héroe al que rinden respeto cada año los nacionalistas catalanes, y no quiero quitarles rezones porque es cosa de ellos, permaneció oculto algún tiempo y poco después fue “exonerado de sus cargos políticos y militares y volvió a ejercer la abogacía hasta poco antes de su muerte, en 1743”. Afortunadamente no fue fusilado ni siquiera encarcelado.

¿Cuál es la trampa de los desinformados o de los interesados? Relatar la historia como si hubiera ocurrido el año pasado o como si la sociedad del siglo XVIII fuera exactamente igual que la actual. Una auténtica falacia.

Nuestra sociedad, pueblo llano incluido, nunca permitiría hechos como aquellos porque ahora si “que sabe” y tiene poder para votar y decidir. Porque hay una democracia que entonces ni se asomaba, porque los “señores” actuales siguen teniendo poderes económicos muy poderosos, pero no lo son de “horca y cuchillo”, y porque las leyes y las instituciones españolas y europeas les protegen.

Yo no defiendo que estuviera bien, claro que no. Por supuesto que critico una Europa bárbara que mataba por intereses, pero es lo que había. Que nada tiene que ver con lo que hay, por lo que no se pueden formular silogismos ni extrapolar hechos absolutamente irrepetibles.

¿Qué los gobernantes eran muy brutos? Claro que sí. Tanto como despóticos e injustos eran los dueños de tierras y haciendas de toda la geografía hispana, los que decidieron y comprometieron a los habitantes de sus territorios por uno u otro aspirante.

Por lo que entiendo que referirnos a hechos pasados en términos de reivindicaciones pendientes no es más que ganas de marear la perdiz, y/o de remover conciencias permeables sin beneficio ni fundamento. Nuestra historia es la que es y hay que aceptarla como fue. Aprendamos de los errores y no los repitamos. Limitemos la denuncia de hechos dolorosos pasados a las aucas de los juglares o a los relatos folclóricos de cada lugar, pero no pasemos de ahí.

Porque cualquier otro camino, lleno de cruces de caidos en ruta, conduce a un destino al que nadie, nunca, jamás, ha llegado: a la utopía

Estoy acuerdo en que la financiación de la comunidad es insuficiente y me uno a todos aquellos que han reclamado una revisión, pero…

Hay que recordar que los impuestos los pagamos los ciudadanos, que somos los únicos generadores de ingresos, y no las autonomías. Aunque no es menos cierto que una degeneración interesada del lenguaje ha conseguido que este hecho sea una verdad enterrada en las catacumbas de la política. No obstante, se mire como se mire, la comunidad valenciana está claramente perjudicada.

Aunque otra cosa es “los paraqués” que reivindican cada uno de los colectivos: unos los quieren para construir más obra pública, otros para mejorar pagos a proveedores, otros para no perder calidad asistencial, otros para el medio ambiente, etc., y todos ellos aseguran, como no, que su razón es la más importante.

Pero olvidan que es la Generalitat la que tiene la obligación de distribuir en justicia los fondos disponibles, sin dejarse influir por aquellos colectivos que tienen más capacidad de presión mediática y política, o de promover algaradas callejeras.

Hablo de Generalitat y “distribución justa”, y leo en Las Provincias que la Consejera de Justicia, Gabriela Bravo, proyecta un “Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas”. “¡Casi res porta el diari!”, como diría un clásico.

No intento averiguar la razón de ser del invento porque seguramente ni lo entendería ni lo aprobaría, pero está claro que va “de memoria” y de muchas cosas más a juzgar por la longitud del título.

Y digo yo: compartiendo el derecho reconocido por ley que tienen las familias a conocer en que cuneta están enterrados sus asesinados en la guerra civil, o de resolver algunos temas puntuales todavía pendientes, ¿De que tenemos que acordarnos? ¿A santo de qué hace falta abrir causas generales sobre temas que no ha vivido la inmensa mayoría de la población española? ¿Qué gana nadie con remover tumbas o abrir cajas de Pandora? ¿Garantizarán estas iniciativas las expectativas de empleo de los parados, las pensiones de los jubilados o la asistencia sanitaria de los españoles? ¿No es más cierto que, puesto que provocan enfrentamientos entre los ciudadanos, dificultan los muy necesarios pactos de futuro?

Ya va siendo hora de que dejemos de mirar hacia atrás y retomemos la dirección correcta. La del futuro. Entre otras cosas porque ningún análisis objetivo soporta verdades incuestionables tan de moda, como que el pasado fue un dechado de virtudes de unos y de inmoralidades de otros.

No existen los puros y los impuros. Nadie puede adjudicarse la referencia moral. Ni colectivos ni particulares. Todos nosotros tenemos armarios históricos en nuestras casas y somos igualmente descendientes de los que mataron y de los que murieron, de los héroes y de los villanos. Y si no asumimos esta realidad, nunca saldremos del charco pestilente de los agravios pendientes.

Y seguiremos matándonos a escopetazos, metafóricamente hablando, por las calles de ese inmenso Puerto Urraco en el que estamos convirtiendo a todo el territorio nacional, porque seguirán existiendo hermanas Izquierdo insistiendo en que sus hermanos hicieron bien matando a los Cabanillas, sus enemigos naturales, y a todos los que se pusieron por delante.

Recuerdo para los que lo hayan olvidado que la tragedia de Puerto Urraco fue un hecho real, no una novela de Shakespeare.

Y esta dispersión mental, tan habitual en mí, viene a cuento de que estoy en desacuerdo con los dos conceptos que soportan el mencionado proyecto: Su oportunidad, la necesidad de crear un mecanismo agitador de memorias, y el gasto que supone.

Porque el proyecto nace con una previsión de 23 puestos de trabajo, que luego crecerán como las setas porque la administración es la administración y los políticos son los políticos, de los cuales 19 tienen estatus de “jefe” y el resto, cuatro, de “empleados de a pie”, con un presupuesto inicial de 1.067.681 €, (luego vendrán las compras inferiores a las cantidades que exigen concurso público). Todo ello solapándose con la Ley de la Memoria Histórica, la 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Naturalmente Gabriela Bravo dirá que ella lo hará bien, no como el gobierno, y aducirá mil razones para aprobar la iniciativa, pero la poca información de que dispongo no me justifica los 23 funcionarios previstos, y me alarma mucho más que más de la mitad del presupuesto se dedique a “gastos de personal”. ¡Caramba!.

Parecería lógico suponer que todos los que han protestado, justamente, por los pocos ingresos de la Generalitat manifestaran su indignación ante semejante despilfarro. Pues no. ¡Todos callados!

Señores que nos gobiernan, en este caso Gabriela Bravo. Como he dicho anteriormente creo que es el momento, ya lo es desde hace tiempo, de dejar de emplear recursos públicos para demostrar, o al menos recordar, lo buenos o malos que fueron nuestros abuelos rojos y lo “fachas” que fueron tales o cuales escritores, actores, políticos, funcionarios u otras gente de mal vivir que vivieron y desarrollaron sus actividades, como todos los que tienen mi edad, en la época de Franco.

¡Qué la mayoría de los implicados en sus recuperaciones de mememoria están muertos y no van a resucitar!

Empleen estos recursos y toda su imaginación en suprimir las carencias de una sociedad que, por otra parte, es absolutamente democrática y con una cobertura social que no tiene nadie en el mundo.

Somos un país democrático y los son todos nuestros partidos políticos, a reserva de algunos “tics” sobre las libertades que aparecen últimamente, y respetamos por mandato de la Constitución los derechos humanos. Y si hay infractores, que los ha habido, los hay, y los habrá, ¡a los tribunales con ellos! Como está pasando con los corruptos..

Quizás yo vea gigantes donde solo hay molinos de viento y lo que se pretende es recordar a los “jóvenes” (antes éramos jóvenes hasta que íbamos a “la mili”, ahora los hay de cincuenta años) son las carencias de los años cuarenta. Porque ellos no las han vivido y creen que todo “nos ha sido dado” no se sabe porque justicia divina o universal, de la misma forma que muchos de nuestros niños creen que los huevos o los pimientos salen de una fábrica. Ahora un poco menos porque les llevan a granjas- escuela.

¿Sería una utopía montar “granjas de política” regidas por historiadores para los mayores de edad menores de cuarenta años? Me temo que sí.

Y a todos los reclamantes de una mejor financiación autonómica, justamente reclamantes, sigan reclamando, pero vigilen estrechamente esa cosa tan dejada de lado, uno de los fundamento de la política, que es la buena administración de los recurso para conseguir una mejor calidad de vida de los ciudadanos que los eligieron. Sobre todo si los recursos son escasos, como parece.

Y no sean blandos ni conveniencieros con los “elegidos” pensando que es mejor tenerlos como amigos. Oblíguenlos a trabajar y pídanles cuentas de como lo hacen.

Estos días se ha escenificado la oposición al gobierno en forma de rechazo del real decreto para liberalizar el sector de estibadores, y no pude menos que sorprenderme de las razones aducidas por los partidos de la oposición.

Antonio Hernando dijo, con su tono más solemne, que el gobierno ya no está en mayoría y tiene que aprender a negociar. Lo dice el portavoz de un partido, el PSOE, que está dividido en dos o tres fracciones irreconciliables y que no se ponen de acuerdo ni para ponerse en desacuerdo.

Y eso que sus diferencias ideológicas, la de los diversos sectores del socialismo español, deberían ser mucho menores que las que hay entre el gobierno y los partidos de la oposición.

Consejos traigo…

Ciudadanos se abstuvo, y mi muy centrado Sr. Rivera dice que el gobierno ya no está en mayoría y tiene que aprender a negociar. Lo dice el líder de un partido yenka que cambia de mensaje y de ideología con excesiva frecuencia, y que no proyecta una imagen de fiabilidad ni como oposición, ni para gobernar, ni para ayudar a formar gobierno. Un partido al que solo le queda buscar titulares que les destaquen como adalides “anticorrupción”, obsesión que les fuerza a las prisas, a las contradicciones y a cometer errores. Como el de Murcia.

Algún día calmarán sus desazones y averiguaremos si realmente son un partido en que podemos confiar.

Y encima, cuando nos referimos a los estibadores, la liberación del sector estaba en su programa electoral

Consejos traigo…

El Partido Nacionalista Vasco apoyó el decreto, pero nunca sabremos si porque les queda algún sentido de estado, si porque afecta directamente a los intereses de sus puertos, o como fruto de alguna negociación de intercambios entre el gobierno central y el gobierno del País Vasco.

Aitor Esteban niega la tercera posibilidad, pero…

El caso es que, en esta ocasión, apoyaron la propuesta del gobierno.

Podemos también voto en contra y nada que objetar. Ellos están en lo que están y nada importa que se trate de puestos de trabajo privilegiados que duplican o triplican en algunos casos el coste de carga y descarga de otros puertos europeos, poniendo en peligro una parte importante de la economía española. Sin contar con otros comportamientos poco edificantes, como su evidente sexismo.

Puedes estar de acuerdo o no con Podemos, pero como ocurre con los partidos radicales, si estás con ellos los sigues y aplaudes hagan lo que hagan, y si no, es imposible entenderlos. Ni en el “todo” de sus planteamientos, ni en la mayoría de las partes.

Y como soy de los que no les votaron no les entiendo, aunque tampoco me meto en sus cosas porque faltaría al respeto a los cinco millones de españoles que sí lo hicieron, seguramente porque les entiende.

Pero ¿Qué pedía el gobierno? Que se apoyara un decreto redactado según las imposiciones de la Comunidad Europea, que obliga a liberalizar el sector, sin ningún margen para negociar, y con amenaza real de multas muy importantes.

¿Estaban en desacuerdo con el proyecto de ley los que votaron no o los que se abstuvieron? Seguro que no.

Tanto el PSOE como Ciudadanos son partidos europeístas y saben que es importante, en este caso obligatorio, seguir las indicaciones comunitarias. Tanto más cuanto, sanciones aparte, están afectando a la competitividad de los puertos españoles.
Lo que ocurre es que la frase tan repetida por todos, “primero España, después el partido y luego yo”, tiene el valor que tiene en este momento de posicionamientos políticos de partidos y particulares. Ninguno.

Y ¿qué razones han aducido para mantener la situación actual? Por lo que he visto, ninguna. No he escuchado ningún argumento que tenga un mínimo de solidez pero, siendo como es un tema de oportunidad política, tampoco lo esperaba.

No quiero ofender a los estibadores que, a la postre, están defendiendo una situación privilegiada para ellos y sus familiares. Están intentando prolongarla el mayor tiempo posible sabiendo que no tienen posibilidades de mantenerla, pero tratando de sufrir los menores daños. ¿Cómo iban a ceder sin pelear?

Pero para el para el resto de los españoles y para la Comunidad Europea es incuestionable que se trata de uno de tantos colectivos que, siendo pocos, tienen un exceso de poder coercitivo y pueden hacer mucho daño, en el sentido económico del término. Pasó con los controladores aéreos y pasa con otros menos gremialistas, pero con gran poder de paralizar al país, como los maquinistas de RENFE o los pilotos de líneas aéreas, por ejemplo.

A partir de ahora no queda más solución que llegar a un acuerdo, que nos resultará caro, por supuesto, pero que será un mal menor.

Y lo malo es que en este caso, como en tantos otros, las estrategias a corto plazo de los políticos les impedirán aprender de lo ocurrido. Trabajar el famoso “leasson learned” que suele espolear a las empresas privadas para introducir los cambios necesarios para no repetir los mismos errores.

Pero España es diferente, y los políticos españoles lo son mucho más. ¿Para cuándo la necesaria ley de huelga que no perjudique a la mayoría de los trabajadores y controle los abusos? ¿Quién le pondrá ese cascabel al gato, le cueste lo que le cueste en votos? Soy un romántico, pero no un iluso. Yo no lo veré.

Y, como suele ocurrir en España cuando se abordan estos temas, siempre aparece lo insospechado. La parte folklórica de los asuntos. La que desdramatiza las cosas. Ese ¡mira por donde!

Parece ser que el colectivo se diseñó para dar trabajo a los veteranos de la División Azul, del mismo modo que los estancos se adjudicaban a heridos de guerra del “bando nacional”, o sus familiares directos. Y que el promotor fue, nada menos, que José Antonio Girón de Velasco, que, entre otras cosas, ocupó la cartera del Ministerio de Trabajo en la dictadura de Franco.

Girón de Velasco, “el león de Fuengirola”, tuvo un papel muy destacado en el llamado “bunker”, grupo de políticos de extrema derecha, que tenían en el diario de la tarde “el Alcázar”, su mejor órgano de propaganda.

Insisto en que este hecho no tiene nada que ver con el conflicto actual, pero no deja de ser una curiosidad.

Leído a Pablo Planas en “Crónica”

“Cuidado con los estibadores, gente recia, duros como el pedernal y recios como la estopa de calafatear. Girón de Velasco, el León de Fuengirola, camisa vieja y ministro de Trabajo, fue el diseñador del actual modelo asociativo de los estibadores al efecto de proporcionar trabajo a los veteranos de la División Azul tras la Segunda Guerra Mundial”

Seguro que se solucionará porque los partidos europeístas no pueden repetir su primera actuación. Espero que sea pronto.